SIN CIUDADANÍA

03/02/2011

IFE partidizado

John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 2 de febrero.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pueden dormir tranquilos sabiendo que cuentan con fieles representantes en el seno del Instituto Federal Electoral (IFE). Si bien tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto recientemente han recibido leves señalamientos de parte de la autoridad por su indebida intervención en procesos electorales, las votaciones de los consejeros en estos casos evidencian un claro sesgo partidista.

Específicamente, mientras que en agosto los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero encabezaron los esfuerzos por señalar a Calderón debido a la transmisión en cadena nacional de sus spots durante las campañas locales de 2010 (ver mi artículo sobre el tema en Proceso del 4 de agosto de 2010: http://bit.ly/g27I4C), hoy de manera vergonzosa repliegan sus argumentos con tal de defender a Peña Nieto. Igualmente, aun cuando hace dos semanas Benito Nacif y Macarita Elizondo se lanzaron con todo en contra de la difusión a nivel nacional de los spots del V Informe de Peña Nieto, durante el verano pasado desplegaron una actitud totalmente contraria cuando les tocó resolver el caso de Calderón.

Habría que recordar que Baños y Guerrero llegaron a sus puestos como propuestas del PRI, en particular de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Asimismo, Nacif y Elizondo fueron fichas del PAN, en aquel momento presidido por Germán Martínez.

En ambos casos, los consejeros recurren a formalismos y artimañas jurídicas exageradas para intentar desechar el señalamiento al funcionario de “su” partido. En contraste, cuando el caso tiene que ver con el funcionario del partido “contrario”, súbitamente se convierten en grandes defensores de los principios constitucionales en materia electoral y buscan imponer el estado de derecho a toda costa. Pocas veces se evidencia tan claramente el cumplimiento del viejo dicho de Porfirio Díaz, Óscar Benavides y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

En el caso del señalamiento a Calderón, el consejero Baños criticó duramente las lecturas “legaloides” de sus homólogos que buscaban proteger al presidente con base en una lectura estricta del artículo 108 constitucional. “Mi punto central y mi deliberación permanente será el tema de privilegiar el principio de la equidad en la contienda, como lo ordenó el Constituyente Permanente en la reforma del 2007”, afirmó el consejero. Y continuó: “Se ha vulnerado una norma constitucional y tenemos que encontrar mecanismos eficaces para evitar que este tipo de circunstancias ocurran en el proceso de 2012”.

Pero para el caso de Peña Nieto, el mismo consejero recurre precisamente a las interpretaciones “legaloides” que tanto dice repudiar. “Si bien es cierto, los spots han sido transmitidos a nivel nacional, es un hecho evidente que esa condición fue la que el Tribunal colocó como una posibilidad para que en prima facie el Instituto pudiera conocer del asunto, pero después verificase la existencia del proceso electoral federal, para ver si hay o no una afectación al mismo. Al no haber el cumplimiento de ese requisito sine qua non, es un hecho que sobreviene un esquema de incompetencia”.

Baños utiliza una lectura extremadamente limitada de las normas y decisiones jurisdiccionales correspondientes para argumentar que el IFE solamente puede actuar si es que hubiera una afectación directa a un proceso electoral federal en curso. Al consejero le parece poca cosa que Peña Nieto haya pagado hasta 50 veces más a las principales televisoras del país para asegurar la transmisión de sus spots por todo el país con el fin de apuntalar su campaña presidencial. Total, en tratándose de “amigos”, los principios constitucionales pueden ser arrojados al cesto de la basura.

El consejero Nacif incurre en una inconsistencia similar. Sobre el caso de Peña Nieto propuso una lectura abierta y flexible del concepto de “posible afectación al proceso electoral federal”, para argumentar que “aquí lo que nosotros tenemos que custodiar es la elección federal de 2012, y tengo la convicción de que este tipo de actos pueden afectar esa contienda y este es el momento para que esta autoridad haga un llamado y diga: ‘estos actos no son legales’”.

Sin embargo, para el caso de Calderón el consejero se esconde tras argumentos técnicos para abogar por el desechamiento del caso: “Me parece que lo que ahora se propone es un camino, es entrar a un terreno desconocido; es entrar a un terreno, además, donde queremos empezar a construir francamente sobre arena movediza. Y creo que no hay bases jurídicas sólidas para hacer lo que la Secretaría Ejecutiva nos propone. Por esa razón, yo votaré en contra del proyecto de resolución”.

La buena noticia es que en ambos casos la mayoría de los consejeros votaron a favor del señalamiento al Ejecutivo correspondiente. Habría que reconocer aquí que los consejeros Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés demostraron gran consistencia al mantenerse firmes en la defensa de los principios constitucionales en ambos casos.

Sin embargo, los señalamientos finalmente fueron vacíos e inútiles ya que no implican sanción alguna para Calderón o Peña Nieto, ni para los funcionarios públicos responsables de las relaciones con las televisoras, ni para los mismos medios de comunicación que incurrieron en un abierto fraude a la ley, ni para los partidos o los candidatos beneficiados. Asimismo, los criterios inconsistentes de los cuatro consejeros mencionados ponen en duda la independencia de la mayor parte del Consejo General.

Con casos como los comentados vemos con más claridad que nunca los peligros de que los tres nuevos consejeros electorales sean nombrados por cuotas estrictas, y en particular el grave riesgo en que se encontrarían las elecciones de 2012 si se permite al PRI colocar dos leales soldados más en el seno del Consejo General del IFE.

Salvárcar

José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- Felipe Calderón dijo hace un año que los 15 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde celebraban el cumpleaños de uno de sus amigos, eran pandilleros, con lo que dio a entender que por eso habían sido asesinados. Luego de una insulsa disculpa, lanzó su propuesta de recuperar esa ciudad fronteriza, emulando el plan con el que se recuperó Medellín (Colombia) del crimen organizado.

Fiel al fracaso, en ambas cosas erró el panista, dado que la disculpa no bastó. A un año del asesinato de los 15 jóvenes, el caso no ha sido resuelto, y el plan Todos somos Juárez se convirtió en un negocio para los empresarios de la construcción.

En el mencionado programa, que según su área de política pública contiene 160 compromisos, el gobierno federal invirtió más de 3 mil 300 millones de pesos, pero no logró activar la economía de la ciudad, tampoco restaurar el tejido social y mucho menos detuvo la ola de violencia, como se observó poco después de la matanza en Salvárcar.

El 12 de marzo de 2010, un grupo armado llegó al velorio de un joven, en la colonia Parajes del Sur, y disparó contra los asistentes. En el ataque murieron ocho personas de entre 16 y 28 años de edad.

El 3 de junio, cuatro jóvenes fueron asesinados y dos resultaron heridos en unas canchas de básquetbol, en el área deportiva de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata.

El 22 de octubre, un comando irrumpió en una fiesta en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, y disparó. Ahí Murieron 14 personas, cuatro de ellas menores de edad; además, dos niños (de siete y 11 años de edad) fueron lesionados en el ataque.

El 23 de enero de este año, a escasos días de la visita de Margarita Zavala de Calderón, otros siete jóvenes fueron asesinados por un grupo armado mientras jugaban futbol en una cancha construida con fondos del programa de rescate a Ciudad Juárez.

Según el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, las ejecuciones cometidas en Ciudad Juárez a partir del último bimestre de 2010 han disminuido 46%, ya qye de noviembre a diciembre, dijo, se registraron 333 en total, mientras que de septiembre a octubre del año pasado se contabilizaron 552 homicidios, de acuerdo con la base de datos de Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, habría que recordar que sólo en Ciudad Juárez, el año anterior hubo 2 mil 738 ejecuciones, de las 15 mil que se registraron en todo el país.

Todavía el pasado 20 de enero, justo cuando se cumplía un año de la muerte de los 15 jóvenes de Salvárcar, fue asesinada de seis balazos Karina Ivette Ibarra Soria. De los seis impactos que recibió la joven de 16 años por parte de policías federales, uno de ellos perforó su cuello. Otra jovencita que la acompañaba, cuyo nombre se reservó por razones de seguridad, resultó herida.

Si la violencia no ha parado en Juárez, el plan de Calderón para rehacer esta ciudad tampoco ha logrado sus objetivos mínimos. Por ejemplo, el primer compromiso de los 160 que integran el plan Todos Somos Juárez, proponía que para diciembre del año pasado se ajustarían los sistemas de emergencia para reducir el tiempo de respuesta a menos de siete minutos. No obstante, la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública confirmó que el tiempo de respuesta de los cuerpos de seguridad es de 25 minutos y en un buen número de llamadas el auxilio nunca llega.

En cuanto al combate al lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado, las autoridades federales ofrecieron una recompensa a quien denuncie a delincuentes involucrados, con la idea de incautar 25% de los recursos ilícitos. Sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer una sola detención o la entrega de tales recompensas.

De los vehículos robados, ni se diga. De acuerdo con la Asociación de Agentes Aduanales de Juárez, apenas se logró la legalización de aproximadamente 15 mil automóviles, de un total de 80 mil que sin placas circulan de manera ilegal en la ciudad.

En cuanto al programa Escuelas Seguras, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia corroboró que en muchos de los planteles con letreros que tienen esa certificación, el personal docente no tenía el conocimiento ni la logística requerida para su aplicación, y algunos ni siquiera sabían que eran parte del proyecto.

En el tema de desarrollo económico, el compromiso era generar empleo, principalmente para los jóvenes, mediante programas de capacitación, y dar apoyo para que crearan sus propios negocios. De los mil jóvenes que se planeaba ayudar, en octubre apenas iban 400. Y más: no se tomó en cuenta que 64% de los jóvenes juarenses no trabaja ni estudia

Así podríamos seguir enumerando los compromisos hechos por Calderón para restituir el tejido social de Ciudad Juárez, con canchas deportivas que no han servido para nada; servicios médicos insuficientes, porque el personal ha huido frente a la inseguridad; huérfanos abandonados, o viudas en la total indefensión.

Nuevamente los cálculos de presidente panista vuelven a ser erróneos, porque se la ha olvidado un aspecto fundamental: tomar en cuenta a la sociedad.

¿Estado de rebelión egipcia?

ENRIQUE DUSSEL *

¿Quién se hubiera imaginado hace sólo un mes que el legendario Egipto, referencia necesaria al mito libertador de los esclavos (tan estudiado por Enst Bloch) bajo el dominio despótico de los faraones que inauguraron su reinado hace 50 siglos, nos darían hoy un ejemplo entusiasta de nueva rebelión? Los poderes geopolíticos metropolitanos, los potentados reunidos en Davos, los cínicos con máscaras de demócratas, deben ponerse de acuerdo para elaborar un cierto discurso que oculte su confusión y temor ante un pueblo que despierta. ¡Tanta propaganda de que eran los defensores y difusores de la democracia en el mundo, cuando ahora se les descubre la cloaca del apoyo a dictaduras violentas que eran alabadas por ellos simplemente porque apoyaban su estrategia! En realidad, como siempre enseñó Henry Kissinger, se trataba de promover los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos bajo el disfraz de principios normativos (en cuanto coinciden con dichos intereses, por ejemplo, de obtención segura de hidrocarburos). Cuando el pueblo palestino eligió democráticamente a Hamas, decretaron que no eran aceptables democráticamente los elegidos, cuando las verdadera razones fueron el tener Hamas proyectos en favor del pueblo palestino pero contrarios a los intereses de dominio de las potencias. Ahora se descubre que los que apoyaban sus intereses eran dictadores. El Departamento de Estado y la Unión Europea debe consultar a sus aliados (Turquía, Israel, etcétera) para ver cómo salir de este entuerto.

¿Qué estamos contemplando en esta revolución del jazmín, cuyo perfume gozoso de la libertad se va extendiendo por el Magreb e invade ya otros países musulmanes? En primer lugar, que la foto de los creyentes de rodilla orando como no-violentos enfrentando a los tanques cambia la imagen que nos impone la mediocracia del musulmán terrorista, y la relaciona con la del joven chino que con una flor miraba de frente el tanque en Beijing. En segundo lugar, estamos contemplando un estado de rebelión que se está generalizando en el mundo musulmán.

Carl Schmitt, para criticar el estado de derecho liberal puramente legal y vacío, sin convicción subjetiva sustancial del ciudadano, propuso repensar el estado de excepción, para mostrar que el primero, que se encuentra dentro de un sistema de legitimación como la estructura democrático-legal, estaba fundado en una voluntad (en último término del pueblo, pero en el caso de Schmitt sin expresión institucional consistente) que podía dejar al orden legal sin efecto en casos de extrema necesidad (como la institución de la dictadura en el imperio romano). La voluntad (del gobernante con autoridad y del pueblo) está detrás de las leyes, dándole un fundamento. Lo que Schmitt no imaginó, y Giorgio Agamben lo sugiere sin extenderse como sería conveniente, es que, por su parte, el propio estado de excepción puede ser dejado sin efecto, pero en este caso por el pueblo mismo, como única sede, y última instancia, del poder político1. Estos nos recuerda aquel 20 de diciembre de 2001 en el que el pueblo argentino no respetando el toque de queda decretado por el gobierno salió a las calle y de hecho depuso a Fernando de la Rúa. Gritaba el pueblo: ¡Que se vayan todos! Las instituciones habían perdido legitimidad y el pueblo se lo recordaba a los representantes que corruptamente habían pretendido ejercer el poder delegado, pero a su servicio. De ese levantamiento surgió el gobierno de Néstor Kirchner que alcanzó mayor legitimidad. Se trata del mismo caso ahora en Egipto.

El estado de rebelión es un acto supremo por el que un pueblo manifiesta legítimamente (contra la legalidad presente y ante toda la futura) que las instituciones (y las leyes) por él instauradas han dejado de tener efecto por alguna causa grave (corrupción extrema, despotismo contra la voluntad del pueblo, violencia en sumo grado, etcétera). En la filosofía islámica-medieval hasta se justificaba el tiranicidio (como en el caso de Tomás de Aquino), es decir, la muerte del tirano. Lo mismo expresaba John Locke en el capítulo 19 del Segundo Tratado sobre el Gobierno.

El pueblo entonces aparece como el actor colectivo, no metafísico sino coyuntural, como un bloque social de los oprimidos (diría Antonio Gramsci) pero ahora con conciencia política, con un como hiper-poder renovado que estaba debajo del silencio sufriente y aparentemente paciente, un poder que de pronto irrumpe desde abajo en la praxis de liberación ante la dominación ya insoportable, que lanza las instituciones fetichizadas a aire como cuando expande la lava el volcán en erupción.

Esos jóvenes ninis egipcios (aunque ya estudiaron tienen aún más conciencia cuando no tienen trabajo ) salen a las calles, arriesgan sus vidas (que de todas maneras desprecia el sistema capitalista dependiente del Estado corrupto y represor de Egipto sumiso a Estados Unidos y no solidario con los palestinos) por todo el pueblo, y no pareciera que darán un paso atrás porque la situación económica, política y cultural es angustiante.

Pero la lección que no está dejando este estado de rebelión generalizado en el mundo musulmán, nos habla de un nuevo momento en la política del Medio Oriente. Estados Unidos e Israel tendrán que dejar sus políticas fundamentalistas y violentas, militaristas, para abrirse sinceramente a una actitud democrática, despojándose de las cínicas palabras a que nos tienen acostumbrados, y que Wikileaks se encarga de revelar para su enojo; auténtica política democrática que, de seguro, les será muy difícil de implementar, porque no tienen ninguna tradición diplomática en ese sentido.