¡CULPEN AL MAGISTERIO!

01/03/2011

Sin empleo digno, más de 1 millón
Misael Sánchez
[07:28] En Oaxaca, 1 millón 347 mil oaxaqueños carecen de un empleo digno y bien remunerado, en tanto que sólo 167 mil trabajadores cuentan con derechos laborales plenos y seguridad social, dijo ayer Daniel Juárez López, titular de la secretaría del Trabajo.
Al cuestionar las cifras del sector laboral dijo que más de 600 mil personas se desempeñan en labores primarias como el campo y la producción de autoconsumo, mientras que más de 700 mil están trabajando en el sector de comercios y servicios.
Señaló que por ello no son creíbles las estadísticas del INEGI cuando refiere que sólo 32 mil personas están desempleadas en Oaxaca.
Tras destacar la necesidad de que cada vez más trabajadores oaxaqueños cuenten con empleos permanentes, en lugar de eventuales, dijo que también es importante que se incremente el número de empleados que cuentan con seguridad social y todos los derechos laborales.
Ante el incremento de la informalidad y las dificultades para generar fuentes de empleo, dijo que se propondrá al Congreso del Estado la creación de una Ley de Fomento Cooperativo, porque sólo con un programa que fomente el cooperativismo se podrán inyectar recursos a este sector.
Refirió que el gobierno estatal solicitará ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Congreso de la Unión que la entidad pase a la zona C de salarios mínimos, tomando en cuenta de que Oaxaca es un destino eminentemente turístico.
Señaló que el incremento de los salarios mínimos, tabulados a 56.70 para el 2011 tendría un impacto positivo en la economía de los trabajadores oaxaqueños.
Sobre la propuesta de impulsar el cooperativismo dijo que de esta manera productores y creadores oaxaqueños tendrían la oportunidad de establecer cadenas que comercialicen de manera directa su producción.
Manifestó que de autorizarse un programa de fomento cooperativo el gobierno estatal inyectaría recursos para capitalizar a los productores y de paso se concatenarían con carreras afines de los universitarios para lograr el éxito.
Por otra parte informó que tras décadas de desorganización en el sector laboral oaxaqueño, ahora la dependencia rectora de la política del trabajo en la entidad se encargará de que también las empresas cumplan con sus obligaciones, desde la creación de comisiones de seguridad e higiene en el trabajo hasta la realización de inspecciones laborales.
Amparos masivos contra Ugartechea
Misael Sánchez
[07:28] Ante el abandono del alumbrado público en la ciudad de Oaxaca de Juárez por parte del gobierno capitalino, cientos de colonos promoverán amparos masivos ante el Poder Judicial de la Federación contra la administración del panista Luis Ugartechea Begué, quien pretende recaudar en 2011, tan sólo por Derecho de Alumbrado Público (DAP), un total de 28 millones de pesos, advirtieron ayer colonos de la capital. “En cambio, a tiendas Chedraui pretender devolverle este pago”, denunciaron.

“El cobro del DAP es inconstitucional; ya no se debe seguir pagando. Por ello vamos a promover amparos masivos contra el gobierno municipal que sigue recaudando el pago a través de la Comisión Federal de Electricidad”, manifestaron.
La inconformidad fue planteada por José Robles, presidente de la colonia Santo Tomás; Maura Silva Anzures, representante de la colonia La Joya; Verónica Ramírez Torres del sector 2 de la colonia Aurora y José Luis Guzmán, presidente de vigilancia de la colonia Arboleda.
También Marco Antonio Miguel Santiago, habitante del ejido Guadalupe Victoria y secretario de concertación política de la asociación civil Encuentro Ciudadano coincidió con los inconformes en que no existe reciprocidad del municipio con los usuarios del servicio de energía eléctrica.
“Nuestras colonias están a oscuras y las luminarias siguen sin reponerse y no confiamos en que lo hagan pronto ya que hasta en el centro de la ciudad y la colonia Reforma existe escasez de alumbrado público”, señalaron.
Asimismo dieron a conocer que a través de un censo se pudo detectar que un total de 106 mil 366 oaxaqueños pagan el DAP en el recibo por consumo eléctrico.
“Se supone que deberían haber más de 70 luminarias por colonia, pero en algunas no llegamos ni a 20”, reportaron.
Según información de la CFE en la capital existen cuando menos 20 mil 500 luminarias de alumbrado público, distribuidas en el 267 centros de población que comprenden el Centro Histórico, agencias, colonias y barrios.
Así, por sector existirían 4 mil 297 luminarias que son pagadas por la ciudadanía a través del DAP, en el que se encuentran usuarios clasificados como contribuyentes domésticos, comerciales, prestadores de servicios, industriales y dueños de predios de riego agrícola.
Sin embargo, para los denunciantes hasta ahora el municipio capitalino no ha cumplido con su obligación de iluminar calles, plazas, jardines y lugares de uso común, además de que ha faltado a su responsabilidad de brindar servicio y mantenimiento al sistema de alumbrado público.
Por último señalaron que recurrirán ante los juzgados de distrito para presentar amparos en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público y que exhibirán los recibos telefónicos y fotografías de la falta de servicio en un gran número de calles de Oaxaca de Juárez.

CHEDRAUI, ¿BENEFICIADA?

El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea, no sólo se negó a suspender la obra de Chedraui en la colonia Reforma, sino que podría beneficiarla con la devolución del cobro del Derecho de Alumbrado Público, dijo ayer Eduardo Reyes Santiago, dirigente de la asociación civil Encuentro Ciudadano.
De acuerdo con el entrevistado, la empresa de Veracruz ha promovido 2 amparos contra las autoridades municipales de Loma Bonita y San Pedro Mixtepec para que se le haga la devolución correspondiente a la iluminación de sus centros comerciales.
Reyes Santiago precisó que la empresa Tiendas Chedraui SA de CV promueve un amparo desde el año pasado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación con número 1003/2009 contra el gobierno municipal de Loma Bonita.
También promueve otro en Puerto Escondido ante el Juzgado Sexto de Distrito con número 455/2009 contra las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec.
Señaló que en ambos casos, la empresa pide al Presidente Municipal, al Cabildo y al Tesorero que informe sobre el monto de lo recaudado por el servicio eléctrico para que les sea devuelto el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que les cobra en su consumo de energía eléctrica.
Tras señalar que el DAP lo recauda la CFE y lo devuelve a los gobiernos municipales, señaló que la empresa veracruzana ya ganó un amparo federal para que se hagan las devoluciones.
Añadió que en el caso de San Pedro Mixtepec, incluso, solicitaron la intervención del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia para que se notifique la petición al municipio.
Dijo que la sentencia ganada por Chedraui en el Acuerdo General Conjunto 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los protege para que los ayuntamientos informen sobre lo recaudado y les devuelvan el DAP.
Añadió que ante la negativa de los 2 municipios, Chedraui abrió otro expediente en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca de Juárez.
“A nosotros lo que nos preocupa es que a los que menos tienen se nos cobre el DAP y al final el gobierno municipal lo devuelva a las grandes empresas que cuentan con una mayor iluminación en sus centros comerciales”, dijo.
Exige CIPO libertad de Pablo López Alavez
Con información de Iván Flores.
Miembros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO)- RFM y su filial en Vancouver, exigieron la libertad de Pablo López Alavez, al considerarlo “preso político”.
El miembro de la junta organizadora, Miguel Cruz, refirió que el acusado es originario de San Isidro Aloápam y el motivo “de fondo” por el que fue encarcelado desde hace seis meses, es la defensa de los bosques de su comunidad.
Sin embargo, señaló, López Alavez fue acusado del delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por lo que desde hace seis meses se encuentra recluido en el penal de Villa de Etla.
“Su único delito ha sido defender los bosques de la comunidad, las declaraciones de los testigos son contradictorias, la averiguación ha violado los procesos de investigación, incluso la misma comisión de derechos humanos, reconoce la violación a las garantías de Pablo López”, aseguraron sus compañeros, durante la mesa de denuncia instalada al medio día, en las afueras de palacio de gobierno.
De no tener una respuesta inmediata, Miguel Cruz advirtió que mantendrán las jornadas de denuncia y el próximo 10 de marzo, en coordinación con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), realizarán un mitin a las afueras del penal de la Villa de Etla.
Ahí, añadió, pedirán la renuncia de la juez encargada del caso de Pablo López Alavez, Lucero Hernández Melchor.
Realizan Foro de Pueblos Indígenas en Guelatao
FLORIBERTA F. REYES/CORRESPONSAL
Con el objetivo de conjuntar las demandas más sentidas de los pueblos indígenas que permitan obtener formas de autonomía y que robustezcan legislaciones indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) realizó el primer Foro Estatal de Pueblos Indígenas, en esta comunidad para incidir en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Con 12 ejes temáticos: Libre determinación y autonomía, Participación y representación política, Sistemas normativos, Tierras territorios y recurso naturales, Agricultura sostenible y comercio justo, Desarrollo Integral comunitario, Lengua, cultura e identidad, Educación indígena intercultural, Salud y medicina tradicional, Mujer indígena, Comunicación y Afrodescendientes y alrededor de mil participantes de diversas etnias indígenas del estado, se congregaron para hacer oír sus voces y conjuntar propuestas para demandar sus derechos.
El subsecretario de la SAI, Zenón Bravo, aseguró que la iniciativa del gobierno del estado se enmarca en el propósito de empezar a construir una nueva relación respetuosa y horizontal entre el estado, los pueblos indígenas, y la sociedad en general que apoye y fortalezca los procesos de autonomía, reconstitución, y desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas, así como el imperativo básico de poner los cimientos de un gobierno, democrático, participativo, multicultural e incluyente.
Conjuntar propuestas
Sin embargo, Benjamín Maldonado Alvarado, antropólogo y ponente en el foro, aseguró que el gobierno del estado de Oaxaca no ha promovido ni promoverá los derechos de los pueblos indígenas, y no porque no lo quiera hacer, sino porque el gobierno está hecho para no respetar la diversidad cultural, "y no sólo es una característica de México, es universal en todos los estados-nación que se formaron a partir del siglo XIX. Son gobiernos que no están abiertos al diálogo, y por eso no podemos esperar que el gobierno promueva los derechos".
Añadió que la única posibilidad que tienen los pueblos originarios, es que los movimientos indígenas que han trabajado desde hace 30 años, conjunten propuestas con el gran reto de que el gobierno del estado acepte las propuestas.
Autor de varios libros sobre comunalidad, Maldonado Alvarado manifestó que si bien el gobierno no va a promover los derechos de los pueblos indígenas ha abierto un espacio para que los pueblos lo promuevan, "abrió la posibilidad de que se pudiera incorporar gente en el gobierno que ha estado trabajando en distintos aspectos de los derechos de los pueblos indígenas".
Afirmó que la fuerza del pueblo está en la comunidad y que la fuerza de la comunidad está en su vida comunal, sólo de esta manera pueden florecer los pueblos.
Presencia indígena
Al foro asistieron el Presidente municipal de Santa María el Tule, San Bartolo Coyotepec, Santiago Lalopa, Santa María Alotepec; Juan García Hernández, Horacio Sosa Villavicencio, Gregorio Lorenzo López, Rafael Emeterio Lara, respectivamente, así como agentes municipales, de diversas etnias indígenas de todo el estado.
• Las propuestas serán entregadas al gobierno del estado para incidir en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
• El Gobierno del Estado encomendó a las dependencias realizar foros de consulta ciudadana para desarrollar su plan de acción gubernamental.

Oaxaca: PLAZA PÚBLICA

Miguel Angel Granados Chapa.

Aunque no depuso sus exigencias, la Sección 22 del SNTE se mostró menos vehemente en sus reclamos al gobierno de Gabino Cué en su prolongada reunión del fin de semana pasado, y se abrió al entendimiento

Se apresuraron los augures del desastre: en Oaxaca no se revivieron los ardores de 2006. Después de la violencia del 15 de febrero y la suspensión de clases y la marcha magisterial masiva del día siguiente, tanto en el gobierno estatal como en la Sección 22 del SNTE prosperan los empeños por lograr paz y estabilidad en el estado. Aunque están anunciadas movilizaciones regionales, una marcha estatal el 8 de marzo y una de carácter nacional semanas después, está conjurado el fantasma de la ocupación del centro de la capital y una suspensión de labores por tiempo indefinido. Tampoco habrá, en consecuencia, acciones represivas criminales como las que ordenó el gobernador Ulises Ruiz, todo lo cual caracterizó el espeso clima político oaxaqueño hace casi un lustro.

No hay, tampoco, una paz idílica. Pues- to que persisten agravios a la sociedad que se levantó contra la dictadura de Ruiz, y han surgido otros en el arranque del nuevo gobierno, Oaxaca vivirá tensiones que son propias de una sociedad donde chocan intereses y se procura ejercer principios. Pero lo que esencialmente difiere de la situación de 2006 es que la relación entre gobernados y gobernantes está regida por la ley, y aquéllos no son tratados como enemigos por éstos.

En paradoja comprensible, uno de los factores que condujo a la victoria ciudadana en las elecciones de julio pasado está generando nuevos costos. Además de los partidos que postularon al senador Gabino Cué y lo llevaron a la gubernatura, el activismo del ahora titular del Poder Ejecutivo sumó otras presencias a la vasta alianza con que triunfó. Cada parte de esa coalición de intereses espera que el gobierno que contribuyó a erigir cumpla los compromisos que se estipularon, explícita y tácitamente. El gobierno resultante de una coalición tiene que observar cuidadosamente el equilibrio en la atención a esos intereses, so pena de que las partes que se supongan minusvaluadas o agredidas hagan notar su inconformidad con los instrumentos a su alcance.

El Partido Nueva Alianza no se sumó a ninguna de las coaliciones que contendieron por la gubernatura oaxaqueña. Un obvio cálculo político de la propietaria de ese partido, Elba Esther Gordillo, ordenó esperar hasta la última hora a que su candidata Irma Piñeyro declinara a favor de Cué, porque se perfilaba como el candidato vencedor. Si esa suerte le hubiera sido deparada a Eviel Pérez, el candidato de Ulises Ruiz, a favor del priista se hubiera inclinado la preferencia elbista. Algo más que el puñado de votos que la declinación supuso a favor del candidato victorioso ha de haber pesado en la designación de Irma Piñeyro en la secretaría de Gobierno, la vicegubernatura en los hechos. Salvo que con ese nombramiento se hubiera impedido la disputa entre los partidos postulantes, parece una recompensa muy elevada al tardío y no necesariamente eficaz gesto del Panal.

La designación de Piñeyro, por si fuera poco, agravió a la Sección 22, que con razón identifica a la secretaria de Gobierno con Gordillo, adversaria tradicional de la porción oaxaqueña del sindicato que preside. A la siempre tensa relación entre los comités nacional y seccional se agregó en 2006 la secesión magisterial promovida desde el centro con la creación de la Sección 59, con elementos sustraídos a la 22. Es comprensible que el comité seccional se haya sentido agraviado si no es que traicionado.

La ocasión de mostrar su inconformidad se abrió hace 10 días. El presidente Calderón viajó a Oaxaca, a congratularse del triunfo aliancista y a recibir la adhesión del gobernador, pactada previa y públicamente. Su estancia en Oaxaca, para inaugurar un establecimiento privado de enseñanza superior dirigido por religiosos, coincidió con la publicación del decreto que hará deducible, a partir de 2012, el pago de colegiaturas. La ocasión fue aprovechada para una expresión de repulsa a partir de la absurda declaratoria de persona non grata adjudicada al presidente de la República. Como proclama y hasta como invectiva política es comprensible tal declaración, pero es inadmisible cuando se desprende de ella el repudio físico a la presencia presidencial. Expresar tal rechazo fue la pretensión de los piquetes magisteriales que buscaron entrar en la zona vedada al tránsito de personas en torno al Palacio de Gobierno. Un muro policial estaba allí para impedirlo. No pocos manifestantes no se resignaron a ser frenados y ejercieron presión contra las policías. Las fricciones se convirtieron rápidamente en violencia de ambas partes, que ya en el fragor del combate, por impreparación técnica la policía, por agresividad mal contenida de quienes protestaban, derivó en lesiones y contusiones en los dos grupos, así como sobre periodistas que cumplían su labor. Para determinar su origen y establecer su gravedad, deben actuar tanto la íntegra comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas, como el Ministerio Público local y aun la PGR pues actuó en el caso la Policía Federal. Sean profesores o provocadores o personas con ambos caracteres quienes golpearon y produjeron actos de vandalismo, deben ser tratados con la misma vara jurídica con que se mida la actuación de los agentes policiacos.

Los dirigentes de la Sección 22 se reunieron de las 15:47 del sábado 19 a las 3:07 del domingo. Acordaron y establecieron tareas de naturaleza muy heterogénea. Pero quedó claro en sus deliberaciones y conclusiones que no confunden a un gobierno autoritario que los reprimió con uno democrático que busca entendimientos.