EL PODER AL DESNUDO

Wikileaks y la radiografía del poder

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

El jueves 16 de febrero, La Jornada publicó una nota en la que informa de las dudas de Bruce Williamson, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, sobre la eficacia del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico. “La presencia militar –afirma en un despacho confidencial del 29 de julio de 2009– no es una panacea para Nuevo León.” La información añade que en el combate contra el crimen organizado existe una grave descoordinación entre el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal, y que las corporaciones se encuentran infiltradas por aquellos contra los que formalmente pelean.

Las notas fueron un duro varapalo para la administración de Felipe Calderón; para el gobernador de la entidad, Rodrigo Medina, y para el ex mandatario Natividad González Parás. Evidenciaron el fracaso de la estrategia antinarco, el control territorial que en ese rico estado tiene el cártel de Los Zetas, y la corrupción gubernamental.

La estrategia de contención de daños no se hizo esperar. Varios analistas oficiosos en diversos medios de comunicación nacionales desestimaron el alcance de las revelaciones. Ya se sabía, dijeron algunos. El gobernador Rodrigo Medina dijo que los cables no tenían validez. Y González Parás declaró que las comunicaciones del ex cónsul no se refieren a opiniones de él ni menos a la posición oficial (de su gobierno), sino a versiones que le refirieron algunos contactos, las cuales aseguraban la existencia de vínculos con el narcotráfico de funcionarios de mi administración y de mis hermanos.

Días después, en entrevista con El Universal, Felipe Calderón reconoció la magnitud del golpe. “Los embajadores –respondió– o quienes generaron los cables le echaron mucha crema a sus tacos. Siempre querían levantar sus propias agendas ante sus propios jefes, y han hecho mucho daño por las historias que cuentan y que, la verdad, distorsionan. Hay muchos casos de los que no vale la pena hablar.”

Ante un tema que –según Roberto Rock, su entrevistador– lo exaspera, el jefe del Ejecutivo añadió: Yo al embajador estadunidense no tengo que decirle cuántas veces me reúno con el gabinete de seguridad nacional ni qué digo; la verdad es que no es un asunto de su incumbencia.

La nota fue elaborada a partir de un archivo que contiene cerca de 3 mil despachos redactados por personal diplomático estadunidense, entregados a La Jornada por Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, fundador de Wikileaks. En ellos se abordan asuntos políticos, económicos y de seguridad pública de nuestro país. Una parte de la información contenida en ellos es muy delicada.

Los materiales son una especie de radiografía del poder en México, del grado de sujeción de nuestras autoridades a los designios de Washington, del fracaso de la lucha contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, de la impunidad del sistema de procuración de justicia y de las enormes desigualdades sociales que existen en el país. El diagnóstico que se desprende de esas radiografías sobre la salud pública de la nación es alarmante e indignante. No hay antecedente de difusión pública de un volumen de información tan vasto y tan grave sobre la naturaleza de las relaciones del poder en México. En otro país, el asunto sería un escándalo. Aquí también lo es, pero es un escándalo al que los grandes medios de comunicación electrónica hacen el vacío, confinándolo a los lectores de la prensa escrita y los usuarios de redes sociales.

Desde el 16 de febrero han sido publicadas intermitentemente más informaciones provenientes de la diplomacia estadunidense que ofrecen una imagen tan desoladora como lamentable del poder en México. Un cable documenta cómo el entonces candidato a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, mantuvo un doble discurso en materia del muro fronterizo, y adelanta a la embajada de Estados Unidos su decisión de hacer pronunciamientos críticos contra el muro porque no puedo permitirme perder un solo voto contra AMLO, y añade que no es su intención atizar el debate.

Inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2006, Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, describió la circunstancia de Felipe Calderón en la mayor situación de debilidad política Y añade, en una actitud claramente intervencionista: corremos el riesgo de que los asuntos de mayor importancia para nosotros se estanquen, a menos que podamos enviar una enérgica señal de apoyo para que el futuro mandatario logre imponer su agenda.

La Jornada es unos de los seis medios impresos en el mundo a los que Wikileaks ha proporcionado archivos, en lo que puede considerarse la mayor filtración de información política trascendente en la historia del periodismo. Los otros cinco son The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, The New York Times y El País.

El conjunto de materiales filtrados por Wikileaks tiene unas 300 millones de palabras. La Biblia tiene unas 780 mil palabras. Manejar un volumen de información de esta magnitud, buscarla, ordenarla, ponerla en contexto, encontrar historias atractivas y pertinentes, es un reto muy grande. Por principio de cuentas, es una demostración de que quienes aseguraron que con las redes sociales el periodismo ha dejado de tener razón de ser están profundamente equivocados. Sólo el periodismo puede darle sentido a una información tan extensa y compleja.

Los papeles sobre México filtrados por Wikileaks, y editados y publicados por La Jornada, ofrecen una imagen del país y de su presidente demoledora. Muestran que las advertencias sobre la pérdida de la soberanía nacional hechas por los críticos más apocalípticos no son exageraciones. Y recuerdan que la lucha por la liberación nacional no es nostalgia de nacionalistas trasnochados, sino una necesidad a la orden del día.

Los Chuchos embusteros

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 28 de febrero (apro).- Un extraño desplegado, a plana entera, se publicó el jueves 24 en el diario El Universal, en el que se reprodujo la portada del semanario Proceso 1166, del 7 de marzo de 1999, junto a una sentencia rotunda: “Andrés Manuel López Obrador miente”.

Tal imputación a López Obrador se funda en la reproducción de fragmentos de una entrevista que tuve con él hace 12 años, poco antes de que dejara la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la que planteó una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) para postular un candidato presidencial común, al que apoyaría aun si fuese Vicente Fox.

“No debemos tenerle miedo al pueblo. No estamos planteando que decline Vicente Fox para que apoye a (Cuauhtémoc) Cárdenas o a Porfirio Muñoz Ledo, o al revés. Estamos proponiendo que en una elección primaria el pueblo elija al candidato de oposición.

”--¿Y si gana Vicente Fox?

“--Tendríamos que apoyarlo.”

Luego de citar otros párrafos sobre la alianza con el PAN para terminar con el partido de Estado –en una entrevista en la que de López Obrador reveló detalles de su ríspida relación con Ernesto Zedillo y de cómo logró abortar el fraude en las elecciones en Zacatecas, en 1998--, el desplegado concluye, en referencia al Estado de México: “Y entonces, ¿por qué oponerse a que el pueblo decida en una consulta su futuro de (sic) los próximos seis años?”

Firma como responsable del desplegado un tal Miguel Barbosa Huerta y para los interesados en leer la entrevista completa se remite a www.democratasdeizquierda.blogspot.com, creada el mismo mes de febrero y cuya única información es ese material periodístico.

¿Quién es este sujeto que pagó la plana en El Universal? Es nada menos que el coordinador nacional de Nueva Izquierda –la corriente del PRD conocida como los Chuchos, en alusión a sus principales dirigentes, Jesús Ortega y Jesús Zambrano– y expresidente del PRD en Puebla.

¿Pero por qué, además de no tener Barbosa Huerta el valor de presentarse en el desplegado como lo que es, la entrevista es publicada en un blog fantasmal, en lugar de hacerlo en la página de Internet de Nueva Izquierda?

La respuesta es sencilla: Porque los Chuchos son unos farsantes y, a la manera de como lo hacen sus compañeros de viaje de El Yunque, tratan de hacer creer que el reclamo a López Obrador proviene, no de ellos, sino de unos supuestos “demócratas de izquierda” que le exigen congruencia por rechazar la alianza PRD-PAN en el Estado de México si la apoyaba para el 2000.

Los Chuchos olvidan que quienes sabotearon la alianza en 2000 fueron los propios panistas, y cómo tras el triunfo de Fox, cuando se planteó la posibilidad de una coalición en Tabasco para ir dinamitando al régimen autoritario, éste y otros, como Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, prefirieron pactar con Roberto Madrazo, con la promesa de que aprobaría la reforma fiscal.

Se frustró, en esa coyuntura, la posibilidad de trascender la mera alternancia en la Presidencia de la República y se afianzó el contubernio PAN-PRI no sólo para aplicar la misma política económica, sino para garantizar los privilegios para la “oligarquía” que cometió el fraude en las elecciones de 2006 para imponer a Calderón.

Esto no lo digo yo, sino el partido que preside Ortega, que en el XII Congreso Nacional, celebrado del 3 al 6 de diciembre de 2009, aprobó un documento que no da lugar a dudas en su línea política, completamente violentada por sus complicidades con Calderón:

“La derecha con sus dos partidos cerró filas para evitar el avance de la izquierda y AMLO. El PAN está agotado como proyecto político en el corto plazo. La refuncionalización de la hegemonía de la derecha viene ahora con el PRI. Son el PRI y el PAN los dos partidos de la derecha y la oligarquía.”

Y añadió: “El PAN es una derecha desgastada, incapaz y deslegitimada. Las elecciones del 2009 marcan el fin político del gobierno calderonista. Se consolida el cogobierno de derecha con el PRI en el Congreso, en los gobiernos estatales, en la complicidad y corrupción. Como parte de este pacto del proyecto oligárquico y de complicidades, los casos de Oaxaca, Puebla y la protección a pederastas son algunos ejemplos de ello.”

El Congreso Nacional del PRD, que recordó que “el Ejecutivo usurpador ha gobernado para quienes impulsaron su campaña”, definió en su “Estrategia Política 2010-2012” el “objetivo estratégico (de) impulsar la unidad de las izquierdas y de las fuerzas democráticas y progresistas”, fincada en “establecer una política de claro contraste y diferencia con las derechas del PRI y del PAN”.

Y añadió: “El PRD requiere conformar un nuevo bloque histórico demócrata y antioligárquico que sustituya a la oligarquía que actualmente domina el país. Las alianzas electorales deberán resolverse tomando en consideración los compromisos programáticos y de gobierno de las y los candidatos. De preferencia en una alianza amplia se deben privilegiar los candidatos de la sociedad. Nunca una alianza deberá mellar el perfil político de izquierda de nuestro partido.”

Ortega se ufanó de la unidad derivada del Congreso Nacional, porque resultó un PRD “consecuentemente opositor a las posiciones conservadoras” y “alternativa frente a la derecha panista, frente al gobierno de Calderón y frente al riesgo que significa la regresión del priismo corruptor”.

De sobra conocido el carácter tramposo de Ortega y su facción, los periodistas le preguntaron si quedaban proscritas las alianzas con el PAN. “Ya lo he aclarado”, dijo, pese a que no había aclarado nada.

--¿Por qué no lo especificas?

--No voy a contestar lo que tú quieres que conteste.

Luego de afianzar el contubernio con el PAN, ya se sabe por qué Ortega no quiso contestar entonces y por qué, también, se niega a dar respuesta a una pregunta muy sencilla: Calderón, a quien él llamó espurio "por los siglos de los siglos”, ¿ya se legitimó por aliarse con el PRD?

Apuntes

Marisela Salazar, quien en días perdió a dos hermanos y una cuñada gracias a la impunidad: “Este señor que dice ser presidente nada más nos vino a militarizar y a poner federales. Es un asco, aquí es una muestra de lo que está pasando. Es una mierda, pronto va a acabar con todo. Exigimos que ya retire las tropas federales y que ya termine con esta pinche guerra sucia, el pueblo no la pidió”.

Hidalgo: injusticia electoral

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de febrero.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró el miércoles pasado su temporada de resoluciones sobre los procesos en los 12 estados en que se eligió gobernador en julio pasado. En su última sesión a ese respecto, confirmó las resoluciones de los órganos locales de Hidalgo que dieron por válida la elección del candidato de la coalición del PRI, el Partido Verde y el Panal, y ratificó a Francisco Olvera como gobernador electo. Por tal motivo, Miguel Ángel Osorio Chong dejará en el Palacio de Gobierno de Pachuca a su favorito, cuya candidatura impuso a despecho de las aspiraciones de otros aspirantes de su partido que no se atrevieron a desafiarlo.

Al proceder de esa manera, el Tribunal Electoral santificó abusos y excesos del gobierno del estado y de su partido, en perjuicio no sólo de la coalición Hidalgo nos Une, que postuló a Xóchitl Gálvez, sino de la sociedad en general, que por primera vez apoyó con votación masiva una candidatura de la oposición al gobierno del estado. La resolución de la Sala Superior es, al mismo tiempo que una autorización para infringir las leyes, una suerte de recetario o instructivo para defraudadores electorales, que se resume en la fórmula: Haz lo que quieras, traspasa todos los límites legales, éticos y políticos, pero no dejes huella; impide que tus antagonistas puedan probar sus señalamientos y nosotros, magistrados y magistrada, contestaremos a sus impugnaciones que, con mucha pena, no podemos admitir afirmación alguna que no esté probada…

Los tribunales que pretenden hacer justicia y no sólo aplicar mecánicamente la ley disponen de arbitrios para completar su visión sobre los asuntos que les son expuestos. Se trata, por ejemplo, de la suplencia de la queja y de las providencias para mejor proveer. Aquélla significa que si un recurso está mal concebido y adolece de fallas formales o aun sustantivas, el tribunal puede remediar las deficiencias del recurrente para no dejarlo indefenso. Y cuando las evidencias mostradas por los impugnadores de una decisión no son suficientes, los tribunales que desean hacer justicia y no sólo aplicar la ley ordenan practicar diligencias cuyo resultado permita a los juzgadores aproximarse a la realidad sin detenerse en las formalidades legales relativas a las probanzas.

El TEPJF no pertenece a esa clase de tribunales. A cada uno de los 17 agravios de que constaba el pedido de anulación de los comicios hidalguenses (es decir, el juicio de revisión constitucional electoral número 276) la Sala Superior contestó que la coalición recurrente no presentaba pruebas, o que éstas no eran vigorosas. Y finalmente, cuando admitió la veracidad de algún señalamiento, se acogió a la fácil doctrina de la inocuidad: tal abuso o exceso efectivamente ocurrió, pero su efecto no es determinante del resultado de la elección.

Con ese criterio abstruso, cerrado, codiguero, el Tribunal Electoral federal bendijo la comisión aun de hechos delictuosos, como el ocurrido en la víspera de la jornada electoral. A un domicilio particular donde la coalición opositora guardaba la documentación sobre sus representantes de casilla, necesaria para verificar que se presentaran oportunamente a cumplir su misión o para en caso contrario poder relevarlos, entró a la fuerza un comando armado. Dijeron ser agentes de la policía estatal y estar allí por efecto de una denuncia ciudadana, anónima, que señalaba la ocurrencia en ese lugar de movimientos “extraños” y la presencia de gente armada. No mostraron orden alguna de cateo ni de aprehensión y, sin embargo, revisaron el local, detuvieron a dos personas y, subrepticiamente, fiados en el temor que su irrupción había provocado, se llevaron consigo los programas de control, dejando a la alianza sin posibilidad de verificar su presencia en las mesas electorales.

De la ofensa se pasó al agravio. Requeridos para probar que habían actuado legalmente, los intrusos mostraron una orden judicial que no llevaban consigo a la hora de los hechos. Y luego tuvieron la desfachatez de justificar su incursión en el hecho de que en efecto había en el lugar personas armadas. No aclararon que eran parte de la escolta de que se proveyó a los candidatos, y contaban con la autorización respectiva.

La ponencia del magistrado Alejandro Luna Ramos, que propuso confirmar las decisiones locales a favor del PRI, de Osorio y de Olvera, dijo que la coalición del PAN, el PRD y Convergencia no pudo probar la extemporaneidad del mandamiento judicial, con lo que permitieron a los asaltantes beneficiarse de su propia violación a la ley. El magistrado reprochó además a los quejosos el no haber expuesto los nombres de las personas detenidas, deficiencia que un juzgador de buena fe hubiera podido subsanar simplemente haciéndola notar a los querellantes para que la remediaran.

Tampoco se dio por probado el exceso de gasto, el rebasamiento del tope de campaña. En efecto, no se pudo instrumentar esa probanza porque no hubo un dictamen sobre el gasto de Olvera. Lo que hubo fue un papel donde se falsificó la firma del dictaminador, señalamiento que en un juicio previo el tribunal había desechado.

Con evidente mala fe, el instituto electoral controlado por el gobierno estatal incluyó en la boleta electoral el emblema del Partido del Trabajo, no obstante que no participó en la contienda por la gubernatura. En el rejuego de los partidos coaligados en torno a Xóchitl Gálvez, el PT formó parte de la alianza pero se retiró de ella y se abstuvo finalmente de presentar candidatura propia. La coalición alegó que esa indebida inclusión del emblema petista había causado confusión y provocado la anulación de votos. Si bien admitió esa posibilidad, el tribunal en su evidente deseo de satisfacer los intereses priistas, dijo que ese efecto, de haberse producido, no era determinante del resultado de la elección.

Al proceder de esa manera, y obviamente sin proponérselo, la justicia electoral se incriminó. Dejó en claro que la voluntad de los ciudadanos, el esfuerzo organizador de la oposición en torno a una candidata que abría la posibilidad de modernizar a una sociedad políticamente anacrónica resultó estéril. Sentenció que los mecanismos del fraude, y la actuación sesgada del Tribunal Electoral federal fueron determinantes del resultado de la elección.