DEFENDIENDO LA LIBRE EXPRESION

04/03/2011

Por el derecho a existir de Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
Los procesos autonómicos contemporáneos de los pueblos indígenas buscan fortalecer –para sobrevivir y superar la intromisión del Estado y el asedio de las corporaciones– la integralidad de múltiples factores económicos, sociales, culturales, territoriales o políticos. Sin embargo, cada uno tiene una especificidad comparada con las de otros: Radio Ñomndaa (La Palabra del Agua), por ejemplo, ha sido emblemática en el proyecto de autonomía del pueblo nanncue ñomndaa (amuzgo), en el municipio de Suljaa’, Xochistlahuaca, Guerrero.

La Palabra del Agua, precisamente por su valor político, ha sufrido la persecución del poder caciquil personificado en Aceadeth Rocha Ramírez, sus familiares y aliados, y toda la fuerza de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De manera paralela y concertada, se ha utilizado el aparato represivo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del propio Ejército Mexicano, para hostigar e intimidar, integrar acusaciones falsas, obsequiar órdenes de aprehensión e, incluso, golpear gravemente y detener a dirigentes comunitarios connotados que trabajan en la radio, y pretender que purguen sentencias condenatorias de varios años. Este acoso ha incluido, en más de una ocasión, la presencia de elementos castrenses, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, así como intentos de asalto directo a la modesta cabina de transmisiones para desmantelar sus aparatos, y vuelos de avionetas militares a muy baja altura sobre la comunidad y, en particular, sobre las instalaciones de La Palabra del Agua. En estas ocasiones fue la presencia masiva de la población en apoyo a su medio de comunicación lo que impidió que los represores lograran sus propósitos.

Este apoyo a la radio comunitaria ha ido de la mano de la organización, desde 2004, de un autogobierno por usos y costumbres, respuesta al poder corrupto que durante décadas ha mantenido el PRI, concentrado en la familia de Rocha Ramírez, quien ha sido en dos ocasiones presidenta municipal, y representante popular elegida en múltiples elecciones amañadas, mientras parientes suyos se preparan activamente para ocupar su lugar.

La radio fue concebida como un instrumento al servicio de las comunidades de la región para difundir, en su propia lengua, su cultura, y la defensa de sus derechos, y es ampliamente conocida en los ámbitos nacional e internacional, ya que sus integrantes son organizadores de fructíferas reuniones en las que se ha debatido sobre la autonomía en general, y en torno al problema del monopolio corporativo-estatal de las frecuencias radiales, entre otros temas importantes.

Actualmente están abiertos varios procesos jurídicos en contra de representantes agrarios, autoridades tradicionales y fundadores de la radio comunitaria. El 27 de septiembre de 2010, el juzgado mixto de primera instancia, con sede en Ometepec, Costa Chica de Guerrero, emitió sentencia condenatoria de tres años y dos meses de cárcel y el pago de una multa de mil 753 pesos a Silverio Matías Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Suljaa’, quienes están sujetos a un proceso visiblemente amañado como presuntos responsables del delito de privación de la libertad en agravio de Narciso García Valtierra, acusaciones infundadas que se vienen montando desde 2004, pero que se remontan a 2002, cuando en una asamblea general de ejidatarios de Xochistlahuaca, se solicitó a Narciso García dejar de invadir y poner a la venta 12 hectáreas de tierras de uso común del ejido, reaccionando éste con insultos y amenazas, por lo que la asamblea decidió encarcelarlo, según los sistemas normativos comunitarios, y quedando bajo la custodia de las autoridades tradicionales por 24 horas. Luego de reconocer su falta, García fue liberado, previo acuerdo de la asamblea para que el infractor pudiera hacer uso de tres hectáreas de tierra.

Violentando estos acuerdos firmados, y con la protección de Aceadeth Rocha Ramírez, García denunció el hecho ante el Ministerio Público de Ometepec, ya tipificado como delito. Después de más de seis años de proceso y a pesar de las múltiples pruebas aportadas por la defensa, entre ellas peritajes antropológicos, las sentencias dictadas en contra de los acusados fueron condenatorias, criminalizándose de nueva cuenta las prácticas de justicia comunitaria y, por ende, el propio ejercicio de la autonomía del pueblo nanncue ñomndaa.

Las sentencias dictadas también muestran el uso faccioso del Poder Judicial, que sigue constituyendo un mecanismo funcional para obstaculizar los esfuerzos de organización comunitaria y violentar los derechos de los pueblos indígenas amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aun en el artículo 2 constitucional (no obstante violentar éste los acuerdos de San Andrés), ya que en los hechos se impone el derecho positivo del Estado y no se están reconociendo los sistemas internos de resolución de conflictos.

Este caso muestra una política –desde el Estado– de criminalización similar en todo el país, en la que luchadores sociales, defensores de derechos, activistas, rebeldes que resisten las injusticias, son procesados y/o sentenciados por delitos comunes; en realidad, son presos y perseguidos políticos. Genaro, Silverio y David han presentado una apelación que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en estos días. Dada esta situación, llamamos a una mayor solidaridad nacional e internacional con quienes luchan por una ciudadanía participativa, por el derecho a contar con un medio de comunicación como La Palabra del Agua, por la autonomía del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca.

Carretera 57

LUIS JAVIER GARRIDO

La patética entrevista de Felipe Calderón con Barack Obama ayer en la Casa Blanca confirma el viraje radical que ha ocurrido en las relaciones de México con Estados Unidos durante los gobiernos de la ultraderecha, que están teniendo un nuevo momento de quiebre tras dos acontecimientos: la publicación de los cables de Wikileaks por La Jornada, desde el 10 de febrero, y lo acontecido en la carretera federal 57, el 15 de febrero, que como lo subrayan los medios estadunidenses, fueron los dos factores que llevaron a Washington a citar con urgencia a Calderón.

1. México se halla cada vez más en una encrucijada, pero ni las fuerzas políticas y sociales ni los medios masivos de comunicación parecen darse cuenta de la gravedad de lo que está aconteciendo en nuestro país al entregar ya los panistas sin reservas a Estados Unidos no nada más las riquezas estratégicas de nuestro país –y en particular el petróleo–, sino el control absoluto de áreas importantes del aparato estatal y funciones de gobierno.

2. La agresiva política imperial con la cual Estados Unidos busca salir de la grave crisis financiera, económica, política y moral en la que se hunde –y que ha sido la misma en la administración del demócrata Barack W. Obama que en la de su predecesor republicano George W. Bush–, hubiera requerido tener en México al frente del Estado a funcionarios patriotas, con una visión nacional de largo alcance y una concepción del Estado y de la legalidad –como acontece en varios países de América Latina– y no, como está aconteciendo, a un puñado de yuppies conservadores vinculados a las multinacionales, que de manera impune han hecho del país su botín personal para librarse a todo género de negocios sin importarles entregarlo a Washington y al capital trasnacional a fin de sobrevivir como gobierno, como está aconteciendo.

3. El significado del fraude de 2006 es ahora más evidente que nunca al conocerse mejor y en detalle el tenor de las relaciones de México con Washington, pues lo que acordó entonces Estados Unidos con Calderón fue respaldarlo para que se instalase en la silla presidencial, por muy descomunal que hubiese sido el fraude, a cambio de que el nuevo gobierno panista por un lado les entregara sin reservas el control de los recursos básicos del país, y de manera explícita el petróleo, y por el otro les permitiese una gestión más directa de las políticas internas de México para acelerar el desmantelamiento del Estado surgido de la Revolución Mexicana –aunque ambas cosas estuviesen de manera tajante impedidas por la Constitución de 1917–, por lo que los halcones washingtonianos impusieron a Calderón la estrategia de la seudo guerra “contra el narco”, a fin de alcanzar esos objetivos.

4. Los medios estadunidenses no ocultaron el sentido de la entrevista, y mientras la prensa oficialista mexicana insistía en que se trataba de ponderar las relaciones económicas, allá se señaló con claridad que era para analizar los temas de seguridad (de Estados Unidos, naturalmente), y en particular para tratar lo relativo a la petición de que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, luego de la muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero en la carretera federal 57, cerca de Ojo Caliente, en San Luis Potosí.

5. La presencia de Zapata, como la de otros cientos de agentes, de más de una docena de corporaciones gubernamentales estadunidenses, que campantes han actuado ejerciendo actos de autoridad en territorio mexicano, es como se sabe violatoria de la Constitución y de las leyes de nuestro país, pues ningún poder u órgano del Estado tiene facultades para permitirles actuar en México, ni mucho menos para negociar esto a nivel internacional. El cierre que hizo la FBI de esa carretera federal el 18 de febrero para reconstruir los hechos, acontecimiento de extraordinaria gravedad, da cuenta de la ilegalidad y prepotencia con la que se está actuando.

6. La entrevista de ayer no fue por lo tanto para cambiar las políticas sino para disimular el entreguismo creciente del gobierno mexicano. Lo que está deteriorado no son las relaciones entre los gobiernos de Obama y de Calderón, que no son otra cosa que las relaciones entre un poder imperial y un gobierno que funge como su marioneta; lo que está deteriorado son las políticas de simulación y de mentira de ambos gobiernos en torno a la violencia que han desatado en México, con el pretexto de una supuesta guerra “contra el narco”, que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos (y a menos de diez estadunidenses), y en la que muy pocos creen ya, y que los cables del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada para su publicación están contribuyendo a evidenciar en toda su perversidad. La CNN lo decía con claridad el miércoles 3, señalando que el motivo de la cita de Calderón con Obama era “generar un clima de tranquilidad luego de las filtraciones de Wikileaks”.

7. La invitación de Obama buscaba por otro lado lo que resulta imposible: levantar la imagen del individuo que les ha entregado todo y que ahora se halla en un creciente desprestigio tras lo acontecido en la carretera 57 y los cables de Wikileaks, que tanto han enervado a Calderón, pero muy poco lo logró con sus palabras de coba. El panista intentó fallidamente en una entrevista a El Universal del 22 de febrero refutar con una aparente crítica al embajador estadunidense Carlos Pascual por el desdén y menosprecio con que se refiere a él en los cables y por la visión general que se desprende en ellos, pues aparece como un gobernante débil que a pesar de su sumisión a la Casa Blanca y al embajador estadunidense es ineficaz e incompetente por lo que, según se ha venido argumentando desde allá, Washington requiere llevar a cabo una intervención más directa en los asuntos internos de México, y ahora tras el viaje del panista esa visión de su sumisión e incompetencia no cambió en mucho.

8. Los deslices de Obama y de Calderón en la conferencia de prensa que brindaron tras su encuentro de dos horas no les permitieron empero generar una imagen distinta de la ya establecida con los hechos, los cuales evidencian todos los días que la violencia irracional desatada en México, y de la que son responsables ambos gobiernos, busca lograr una cada vez mayor subordinación de México hacia Washington, que está llevando a nuestro país a convertirse en un absoluto protectorado. Obama subrayó por ejemplo que algo fundamental en la nueva relación era el hecho de que gracias a las políticas de Calderón nos sea más fácil hacer negocios en México, aludiendo a la entrega de la industria petrolera, mientras Calderón se enorgulleció en reiterar que uno de sus grandes logros es que la política exterior de México se halle ya por completo subordinada a la de Washington, como se ve en los acontecimientos del norte de África y del Medio Oriente, adonde ahora México avala plenamente la injerencia estadunidense.

Del IFE a la ASF

John M. Ackerman



MÉXICO, D.F., 3 de marzo.- En el contexto de una profunda crisis de la efectividad del Estado, resulta esperanzador que al menos una institución pública cumpla su mandato legal con independencia y profesionalismo. Entre 1996 y 2003 esta institución fue el Instituto Federal Electoral (IFE). Frente a la descomposición de la confianza social emergida de las crisis económica y política de mediados de los años 90, el IFE demostró que todavía existían soluciones estatales a la problemática nacional. Hoy, el desempeño y posibles reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representan una esperanza y un potencial similar.

Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo.

Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante.

Hoy nos encontramos en medio de una profunda crisis económica y política similar a la vivida hace tres lustros. En los últimos años los mexicanos hemos sufrido una franca reducción de nuestros niveles salariales y poder adquisitivo. Asimismo, cada día la política se encuentra más desprestigiada y la legitimidad de las instituciones está en un nivel similar al de los años noventa.

A la mayor parte de los políticos y funcionarios públicos esta situación los tiene sin cuidado. En lugar de tomar medidas contundentes para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción e imponer el estado de derecho, los cargos públicos se siguen utilizando para servir intereses particulares. Los casos de la licitación 21, la guardería ABC, las constantes fugas de reos, las explosiones de los ductos de Pemex y el secuestro de migrantes son apenas un botón de muestra de la gravedad de la situación actual. La total inefectividad de las secretarías de Educación, de la Función Pública, de Gobernación, de Economía y de Seguridad Pública, entre muchas otras, abona en el mismo sentido.

En contraste, una institución que ha logrado destacar en medio de este mar de mediocridad es la ASF. Con un presupuesto que apenas llega a una fracción del recurso otorgado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado la ASF realizó casi mil auditorías que nos ilustran sobre los entretelones de la debilidad institucional del Estado mexicano.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que el auditor Juan Manuel Portal presentó el pasado 16 de febrero, contiene mucho más que auditorías contables sobre las compras de gomas, lápices y papel por las dependencias federales. Este fascinante documento nos presenta los detalles de la opacidad del gasto de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, las graves irregularidades en el monitoreo de los medios de comunicación por el IFE durante las elecciones federales de 2009, la reducida eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, las problemáticas adquisiciones en los preparativos para el Bicentenario y la preocupante falta de cobertura universal y calidad en la educación básica, entre otros numerosos temas.

Lo más fácil para cualquier auditor es abocarse a revisar asuntos menores que no generen polémica, así como prestarse a la simulación a la hora de comprobar el gasto y el desempeño gubernamentales. Pero una vez más la ASF ha demostrado que no rehúye la polémica, sino que está comprometida a cumplir con su mandato de limpiar las finanzas públicas. A raíz de la revisión de la cuenta pública de 2009, la ASF reporta recuperaciones y/o resarcimientos por más de 7 millones de pesos y ha recomendado la aplicación de sanciones administrativas en mil 374 casos, así como sanciones penales en 34 más.

Sin embargo, la ASF alcanza a revisar solamente una pequeña fracción del total del gasto federal. Falta tomar medidas contundentes para convertir a la ASF en el nuevo estandarte de la institucionalidad democrática. Haría falta, por ejemplo, aumentar su presupuesto de manera importante y dotarla de mayores facultades legales de sanción directa y de auditoría “concomitante” durante el ejercicio presupuestal. También urge recuperar la calidad vinculatoria de las auditorías al desempeño y caminar hacia un organismo verdaderamente autónomo de fiscalización.

Si la clase política no fortalece lo poco que hay todavía de rescatable en las instituciones federales, se generarán las condiciones para el surgimiento de una gran ola de repudio social hacia todos los políticos e instituciones por igual, que peligrosamente podría terminar echando por la borda al bebé junto con el agua sucia.