DESPOJO A LA NACION

A trasnacionales Pemex vende crudo barato y compra cara la gasolina

Cada barril de refinados adquirido en Deer Park, de Texas, significó un perjuicio de 54 dólares para México en 2007

Era menos costoso producir combustibles en el país que importarlos

ENRIQUE MÉNDEZ. Periódico La Jornada

La Cámara de Diputados concluyó que los elevados precios de las gasolinas en México se deben a que Petróleos Mexicanos (Pemex) coloca el crudo por debajo del precio fijado por el Legislativo a trasnacionales como Shell, que tras el proceso de refinación venden a México combustibles según la cotización internacional, en una política que ha costado 51 mil millones de dólares al país en los primeros tres años de Felipe Calderón.

A través de su Unidad de Evaluación y Control (UEC), la Cámara refirió que en 2007, por ejemplo, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 61.6 dólares por barril, pero la refinería de Deer Park, en Texas, donde Pemex maquila petrolíferos en asociación con Shell, le pagó a la paraestatal el barril de crudo a 20 dólares y luego le vendió la gasolina a 74 dólares por barril.

De esta manera, cada barril de gasolina comprado en esa refinería de Estados Unidos le representó a Pemex una pérdida de 54 dólares y una utilidad a la refinadora por el mismo monto.

Los precios de las gasolinas negociados por Pemex Refinación en los mercados han sido desfavorables, en virtud de que comparativamente con los precios internacionales de la mezcla mexicana de exportación significan un elevado margen para las empresas que le venden la gasolina a la paraestatal, detalló la UEC en su revisión del informe de la cuenta pública, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La UEC refirió que en los últimos dos años de gobierno de Vicente Fox (2005-2006) y los dos primeros del actual sexenio (2007-2008), los márgenes de ganancia para las compañías extranjeras rebasaron en 30 dólares por barril el precio de la mezcla de exportación.

Es decir, cada barril de gasolina importado le costó a Pemex en promedio 92.9 dólares y cada barril de crudo vendido a las refinerías internacionales lo colocó en promedio a 60.4 dólares, cuestionó.

La UEC sostuvo que, si bien la capacidad de refinación de la petrolera mexicana se ha estancado, el litro de gasolina tenía un costo de producción de 5.08 pesos en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), esto es, 3.07 pesos más barata que la comprada en el extranjero.

El acelerado aumento en la importación de gasolinas, explicó, han afectado la rentabilidad operativa de Pemex, particularmente a partir de 2004, en el sexenio foxista, cuando representó 5.4 por ciento de las ventas totales, y creció exponencialmente a 15 por ciento en 2007, y 16.5 en 2009.

Durante esos seis años se acumuló un gasto financiero de 834 mil millones de pesos por compra de petrolíferos al exterior, similar al saldo del pasivo de Pidiregas y muy superior al pasivo laboral, y es equivalente a 83 por ciento de la inversión física total acumulada de Pemex en el mismo periodo. Recursos con los que se pudieron construir seis refinerías como la comprometida por Calderón en Hidalgo, de la cual no se ha licitado ni la construcción de la barda.

Al revisar la política de precios de los combustibles en México, los cuales son definidos por la Secretaría de Hacienda, que actualmente vende a 8.92 pesos el litro de gasolina Magna y a 10.19 el de Premium con el argumento de disminuir el subsidio a los combustibles, la UEC informó que en el sexenio de Vicente Fox se destinaron 34 mil 478 millones de dólares para importar petrolíferos, pero a la mitad del actual sexenio las compras ascendieron a 51 mil millones de dólares.

Las transacciones en el exterior, detalló la UEC, están a cargo de PMI Trading Limited, filial de Pemex, y refirió que desde la revisión de la cuenta pública 2007 la ASF detectó que a pesar de que opera con recursos públicos se maneja bajo un régimen de derecho privado.

Es una empresa instrumental de un solo miembro, constituida en Irlanda en 1991 bajo el régimen de sociedad limitada. No tiene empleados y comercializa en el mercado internacional productos petrolíferos, y su accionista mayoritario es Pemex, explicó la UEC.

Urge una respuesta popular para frenar la entrega de Pemex a trasnacionales: Bartlett

La privatización, con la connivencia del PRI, el PAN y la izquierda chuchista, asegura

Lamenta que personajes como Francisco Labastida hayan aprobado el despojo a la nación

ANDREA BECERRIL.Periódico La Jornada

Es urgente una respuesta popular, porque el presidente Felipe Calderón sigue traicionando los intereses nacionales, al iniciar la entrega acelerada de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las trasnacionales, en medio de la sumisión absoluta a los intereses de Estados Unidos en materia de energía, advirtió Manuel Bartlett Díaz.

La decisión de lanzar abiertamente a Pemex a la privatización para que empresas extranjeras puedan explotar el petróleo, aunque la Constitución lo prohíbe, es el resultado de la llamada reforma energética que el Congreso aprobó en 2008 “con la connivencia del PRI, el PAN y la izquierda chuchista”, recalcó.

El político priísta consideró además verdaderamente indignante que personajes que avalaron esa legislación y con ello el despojo a la nación de su principal riqueza ahora traten de lavarse las manos, y algunos insistan en que no se trata de contratos de riesgo y otros argumenten que en la apertura se está yendo más allá de lo que se estableció en la legislación secundaria que entró en vigor hace más de dos años.

Criticó de manera concreta al presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, y a los consejeros profesionales de Pemex, Rogelio Gasca Neri y Fluvio Ruiz Alarcón. A estos últimos les dijo que si realmente están en desacuerdo con esos contratos, renuncien y dejen de legitimar el desmantelamiento de la paraestatal.

Dedicado de lleno a la defensa de los energéticos desde 2000, cuando presidió la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Bartlett mencionó que todas las objeciones y la preocupación que se manifestaron en torno a la reforma energética negociada y aprobada en 2008 se concretaron en el anuncio reciente de Pemex sobre el arranque de la licitación para asignar contratos incentivados a trasnacionales, que explotarán campos maduros en la zona del Golfo.

El ex senador priísta y ex secretario de Gobernación recordó que antes de la votación de las modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, y las otras nueve leyes que constituyeron la llamada reforma energética, muchas voces insistieron en que el esquema de contratación establecido iba a permitir al gobierno entreguista de Calderón interpretar esa legislación como se le diera la gana.

Ahora, la dirección de Pemex acude a una gran farsa, porque los contratos que están lanzando son para abrir los campos maduros, que son los que quieren explotar con mayor rapidez, pero les seguirán luego los yacimientos de aguas profundas.

Bartlett explicó que en el artículo 27 constitucional se establece que el petróleo es un bien cuya explotación está reservada a la nación.

Incluso, detalló, en la exposición de motivos a la reforma que da exclusividad al Estado en la explotación del petróleo, el Constituyente señala que se pondría en riesgo la soberanía nacional si se da entrada a particulares, y se advierte que las empresas extranjeras representan intereses contrarios a los nacionales y no se les debe permitir que exploten un bien estratégico, propiedad de la nación.

De ahí que la dirección de Pemex y el gobierno de Calderón violan el espíritu y el objetivo de la Constitución, sostuvo.

Es muy claro: las trasnacionales no vienen a dar servicios a Pemex, sino a explotar el petróleo; son contratos de extracción y explotación de crudo. No se necesita ser ministro de la Suprema Corte de Justicia ni alto funcionario judicial para darse cuenta de que son una versión más de los inconstitucionales contratos de riesgo.

Bartlett hizo notar que a partir de la reforma energética le dieron a Pemex una estructura de empresa privada, caótica, que ni siquiera se ha instrumentado. La paraestatal tiene además a un director como Juan José Suárez Coppel, que antes fue director de finanzas de la empresa y su misión fue y es ahora también saquearla.

Uno de los argumentos de Calderón para promover esa reforma fue que se le daría autonomía de gestión, pero fue una mentira, porque Pemex sigue bajo el saqueo de la Secretaría de Hacienda, que le quita todos sus recursos, con miras a llevarla a la quiebra total.

De ello son cómplices, acusó, los consejeros profesionales y el senador Labastida, quien avaló la reforma energética. Fue el que dio la cara durante la negociación y ahora viene a decirnos que están bien esos contratos, porque si el contratista no encuentra petróleo, se la pagará sólo 70 por ciento. Eso es reconocer que son contratos de riesgos, donde la trasnacional ganará sobre la inversión que haga y el petróleo que encuentre.

El ex secretario de Gobernación dijo que Calderón maniobra a gran velocidad para dejar a Pemex como una agencia encargada de distribuir la riqueza nacional entre extranjeros, y alertó sobre el riesgo que ello implica.

“Cuando estalló la plataforma Deep Water Horizon en el Golfo, cerca de las costas de Estados Unidos, quedó al descubierto que ni siquiera las autoridades de la administración de Barack Obama tenían la capacidad para supervisar este tipo de perforaciones en aguas profundas.

Imaginen lo que pasará aquí, donde se ha desmantelado el aparato tecnológico y de ingeniería de Pemex; a ver si vamos a tener la menor capacidad de supervisar a los contratistas que van a sacar todo lo que quieran, que acabarán con las reservas petroleras del país para mandarlas al extranjero, concluyó.

Abusos contra menores en albergue del DIF-Cancún

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la colaboración del ayuntamiento quintanarroense de Benito Juárez (Cancún) para presentar una denuncia penal contra funcionarios que vulneraron los derechos de 18 niños y niñas internados en la Casa de Asistencia Temporal para Menores del DIF municipal.

Al dar a conocer la recomendación 7/2011, la CNDH señaló que en la inspección del albergue se encontró un local con “características de celda carcelaria” y que, según denuncias de los afectados, ahí se recluía a menores como una forma de castigo.

El 24 de agosto de 2010, la CNDH ejerció su facultad de atracción luego de que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo recibió varias quejas en contra de empleados de la Casa de Asistencia y por las malas condiciones del establecimiento.

El propio ombudsman estatal presentó, el 12 de agosto de ese año, una denuncia penal en contra de funcionarios públicos, averiguación previa que sigue abierta, asentó la CNDH en un comunicado.

El cuarto de castigo, se detalla en la recomendación 7/2001, tiene dimensiones de “dos metros de ancho por tres de largo, con barrotes en lugar de puerta, y sólo podía abrirse por fuera”; además de que no contaba con instalaciones sanitarias ni eléctricas, y sólo contaba con“una ventana sellada y un saco de boxeo”.

Durante la investigación, el organismo resaltó que los funcionarios municipales “argumentaron que los infantes eran encerrados ahí cuando presentaban estrés, altos niveles de agresividad o síndrome de abstinencia”.

Sin embargo, para la CNDH esa forma de castigo causó a las víctimas “daños a su integridad mental”, además de que los funcionarios “omitieron proporcionar a los menores la atención necesaria para lograr su desarrollo armónico e integral y garantizar sus derechos”.

También constató que los servidores públicos “trasgredieron los derechos a un trato digno y a la integridad y seguridad establecidos en la Constitución Política del país”.

Ya en agosto de 2010, el ombudsman local había dado al ayuntamiento un plazo de 48 horas para desmantelar el cuarto de castigo y ordenó aplicar estudios psicológicos al personal que laboraba en ese albergue.

En la recomendación, la CNDH demandó la colaboración institucional del ayuntamiento de Benito Juárez para que el organismo presente una queja ante la Contraloría municipal, así como en la presentación de una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Quintana Roo, contra los funcionarios involucrados en los abusos.

Asimismo, giró instrucciones para reparar el daño a los afectados “a través de tratamientos físicos y psicológicos que sean necesarios para establecer su salud física y emocional”.

Además, se tomen las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, sobre todo prohibir “que los niños permanezcan en condiciones de encierro”.

En la recomendación se insta al ayuntamiento para que capacite a los funcionarios del DIF en “estrategias orientadas al sano desarrollo físico y psíquico de los menores”.

Minera canadiense retoma proyecto en BCS pese al rechazo de la población

Activistas advierten que se usarían 16 toneladas diarias de cianuro

Peligra agricultura orgánica

RAYMUNDO LEÓN

Periódico La Jornada

La Paz BCS, 6 de marzo. La concesión de miles de hectáreas en Baja California Sur a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto, con uso de explosivos y sustancias tóxicas como cianuro, ha generado protestas entre la población y la revisión de las leyes que permiten operar ese tipo de industria en la entidad.

Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos exigieron la cancelación de los proyectos de minería autorizados por el gobierno federal, debido al riesgo que representan para la salud, el ambiente y las actividades productivas de la zona, en especial el turismo y la agricultura orgánica.

La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos, en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, propició una movilización ciudadana que obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenarla mediante el rechazo del cambio de uso de suelo de forestal a minero.

La promotora del proyecto, Vista Gold, con sede en Vancouver, Canadá, no se ha dado por vencida y anunció el reinicio de los trámites, ahora con el nombre de minera Concordia.

Ariel Ruiz Castillo, dirigente de la organización Agua vale más que oro, surgida en el pueblo mágico Todos Santos, a 30 kilómetros del proyecto Concordia, explicó que ante el repunte del precio del oro y otros metales, empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones del gobierno federal desde la década de 1980.

Un estudio realizado en 2010 por el Servicio Geológico Mexicano precisa que se han otorgado al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur.

En La Paz, Picacho Blanco (en proceso de licitación); Paredones Amarillos, asignada a Minera Paredones Amarillos; San Antonio, asignada a las empresas San Felipe, Minera Baja California y Minera María; El Triunfo, asignada a Minera El Triunfo, y en Loreto hay un proyecto en fase de exploración.

Ruiz Castillo cuestionó el doble discurso del gobierno federal en materia ambiental, pues por un lado el presidente Felipe Calderón declara en foros internacionales que México emprendió acciones para detener el cambio climático, y por otro otorga concesiones en todo el territorio nacional para la operación de una industria contaminante y peligrosa, que utiliza procesos prohibidos en otras partes del mundo.

Señaló que sólo el proyecto Concordia prevé el uso diario de 16 toneladas de cianuro para separar el oro de las rocas, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio.

Además, se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad. Las explosiones y la trituración de piedras que contienen oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos orgánicos y pondría en riesgo la salud de la población.

Ariel Ruiz señaló que los promotores de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción de oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona, que da trabajo a 10 mil personas.

El 16 de enero más de 9 mil personas se reunieron en la playa El Tule, en Cabo San Lucas, para formar las siglas SOS contra la minería tóxica en Baja California Sur.

El vocero de la organización que surgió en esa protesta, David Sosa, señaló que a la preocupación causada por el regreso de Concordia se sumó información filtrada sobre la concesión de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de Pediment Incorporated (Canadá) para instalar una mina de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos turísticos y muy cerca del Mar de Cortés, en el municipio de La Paz, así como una de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad, en el municipio de Los Cabos.

¿En qué cabeza cabe hacer de un centro donde se asolean y emborrachan celebridades como George Clooney y Cameron Díaz un lugar con explosiones diarias, polvo y cianuro, o el uso irracional de agua en un lugar desértico?, cuestionó.