EL IMPERIO MANDA EN MEXICO

15/03/2011

Por insistencia de EU se relegó al Ejército de la lucha antinarco en Juárez

Cables revelan la colaboración estadunidense para dejar al frente a la PF

BLANCHE PETRICH
Periódico La Jornada
El golpe de timón que se produjo en el combate al narcotráfico durante el primer trimestre de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó al frente de la estrategia antinarcóticos a la Policía Federal (PF), relegando al Ejército a un papel de apoyo en la periferia, fue planeado y diseñado por insistencia del gobierno de Estados Unidos y en estrecha colaboración con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del gobierno mexicano relacionadas con la seguridad.

La embajada estadunidense en México tuvo conocimiento del proceso desde su concepción y supo desde el 10 de diciembre de 2009 (cable 09MEXICO3468) que el presidente Felipe Calderón daría luz verde al proyecto. Es decir, lo supo al menos dos meses antes de que fueran notificados el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el presidente municipal José Reyes Ferriz, descrito en uno de los cables diplomáticos (10MEXICO518) como un cero a la izquierda (non factor).

Más aun, el embajador Carlos Pascual conoció de primera mano detalles de la transferencia de mandos que hasta ahora no se sabían. Por ejemplo, en ese despacho adelantó que las unidades de la PF que serían enviadas a Juárez –mil 800 en principio– iban a ser las mismas fuerzas antimotines que tomaron en octubre de 2009 las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal.

A un año del cambio, el proyecto estrella para Ciudad Juárez ha encallado. Como reconoció la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, el pasado 9 de marzo, el plan no funcionó en la dirección correcta. Si 2008 fue un año terrible para los juarenses, con un saldo de mil 332 asesinatos relacionados con la violencia de los cárteles, 2009 fue peor, con el doble de homicidios.

Luego de la intervención estadunidense, la tendencia siguió en vertiginosa alza, y 2010 cerró con un reporte oficial de 2 mil 738 homicidios, pese a los elogios de los diplomáticos del país vecino al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna; a las expectativas del programa Todos Somos Juárez, a la estrecha asesoría de todo tipo de especialistas de las agencias estadunidenses y a los millonarios recursos que se le destinaron.

¿Testigo privilegiado o artífice?

La misión de Estados Unidos conoció, paso a paso, cómo se gestó el proceso a puertas cerradas en Los Pinos. Un cable diplomático (09MEXICO3468) adelantó el 10 de diciembre de 2009 a Washington que el presidente Felipe Calderón estaba ya por tomar una decisión, en cualquier momento esta semana, para asignar a la SSP como principal autoridad de seguridad pública en Ciudad Juárez y regresar a los militares de la Sedena a un papel más tradicional, de apoyo. Los responsables del gabinete de seguridad ya están actuando en este sentido, asumiendo que Calderón dará luz verde a esta transición.

García Luna; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés, tenían el compromiso –dice el despacho– de mantener informados a los estadunidenses de las decisiones del gabinete de seguridad, de modo que nuestros funcionarios de la embajada y el consulado en Juárez puedan intervenir para asistir y asesorar en el momento en el que se necesite.

Este cambio de estrategia fue –expone el autor del despacho– resultado del intenso compromiso de Estados Unidos con México y de nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales. Tello Peón, descrito como una pieza central en este cambio, reconocía el mérito de los estadunidenses en este esfuerzo.

Hacia finales de enero empezó a mencionarse extraoficialmente en México la posibilidad de una transferencia de mandos de esta naturaleza.

Pero la versión oficial no salió de una fuente mexicana, sino del propio embajador Carlos Pascual, quien el 25 de enero, en Washington, anunció que sería la PF, y ya no las fuerzas armadas, la máxima autoridad en la lucha contra los cárteles de la droga en la ciudad fronteriza.

No fue hasta el primero de abril de 2010 cuando la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 4 mil 500 policías federales en Ciudad Juárez y replegó hacia otros municipios de Chihuahua y a retenes carreteros a las tropas del Ejército que habían llevado el peso del combate al narcotráfico los dos años anteriores.

A juzgar por las declaraciones del propio titular de la Sedena, general Guillermo Galván, el plan conjunto, con la inconfundible impronta de Washington, no contaba con el beneplácito de los militares.

El 8 de abril el general declaró que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre cinco y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.

Juárez como un laboratorio

Como telón de fondo, los meses anteriores la embajada de México había enviado a Washington una serie de cables, algunos secretos, externando demoledoras opiniones sobre la incapacidad de los militares mexicanos para obtener resultados contra el narco y detallando el involucramiento de funcionarios de la sede diplomática en la toma de decisiones del gobierno mexicano.

El último trimestre de 2009 Washington envió una serie de visitantes de alto nivel, todos en el ámbito de la seguridad: la secretaria de Estado, Hillary Clinton; John Brennan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional; Jacob Lew, subsecretario del Departamento de Estado (responsable de los financiamientos internacionales); Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos; Dennis Blair, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; Paul Stockton, secretario de Defensa adjunto, y el general Victor Renuart, del Comando Norte. Todos dejaron estructurados grupos de trabajo binacional en sus respectivas áreas.

Juárez fue elegida como laboratorio para probar el despliegue de policías federales en lugar de militares. Varios documentos de esos meses afirman que esa cuidad fronteriza se ha convertido en un emblema para México, ya que internamente domina el debate político e internacionalmente marca la percepción que se tiene del país.

Al sacar a los militares de la primera línea de ataque a los cárteles de la droga, Estados Unidos asumía que la confianza que desde el principio del sexenio había depositado Calderón en el Ejército no había funcionado.

Bajo el Operativo Conjunto Chihuahua, al mando de la Sedena y vigente desde 2008, Juárez fue el escenario de al menos una cuarta parte de todos los homicidios cometidos ese año en el país. Sólo ese año fueron asesinados 71 policías.

Según el cable 09CIUDADJUAREZ22, suscrito por el cónsul Raymond Mc Grath, la policía estatal de Chihuahua y el sistema judicial tienen muy poco impacto en la incidencia de la criminalidad. Fechado el 23 de enero de 2009, opina sobre el Operativo Conjunto, en el que los militares “muy rara vez se meten con los cárteles o las pandillas”.

Bajo directriz estadunidense se cambió la estrategia y se dio el mando a la SSP a principios de 2010. El plan no resultó. Al final del año se contaban un promedio de siete homicidios diarios relacionados con el crimen organizado (2 mil 738 al final del año). Juárez sigue siendo la ciudad más violenta del mundo.

Pero el embajador Pascual parecía muy entusiasmado con la idea de entregarle las riendas a García Luna. Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 envió a Washington al menos nueve cables sobre el mismo tema, siguiendo paso a paso su desarrollo.

El cable del 10 de diciembre advierte que el plan todavía es impreciso y los arreglos para nombrar comandos es incierto. Pero Tello y Guillermo Valdés confían en contar con la aprobación del Presidente. Los contactos de la embajada en la SPP aseguran que la PF asumiría la responsabilidad de la seguridad en la ciudad y que el Ejército se replegaría a un papel de apoyo a la periferia y a los retenes carreteros.

Los informantes de la embajada adelantan que como primera fase serían enviados a la ciudad fronteriza 2 mil militares como refuerzo de la SSP. En la segunda fase, que fue explicada por García Luna a funcionarios de la embajada con anterioridad, la PF se desplegaría en zonas donde hay actividad del mercado negro y en las zonas rojas que son retaguardia de los grupos criminales. Una tercera fase enfilaría sus baterías a la captura de grandes capos.

El cable reporta el reconocimiento de Tello a los méritos del gobierno de Estados Unidos por su compromiso en este proceso. El énfasis que mantuvimos en señalar que el Ejército no es el instrumento indicado para combatir a las organizaciones del crimen organizado fue un factor que influyó para que el gobierno mexicano tomara esta decisión.

Luz verde

El acuerdo pasó inadvertido a los ojos de la opinión pública, que iniciaba el año abrumada por las alzas de precios. Pero el 5 de enero Calderón efectivamente dio luz verde, en una reunión de gabinete, a la transferencia de mandos en Juárez. Pascual lo supo de inmediato. Se lo confirmaron Valdés, del Cisen, y el secretario de la Marina, almirante Mariano Saynez (cable 10MEXICO41).

Es un despacho breve suscrito por Pascual: El siguiente paso es que el secretario de Gobernación le notifique al gobernador de Chihuahua que el Presidente aprobó los cambios. (...) La Policía Federal ya envió a Juárez un equipo para hacer los arreglos necesarios. El mensaje de Gómez Montt será que Calderón ha dado la orden para que todos procedan.

Añade: El lunes 11 de enero el comisionado de la SPP Facundo Rosas viajará a Juárez para supervisar la transferencia de responsabilidades. El 14-15 llegará un equipo bilateral a El Paso y Juárez. (...) El gobierno mexicano nos informará sobre la marcha de los nuevos arreglos.

Hay un cable anterior que demuestra que Pascual ya conocía los detalles de esos nuevos arreglos antes de Navidad, informado puntualmente por el comisionado Facundo Rosas (cable 09MEXICO3617) desde el 22 de diciembre. Sabía que, sin que se informara públicamente, mil 600 policías federales ya habían sido desplegados en Juárez y que la nueva estructura iba a quedar al mando de Vidal Díaz Leal Ochoa (un nombramiento controvertido por los antecedentes de ese jefe policiaco en Sonora).

Fue informado también de las cuatro áreas de operación que tendría la nueva estrategia: patrullaje en zonas de alta criminalidad (mientras los militares apoyarían a la policía municipal en zonas donde no tuviera suficientes elementos); operativos de intercepción en los hoyos negros, donde se realizan las transacciones criminales; creación de un contingente de 500 agentes especializados para atacar la extorsión y el secuestro. Y finalmente la persecución de blancos de alto nivel en cooperación con las Unidades de Operación Táctica.

Salvárcar

Calderón no había informado oficialmente sobre el cambio de mandos en la ciudad fronteriza cuando ocurrió la masacre de Salvárcar. En ese barrio popular un comando de sicarios asesinó a 16 muchachos durante una fiesta juvenil el 31 de enero, rematando uno de los meses más sangrientos, con 240 homicidios sólo en esa metrópoli. Ante la enfurecida reacción de la sociedad, según refiere el cable diplomático 10MEXICO518, el Presidente precipitó el anuncio de la nueva estrategia Juárez que el gobierno desarrolló en forma conjunta con Estados Unidos, y Pascual reportó a Washington que lo hizo de acuerdo con los requerimientos que identificamos durante nuestra última visita a la ciudad y al compromiso bilateral en curso desde hace meses.

Después de este hecho, y de tomar nota de que las encuestas demostraban en ese momento que 60 por ciento pensaba que el gobierno no tiene control del país, uno de los desafíos de Calderón será poder canalizar este enojo de la sociedad de manera constructiva.

En el texto se reseñan las medidas tomadas por la Presidencia para el control de daños por la reacción inicial de Calderón, quien estando en Tokio dijo que los jóvenes asesinados posiblemente estaban involucrados en actividades ilícitas.

También se refiere a las presiones del gobernador de Chihuahua (priísta) y otros dirigentes opositores que forzaron el adelanto de los planes de Calderón. Reyes Baeza también ha sido muy criticado a raíz del ataque de Salvárcar, y en su defensa el gobernador acusó al gobierno federal de excluir al estatal en la planificación de empleos, educación y programas de rehabilitación de adicciones.

Pascual anota que el señalamiento de Reyes Baeza es falso, pues el gobernador asistió a varias reuniones. Reporta que el mismo día en que el gabinete de seguridad se reunía en México para discutir la nueva estrategia para Ciudad Juárez, el mandatario estatal visitó Salvárcar, donde reclamó que al gobierno estatal no se le informaba de los planes federales.

El embajador encuentra una explicación política a la frustración del ahora ex gobernador al recordar que en los últimos meses la ventaja del candidato a gobernador del PRI César Duarte se redujo 20 puntos (de 40 que tenía) y también expresa su escepticismo ante la iniciativa que presentó Reyes Baeza al Congreso local para pasar los poderes del estado de Chihuahua a Juárez. Pero si Baeza cumple la promesa que le hizo a Calderón de residir al menos medio tiempo en Ciudad Juárez para gestionar los nuevos programas, proporcionaría a la ciudad la imagen de atención y gobernabilidad que le ha hecho falta desde hace tiempo.

Sobre el presidente municipal, Pascual anota: “Como ha sido en el pasado, después de la tragedia de Salvárcar y la secuela de disputas políticas entre los gobiernos estatal y federal, Reyes Ferriz (también del PRI) ha sido un non factor”.

En EU, ley mordaza total en el tema Wikileaks

Al vocero de Hillary Clinton le costó el puesto criticar el maltrato estúpido al soldado Manning

DAVID BROOKS

Periódico La Jornada

Martes 15 de marzo de 2011, p. 44

Nueva York, 14 de marzo. La transparencia, cuando no es autorizada por los gobiernos, deviene, aparentemente, delito intolerable.

El acusado de filtrar documentos oficiales a Wikileaks está encarcelado, en aislamiento, obligado a desnudarse y despertado continuamente durante la noche; Julian Assange, director de Wikileaks, quien difundió esos textos, está bajo acoso judicial emprendido por gobiernos de tres países y recibe amenazas de muerte de políticos estadunidenses; algunos de sus defensores han sido amagados con iniciar investigaciones en su contra, y este fin de semana el veterano portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, ha sido despedido.

La mayor filtración pública de documentos diplomáticos oficiales estadunidenses en la historia, y su difusión por Wikileaks, al parecer son consideradas por las autoridades de ese país como un delito de tal magnitud que amenaza la seguridad nacional y amerita la persecución de quienes hicieron evidente que lo que dice y hace un gobierno no siempre es lo mismo.

Desde finales de noviembre, cuando los primeros cables diplomáticos fueron difundidos por Wikileaks, el gobierno estadunidense, junto con sus aliados, tomó la decisión de atacar al mensajero, mientras realizaba una intensa labor de control de daños a escala mundial con decenas de gobiernos. A la vez, decidió castigar, aun antes de un juicio, a quien fue acusado de filtrar los documentos: Bradley Manning, un soldado de entonces 22 años (ahora tiene 23).

Manning está en un centro de detención en una base de los marines, en Quantico, Virginia, 10 meses después de ser arrestado y en espera de que concluya una investigación penal en su contra y un eventual juicio militar que podría condenarlo hasta a 52 años de cárcel. La semana pasada se le agregaron 22 nuevos cargos, entre ellos el de asistir al enemigo, sin especificar a quién se considera como tal, lo cual podría implicar cadena perpetua o incluso pena de muerte. Durante meses, su abogado y amigos han denunciado el trato que recibe, y desde hace unas semanas Juan E. Méndez, relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas, solicitó formalmente información al gobierno estadunidense sobre las condiciones de detención de Manning. Según sus defensores, el militar está en aislamiento casi total, obligado a permanecer en su celda 23 horas al día. Recientemente ha sido obligado a dormir desnudo y es despertado varias veces durante la noche, supuestamente para su protección.

Philip J. Crowley, subsecretario de Estado y principal vocero del Departamento de Estado, coronel retirado y con una larga carrera en relaciones públicas gubernamentales, comentó la semana pasada, en un pequeño foro universitario, que consideraba que el trato otorgado a Manning por el Pentágono era ridículo, contraproducente y estúpido. Aunque apoya que el acusado de las filtraciones sea encarcelado, consideró que la forma en que es tratado tiene consecuencias negativas para el gobierno. Ese comentario le costó el puesto, y su jefa, Hillary Clinton, lo obligó a renunciar el domingo. Hoy, como despedida, sólo le dedicó un escueto párrafo en un comunicado en el que reconoce su contribución al gobierno, a pesar de que había sido elogiado por su manejo del escándalo de Wikileaks en los meses recientes.

Crowley no se retractó en su carta de renuncia. Según reportan medios locales, el presidente Barack Obama enfureció cuando el viernes, en una conferencia de prensa, le preguntaron si estaba de acuerdo con las declaraciones del vocero. El mandatario contestó que el Pentágono le había asegurado que las condiciones carcelarias de Manning eran apropiadas y cumplen con nuestras normas básicas.

Durante semanas, el Departamento de Defensa ha insistido en que no hay maltrato y que Manning está confinado en seguridad máxima, ya que su fuga sería un riesgo de seguridad nacional; aceptó también que está bajo supervisión para evitar que se haga daño a sí mismo (lo cual insinúa que hay riesgo de suicidio).

Si se comprueba que Manning fue la fuente de la mayor divulgación no autorizada de documentos en la historia del país –estaba asignado como analista de inteligencia de bajo nivel en Irak, donde tuvo acceso a un sistema electrónico de documentos oficiales diplomáticos y militares, del cual supuestamente bajó cientos de miles de éstos en una memoria portátil del tamaño de un dedo mientras aparentaba escuchar canciones de Lady Gaga–, sería la razón por la cual Wiki- leaks se ha convertido en uno de los principales enemigos del gobierno estadunidense.

Assange, director de Wikileaks, y otros, especulan que el trato a Manning tiene el propósito de quebrarlo para que acepte ser testigo contra Assange en el futuro.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia continúa tratando de armar un caso criminal contra Assange, sus colegas y aliados, y algunos expertos han indicado que una posibilidad es tratar de determinar que hubo una conspiración entre Manning y Assange para divulgar información clasificada.

Assange sigue defendién- dose en Inglaterra contra la solicitud de extradición de Suecia para enfrentar cargos por violación sexual. Sus abogados han argumentado que todo es parte de una estrategia para una eventual extradición a Estados Unidos.

A la vez, el gobierno estadunidense ha buscado solicitar información sobre la red de apoyo de Wikileaks con el propósito, afirman críticos, de intentar intimidar a cualquier persona o entidad que colabore o apoye a Wikileaks.

Más de 40 cateos en EU

A finales de enero, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó que había realizado más de 40 cateos en Estados Unidos como parte de una investigación internacional contra una red de hackers conocidos como Anonymous, quienes ha-bían realizado ciberataques contra varias empresas en represalia cuando anularon contratos de servicio con Wikileaks.

Más recientemente, legisladores en ambas cámaras han impulsado proyectos de ley para poder proceder penalmente contra cualquiera que divulgue información gubernamental clasificada en forma no autorizada.

El nuevo presidente del Comité de Seguridad Interna, el republicano Peter King, propone enmendar la ya controversial Ley de Espionaje de 1917 para perseguir a Assange y otros, a quienes acusó de dañar la seguridad nacional de Estados Unidos con sus divulgaciones de documentos clasificados.

Afirmó que Wikileaks y sitios parecidos son un peligro claro y presente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Julian Assange y sus compatriotas son enemigos de Estados Unidos y deberían ser perseguidos conforme a la Ley de Espionaje.

Por su lado, el gobierno de Obama advierte que continuará con su persecución de quienes considera que cometieron un acto que amenaza la seguridad nacional de este país.

Garantizar la felicidad del pueblo, objetivo de AMLO

Rosalía Vergara



MÉXICO, D.F., 14 de marzo (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el nuevo Proyecto Alternativo de Nación que presentará el próximo domingo 20 en el Auditorio Nacional, pretende fortalecer al país en materia económica, política y social, y robustecer los valores espirituales, culturales y morales de la ciudadanía.

En su mensaje semanal por la red social You Tube, López Obrador detalló que el plan propone, entre otras cosas, alcanzar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer el sector energético, crear empleos y lograr que el precio de la gasolina, diesel, gas y luz cueste menos a los consumidores y medianos propietarios.

“Se propone también cómo cuidar nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Este plan contempla sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste y pone énfasis en la necesidad de crear empleos” con el impulso de la construcción, puntualizó.

Pero lo más importante de todo, añadió, es “cómo lograr con este plan que se garantice la felicidad de nuestro pueblo”.

El Nuevo Proyecto Alternativo de Nación, agregó, contiene un diagnóstico real sobre la situación del país, pero también propone modificaciones para cambiar el destino de la nación, además de que prevé limpiar la corrupción en el gobierno.

Y es que el presupuesto, dijo, “está convertido en un botín al servicio de una minoría, cuando es dinero del pueblo”.

Tras ello, el exjefe de gobierno capitalino destacó la necesidad de reimpulsar la “austeridad republicana”, eliminando los privilegios de la clase gobernante, porque “le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno”.

López Obrador sostuvo su propuesta de crear alternativas de trabajo y estudio para los jóvenes, porque eso, afirmó, coadyuvaría a mejorar las condiciones de vida y, por ende, evitar que sean presas del crimen organizado.

En Guanajuato, desdén oficial a denuncias sobre abusos en escuela

Gobierno del estado, procuraduría de justicia, Derechos Humanos y Secretaría de Educación estatal no paran los atropellos

Excesos, cometidos y ordenados por el maestro Porfirio González

KARINA AVILÉS



Periódico La Jornada

Martes 15 de marzo de 2011, p. 41

Nadie les hace caso. Madres de la escuela Primero de Mayo, ubicada en Irapuato, Guanajuato, ya tocaron a las puertas del gobierno estatal, a cargo del panista Juan Manuel Oliva, levantaron denuncias penales ante la procuraduría de la entidad, recurrieron ante Derechos Humanos y ante la Secretaría de Educación local, y el ex director de dicha primaria, Porfirio González Gaucín, quien las acosó sexualmente y manda agredir sicológica y físicamente a sus hijos, continúa sin castigo.

Aunque la Coordinadora Estatal de Atención a Víctimas del Delito, en funciones de directora de Averiguaciones Previas Laura Edith Ortega Pérez, encontró que efectivamente González Gaucín realizaba comentarios obscenos de tipo sexual, los cuales atentan contra la libertad sexual de las denunciantes, resolvió el no ejercicio de la acción penal, porque dicha infracción no estaba tipificada en el Código Penal de Guanajuato en el momento en que ocurrieron los hechos.

El acusado está libre y la Secretaría de Educación local (SEG) lo premió, ya que gana su salario de director y está comisionado en la supervisión escolar 099, expresan docentes del plantel.

La Jornada se comunicó a la oficina del titular de la SEG, Alberto Diosdado, para solicitarle que fijara su posición sobre el caso. Sin embargo, se informó que el funcionario tenía reuniones y era muy difícil obtener una respuesta para hoy (ayer).

González Gaucín es parte de un sistema de complicidades, bajo la protección de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del diputado plurinominal por el Partido Nueva Alianza Héctor Astudillo, quien ejerce el control real de la educación en el estado, sostiene el profesor Rodolfo Pozo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Bajo ese manto de impunidad, desde el supervisor de la zona, José Luis Rea, hasta profesores del plantel, se encargan de cumplir la venganza de González Gaucín contra los hijos de las madres afectadas.

Insultos –locos, retrasados motrices y animales– y amenazas de ser reprobados, así como agresiones físicas, son parte de los embates contra los niños.

Angustiada porque ya recurrió ante todas las instancias, María Virginia Martínez Navarro, madre de tres alumnos de dicha escuela, expresa: No hay quien resuelva nada. La única solución fue despedir al profesor José del Pilar Ayala Gutiérrez, quien denunció, junto con la maestra Antonia Carrillo, las irregularidades. A consecuencia de sus protestas, Ayala Gutiérrez ha recibido amenazas de muerte y la advertencia del coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo: Sígale y se va a arrepentir.

María Virginia Martínez narra que, en su caso, Porfirio González comenzó a cobrar venganza contra sus hijos porque pidió cuentas transparentes en el periodo que formó parte de la mesa directiva. Él hizo que una maestra reprobara a mi niña en primero de primaria y la propia docente me lo confesó llorando. A su hijo, que cursa el quinto grado, González Gaucín le advirtió, apenas había fallecido el tío del menor: Ahora sí te voy a correr, porque no tienes quien te defienda. Tu tío está muerto y tu papá en la cárcel.

A su niño que cursa primero de primaria y padece un retraso leve, la maestra Catalina Mosqueda Salmerón lo llama loco. Además, a la mayoría de los estudiantes “les pega, les jala el cabello y les grita: ‘¡tú eres un burro, un animal, no entiendes!’” Es el mismo caso de la auxiliar técnica-pedagógica Rosalía Zaragoza Gutiérrez, quien dice a los niños que prefiere trabajar con animales que con ellos.

Con un bebé en brazos, Martínez Navarro expresa que durante una manifestación en la escuela, el año pasado, el director de lo contencioso de la SEG, Lázaro Ramírez Téllez, me golpeó cuando todavía estaba embarazada, y no pasó nada.

Jaquelín Campos Lozano sostiene que en 2006 acudió con el entonces director González Gaucín a solicitar un cambio de turno para sus hijas.

El directivo accedió, pero luego le exigió que correspondiera el favor que me había hecho, que él había recibido a mis niñas porque le gustaba mucho.

El directivo continuó con el acoso. Un año después sacó a una hija de Jaquelín de su aula y le dijo que no tenía que estar ahí. La tutora acudió a la escuela para pedir una explicación, y de nueva cuenta el director la hostigó: ¿Qué es lo que hace cuando su esposo no está? ¿Quién es el que le tapa los pies? González Gaucín le advirtió que si quería que sus niñas estuvieran en el mismo salón, ya sabía cuál era la condición.

A finales de 2010, cuatro madres agraviadas presentaron una denuncia penal contra quien dirigió dicha escuela de 2006 a octubre del año pasado. En la averiguación previa AP-17-AI-03- 338/2010 se integraron otros testimonios de mujeres que confirman la conducta del acusado.

En la narración de los hechos se constata el mismo patrón de conducta de González Gaucín y de sus superiores para mantener complicidad e impunidad.

A todas las acosadas las llamaba a la dirección. Una vez que estaban en su oficina, les comentaba que les quería decir algo. Entonces esperaba a que dijeran que de qué se trataba, y el directivo arremetía: Me gusta aquellito y póngase la de Puebla. A algunas les dijo: Si se trata de dinero, cuánto.

Las mujeres acudieron con el supervisor, José Luis Rea, a denunciar la conducta del director de la escuela, pero él, a todas, dijo lo mismo. Primero les agradeció que no hubieran hecho público el problema y que hubiera quedado ahí. Luego les prometió poner remedio, pues de acuerdo con los testimonios de la citada averiguación, el director siempre aceptó los hechos frente a su supervisor.

En su querella, Dalia Josefina Moreno Domínguez refiere el calvario que padeció desde que acudió a dicha escuela, en 2007, para solicitar un lugar para su hija. Desde el primer momento el director la hostigó, y ante la negativa a sus peticiones su hija comenzó a ser agredida por los profesores.

La docente de educación física Rosa Esther López Martínez tildó a la menor de obesa y retrasada motriz, y a pesar de ser la número uno de su salón, no la incluyó en la escolta. La maestra vendió a la señora un uniforme roto, que no quiso cambiar. Sin embargo, ésa fue la causa para que a la niña no se le permitiera desfilar y la excusa para que el profesor Fidel Nájera Segoviano le dijera que la iba a reprobar. No conforme con ello, Nájera Segoviano advirtió a los amigos de la pequeña que no se juntaran con ella, porque de lo contrario también los iba a reprobar, según consta en la averiguación citada.

El maestro José del Pilar Ayala Gutiérrez, quien inició las denuncias contra González Gaucín por abuso de autoridad, agresiones a la comunidad escolar y diversas irregularidades en la administración de la escuela, afirmó que en los encuentros con el asesor García Cerrillo le informó sobre el acoso sexual, el maltrato a los niños y la corrupción que impera en el plantel. Sin embargo, éste le ha dicho, entre otras cosas, bájale porque puedo tomar otras medidas.

El docente, quien fue golpeado la semana pasada cuando pretendía solicitar una audiencia con el gobernador, en el marco de su cuarto informe, fue despedido, pero continúa sus clases afuera de la escuela en la llamada aula de la dignidad.

De acuerdo con pruebas sicológicas aplicadas a las quejosas, señala la averiguación previa, éstas presentan daño emocional y los niños, expuestos todavía a vejaciones, tienen un trauma sicológico, enfatizan sus madres. Con desesperación y miedo, las denunciantes temen por su seguridad y hacen responsable de cualquier agresión al gobierno de Juan Manuel Oliva.