NO AL INDIGENISMO ENCOMENDERO.

15/03/2011

Pueblos indígenas y derechos humanos
MAGDALENA GÓMEZ
Sin duda este país requiere un cambio profundo y una de sus señales estará dada cuando el Estado se reforme para dar cabida a los derechos indígenas en serio. Vivimos en la contradicción entre mandar al diablo a las instituciones o insistir en que éstas deben cambiar. En esta esquizofrenia, política dirían algunos, oscilamos entre la voluntad de declarar letra muerta a todas las leyes que contrarían el sentido de los acuerdos de San Andrés o enfrentar los impactos de estas leyes denunciando dentro y fuera del país que vivimos un Estado de ficción.

Pronto nos damos cuenta de que al poder y su clase política les resulta cómodo que les dejemos en libertad de hacer o no, según su conveniencia. Así que volvemos los ojos para reiterar una y otra vez que en nuestro país se legisla contra los pueblos indígenas y cuando no es así será porque no se dieron cuenta de que algo que les favorece.

Señalemos dos escenarios recientes que nos muestran esta bipolaridad. Está a punto de concretarse una reforma constitucional sobre derechos humanos, por la que tanto se ha pugnado desde los organismos sociales y, si bien no expresa todas sus aspiraciones, sí contiene algunos elementos fundamentales. Me referiré de manera específica al artículo primero, que propone incorporar en la Constitución todos los derechos humanos de los tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado; asimismo, señala que la interpretación referida a la aplicación de los derechos humanos se hará conforme a la Constitución y a los tratados internacionales.

Al respecto es preciso señalar que esta reforma favorecerá a los pueblos indígenas, pues de entrada los derechos humanos son individuales y colectivos, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere a estos últimos de manera preferente. Tenemos así que resulta equiparado dicho instrumento a las normas constitucionales.

¿Qué hacer, entonces, con el artículo 133 constitucional, que no fue tocado en la referida reforma? Por lo pronto cae por tierra el empeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de distinguir a los tratados internacionales, en general, por encima de la legislación secundaria pero por debajo de la Constitución. Pues de cerrarse el accidentado ciclo de la reforma en materia de derechos humanos, los tratados referidos a este ámbito están en igualdad de condiciones, equiparados a la Constitución. Ello plantea a los pueblos indígenas la necesidad de acudir a la Corte, nuevamente, para señalarle que en la Constitución hay un artículo, el segundo, que está en contra del convenio 169 de la OIT, como ya se argumentó en una reclamación indígena ante este organismo desde 2001, el cual pidió al Estado mexicano que revisara tal incompatibilidad. Cuestión no atendida hasta la fecha. Éste sería el caso donde el Congreso favorece a los pueblos indígenas sin darse cuenta, pues en todo el debate no aparece consideración alguna que los vincule al carácter de personas –titulares de derechos– que no sólo lo son individuales, sino también colectivas.

Por otra parte, en un segundo escenario, desde la marginalidad de la Comisión de Asuntos Indígenas en ambas cámaras se negocian y aprueban reformas aparentemente inofensivas, pero que reflejan el indigenismo encomendero que se diseñó en 2001 para vaciar de sentido a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. Se reforma la ley que creó la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a fin de otorgarle facultades que tienen un claro sentido antiautonómico. El pasado 3 de marzo la Cámara de Diputados aprobó por amplísima mayoría (359 votos en pro, 30 en contra y tres abstenciones) que el consejo consultivo de la CDI será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria del consejo, y que éste formará parte de la junta de gobierno, integrada por el alfabeto de las dependencias públicas. Ya venía del Senado la iniciativa, así que pasa al Ejecutivo para su promulgación. ¿Pensaron las y los diputados en serio que con semejante propuesta se garantiza la representación indígena, cuando dicho consejo se nombra a partir de una convocatoria y no con la decisión de los pueblos a partir de sus formas propias de organización social y política? Ese mismo día lograron otra aprobación, más reveladora aún, que será turnada a los senadores. Con 378 votos en pro, tres en contra y 13 abstenciones, acordaron la creación del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, y la CDI, no el Inegi como en todo caso procedería, estará a cargo de elaborar dicho registro en coordinación con los estados. La justificación para ello fue la planeación de las políticas públicas, como si de verdad el Estado garantizara cobertura universal en materia de derechos. ¿Y la autoidentificación como derecho de los pueblos? Se avanza sin duda en el artículo primero constitucional mientras se afianza en la ley un Estado de beneficiarios, más que de sujetos de derecho.

De las varias formas de censura

Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 14 de marzo (Proceso).- El documental Presunto culpable, de Layda Negrete y Roberto Hernández, ha tenido, si cabe decirlo, un doble estreno. El primero ocurrió el 18 de febrero. El segundo, el 8 de marzo. Entre uno y otro ocurrieron acontecimientos judiciales que la hicieron salir de la cartelera y reponerla.

Una juez de amparo, Blanca Lobo, otorgó la suspensión provisional contra la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, a la que el 2 de marzo ordenó disponer el retiro de la cinta, que se exhibía profusamente en la Ciudad de México, antes de comenzar su recorrido por los estados, que se anunciaba promisorio. Esa dependencia del Ejecutivo reaccionó con perplejidad y demoró cuatro días en mandar que la película dejara de exhibirse. Pero la virtual prohibición fue breve. El martes 8 de marzo un tribunal colegiado revocó la suspensión inicial y la cinta volvió a las salas de exhibición ese mismo martes. El viernes 11 la juez de amparo debería decidir si otorgaba o negaba la suspensión definitiva. Aunque estas líneas fueron escritas antes de que su resolución sea pública, era previsible que negaría tal suspensión definitiva y, por lo tanto, la cinta seguirá en la cartelera hasta que agote su ciclo comercial o se resuelva el fondo del amparo, lo que ocurra primero. Es también imaginable que en ese momento procesal la juzgadora negará el amparo al quejoso.

Éste es el primo de la víctima y único testigo del homicidio por el cual fue condenado a 20 años de prisión José Antonio Zúñiga. El único elemento con que el Ministerio Público y el juez contaron para condenar a Zúñiga fue el testimonio de Víctor Manuel Reyes. Pero el testigo no se mantuvo en su dicho. Reconoció no haber visto a Zúñiga asesinar a su pariente y el ya sentenciado pudo salir de la prisión. Eso no hubiera ocurrido si los abogados y cineastas Negrete y Hernández no hubieran filmado el proceso a modo de denuncia contra mecanismos de procuración y administración de justicia que fabrican culpables a falta de los verdaderos que, de ese modo, permanecen en la impunidad.

Muy probablemente inducido por alguien que esperaba obtener provecho o evitar daños, Reyes pidió amparo sosteniendo que la cinta le causaba perjuicios, porque denigraba su reputación y hasta generaba hostilidad en la gente que lo reconocía, tras haberlo visto en la pantalla, haciendo el involuntario papel de uno de los villanos, cuya palabra pudo haber hundido en la cárcel a un inocente.

Como autoridad responsable (así se llama en el juicio de amparo aquella que emite el acto reclamado, en este caso la autorización de exhibición), Bucareli no sabía qué hacer. No se le ocultaba que admitir lisa y llanamente la decisión judicial del 2 de marzo lo haría cómplice de un silenciamiento que de inmediato convocó el fantasma de la censura. Pero tampoco podía desacatar el ordenamiento judicial, pues quienes incurren en desobediencia ante una orden de la justicia federal deben ser removidos de su cargo. Alegó además una aclaración del sentido de la orden de la juez XII de distrito, porque la orden lo conminaba a realizar actos para los que la dependencia del caso, Radio, Televisión y Cinematografía, no está facultada. Y ya se sabe que las autoridades sólo pueden obrar en el sentido expresamente establecido por la ley. Pasando por alto esa circunstancia, la juzgadora insistió y Presunto culpable se ausentó por horas de las pantallas hasta que magistrados superiores modificaron la resolución de la juez.

No se trató, pues, de un acto de censura, que con ese nombre no existe en México desde hace décadas. Con rubor hipócrita, la Ley de la Industria Cinematográfica expedida en tiempos de Miguel Alemán, en 1949, llamó supervisión a los actos administrativos que podrían evitar no sólo la exhibición, sino aun la filmación de una cinta. Esa ley fue derogada por la actualmente en vigor, de 1992, que ya no habla de supervisión, sino de autorización y clasificación. Esas son las formas contemporáneas en que el gobierno federal puede decidir el destino de una película o un video, para el exclusivo efecto de su exhibición (o venta o renta) pública.

Aunque atenuada, sigue vigente y puede ser aplicada una moral conservadora dictada por el catecismo católico, ni siquiera por la moral de ese credo, sino por formas anacrónicas como la que expresaba que “los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne”. La carne, es decir, la sexualidad, perturba a la mojigatería que se esconde tras una doctrina que, bien mirada, predica en el fondo la libertad, no las restricciones de la institucionalidad católica. En la legislación vigente hay tufos de miedo a la carnalidad como los que impregnaban la clasificación que a mediados del siglo pasado formulaba la Liga de la Decencia, una oficina paraeclesiástica, que calificaba películas para el buen gobierno de las conciencias católicas y de los párrocos que fijaban en la puerta de sus templos la clasificación de las películas, que iba de la A: “buena para todos”, hasta la D: “prohibida por la moral cristiana”, pasando por la C: “para mayores con serios inconvenientes”. Jugando con esta expresión, mi finada hermana Emelia decía de sí misma que ella era una “mayor con serios inconvenientes”.

En esa línea, el reglamento de la Ley Federal de Cinematografía dispone que se niegue la autorización a películas “con escenas explícitas, de actividad sexual o genital”, lo cual está muy bien para evitar la difusión de la pornografía, en el supuesto de que sepamos dónde se traza la línea divisoria entre el arte cinematográfico que exalta la belleza de los cuerpos y de su ayuntamiento o aproximación, y la industria de la salacidad, que se propone sólo ganar dinero explotando las pulsiones de quienes, por la razón que fuere, prefieren ver relaciones sexuales antes que practicarlas, o practicarlas sólo estimulados por haberlas visto.

No fue censurada, pues, Presunto culpable. No se intentó evitar que el público la conociera. Al contrario, en paradoja saludable la oficina encargada de autorizar pugnó por que tal autorización no fuera revocada. Pero en amplia medida actuó así por la reacción pública, que está avivándose cuando se trata de defender derechos de expresión.

La primavera de los patriotas

MARCO RASCÓN

Cuando se habla de restauración debemos referirnos a intereses más que a partidos, prácticamente inexistentes en México; hoy atacados, no sólo de sordera, sino de soledad y soberbia.

Vale parafrasear a Antonio Machado en sus Proverbios y cantares, que musicalizó en trozos Joan Manuel Serrat, ya que andamos entre el México que muere y otro México que bosteza.

Estamos en un país convulso, de reglas confusas, y queremos resolver con la magia de la violencia verbal lo que no hacemos con el esfuerzo y la prudencia. La primera característica es que no confiamos en lo que construimos y por eso se apuesta a querer repetir la historia.

Nunca la política y sus formas fueron tan histéricas. La invención de los enemigos y elegir entre el menos peor arrojó esta democracia, donde sólo es válido para los ciudadanos votar y consumir.

Rodeados estamos de violencia, creyendo que la paz será eterna, en la capital amurallada; viendo el desastre como si no pasara nada, mientras se construyen ofertas de futuro que nos llevan a la casa del México que muere, de los mismos que ni ven ni oyen.

En ese trayecto, se perdió el humor, la guerra, la soberanía, la democracia, la salud, la razón, la ética, la consecuencia, la coherencia, las convicciones y la noción de realidad.

Hay tanta confusión, que cualquiera dice ser demócrata y define esto como una democracia que se alimenta de insultos, divisiones internas en nombre de los intereses del pueblo. En el fondo, el país funciona por inercia, por las leyes de la oferta y la demanda que actúan al margen de esa política, de la que se alimenta gracias a su ineficiencia para crear un nuevo orden, imponer nuevas reglas, crear nuevas formas superiores de gobierno para resolver problemas.

Al país le sobran diagnósticos de sus problemas. Todos los mexicanos tenemos uno y coincidimos en que, como nunca, el país está mal. El problema es la falta de voluntad política y de entereza para construir opciones que vayan más allá de los intereses de las camarillas y se vuelva a poner al mando la política, la razón, la inteligencia, la estatura de la generosidad, el oído atento, el reconocimiento de intereses legítimos aunque particulares, la dimensión de las acciones para las soluciones de fondo.

Para eso se necesita poder y debe surgir uno grande y fuerte para animar al país entero. La política debe atraer a los jóvenes, no como portadores de ambiciones de viejos, sino de imaginación y talento. Se necesita un poder construido con cantera nueva, de los que pueden equivocarse por voluntarismo, pero unidos a la memoria y la experiencia, salvaguardarse lo más posible para no repetir errores.

Cada primavera es oportunidad para renovar intenciones y voluntades. Las circunstancias del país reclaman definiciones personales y atender llamados de fondo, no trampas para simular cambios que no cambian nada.

Hoy lo extraordinario es avanzar hacia una situación nueva. La derrota es fácil, la vocación por la victimización harta a todos, porque no resuelve nada y sólo sirve para alimentar el vacío.

Existe la necesidad de sustituir la convicción por la esperanza; el riesgo por lo que supuestamente es lo políticamente correcto. Ya no basta la denuncia aislada, sino la acción, lo que cambie de tajo la simulación y la lucha actual por organizar derrotas y hacer de lo posible retrocesos.

Lo cierto es que el país está en peligro, en uno de sus momentos cruciales, y por eso ésta debe ser la primavera de los patriotas, la de los que planteen caminos posibles, no para resolver cada uno de los problemas por separado, sino que señalen la salida de fondo que ayude a sentar las bases de solución para cada uno. No puede ser un listado de ocurrencias, sino el resultado de la inteligencia política, nutrida de lo colectivo, de lo histórico. No hay solución mágica, ni personal, ni liderazgo, ni concepto que venga de la descalificación permanente.

Construir una nueva fuerza política nacional es una tarea para la primavera patriótica; construir unificando más que dividiendo, pues el insulto termina en un espejo que se nos rompe en la cara.

Es la única apuesta posible ante tanto oscurantismo conceptual, tanta incoherencia, tanta complicidad de los que se benefician con el fracaso de México; de los que han tenido en sus manos la posibilidad de transformar el país y fue para ellos más importante su historia personal que la de los mexicanos.

No es necesario poner nombres; es necesario poner conceptos y reconocer que en las opciones sordas y soberbias de hoy no está la solución ni la respuesta.