FRACASO Y DECEPCIÓN

La patología social

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- Desde hace casi un siglo, cuando se dio la llamada Guerra Cristera (1926-1929), México no vivía una etapa de violencia y muerte como la que vivimos hoy, con 35 mil 500 ejecutados (oficialmente), 3 mil 500 desaparecidos, miles de secuestrados y poblaciones enteras en el desamparo.

Esto, necesariamente, ha tenido un efecto en la población, que sufre los estragos de una patología reflejada en una inmovilidad propia de la depresión.

La guerra declarada por Felipe Calderón al crimen organizado ha sido un enorme error desde que inició su administración. Esto porque no ha cumplido ninguna de las metas que prometió, ocasionando la desilusión entre quienes lo apoyaron, más pobreza en el país y una ola de violencia y muertes de inocentes, cuyas familias podrían demandarlo como responsable directo de las fuerzas armadas. Por ello pasará a la historia del país como el presidente del fracaso y la decepción.

Como jefe máximo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, Calderón no sólo es el responsable de las muertes de inocentes ocurridas en esta guerra y a las que eufemísticamente llama “bajas colaterales”, sino también de los efectos que ha ocasionado en la sociedad.

Recientemente, al ser consultados sobre las secuelas que puede causar la espiral de violencia y muertes en la sociedad mexicana, especialistas en tanatología manifestaron su preocupación, porque ya existen síntomas de patología en ciertas regiones del país donde se ha roto el tejido social, principalmente en el norte de México, donde las peleas entre distintos cárteles y los enfrentamientos con policías y soldados son más frecuentes y violentos. Y es también en esa región donde se registra el más alto índice de extorsiones y secuestros.

Los miembros del Instituto y la Academia Mexicana de Tanatología han asistido a miles de familias en sitios donde el narcotráfico y las propias autoridades han generado miles de muertes, como Ciudad Juárez, donde –aseguran– por cada muerto hay 200 afectados.

Algunos de estos tanatólogos han trabajado con estas familias para que perdonen a los responsables y puedan así concluir su duelo. Sin embargo muchas de estas familias no encuentran la forma de cerrar sus pesares, porque no existen las condiciones de justicia entre las instituciones estatales y federales para que investiguen y castiguen a los responsables. Sin justicia no hay perdón, es la demanda.

Esta situación de muerte y violencia en un corto periodo de tiempo –8mil 780 ejecuciones con Vicente Fox y 35 mil 500 con Calderón, esto es 43 mil 780 en diez años– ha generado una serie de reacciones en la sociedad que los tanatólogos y psicólogos sociales describen como una patología social o también como un duelo patológico. Es decir, como las expresiones de una enfermedad social, que van desde la tristeza y la rabia hasta la desilusión, la inmovilidad y la decepción.

Las heridas que causan en la sociedad tanta violencia y muertes tardarán muchos años en sanar, ya que crean traumas sociales que requieren de una atención especializada que en México aún no tenemos.

Pero esta situación también está permitiendo el surgimiento de una cultura permisible al crimen organizado, una sociedad narca en la que los valores que se exaltan son la violencia, corrupción, complicidad, el éxito basado en la ilegalidad y la creación de los antihéroes.

Desde que el narcotráfico comenzó a mostrarse con todo su poderío, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, van por lo menos dos generaciones de jóvenes que se ha formado en un ambiente de crisis institucional, corrupción, desempleo, falta de oportunidades educativas y una desilusión en la representatividad popular de partidos y gobierno.

El creciente poderío del crimen organizado ha sido el referente de éxito para estos millones de jóvenes sin ninguna oportunidad de empleo o de educación. Es por ello que se observa con mayor claridad que los sicarios y narcotraficantes son niños y jóvenes atraídos por la fama y el dinero efímero que produce el negocio ilegal de las drogas, la extorsión y el secuestro.

“Es preferible vivir bien pocos años que viejo y pobre”, es la idea que permea entre los jóvenes mexicanos que deciden entrar como pequeñas piezas de la enorme maquinaria del crimen organizado.

Antropólogos, sociólogos, comunicadores, psicólogos y especialistas en medicina forense aún no saben cómo clasificar los niveles de violencia que se viven hoy en México, con casos como el del pozolero, capaz de desparecer en ácido a 300 personas, o de los sicarios que ejecutan a decenas como si fuera algo natural, o también aquellos que mutilan a sus enemigos, decapitándolos o quitándoles la piel de la cara para exponerlas como un trofeo de terror y miedo.

Lo único claro que tienen los especialistas es que en algunas comunidades, en ciudades completas, se ha destruido el tejido social, y repararlo llevará mucho tiempo.

Hasta el momento no se ve la luz o una salida al grave problema del crimen organizado, porque se trata de un conflicto de alcances internacionales y con profundos intereses de grupos poderosos en países como Estados Unidos, como la industria del armamento.

Mientras tanto, en México seguiremos sufriendo esta patología social creada por una guerra absurda en la que nadie sale ganando y todos perdemos.

Políticamente correcto

GABRIELA RODRÍGUEZ

Defender los derechos de las mujeres se ha vuelto políticamente correcto, adverbio y adjetivo que se aplican a temas ligeros o light, es decir, asuntos que a nadie molestan, y que tampoco comprometen. Esta semana, todos los políticos se ufanan de luchar contra la desigualdad de género. Hasta los gobernantes del PAN celebran el Día Internacional de la Mujer, como si se nos olvidara que han atentado de manera muy grave contra sus derechos: en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 10 mil mujeres y niñas en el país, un promedio de 120 mil han sido violadas anualmente; han detenido los libros de texto y las campañas de educación sexual; y por principios, votan contra el derecho a la maternidad voluntaria. Qué decir de los gobernantes del PRI: Mario Marín encubrió a pederastas, en Chihuahua no ha habido voluntad para frenar los feminicidios, representantes de este partido rechazaron la alerta de género ante el patrón sistemático de violencia contra las mujeres del estado de México, mientras Enrique Peña Nieto presenta un paquete de reformas para proteger al sexo femenino por ser una inspiración para el trabajo, algo así como sus musas; al colmo se llegó con la presidencia de Beatriz Paredes, cuando sus legisladores se pusieron de acuerdo con los obispos y arzobispos para cambiar 17 constituciones estatales para poder perseguir y encarcelar a las mujeres que recurren al aborto. En las últimas décadas, los políticos del PRI y del PAN han buscado la legitimidad de la Iglesia católica y han ido filtrando el narcotráfico en las esferas gubernamentales, hasta llegar a la actual militarización y violencia que tanto ensombrece nuestra vida cotidiana.

Las indígenas son las principales víctimas. En el sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, celebrado esta semana en la comunidad nahua de Hueyapan, ellas reconocieron que el camino es largo y las tareas inmensas. Su agenda busca incidir desde lo local hasta lo global en la articulación y el liderazgo que representa la inclusión de género, expusieron su indignación por la creciente militarización de los territorios indígenas, pidiendo la salida de las fuerzas castrenses en esas zonas. Exigen castigo para los militares que abusan de mujeres indígenas: recordaron a Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares en febrero de 2007, según se desprende del informe del perito médico forense; así como el caso en Guerrero donde la justicia mexicana exhibió sus aberraciones ante la violación y las torturas, cometidas por soldados en 2002, contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Además demandan derechos sexuales y reproductivos: acceso a la información con enfoque intercultural y metodología apropiada sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva, acciones de prevención y acceso a los métodos anticonceptivos, certificar los partos atendidos por parteras así como el registro de nacimiento e identidad legal, incorporar en la currícula escolar la educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial con acompañamiento de mayores y sabias indígenas.

Los únicos políticos que han ampliado el ejercicio de los derechos de las mujeres más allá del discurso políticamente correcto son quienes gobiernan la ciudad de México desde hace 13 años. Acorde a la plataforma del PRD en esta ciudad de vanguardia, la mitad de las secretarías de Estado han estado encabezadas por mujeres, desde el 2000 se abrió el acceso a un aborto seguro y expedito en casos de violación, salud y riesgo de vida; en 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer, hasta la semana 12 de gestación; se publicó el libro Tu futuro en libertad para informar a adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos; se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo; se reglamentó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se modificó el Código de Procedimientos Penales para garantizar la seguridad física y sicoemocional de las mujeres que viven en situación de violencia, quienes cuentan con atención integral médica, sicológica y acompañamiento jurídico con abogadas especializadas; en el Metro y en las 16 delegaciones del Inmujeres DF operaran módulos de atención y denuncia de abusos sexuales; y se trata de una entidad donde la planeación presupuestal se diseñó con perspectiva de género.

Cien años de conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron necesarios para transformar un tema controversial en políticamente correcto, por eso es oportuno recordar que es la agenda de la izquierda: en 1911 delegadas de la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague acompañaron la propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, y sumaron esfuerzos en la lucha por los derechos de las trabajadoras, por el derecho al voto y por un frente común contra la discriminación.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que acaba de aprobar el Senado tiene que transformarse en políticas públicas para garantizar la igualdad y dignidad de todos y todas, alcanzando a las indígenas y menores de edad, a pobres y ricas, creyentes y no creyentes, y a quienes tienen diferentes preferencias sexuales, como se agregó al primer artículo de nuestra ley suprema. Para ejercitar nuestros derechos las mujeres necesitamos gobiernos de izquierda que no hagan alianza con las derechas, para ir más allá de la letra y de los bonitos discursos, esos que sólo suenan con motivo del Día Internacional de la Mujer.