HEREDO HASTA FUNCIONARIOS "GABINISTAS".

02/03/2011

La herencia negra de Ulises Ruiz
José Gil Olmos y Pedro Matías

Desvíos de recursos públicos, elefantes blancos a costos multimillonarios, fraudes, cobros indebidos y contratos en favor de sus parientes son parte de la “herencia” que dejó el exmandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. En 99% de las oficinas gubernamentales hay huellas de saqueo y corrupción. Y mientras Ruiz –que puede ser llevado a juicio político– se divierte en un partido de futbol americano, el gobierno entrante califica de “chiquero” el lodazal que encontró. Y lanzó la típica promesa: poner orden.
OAXACA, OAX., 1 de marzo (Proceso).- “¡Esto es un verdadero chiquero!”, exclama el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien reconoce que ya esperaba encontrar una casa “desordenada y sucia”, pero lo que halló en la revisión de la administración del saliente mandatario priista Ulises Ruiz Ortiz fue una corrupción monumental.
De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca, en 99% de las dependencias de la administración estatal se detectaron irregularidades, particularmente en las áreas de recursos materiales y financieros, donde se acreditan desvíos que podrían llegar a 3 mil millones de pesos, sin contar los 15 mil millones de pesos de los “elefantes blancos” que son las ciudades Administrativa y Judicial.
La investigación, a la que tuvo acceso este semanario, resalta que las irregularidades –desvío de recursos, fraudes, robo o alteración de documentos, cobros y pagos indebidos y contratos con sobreprecios– podrían ser causal de juicio político contra el exgobernador Ulises Ruiz.
Sin embargo, el exmandatario oaxaqueño parece no estar preocupado. Según la cuenta de Twitter del diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, Ruiz se divirtió a lo grande en el Super Bowl, en Texas, donde se enfrentaron los equipos de Pittsburgh y Green Bay.
En un mensaje del 7 de febrero el legislador priista dijo: “Acepté la invitación de mi amigo Ulises Ruiz para venir a Dallas Texas a ver el superbowl. Aquí estamos cenando con varios amigos”.
Mientras tanto, en Oaxaca sigue la integración de expedientes que, entre otras cosas, muestran que el anterior secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, dio los contratos a seis empresas cuyos domicilios fiscales corresponden al de Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del entonces gobernador.
Las seis empresas son Nexicho Asociados, Davizaoo Construcciones, Grupo Empresarial Oaxes, Grupo Basoo Asociados, Peom Construcciones y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural.
La investigación preliminar de la Contraloría muestra que sólo en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y en los de Obras Públicas (SOP) se otorgaron 48 contratos por 177 millones 789 mil 569 pesos.
Según documentos en poder de Proceso, Nexicho Asociados recibió 32 millones 428 mil 295 pesos; Davizaoo Construcciones, 33 millones 844 mil 256 pesos; Grupo Empresarial Oaxes, 70 millones 733 mil 550 pesos; Grupo Basoo Asociados, 10 millones 209 mil 350 pesos; Peom Construcciones, 9 millones 488 mil 55 pesos y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, 21 millones 86 mil pesos.
La mayoría de esos contratos, indican las indagatorias, fueron asignados ilegalmente por Pérez Magaña, quien perdió las elecciones estatales ante Cué Monteagudo.
Pero lo que la Contraloría considera “la cúspide de la mentira y el cinismo” es el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 costó 35 millones 621 mil 828 pesos y cuya construcción estuvo a cargo del Grupo Empresarial Oaxes. El problema es que es un hospital fantasma. La obra no existe, según consta en fotografías tomadas en el predio por la Contraloría estatal.
El anexo estadístico del V Informe de Ulises Ruiz muestra claramente, según las indagatorias, “la asociación delictuosa que involucra al exgobernador, a Eviel Pérez Magaña y otros funcionarios como Flor de María Cruz Vasconcelos, quien actualmente es la directora de Planeación y Normatividad en la Auditoría Superior del Estado”.
Pero también implica al exsecretario técnico de los SSO, Sergio Roberto Patoni –cuñado de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz–, quien además se autorizó un bono sexenal de 331 mil pesos.
Con base en las investigaciones queda probada la participación de Pérez Magaña, actual presidente estatal del PRI, en la comisión de diversos delitos que implican desvío de recursos públicos que afectan el patrimonio de los oaxaqueños.
En los documentos se remarca que la “corrupción aquí presentada no hubiese sido posible sin la complicidad de una serie de personajes encargados de falsificar documentos, efectuar cobros indebidos, autorizar contratos con sobreprecios y pagos indebidos”.
En síntesis, se dice que la gestión de Pérez Magaña como secretario de Obras Públicas se caracterizó por la corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque fueron diseñados complejos esquemas de “simulación y desvíos de recursos a través de empresas creadas para la obtención ilícita de contratos”.
En la investigación se habla de la participación de servidores públicos, personas físicas y morales y hasta instituciones bancarias que se prestaron para llevar a cabo procedimientos ilegales que podrían ameritar destituciones e inhabilitaciones de funcionarios o exfuncionarios, y penas de cárcel.
“Saqueo burdo”
Otro caso que se documenta es el del Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, que cobró 840 mil pesos por dar mantenimiento al complejo turístico de Hierve el Agua.
El contrato J03UF-02-08-0036/2009 muestra que la empresa cobró 410 mil pesos por aplicar productos químicos para el tratamiento del agua de la alberca y por la mano de obra. Además cobró 300 mil pesos por los 10 mil litros de agua necesarios para llenar la piscina.
En entrevista con Proceso, el secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra, reconoció que las seis empresas mencionadas están vinculadas por tener un mismo representante, Francisco Fabián Montes Serra; además participaron en el programa de obras del gobierno anterior y algunas de ellas concursaron en todos los rubros: caminos, escuelas, hospitales y obras urbanas.
Salvatierra señala que se revisaron 90 expedientes de obra para encontrar o verificar irregularidades y decidir si hay necesidad de una auditoría, pues hay obras inconclusas o no iniciadas que están pagadas 100%. Citó siete caminos de la región de la Costa, para cuya conservación y modernización se invirtieron casi 18 millones de pesos y en los que no hay ningún avance.
El diario Reforma publicó el pasado 24 de enero que “el gobierno de Ulises Ruiz ejerció más de mil millones de pesos en caminos rurales del estado; sin embargo 100 por ciento de ellos sigue siendo de tierra”.
Otro ejemplo de manejos poco claros es el techado del auditorio Guelaguetza, que costó 105 millones de pesos y que no existe, pues la empresa española Isolux Corsan Construcción incumplió el contrato J03-UE-02-08-0047/2009.
A ello se suma el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dejó de aplicar 103 millones de pesos del Fondo de Aportaciones y nunca justificó el subejercicio.
El actual titular de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, declaró: “Ya hemos solicitado por escrito se aplique una auditoría a la institución para tener una visión externa, objetiva y racional de las condiciones reales en que se encuentra”.
Gabino Cué reconoce, en entrevista con Proceso, el desorden que entregó el gobierno de Ulises Ruiz. “La mera verdad sí, encontramos una casa muy desordenada y sucia”.
“Encontramos muchas áreas de gobierno sin computadoras y algunos vehículos sin llantas o con otras que no eran de su tamaño... se ve que hubo un saqueo burdo”, dice.
También encontró que algunos funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial, y por ello “se inició un procedimiento; serán sancionados y se les harán requerimientos”.
Por lo pronto, afirma Cué, “ya se presentaron algunas denuncias, y donde hemos encontrados irregularidades hemos iniciado procedimientos de orden administrativo. Si encontramos casos en los que haya alguna irregularidad que pueda caer en el ámbito de lo penal por desvío, peculado o malversación, tendríamos que acudir a la instancia correspondiente.
Adelantó que a más tardar en un mes espera haber “limpiado la casa” para que se queden los funcionarios que realmente reúnan experiencia y honestidad. A la fecha, también han dado de baja a 200 aviadores y se han eliminado las canonjías de algunos servidores públicos; en el anterior gobierno había hasta jefes de departamento con guardaespaldas o acceso a las aeronaves oficiales.
Bonos bonitos

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, pidió la intervención de las secretarías de Administración y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que se revise el contrato de arrendamiento de la constructora del complejo Ciudad Administrativa, pues incumplió con el equipamiento del inmueble.
El subsecretario jurídico y de Derechos Humanos, Dagoberto Carreño Gopar, detalló que trabajadores de la Secretaría General de Gobierno se quejaron porque no hay condiciones para laborar, pues la administración de Ulises Ruiz no equipó ninguna de las áreas de la Ciudad Administrativa.
Al recorrer las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, Desarrollo Político, Fortalecimiento Municipal, Derechos Humanos y Jurídica se comprobó que Ulises Ruiz sólo dejó el cascarón de la Ciudad Administrativa, que junto con la Ciudad Judicial costó 15 mil millones de pesos.
La Contraloría oaxaqueña menciona que aquí incumplieron con sus funciones los órganos fiscalizadores federales, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría Superior del Estado, cuya titular, la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza, fue colocada en ese cargo por Ulises Ruiz.
Además de esas irregularidades, funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos en el Registro Público de la Propiedad. Los auditores descubrieron que “no se localizan libros completos de propiedades y en otras literalmente arrancaron las hojas, situación que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños”.
También algunos mandos de los Servicios de Salud se asignaron bonos sexenales que sumaron 25 millones de pesos. El actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que recibió 300 mil pesos de un bono “que ya viene etiquetado”, porque “fui empleado del gobierno federal” cuatro años y medio, al fungir como director de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Reconoció que pese a que dejó el cargo el 31 de marzo de 2010, le entregaron un cheque por 11 mil 570 pesos como parte proporcional del aguinaldo. En conferencia de prensa justificó ese bono porque su trabajo fue de alto riesgo al enfrentarse a situaciones delicadas, como “el caso del H1N1, (y) quién te devuelve la tranquilidad cuando entras a un lugar que está infectado, como el Hospital Civil”.
En esa nómina aparecen Martín de Jesús Vásquez Villanueva, diputado local del PRI; Francisco Rafael Reyes Velásquez, coordinador general de Supervisión y Apoyo Técnico, que recibió 626 mil 62 pesos; Sofía Laura León Silva, secretaria de Salud, con 492 mil 862 pesos, y Óscar Adrián Patoni y Partida, secretario técnico, con una gratificación de 341 mil 514.
También es el caso de Óscar Adrián Quintana López, jefe del Departamento de Operación y Pagos, quien recibió 210 mil pesos, y el líder sindical Jenoé Ruiz López, 204 mil.
El pasado 8 de enero, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ulises Ruiz aseguró: “No dejé ninguna cuenta pendiente. Hicimos la entrega con libros blancos, hemos sido el estado más auditado del país, nos revisaron más de 50 mil millones de pesos, en ninguna revisión hay acusaciones de peculado y en ninguna hay un señalamiento”.

Observación electoral en el estado de México
BERNARDO BARRANCO V.
Es la primera vez que utilizo este espacio de análisis sobre temas político-religiosos para abordar un compromiso social que he asumido, que ocupa mi tiempo y mi pasión: la observación ciudadana de las elecciones en el estado de México. Por su relevancia e impacto que, sin duda, trasciende a la propia entidad mexiquense, ocuparé mi atención agradeciendo la libertad que siempre ha otorgado La Jornada a sus articulistas de opinión.
Existe en el país una atmósfera de creciente tensión política. Los principales actores políticos perfilan sus posiciones, intereses y afinidades, de cara al reacomodo político que representará 2012, que en los hechos ya se ha iniciado de manera trompicada con el arranque del proceso electoral del estado de México. Lastimosamente se percibe mayor preocupación por los nombres, los grupos, las alianzas y las rupturas que por la configuración de un proyecto de país que atienda las necesidades y reclamos sociales básicos en materia de seguridad, violencia, empleo, medio ambiente y calidad de vida.
En el estado de México se viven los efectos de la última reforma electoral de 2010, impuesta por la mayoría priísta en el Congreso y que ha fracturado la construcción de acuerdos políticos entre los principales actores. La llamada ley Peña ha tenido dos grandes efectos. A) una creciente tensión política que lleva no sólo a judicializar todas las etapas del proceso electoral, sino que abona a la polarización y la guerra sucia entre los actores. Hay una seria probabilidad de que el proceso electoral mexiquense, conforme avance, se vaya balcanizando, con severas consecuencias para la democracia en la entidad. B) Ante la falta de construcción de acuerdos, tanto el instituto electoral local (IEEM) como los tribunales electorales se convierten en una aguda arena de disputa política. Siendo los eslabones más frágiles de la cadena del sistema político mexiquense, están sujetos a presiones extremas que erosionan su legitimidad y credibilidad como instancias que den certeza y credibilidad a la contienda electoral. Igualmente grave no sólo para el estado, sino para el país.
Hay evidentes y preocupantes regresiones de los actores del sistema electoral y del deterioro de las instituciones autónomas y ciudadanas, como las electorales, tribunales y los organismos de derechos humanos. Éstos fueron fortalecidos en la década de 1990; sin embargo, han venido siendo colonizados por los intereses partidarios, imponiendo la lógica de cuotas y contrapesos que a la postre ha debilitado su función, así como deteriorado su imparcialidad en detrimento de la calidad de la democracia.
Los ciudadanos no podemos ser vistos por la clase política sólo como votantes. Este descaro pragmático sitúa a la ciudadanía como espectadora pasiva. El ciudadano se convierte en mercado, cuyo voto es el desafío a conquistar. Importa más que nutra las urnas que lo que piensa, sueña y anhela. Frente a ello, diferentes redes ciudadanas han decido crear una iniciativa novedosa llamada Dictamen ciudadano de vigilancia electoral estado de México 2011. Es una iniciativa social, que suma diversos intereses de organizaciones y ciudadanos sin fines partidistas, ni protagonismos que no sean posicionar lo ciudadano en la agenda pública. Dichas redes son representativas de la diversidad de la sociedad: iglesias, empresarios, ambientalistas, grupos feministas, de defensa de los derechos humanos, redes cívicas, etcétera. Dictamen ciudadano es un conglomerado de vocaciones sociales que se reconocen incluyentes, no lucrativas, plurales y que no tienen preferencia política por candidato alguno. Se pretende consolidar los valores democráticos mediante un ejercicio de vigilancia y seguimiento electoral ciudadano del proceso para elegir gobernador en la entidad mexiquense. No se trata sólo de criticar o deconstruir; se trata también de aportar y cada red organizará foros donde pondrá de relieve su agenda, visiones y aportes.
Se han sumado también destacados intelectuales, académicos, periodistas, líderes de opinión y ex consejeros electorales. La observación se centrará en cuatro grandes campos de intervención que son básicos para garantizar una elección equitativa y higiénica: en primer lugar, el destino de los dineros, dar seguimiento especialmente a los recursos de los diferentes órganos de gobierno (municipal, estatal y federal); en segundo lugar observaremos el comportamiento de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, y detectar no sólo inequidad en el tratamiento de las campañas, sino la ejecución de convenios mediáticos pactados en una especie de mercado negro a todas luces ilegal, conforme a las reglas vigentes. En tercer lugar, Dictamen ciudadano vigilará la calidad jurídica y apego a la legalidad que adopten los órganos electorales. Las resoluciones, los acuerdos, los dictámenes serán analizados por especialistas. Y finalmente la vigilancia sobre terreno de la operación y puesta en los 45 diferentes distritos a través de más de 200 ciudadanos voluntarios que ahora se están capacitando.
Se trata de coincidir en un objetivo: no dejar solos a los políticos en un proceso electoral. Hacer sentir la presencia ciudadana, que va más allá de ser mirones o contempladores pasivos de un proceso.
Tenemos un primerísimo esbozo de una página web en construcción www.votolimpio.org. Si quieres sumarte eres bienvenido.

Sara Salazar, la foto de la ira
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 1 de marzo (apro).- No habrá honores oficiales para los cuatro hijos, el nieto y la nuera de doña Sara Salazar, asesinados en Ciudad Juárez en menos de tres años. Tampoco una palabra de aliento o de condolencia del primer mandatario, Felipe Calderón. Mucho menos coberturas especiales en las dos grandes televisoras, como lo hacen cuando se trata de armar linchamientos para ganar rating.
Y el PRD ni siquiera se ha dado por enterado de que esta familia de activistas insumisos pertenecía al instituto político que se desgarra por los restos que dejan los Chuchos a su paso.
Sin embargo, a pesar de la indolencia gubernamental y partidista, la foto de la agencia AP, tomada durante el funeral del pasado sábado 26 de febrero, quedará grabada para siempre como símbolo imborrable del dolor, la ira y la indignación que rodean a los juarenses y a la familia Reyes Salazar. Esa imagen sintetiza la tragedia, por un lado, y la resistencia que se han enraizado en Ciudad Juárez, por el otro.
En esta instantánea que recorrió el mundo, se observa a doña Sara Salazar viuda de Reyes con los brazos extendidos. Tiene los ojos cubiertos por unos lentes oscuros. Su pelo blanco ondea en el aire. Un grito de dolor es ahogado con el trasfondo de un cielo gris, tan gris como el desierto de la frontera.
Tres féretros coronan la tragedia de esta familia que en los últimos cinco años perdió a cinco de sus integrantes, pero no ha dejado de denunciar los abusos cometidos durante los operativos militares.
Otras fotos ilustran que más de 500 efectivos militares custodiaron el sepelio, pero ninguno de ellos ayudó a cavar la fosa. ¿A quiénes protegían realmente estos soldados: a la institución involucrada en las denuncias o a la familia que ha resistido todo tipo de amenazas y crímenes, incluyendo el incendio de sus propiedades y la eliminación selectiva, al estilo de una guerra sucia?
Tan sólo Josefina Reyes Salazar, ejecutada el 3 de enero de 2010, documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal de las fuerzas armadas en contra de la población juarense en los últimos dos años. Su hermano Rubén padeció la persecución y el allanamiento de su casa, antes de ser asesinado, y su hijo Julio César Reyes, ultimado en noviembre de 2008, también acompañó en la organización de las denuncias.
El 7 de febrero de este año, en el nuevo gobierno de viejas impunidades encabezado por el priista César Duarte, desaparecieron Malena y Elías Reyes Salazar, al igual que su esposa, Luisa Ornelas.
En protesta, doña Sara Salazar inició el 9 de febrero una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, a pesar de su edad avanzada y del agudo deterioro de su salud. Estuvo acompañada de su hija Marisela Reyes, quien ha tomado la estafeta del activismo de la familia.
Marisela no se anduvo con eufemismos cuando le informaron que sus parientes habían sido asesinados, al igual que Josefina, Rubén y Julio César, y exigió que el gobierno de Calderón “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”.
Esas palabras nunca fueron transmitidas en Canal 2 ni en Canal 13. Se ocultaron en las crónicas de los medios impresos, pero reverberaron con una fuerza inusitada en los medios internacionales y en las redes sociales.
Cinco países les han ofrecido asilo a los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar: Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Venezuela. Doña Sara Salazar analiza irse a España, pero antes continuará el plantón que inició hace casi un mes para denunciar la impunidad, la guerra de odio que se ha desatado contra los activistas en Juárez.
Este sábado 5 de marzo, ellos se convertirán en el eje de una marcha de protesta e indignación que nunca encuentra tranquilidad en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el epicentro de los feminicidios impunes dese 1993, el sitio de tránsito entre las drogas, la maquila y las armas, la plaza disputada por los cárteles más violentos que desafían día con día la ineficaz guerra desatada por el gobierno federal, y también el sitio desde donde se construyen los expedientes de abusos militares y policiacos que le costarán al calderonismo su pase a la historia de la infamia.