HIPOTECA A LA NACION

16/03/2011

Comprometió Pemex 72% de la factura petrolera hasta 2018: ASF

Esto huele a pescado podrido; alguien está haciendo un buen negocio a costa del patrimonio nacional: Saxe-Fernández

Hay un círculo bárbaro de intereses, afirma especialista

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 28

Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.

En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.

La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.

Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.

Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.

La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.

Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.

Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.

“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.

La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.

John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.

El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.

Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.

Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.

No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.

Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.

Acapulco: cuatro menores ejecutados, viviendas incendiadas, balaceras...

Ezequiel Flores Contreras



CHILPANCINGO, Gro., 15 de marzo (apro).- La guerra entre grupos de la delincuencia organizada ha convertido al puerto de Acapulco en uno de los escenarios mas sangrientos del país, junto con Ciudad Juárez, Monterrey y Reynosa.

Entre la noche del lunes y este martes, la ola de violencia dejó un descuartizado y nueve ejecutados, además de granadazos, balaceras y viviendas incendiadas.

De acuerdo con reportes oficiales, durante las primeras horas de este martes se reportó el hallazgo de dos cuerpos que estaban dentro de un taxi, mismo que fue abandonado bajo un puente peatonal de la colonia Benito Juárez, en la zona conurbada de Acapulco.

Las víctimas, de entre 20 y 30 años de edad, y cuya identidad se desconoce, presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado.

En un hecho por separado, alrededor de las 08:50 horas un comando irrumpió en una vivienda ubicada en la colonia Simón Bolívar y ejecutó a tres personas: Carmela Benítez Mejía, de 60 años; Jesús Daniel Villa Benítez, de seis, y Juan Uriel Luna Villa, de dos años.

En un comunicado, la SSPPC señaló que en el lugar de los hechos se encontraron más de 200 casquillos percutidos de rifles AR-15 y AK-47.

Asimismo, mencionó que el mismo grupo armado que atacó a la mujer y a los dos menores de edad incendió una vivienda contigua y balaceó al menos cinco autos que se encontraban estacionados sobre la calle, uno de los cuales fue consumido por las llamas.

Casi simultáneamente a esa acción, tres personas del sexo masculino, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en la colonia José López Portillo, también en la zona conurbada de Acapulco.

Los cuerpos de las víctimas estaban tirados sobre la esquina que forman las calles Ixtapa y José María Morelos y Pavón, en medio de una alfombra de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 x 39. Las personas fueron identificadas como Ignacio Alemán Vargas, de 37 años de edad; Enrique Fernando Pita, de 23, y Miguel Alemán Montalbán, de 15 años.

Un día antes, autoridades locales reportaron la ejecución –en hechos distintos– de dos jóvenes, uno de los cuales fue descuartizado. Los restos de este último fueron localizados alrededor de las 20:00 horas en las inmediaciones del penal de Acapulco, donde fueron dejados varios narcomensajes dirigidos a autoridades penitenciarias y presuntos operadores del Cártel Independiente de Acapulco (Cida).

Una hora después se reportó la muerte de un adolescente, quien fue ejecutado en la colonia Simón Bolívar, frente a un plantel escolar.

A un costado del cuerpo del joven de 15 años, identificado como Ernesto Herrera Carachuri, fueron colocados dos narcomensajes, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

“El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles hagan la guerra”

BLANCHE PETRICH



Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 2

Para el anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, en marzo de 2008, fue un despliegue militar de bombo y platillo que, bajo la promesa de acabar con el baño de sangre que agobiaba a la ciudad, logró abatir las cifras de homicidios en abril de ese año. “Solamente el tiempo suficiente para que los cárteles le tomaran la medida a las tácticas de los militares y reanudaran y aceleraran sus acciones violentas durante el resto del año”.

“Una percepción generalizada –dice Mc Grath– es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa”.

Esa es la valoración que hace en el cable diplomático 09CIUDADJUAREZ22 enviado al Departamento de Estado el 23 de enero de 2009.

En el periodo analizado en ese cable surgen grupos armados de autodefensa, “como ocurrió en Colombia en los años 90, con Los Pepes”. Según los informantes del consulado, algunos de estos elementos contratados por empresarios son zetas y tienen tratos incluso con las unidades militares.

Dos meses después, marzo de 2009, la embajada tomaba este informe como referencia para enviar un reporte confidencial al Departamento de Estado (cable 09MEXICO748) en el que analiza críticamente la escalada que el gobierno mexicano estaba a punto de ordenar para la Operación Conjunta Chihuahua, con el envío de 5 mil soldados y 2 mil policías adicionales.

En vista que la primera oleada de soldados disminuyó momentáneamente el nivel de violencia en la ciudad, una segunda fase con presencia masiva de fuerzas federales (5 mil soldados y 2 mil policías federales) puede abrir una ventana de oportunidad para reconstruir a las fuerzas municipales que se encuentran en un estado ruinoso, dice el analista.

Sin embargo, advierte líneas más adelante: Esta ventana se está cerrando rápidamente, en la medida en que el gobierno local intenta crear una fuerza policiaca de 3 mil elementos sin estrategia ni metas claras.

En resumen, en la opinión de los estadunidenses, comprometer al Ejército en la lucha contra los cárteles en Juárez fue una medida de corto plazo que logró perturbar a los grupos criminales hasta cierto punto, pero como estrategia de seguridad pública fue un fracaso.

Lo anterior, además de ser fuente de fricciones políticas soterradas entre el gobierno federal y el estatal. El ministro consejero Charles Barclay refirió que funcionarios y líderes políticos del PRI en Chihuahua le aseguraron a oficiales de la embajada que fueron ellos los que pidieron el refuerzo militar. Por el contrario, el vocero de la operación, Enrique Torres Valadez, les confió que fue necesario presionar al gobernador José Reyes Baeza para que aceptara ayuda adicional.

¿Efecto cucaracha?

Pero existe otro problema de fondo: La cadena de mandos y la distribución de responsabilidades no es clara en el Operativo Conjunto Chihuahua, dice el despacho. El vocero Torres y el consulado aseguran que el comandante de la quinta Zona Militar con sede en Chihuahua, general Felipe Espitia, es el jefe del operativo, con seis coroneles responsables de las respectivas zonas de Juárez. Según este despacho, el comando central en la ciudad fronteriza no parece estar integrado y sus métodos de colaboración con el C-4 son ambiguos.

Insiste: Hay suspicacias entre las distintas instituciones. La única excepción parece ser la buena relación que existe entre el comando militar y la Procuraduría de Justicia estatal.

Explica: Es difícil discernir cómo actuará la Operación Conjunta en el terreno y si el gobierno municipal va a jugar algún rol o no. Funcionarios del consulado especializados en cuestiones judiciales y nuestros contactos locales esperaban que la policía municipal patrullara en forma conjunta con los militares en operativos para arrestar a infractores de delitos no federales. Pero nuestros oficiales no han visto trabajando a estas patrullas mixtas.

Sostiene este cable: “Hay diversas teorías sobre la causa de la disminución de la violencia (en el mes de abril de 2009). El gobierno de la ciudad, quizá demasiado optimista, sugiere que la operación está provocando un efecto cucaracha. El alcalde Reyes Ferriz dice que que espera que los cárteles se vayan a Sonora. Nuestros asesores del área policiaca piensan distinto. Para ellos las organizaciones criminales bajaron su perfil mientras observan y reúnen información de inteligencia sobre los movimientos del Ejército y la Policía Federal... Generales de la Zona Militar y funcionarios de la procuraduría estatal coinciden con nosotros”.

En efecto, las organizaciones criminales no emigraron a ningún lado; permanecieron en Juárez, diversificaron sus actividades hacia la extorsión, el robo de autos y el secuestro; surgieron miles de pequeñas pandillas afiliadas a uno u otro cártel, y al final de 2009, aun con la presencia masiva del Ejército, la cifra de muertos en hechos violentos relacionados con el crimen organizado alcanzó una cuota de 185 al mes.

De militares y paramilitares

Respecto de la policía municipal, en el cable del cónsul Mc Grath anota que el alcalde José Reyes Ferriz le comentó a principios de año que el 100 por ciento de los elementos están corrompidos, en mayor o menor medida. De una fuerza de mil 600, 800 fueron despedidos. Además hubo bajas (asesinatos) y deserciones. Reyes esperaba poder reconstituir una policía local con 2 mil 200 nuevos elementos para 2009 e informó también al cónsul que pensaba contratar a 2 mil agentes adicionales de policías privadas para el resguardo de bancos, maquilas y negocios.

Respecto del surgimiento de grupos armados de autodefensa, como Yonkeros Unidos y Comando Ciudadano por Juárez (CCJ), el informe del cónsul cita reportes de sus informantes, aunque las autoridades estatales y municipales niegan su existencia. Según este dato, el CCJ estaría integrado por ocho zetas contratados por empresarios juarenses, quienes hicieron una visita a los

comandantes militares en septiembre de 2008 e incluso les compraron armas decomisadas que estaban resguardadas en el cuartel a cambio de la promesa de no atacar unidades del Ejército.

“No podemos confirmar si es verídica la existencia de estos grupos de autodefensa, pero sí percibimos que la ausencia de una persecución efectiva del crimen crea las condiciones para el surgimiento de éstos, del mismo modo como surgieron Los Pepes en Colombia a principios de los noventa”.

Agrega: En teoría, los tratos o la complicidad de estos grupos justicieros con elementos del Ejército es consecuencia de la frustración dentro de los cuarteles, ya que aunque las unidades militares sean capaces de capturar armas y cargamentos de droga, no tienen ni la autoridad ni el entrenamiento necesarios para evitar que los criminales arrestados salgan libres luego de ser absueltos en los tribunales.

El despacho comenta también un episodio de las armas confiscadas en abril de 2008 a los agentes de tránsito. Resulta que la institución no pudo acreditar un control adecuado de éstas. El problema se resolvió hasta enero del año siguiente, prueba del nulo sentido de urgencia que tienen las autoridades federales respecto de la seguridad de los agentes de tránsito.

Reporta además que ante el problema de las amenazas de extorsión a los maestros de todas las escuelas de la ciudad en noviembre y diciembre, los meses en los que los docentes cobran sus aguinaldos, la única medida que se tomó fue cerrar los centros escolares, incluido el Colegio Iberoamericano, adonde asisten los hijos del personal del consulado.

Licencias fotocopiadas

Con una guerra entre cárteles desarrollándose en Ciudad Juárez desde 2008, con los índices de criminalidad disparados (más de 70 policías asesinados, 55 secuestros denunciados, 300 violaciones sexuales denunciadas, 86 asaltos bancarios y mil 650 robos de vehículo a mano armada), el cónsul Mc Grath envió el 27 de enero un reporte al Consejo de Seguridad en el Exterior (Overseas Security Advisory Council), en el que alerta sobre la situación, pero aclara que la comunidad de ciudadanos estadunidenses que residen en esta ciudad industrial no son blanco de estas acciones criminales de manera específica (cable 09CIUDADJUAREZ27).

El norte de México no es, históricamente, antinorteamericano... Muy rara vez se expresan sentimientos adversos contra los estadunidenses.

Aun así, se emite un instructivo con medidas de seguridad elementales para el personal estadunidense. Entre las recomendaciones se señala que conducir un vehículo en Juárez requiere una actitud alerta y defensiva.

Informa que la policía de Ciudad Juárez es insuficiente y sin recursos, que en los puestos de emergencia no siempre se responde con la velocidad que se requiere.

Por tanto, el consulado recomienda a sus conciudadanos que, como medida de seguridad al manejar, fotocopien sus licencias de conducir, los documentos del auto y sus identificaciones. En caso de ser detenidos por una infracción de tránsito, los instruye para que no entreguen los documentos originales, sino las fotocopias y le digan al agente: No hablo ni entiendo bien el español. Si usted considera que he cometido una infracción de tránsito, expida el recibo de la multa que lo ampara... por favor solicite la presencia de un policía que hable inglés. Gracias.

Violan garantías de los ciudadanos monopolios de tv y telefonía: expertos

FERNANDO CAMACHO SERVÍN



Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 44

Los monopolios en servicios de televisión y telefonía afectan los derechos de los ciudadanos a la información y la libertad de expresión, ya que la mala calidad y las altas tarifas excluyen a millones de personas del acceso a la cultura y obstaculizan su desarrollo social y económico.

Advirtieron lo anterior integrantes de organizaciones civiles, quienes llamaron a boicotear a dichas compañías y, al mismo tiempo, presionar a las autoridades para que se haga respetar el derecho de todos los sectores a utilizar el espectro radioeléctrico del país.

En el contexto del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, especialistas y académicos dieron a conocer un Manifiesto por las garantías de los televidentes y los usuarios de las telecomunicaciones, en el cual denuncian que las prácticas monopólicas en telefonía e Internet de banda ancha nos tienen cautivos con altas tarifas, mala calidad y baja penetración.

La manipulación informativa de Televisa y Tv Azteca, por un lado, y el pésimo servicio de Telmex/Telcel, por otro, fueron señalados en conferencia de prensa como causantes del deterioro de la cultura y la democracia del país, ya que el enfrentamiento entre ambos bloques no es más que la evidencia de la privatización de la función pública y de la claudicación del Estado en aplicar la ley.

Adriana Labardini, directora del colectivo Al Consumidor, señaló que la guerra entre estos depredadores monopólicos ha afectado gravemente los derechos de la población, que también son derechos humanos; dejan sin banda ancha a 85 millones de mexicanos y privan de espacios radiofónicos y televisivos a sectores como los pueblos indígenas. Este choque –subrayó– se hizo posible gracias a la ausencia del Estado, que ha renunciado a crear un verdadero régimen de competencia y a regular el sector de las telecomunicaciones en favor de la gente.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, llamó a aumentar las multas a las televisoras cuando violan algún reglamento, ya que las actuales –de no más de 80 millones de pesos– le dan risa, porque saben de la cobardía antimonopólica del Estado. Además de las sanciones –dijo–, incluso habría que establecer penas de cárcel, así como medidas cautelares para suspender sus transmisiones, porque si no hay un endurecimiento de ese nivel, este será otro sexenio perdido contra los monopolios.

Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El poder del consumidor, hizo énfasis en que en la reforma a la Ley General de Radio y Televisión se deben privilegiar los contenidos culturales de buena calidad, y abrir la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a publicidad para fortalecerse.

Televisa y Tc Azteca juegan un papel totalmente ilegal, violando los términos de sus concesiones. Habría que hacerles un boicot; sí hay un escenario para ello. La culpa de esta situación no es tanto de los monopolios, sino del Estado, por no cumplir su misión.

Las organizaciones convocantes exigieron la ampliación de los modelos regulatorios para generar contenidos culturales de mayor calidad; revocar las concesiones que violen sus términos legales y ofrecer banda ancha a precios accesibles a todos los sectores sociales, entre otras.