LA REFORMA LABORAL PRIÍSTA.

31/03/2011

Propuesta indecente

Marta Lamas
MÉXICO, D.F., 30 de marzo.- La propuesta de reforma laboral presentada por el PRI ha sido duramente criticada por distintos expertos laborales. Comparto con ellos el señalamiento de que la exposición de motivos está hecha para un manejo mediático, y que ese discurso poco tiene que ver con lo que realmente conllevan los cambios: irrestricta libertad empresarial para la subcontratación (outsourcing), facilidad de despido, limitación de salarios caídos a un máximo de 12 meses y prohibición de sindicatos gremiales. Es inconcebible que en esta propuesta no haya la menor mención al fortalecimiento de la justicia laboral. Si en realidad se tratara de modernizar la normatividad laboral con el fin de reforzar la productividad, ¿por qué no incorporar los atinados y acuciosos señalamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia?

La OIT señala que la precarización de las condiciones de trabajo, la inestabilidad, la informalidad y la caída en la cobertura de la seguridad social han configurado un déficit de trabajo decente que puede agravarse. A esto suma la importancia de abordar la conciliación trabajo/familia, tema que brilla por su ausencia en la propuesta del PRI. La conciliación del trabajo y la familia es ya un problema social crucial, y lo que esto significa en términos de deshumanización y afectación a los derechos ha sido planteado contundentemente por la OIT junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hace dos años publicaron un sólido trabajo donde documentan la situación en América Latina, titulado Una mirada regional hacia el trabajo decente: Nuevas políticas para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares.

El estudio muestra cómo las transformaciones familiares, culturales, económicas, demográficas y de modelos laborales están produciendo una crisis en la tradicional división sexual del trabajo. Su conclusión es durísima: “La falta de medidas efectivas para la conciliación entre los ámbitos laboral y familiar compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones”. El desfase entre la esfera familiar, que exige cuidados y atenciones, y el mundo laboral, que requiere de trabajo constante, se ha convertido en una fuente de tensiones que se agudiza con la pérdida de la calidad de vida. Esta forma de trabajo alienado, superexigente y sin contemplaciones para las necesidades de desarrollo personal y de cuidado familiar, afecta a mujeres y hombres, y acarrea grandes costos para todos.

La OIT y el PNUD señalan que las responsabilidades familiares deben dejar de ser un factor de discriminación en el mercado laboral, al mismo tiempo que el Estado tiene que reconocer el cuidado de los familiares como un derecho que debe garantizar. Esto implica un giro conceptual que promueva una redistribución de las responsabilidades entre hogares, mercado y Estado. Dicho cambio requiere mejorar la capacidad de los sistemas de bienestar, protección y seguridad social, garantizando el acceso universal a los servicios sociales y reformulando horarios y condiciones de trabajo en las empresas.

Nada de esto se menciona en la propuesta del PRI. Tal parece que a sus diputados/as lo único que les interesa es flexibilizar para que los empresarios despidan más cómodamente y para seguirse entendiendo con los sindicatos corporativos. Tal propuesta, que disminuye los derechos laborales, ignora totalmente las directrices señaladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al trabajo decente.

Con el término trabajo decente se abarcan cuatro objetivos estratégicos: el empleo de calidad, la seguridad social, los derechos laborales y la mejor representación de las personas trabajadoras. La meta del trabajo decente es la elevación en el bienestar de las personas mediante el cumplimiento de condiciones de equidad, seguridad y dignidad. Lo indignante es, una vez más, que con una visión sospechosamente electorera se defiendan los intereses empresariales. Plantear una reforma laboral –indudablemente necesaria– de manera íntegra y moderna implica acompañarla de una reformulación del sistema de seguridad social y de la creación de un seguro de desempleo.

Cualquier reorganización de las condiciones laborales debería hacerse para avanzar –en lugar de retroceder– en la ampliación de los derechos de los trabajadores. Para preservar la seguridad de los trabajadores/as e instalar esquemas de conciliación familia/trabajo habría que constituir comisiones tripartitas (trabajadores, empresas y Estado) con el fin de diseñar conjuntamente las políticas laborales. En ese sentido es muy importante que participen asociaciones gremiales por fuera de las instancias corporativas como la CTM y el Congreso del Trabajo.

Los riesgos de una reforma acordada únicamente con la cúpula empresarial, el Congreso del Trabajo y la CTM va a empeorar la situación de los trabajadores, y eso afecta a todo el país. Los raquíticos salarios no alientan la economía; la ausencia de derechos no fortalece la solidaridad social; la inestabilidad laboral, que causa miedo y agotamiento, impide la profesionalización. Grave situación para todos. ¿Acaso no hay en México un sector empresarial que se dé cuenta de lo que esto implica?

A favor de la vida

ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO



El asesinato de un grupo de personas, entre ellas el hijo del poeta Javier Sicilia, puso al desnudo la indefensión de la sociedad ante la guerra contra el crimen organizado, pero también las responsabilidades últimas de quienes la dirigen. Hay miedo, irritación, incertidumbre, cuando no cólera cada vez menos contenida. Las víctimas inocentes se multiplican sin que se castigue a los culpables y esa impunidad rampante magnifica la sensación de abandono, la desesperanza de la ciudadanía. Como en otras partes del país asoladas por la violencia, en Morelos no hay día sin noticias aterradoras. Apenas la semana pasada se halló el cadáver del líder de la CTM en el estado; hoy nos estremece la matanza colectiva, a sangre fría, de los jóvenes abandonados en Temixco.

La inseguridad creciente no es una percepción errónea de la sociedad: existe y se extiende, sin importar lo que diga o deje de decir la prensa o los pactos entre las empresas mediáticas. Las demostraciones de poder de la delincuencia desbordan todos los cálculos. Hace un tiempo paralizaron la ciudad de Cuernavaca usando las redes sociales ante la absoluta ineptitud de las autoridades para defenderla. La gente sabe de qué son capaces y se cuida de ellos como Dios le da a entender. Desconfía de los discursos triunfalistas del gobierno porque tiene a la vista los hechos, las complicidades, los contubernios que explican la inseguridad, la escasa participación de la gente común en las tareas de denuncia debido a muy justificados temores.

Corre la versión de que el objetivo de la masacre de Temixco era liquidar a un presunto informante del Ejército al que llegaron siguiendo a sus sobrinos, ajenos por completo a las denuncias contra el narco. En el lugar estaba el joven Sicilia. Los ejecutaron a todos para no dejar rastro. La lucha entre los grupos que se disputan el territorio es real; también lo es la acción militar emprendida contra ellos pero no se calibran las consecuencias, lo cual, por cierto, obliga a pensar que la estrategia general desfallece o se equivoca. (Aquí, la Marina abatió al jefe de un poderoso cártel y, sin embargo, creció la violencia).

Lejos de volver a una idílica situación de paz y armonía (inexistente) nos encaminamos a la descomposición social, a la degradación paulatina de las formas civilizadas de convivencia, a un nuevo orden desprovisto de todo vestigio de solidaridad, fragmentado por una idea carcelaria del bienestar. La represión no es ni ha sido nunca verdadera solución a los graves problemas de las sociedades en crisis. Urge, pues, volver a lo fundamental. México tiene que superar la hipocresía de vivirse como un país de leyes cuando en todos los órdenes priva la doblez, la simulación que separa las normas de los hechos. Es increíble que el Presidente de la República dedique el tiempo a cuadrar las estadísticas para que éstas nos digan lo contrario de lo que la terca realidad se empeña en mostrarnos. Lo mismo en cuanto se trata de la lucha contra la delincuencia organizada o de la pobreza; de los asesinatos o del empleo. A una doble vara una doble moral. Si la experiencia nos dice que el sindicalismo está ahogado por las prácticas laborales que reconocen los contratos de protección, la autoridad dirá que eso no es así porque la ley no los permite. Y así hasta el infinito. Acabar con ese formalismo es indispensable para llevar adelante la reforma política y moral (Gramsci) que México necesita, pero esa es una empresa que corresponde a la ciudadanía, usando los medios pacíficos que estén a su alcance, a sabiendas de que el cambio requerido implica, dada su radicalidad, un despertar de las conciencias y muchos sacrificios.

Es una vergüenza que la historia de la violencia quede registrada en la nota roja. Cuando un menor convertido en sicario degüella a cuatro personas, les corta los genitales y los cadáveres se exhiben colgando de los puentes, no estamos sólo ante un caso terrible pero al fin excepcional. El mal nos interpela a todos. A fin de cuentas ese es el horizonte vital en el que ya se mueven millones de jóvenes a quienes la sociedad no ofrece salida alguna. Un país que se acostumbra a las cabezas cortadas, a los tambos con cuerpos cocinados con ácidos, a las fosas comunes, a las desapariciones de los migrantes, a las grotescas exhibiciones de los capos en la tele tratados como estrellas, a los efectos colaterales, difícilmente saldrá del pozo. La solución no es el silencio. Tampoco la protección de las personas puede ser un asunto exclusivo de la policía, aunque su intervención necesaria se vea hoy coartada por la corrupción. La seguridad es cuestión de Estado en la medida que concierne a la vida entera del ciudadano. Pero esa visión es, justamente, la que está en crisis y con ella una ideología que ha roto los lazos de solidaridad en nombre del enriquecimiento individual, que cree descubrir el paraíso con la ampliación de la clase media medida por el número de refrigeradores adquiridos, pero que es caldo de cultivo para que los más jóvenes se inclinen por Tánatos, ese volado por la vida que amenaza con disolvernos. Apelar a los valores está muy bien, pero hacerlo sin reconocer la urgencia del cambio en el orden social que hoy condena a millones a la pobreza o a la insuperable desigualdad, tal y como están las cosas, puede ser un camino inesperado a la hipocresía y a la defensa de los privilegios que no se tocan.

El dolor causado a las familias que han visto asesinar a sus hijos es inconmensurable. Podemos nombrar y guardar la memoria de algunas víctimas, extraerlas del infierno al que se les condenó injustamente a través de un acto vil, pero no olvidemos que hay otros 40 mil muertos cuyos nombres se esfumaron en el anonimato igualador. ¿Es que ellos no tienen familias? Me pregunto: ¿Cuánto rencor se habrá destilado en la sociedad mexicana cuando cese esta guerra sin fin? ¿Qué le quedará a las nuevas generaciones del país que quisimos ser apenas hace dos siglos?

Nunca como ahora urge rescatar un discurso progresista a favor de la vida. Aceptar la idea de que es necesaria la mano dura es ir directo a la barbarie (de la que no estamos tan lejos). La deshumanización sería el resultado más intolerable de tanta irracionalidad en curso. Evitémoslo. México necesita cambiar.