¿Y LOS DERECHOS DE LA VICTIMA?

SCJN turna a pleno amparos por violación de menor

VÍCTOR FUENTES/Agencia Reforma

Oaxaca, Oax.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no logró resolver el caso de una maestra acusada de complicidad por la violación de un niño de cuatro años en el Instituto San Felipe de Oaxaca.

Por lo tanto, el expediente fue enviado al Pleno de la Corte, para que determine si absuelve a la maestra Magdalena García Soto, condenada a 6 años y 8 meses de cárcel, si confirma la pena o si ordena un nuevo juicio o una nueva sentencia.

En la sesión de hoy, la Sala no pudo romper el empate que registró el pasado 26 de enero, cuando dos ministros se pronunciaron por absolver a García, y otros dos, por negar el amparo y confirmar la condena dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO).

El ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien rompería el empate, se manifestó por otra opción: ordenar al TSJO que dicte una nueva sentencia, pues la original tiene defectos en la valoración de pruebas, ya que la conducta imputada a García no es la violación misma, sino que llevaba al niño a un salón donde otros abusaban de él.

"Esta Sala no puede sustituir a la autoridad responsable (el TSJO) en la definición de este punto, que es de su competencia originaria", dijo Pardo.

Ante la ausencia de una mayoría, la Sala votó por enviar el caso al Pleno de 11 Ministros, donde podrían pasar meses para una decisión.

Será la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que el Pleno de la Corte resolverá un amparo directo en materia penal, es decir, que actuará como un tribunal colegiado de circuito que analiza los hechos concretos que se imputan a un acusado.

García Soto fue señalada como cómplice de los presuntos responsables directos del abuso, el profesor Adán Pérez Ramírez, y Hugo Constantino García, esposo de la dueña de la escuela, prófugos desde septiembre de 2007.

La maestra fue recluida en esa fecha en el Penal Central del Estado en Santa María Ixcotel, es decir, ya cumplió más de la mitad de su condena.

El 17 de mayo de 2009, el Juez Tercero de lo Penal de Oaxaca condenó a García a 10 años de prisión.

En apelación, y por mayoría de dos contra uno, la Tercera Sala Penal del TSJO redujo la pena de cárcel y absolvió a García de pagar reparación del daño y de la suspensión de cinco años de su actividad como maestra.

La Corte atrajo el caso en mayo de 2010, y el pasado 26 de enero, los Ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero sostuvieron que el delito y la responsabilidad de García Soto están plenamente acreditados.

Pero José Ramón Cossío y Guillermo Ortiz, con una postura similar a la de Pardo, pero más radical en cuanto a los efectos del amparo, consideraron que no está probada la participación de la acusada.

Movimiento ciudadano en pro de un Oaxaca mejor, mal:S-22

Sayra Cruz

La dirigencia de la Sección 22 del SNTE consideró que el emplazamiento al magisterio que hace el presunto “Movimiento ciudadano en pro de un Oaxaca mejor” pone al descubierto la misma estrategia que utilizó Ulises Ruiz Ortiz en el 2006 y que se da a inicios del gobierno de Gabino Cué.

En un comunicado firmado por la Secretaría de Prensa y Propaganda del organismo magisterial, comparan la creación de este ente con el “Movimiento ciudadano por la paz” y el “Frente de presidentes municipales priistas”, a través de los cuales, presuntamente, denostaron hace cinco años al Movimiento Magisterial y Popular, pidiendo, en aquel momento, la intervención de la Policía Federal Preventiva.

Ante tal situación, hicieron un llamado a la unidad de la sociedad para enfrentar a quienes detentan el poder político y económico, por lo que la dirigencia hizo un llamado a los demás docentes a continuar con el campamento y foros de denuncia hasta la presentación con vida de Carlos René Román Salazar.

Asimismo, los exhortó a permanecer en la observancia y vigilancia del actuar de la administración estatal, y por medio de la consulta a las bases impulsar la jornada de protesta para exigir respuestas a las demandas del pliego petitorio ante los gobiernos estatal y federal.

Lamentó que sea por medio de esta organización donde se emplace al magisterio a ya no realizar más protestas y la amenaza que lanza de tomar medidas drásticas.

“Seguimos pensando que no puede haber un Oaxaca mejor en tanto siga prevaleciendo en nuestra entidad violación a los derechos humanos más elementales, impunidad, corrupción, pobreza, desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamiento de luchadores sociales”.

Por eso, ante un capricho de una clase burguesa no pueden abandonar sus exigencias, hasta que aparezca con vida el profesor que desapareció el 14 de marzo del 2011. En la protesta desde el Zócalo participan dos elementos de las delegaciones sindicales y uno por centro de trabajo sindical de Valles Centrales.

“Existen grupos con la capacidad económica y política para desestabilizar y tratar de desaparecer el Movimiento Magisterial Oaxaqueño confrontándolo con la sociedad, nos preguntamos quién o quiénes están provocando esta situación”. Ahí dejaron ver si era el PRI, el gobierno anterior, la administración estatal en turno o, en su caso, la federación.

Organizan movilización internacional por Copala

por IGABE

Organizaciones sociales, comunidades indígenas, movimientos populares y organismos de diversos países, preparan una movilización a nivel nacional e internacional para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Alberta Cariño Trujillo y Jiri Jakola Antero, integrantes de la Caravana por la Paz, que pretendía entrar a la comunidad de San Juan Copala el 27 de abril del 2010 y quienes fueron asesinados al ingresar a la zona Triqui, presuntamente por un grupo paramilitar.

El representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en la Mixteca, Omar Esparza Zárate, informó que a más de 11 meses del crimen, no hay avances en la investigación del doble homicidio, por lo que exigió a las autoridades no olvidar el caso y castigar a los responsables.

"Vemos que el gobierno federal, hasta ahora, no ha tenido la capacidad para generar las líneas de investigación para que detengan a los responsables del asesinato de Beti y Jiri; por otro lado, estamos convencidos de que en este año que se cumple, las autoridades deben dar respuesta de que realmente quieren transformar la situación en el estado, porque uno de los temas pendientes para este nuevo gobierno, es el tema de justicia", dijo.

Alto a la injusticia

Manifestó que es urgente terminar con la impunidad e injusticia que enfrenta un gran número de comunidades de la Mixteca, donde sus habitantes sufren la intimidación y represión por parte de actores que han mantenido a las poblaciones bajo su poder.

"Muchos de estos actores siguen jugando un papel importante para generar un clima de hostilidad y violencia en las regiones, sobre todo en la región de la Mixteca, en la región Triqui; están ahí y hasta ahora no se les ha tocado porque están vinculados con gente que tuvo el poder en el anterior gobierno", indicó quien era esposo de Bety Cariño.

Esparza Zárate manifestó que están a la espera de que el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), logre dar solución al caso, por lo que han emplazado a las autoridades para que den con el paradero e identidad de los homicidas.

"Nosotros hemos puesto como plazo hasta el 27 de abril, porque vamos a movilizarnos; estamos valorando seriamente el convocar a muchos actores a nivel nacional e internacional para este aniversario", dijo.

Finalmente, exhortó a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, a organizaciones sociales, a las comunidades indígenas, así como a la ciudadanía en general para que se sumen a las acciones, entre las que contemplan un acto político y un homenaje a Bety Cariño, en el lugar donde descansan sus restos, además de una posible visita a San Juan Copala.

Piden protección

Luego de los enfrentamientos y hechos de violencia registrados en San Juan Copala, a consecuencia de las disputas que mantienen las organizaciones con presencia en el lugar desde hace años, es necesario que las autoridades finalmente garanticen la seguridad de la población, afirmó el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría para Pueblos Indígenas (Cedhapi), Rufino Benítez Sánchez.

Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dictó medidas cautelares para garantizar la integridad física y seguridad de los pobladores de esta zona, por lo que recientemente se solicitó la presencia de las autoridades del estado de Oaxaca en Washington, para que se comprometan a aplicar estas medidas.

Cabe recordar que desde hace más de un año, son cientos de indígenas los que fueron desplazados de sus tierras, a consecuencia de los conflictos registrados en la comunidad y quienes no han podido regresar a sus hogares.

Comparece Cué ante CIDH, en Washington

Tiempo/Redacción

[08:52] WASHINGTON, D.C.- El gobernador Gabino Cué Monteagudo compareció ayer ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde acudió para desahogar medidas cautelares a favor de las comunidades de San Juan Copala, Santo Domingo Ixcatlán y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Cué, expresó que el Estado asume plenamente la responsabilidad de cooperar con la CIDH y otros actores para fortalecer las instituciones y la atención a necesidades básicas como elemento principal para la reconciliación, la paz y la reconstrucción del tejido social oaxaqueño.

En el marco de la 141º asamblea general de la CIDH, aseguró que a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos, se han establecido reuniones de trabajo con pobladores de San Juan Copala, Santo Domingo Ixcatlán y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, para formular acciones concretas entre los peticionarios y los tres niveles de gobierno que garanticen la paz social y política en estas comunidades.

Asimismo, y privilegiando en todo momento el diálogo y la concertación, el mandatario aseguró que también se da atención a los conflicto agrarios en la entidad, a fin de que las localidades en disputa se integren al desarrollo regional, por lo que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha comunicación con las partes en conflicto. Cué Monteagudo aseguró que su gobierno no va a cesar ni dar un paso atrás para que Oaxaca avance hacia el desarrollo y se integre al progreso del país.

En reunión aparte, y ante el Relator de los Derechos Humanos para México de esta Comisión, Rodrigo Escobar Gil, se fortaleció el vínculo entre la Entidad y la CIDH.

Al dar a conocer la complejidad del contexto social de Oaxaca y mencionando la importancia del sistema de usos y costumbres, refrendó el compromiso de su administración, iniciada el pasado 1 de diciembre, de consolidar un clima de paz y armonía en el estado de Oaxaca, a fin de que se respeten las garantías individuales de los oaxaqueños, y no se toleren más abusos y violaciones a los derechos humanos.

Al principio de esta gira, el mandatario firmó como testigo de honor el Reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que el Estado Mexicano ofreció a familiares del indígena loxicha, Celerino Jiménez Almaraz, quien fue privado de la vida en el año 1997.

En estos tres días de trabajo, el mandatario oaxaqueño firmó además convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, el Gobierno de Chiapas y la organización civil IDEHAS, para proteger y fortalecer los derechos de los migrantes en su paso por territorio mexicano, en particular, en la región del Istmo de Tehuantepec, entre otras actividades.

Exigimos se garantice la integridad física de miembros del MAPDER, no a la represión y a la criminalización del movimiento social

Expresamos nuestro total y absoluto apoyo y solidaridad a nuestros compañeros y compañeras, debido a las acciones de hostigamiento e intimidación que están ejerciendo las autoridades locales y estatales, en contra de quienes conforman el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, habitantes de Temacapulín y miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), quienes se manifiestan pacíficamente en el área de construcción de la cortina de la presa el Zapotillo.

El MAPDER declara que en caso de que se de cualquier tipo de represión y que se atente contra la integridad física o detención de miembros de este movimiento , llevaremos a cabo acciones de movilización en los estados donde tenemos presencia, así como también contamos con el apoyo de otras redes nacionales e internacionales aliadas.

Hacemos responsable al gobierno federal a través de la CONAGUA, el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez y a las autoridades locales de la violación de los derechos a la seguridad e integridad física, la libre manifestación y de los abusos de autoridad que se puedan configurar.

El gobierno en sus distintos niveles es el responsable del conflicto al no respetar las acciones legales que se interpusieron, además de no respetar las medidas cautelares que tiene la comunidad.

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos!

¡No a la Presa El Zapotillo !

¡No a la Presa La Parota!

¡No a la Presa Paso de la Reyna!

¡No a la presas Itzantún y Chinín!

¡No a la Presa de Tenosique !

Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nayarit

Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. COPUDEVER

Consejo de Comunidades y Ejidos Opositoras a la Parota. CECOP

Frente Chiapaneco Contra las Presas

Otros Mundos Chiapas

IMDEC, Jalisco

EDUCA, Oaxaca