¡NULIDAD DE CONTRATOS!

Nulidad de los contratos incentivados para la explotación de petróleo

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Quienes tenemos compromiso con un proyecto de nación cabalmente soberana, democrática en sus instituciones políticas y en sus formas de convivencia social, que ofrezca condiciones de vida digna y desahogada a todos sus habitantes, debemos estar atentos y listos para salir al paso, echando mano de todas nuestras fuerzas y de todos los recursos posibles, para frenar y desarticular toda pretensión o acción que vaya en contra de este proyecto.

Hoy, 18 de marzo, 73° aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, no puede dejarse de señalar la inconstitucionalidad de los contratos de servicios para evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos, a los que también se les conoce como de servicios integrados y más comúnmente como contratos incentivados, que está por adjudicar Petróleos Mexicanos para la explotación de sus campos Magallanes, Carrizo y Santuario.

El texto de estos contratos resulta violatorio de los párrafos cuarto del artículo 25, sexto del artículo 27 y cuarto del 28 constitucionales. Se trata de contratos con vigencia de 25 años, prorrogables, que establecen un esquema de asociación de largo plazo de Petróleos Mexicanos con particulares, para que éstos substituyan al organismo público en los hechos y realicen en un bloque de territorio nacional, que se pone a su disposición en exclusividad, actividades reservadas por la Constitución sólo al Estado mexicano mismo.

Para dirigir y coordinar la explotación de los campos, estos contratos establecen una instancia paritaria formada por el contratista y Pemex, en cuyo seno las decisiones se tomarán obligadamente por unanimidad, perdiendo por lo tanto Pemex la capacidad de dirección, quedando del otro lado un elemento cuya importancia no puede desconocerse, que es la propiedad y el manejo del dinero.

Esta instancia paritaria está facultada para tomar decisiones, entre otras cuestiones, sobre uso de infraestructura y unificación de yacimientos, grado de integración nacional, programas de apoyo a la comunidad, informes sobre los servicios del contratista y supervisión de los servicios prestados por el contratista, es decir, éste, como integrante de la instancia paritaria de dirección, queda constituido por el contrato en juez y parte respecto al cumplimiento del mismo y en los hechos substituye a Pemex en cuestiones tan fundamentales como la evaluación y desarrollo de los yacimientos objeto de la contratación.

Por primera vez, después de 73 años, estamos frente al riesgo de que la nación reciba contractualmente el petróleo extraído de su territorio de manos de un particular, a quien se le pagará una tarifa por cada barril que entregue.

Ahora bien, aun cuando no se trata de contratos de riesgo típicos, los incentivados contravienen el artículo 6° de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, así como las fracciones IV del artículo 60 y II del 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos, al relacionar y comprometer el pago al contratista, por una parte, con el valor de las ventas del hidrocarburo y, por la otra, con las utilidades del organismo público y en consecuencia con las del Estado, así como al incumplir con el principio que establece que las compensaciones deben darse con base a esquemas fijos desde la firma misma de los contratos.

El pago al contratista sobre la base de la venta de los hidrocarburos extraídos, involucra un elemento de riesgo que Pemex comparte con el contratista, ya que el monto de la venta dependerá tanto del volumen extraído como del precio del hidrocarburo, que es fluctuante. Otro punto desfavorable para Pemex es que en la práctica, las fórmulas mediante las cuales se fija el precio del petróleo tienden a sobrevalorar los crudos de menor calidad, lo que se traduce en una sobre-remuneración para el contratista, sobre todo en los campos de menor calidad.

Esos contratos establecen un esquema inconstitucional de asociación de largo plazo con particulares, que en caso de llegarse a firmar, tendrían que ser declarados nulos.

No quiero dejar de señalar que en noviembre de 2008, en relación con las reformas a la legislación petrolera que realizó el Congreso, externé la conveniencia de que se incorporaran las providencias legales necesarias para impedir la licitación de bloques que se asignaran a un solo contratista, pues era ya previsible la intención gubernamental de recurrir a este tipo de esquemas bajo el falaz argumento de que Pemex no puede con todo, o que carece de recursos humanos o financieros. No impedir claramente en la ley este riesgo, podría abrir un nuevo espacio de confrontación política y de innecesaria incertidumbre para las actividades de Pemex.

Hoy, a 73 años de la expropiación petrolera, debemos nuevamente convocarnos los ciudadanos, los trabajadores de los sectores de la energía, las distintas organizaciones políticas y sociales, a construir un gran movimiento de defensa de la soberanía petrolera y del mandato constitucional que otorga al Estado la exclusividad y el pleno control de la explotación de los recursos petroleros.

En particular, cabe hacer desde aquí un llamado a los legisladores –lo hago en especial a los de mi partido–, para que en caso de llegarse a firmar estos contratos incentivados, presenten ante las autoridades que correspondan las controversias y recursos a los que legal y políticamente puedan recurrir para que se declare su nulidad. Será esa una forma de cumplir con sus compromisos políticos y constitucionales y de frenar el desmantelamiento y la entrega a intereses contrarios a los de México de una industria que debe volver a ser puesta, cabalmente, al servicio del desarrollo independiente de la nación.

Paradójicamente, ahora que nuestra producción petrolera está en descenso, los precios internacionales se han incrementado y las arcas públicas están recibiendo ingresos petroleros en cantidad tal, como nunca antes habían obtenido. Por ello es urgente reflexionar sobre el buen uso de esos recursos, para vincularlos estratégicamente a aquellas actividades que potencien el desarrollo del país con soberanía, como la expansión e integración de los ciclos productivos de la propia industria petrolera, como la educación de calidad, la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de la infraestructura y la transición energética, actividades que conduzcan hacia modelos sustentables que permitan mayor bienestar y vivir en un mundo más seguro y de armonía con la naturaleza, tanto a las generaciones presentes como a las de futuros mexicanos.

La guerra de los pobres

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 17 de marzo (apro).- ¿Quién produjo más pobres en el país? ¿El PRI o el PAN? Las mutuas acusaciones, que en los últimos días se han hecho dirigentes de ambos partidos, es una burla cuando más de la mitad de la población sufre los errores de las decisiones acordadas por ambos institutos políticos, cómplices del modelo económico más voraz que ha habido en muchos años: el neoliberalismo.

En días recientes, el nuevo presidente nacional del PRI, el coahuilense Humberto Moreira, quien gusta de amenizar sus eventos bailando y cantando, quiso iniciar su liderazgo con un golpe espectacular a Acción Nacional y al presidente Felipe Calderón, aduciendo que los dos gobiernos panistas han generado cinco pobres por minuto en la última década.

Con esa acusación, claramente Moreira pretendía provocar a los panistas y darse a conocer como un priista dispuesto al pleito fácil.

Sabía perfectamente que los panistas iban a responder, y los llevó al terreno de la discusión absurda, porque en el fondo también sabía que si hay algún responsable de la grave situación, ha sido precisamente su partido, que gobernó 71 años continuos, la mitad de ellos produciendo crisis económicas profundas, entre ellas el error de diciembre de 1994, mejor conocido como “efecto tequila”, mismo que provocó la pérdida de propiedades y ahorros de miles de familias.

Pero Moreira obtuvo lo que quería, con claras intenciones electorales. Se posicionó en los medios, gracias a la respuesta de Josefina Vázquez Mota, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, que de inmediato contestó a la bravata: “El PRI generó más pobres por minuto por las devaluaciones y la inflación de 1994 y 1995, cuando 10 millones de mexicanos cayeron en pobreza”, dijo desde San Lázaro.

Y el vicecoordinador económico de la bancada panista, Luis Enrique Mercado, señaló que en esas crisis del gobierno de Ernesto Zedillo, 55 millones de personas resultaron afectadas y engrosaron las filas de pobres.

Usando la pobreza para golpear al adversario político, en medio de esta guerra de acusaciones, en realidad tanto el PRI como el PAN quieren hacer resbalar la responsabilidad que tienen por mantener el mismo modelo económico, que al mismo tiempo que genera más pobres, concentra la riqueza en unas cuantas personas, 10, para ser más precisos, las cuales aparecen en la lista de hombres más ricos del mundo, encabezados por el empresario Carlos Slim, quien cuenta con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares.

En la lista de Forbes también esta el líder del narco sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, con mil millones de dólares.

Los líderes de ambos partidos, así como los respectivos presidentes que han surgido de sus filas, son culpables de generar una situación apremiante para más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza, de los cuales 20 están en extrema pobreza.

Priistas y panistas han jugado su juego para beneficiar a sus propios intereses de grupo, sin importarles la falta de espacios para los jóvenes que ingresan al mercado del desempleo y que son atraídos por el crimen organizado, que les ofrece el trabajo y el dinero que no pueden obtener de manera legal.

PRI y PAN son responsables del abandono del campo y de la migración de millones de hombres y mujeres hacia Estados Unidos y Canadá, que dejan atrás sus tierras y sus familias, buscando ocuparse para obtener recursos que los saquen de la pobreza.

Igualmente son culpables de reproducir el mismo sistema de corrupción e impunidad que ha dado lugar al crecimiento del crimen organizado y a la violencia que hoy se vive en todo el país.

Poco ayuda a la transición política un debate como el que plantean los dirigentes de estos dos partidos, contrario a ello la empantana aún más, pues ambos no se pueden desligar de la enorme responsabilidad que tienen sobre la pobreza que lastima a millones de mexicanos.

Al final, pues, sólo reflejan la crisis profunda del sistema de partidos en México, la enorme distancia que hay entre éstos y la ciudadanía, es decir la falta de representatividad social y el escaso interés que tienen por resolver las dificultades sociales, porque para ellos la pobreza es simple y sencillamente un instrumento de golpeteo en su retórica electoral.

Estatismo de Conapred en su resolución contra la SEP

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

Desde estas páginas he seguido con atención las reuniones y los planes de acción de la Campaña contra la discriminación en la educación que se ofrece a los pueblos originarios, impulsada principalmente por el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural y apoyada por decenas de organizaciones y colectivos de muy diversa procedencia y naturaleza.

En un desplegado reciente (21 de febrero de 2011), los integrantes de la campaña instaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a dar una respuesta clara, pronta y expedita a la demanda interpuesta desde el 21 de julio de 2008 por docentes de la escuela primaria bilingüe El Porvenir, de la comunidad Nichteel, del municipio de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, contra la Secretaría de Educación Pública por discriminación lingüística en la aplicación de la prueba Enlace.

Los docentes y directivos de esta escuela primaria fueron muy claros en la demanda presentada: Hemos revisado con responsabilidad los instrumentos de evaluación Enlace que se le han aplicado a las niñas y niños anualmente durante tres periodos. El instrumento siempre ha sido hegemónico, subordinante, discriminante y excluyente de la lengua y cultura de los pueblos originarios, violentando el derecho de la niñez a recibir una educación y ser evaluado de manera bilingüe y pertinente que otorgan las leyes internacionales y nacionales como convenios de la OIT, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Chiapas, los acuerdos de San Andrés, estos últimos firmados en 1996.

Los considerandos centrales para esta demanda han sido expresados durante la campaña en diversos foros regionales y a través de artículos y documentos: 1) La escuela como institución y espacio en los que se ejerce un poder coercitivo sobre los educandos, ha funcionado como un poderoso instrumento para promover la asimilación de los pueblos originarios al modelo cultural/lingüístico, político, social del Estado-nación mestizocrático, especialmente con posterioridad al movimiento armado de 1910-1917. 2) En consecuencia, y como resultado de una discriminación estructural que proviene del Estado, grupos corporativos y poderes facticos, la educación que reciben los pueblos originarios es inferior en calidad, recursos e infraestructura. 3) Esta educación no se adapta a la situación, contexto y necesidades de los pueblos originarios a los que se imponen calendarios, docentes, material didáctico, currículos y orientaciones pedagógicas, los cuales son etnocidas y disolventes de las identidades étnico-nacionales. 4) La educación centralizada federalmente y la puesta en práctica por los estados, no respetan el derecho a la autonomía consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en los acuerdos de San Andrés, que junto con el artículo 39 constitucional, conforman fuentes legítimas del derecho autonómico. 5) Un aspecto central de este proceso autonómico –en el ámbito educativo– es conformar un sujeto autonómico colectivo y liberador.

La propia Secretaría de Educación Pública (SEP) –en su cinismo institucional– ha reconocido que el sistema de educación indígena presenta severas deficiencias en la calidad de los servicios, que se traducen en bajos niveles de eficiencia terminal y resultados claramente inferiores a los promedios nacionales. Sin embargo, en el mismo párrafo en el que hace esta confesión de parte, la SEP impone las responsabilidades de dicha situación a los propios pueblos y comunidades, al sostener que las dificultades que se presentan en el sector tienen que ver con la escasez de maestros bilingües, la presencia de alumnos que hablan diferentes lenguas en un mismo grupo, así como con el aislamiento y la marginación de las comunidades donde habitan.

Finalmente, después de más de dos años y medio, el Conapred emitió una resolución por disposición dirigida a la SEP, la cual ya fue aceptada por dicha dependencia, en la que determina que se generó un acto de discriminación indirecta (sic) en contra de niñas y niños indígenas al ser evaluados a través de una prueba estandarizada que no contempló adecuadamente su contexto cultural y lingüístico. Paradójicamente, este argumento central del resolutivo, sin los fondos con que cuenta el Conapred para investigar y pagar a sus funcionarios, es el que precisamente venimos expresando quienes participamos en esa campaña nacional.

Una resolución por disposición es un instrumento jurídico fundamentado en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Estatuto Orgánico del Conapred, que se aplica cuando se comprueba que existe una conducta discriminatoria directa o indirecta que afecta sistemáticamente a un grupo de población.

El consejo determinó en su resolución que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con las autoridades educativas estatales, deben llevar a cabo acciones que combatan de manera consistente y efectiva las condiciones de desventaja y desigualdad que existen entre la infancia indígena en relación con la no indígena. Claro está, de manera progresiva, reitera el organismo: ¡en cuanto a niños indígenas se refiere, no hay prisa… pueden esperar!

En suma, el Conapred, no obstante que reconoce la discriminación de las autoridades educativas federales, lo cual es positivo, mandata en su resolución poner en práctica políticas marcadas por el estatismo y el paternalismo, ya que son las mismas autoridades que constituyen la fuente permanente de discriminación –más que directa– contra los educandos indígenas las que tienen que aplicarlas, sin precisar claramente el papel de los sujetos autonómicos en esas medidas supuestamente correctivas. Nuevamente, los pueblos son sujetos pasivos de la acción protagónica de un Estado que sí sabe qué hacer con los indígenas.