¿OTRA MÁS DE LA SUPREMA CORTE?

30/03/2011

Leticia Valdés y el San Felipe; en vísperas de una injusticia anunciada

por Verónica Villalvazo

Conocí a Leticia Valdés Martell en septiembre de 2007, cuando después de un año dio a conocer la violación que en repetidas ocasiones había sufrido su menor en uno de los “mejores” Institutos en la capital, el “orgulloso Instituto San Felipe”; muchos de los compañeros de la prensa, en sus múltiples consejos me decían y me siguen comentando, que por ética periodística no puedes involucrarte en ningún caso mucho menos en este tipo de casos ya que al hacerlo pierdes la objetividad, como muchos de los temas de violaciones a Derechos Humanos que como Fridaguerrera he cubierto, hice caso omiso a la recomendación de mis compañeros.

Dicha decisión me permitió desde entonces seguir muy de cerca el viacrucis que Leticia acompañada de su hijo y su familia han padecido, desde la descalificación por parte del entonces gobernador de Oaxaca, “Ulises Ruin” y digo Ruin porque el ataque de este despreciable personaje contra ella siempre fue directo, en muchas ocasiones se le escuchó al “ex gobernador”, referirse a Leticia como “pinche vieja loca”, en otras tantas acusaciones criticando el comportamiento de Leticia como persona, acusaciones hechas por políticos y “sociedad” que apoyan a la directora Yolanda León, esposa de uno de los violadores del pequeño, el miedo muchas veces se apoderó de Leticia por las constantes amenazas de muerte enviadas a su celular o con llamadas a su casa.

Las dudas siempre han sido ¿Qué tiene que ver la vida privada de la madre en caso de que así fueran las cosas, con el daño que sufrió el niño?, ¿Por qué un gobernante opinó de esta manera de una madre buscando justicia?, ¿por qué si no hay poderes fácticos involucrados en este caso hubo amenazas a Leticia y su familia?

Las lagrimas de Lety, llenas de desesperación atrapada en la desolación de una realidad que hoy pareciera nuevamente mostrará que la “justicia mexicana” esta siempre a favor de los que violentan derechos humanos, de aquel que simplemente llega, viola, daña, la soberanía de un pequeño y se va a disfrutar de lo mucho que sus “amigos” del poder le han brindado.

Este miércoles 30 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “resolverá” el caso de la violación de que fue víctima un pequeño que a pesar de los años transcurridos sigue padeciendo de terrores nocturnos, un pequeño lleno de miedo el cual hasta la fecha no puede acudir a un colegio por el miedo de quedarse solo y ser nuevamente atacado.

Los autores materiales Gabriel Hugo Constantino García y Adán Salvador Pérez Ramírez, siguen prófugos, a casi 4 años de que se les dictarán órdenes de aprehensión, quienes lograron escapar gracias a la intervención de su entonces abogado Jorge Franco Jiménez, quien según la versión de los oficiales que procederían a ejecutar la orden, Franco Jiménez, les impidió el paso ayudando con esto a que los violadores escaparan.

La maestra Magdalena García Soto, “Malena”, es la única persona que está presa, ella tenía bajo su cuidado al pequeño y según la declaración del niño era quien lo conducía jalándolo y lo entregaba en manos de los violadores, lamentablemente para los ministros, la declaración del niño no es suficiente, necesitan testigos de que el niño era conducido por ella ¿?, ¿Testigos en un acto de esta naturaleza?.

Hoy la Suprema Corte de Justicia Nacional, mostrará una vez más a favor de quien está hecha la justicia, si a favor de una niño de 4 años quien en repetidas ocasiones declaró a detalle cada acción cometida contra él, o favor de quien usó todos los medios políticos y monetarios para “ganar” la libertad de “Malena” la cual todo indica solo es usada por “sus jefes” para librarlos de la acción de la justicia.

“No olvides la guardería ABC, lo de Lidya Cacho, solo dos temas donde la SCJN, emitió su veredicto y, ¿a quién? le hicieron “justicia”, a quien ha matado, cometido violaciones graves a Derechos Humanos, yo creo que lo que viene mañana para mi hijo es que no se nos haga justicia, y es porque a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz. Mayagoitia, necesitan más pruebas de lo dicho por mi pequeño, Pardo Rebolledo ha comentado que para él la declaración del niño no es importante en este momento, si no que “Malena”, no haya sido violentada en sus Derechos Humanos”. Me hace saber visiblemente consternada Leticia.

La víspera de este miércoles Leticia la pasará con su familia, ya no espera justicia “perdí pero gané” expresa la madre coraje, ella lo único que lamenta es que en el estado mexicano las violaciones a los Derechos de los niños, seguirán latentes, el estado mexicano no tiene el más mínimo interés en defender a nuestra niñez, su objetivo solo es defender a quienes tienen las amistades y los recursos para ser defendidos, no quienes son violentados.

La víspera de este miércoles muchos de los que hemos acompañado a Lety y su familia, estaremos esperando que la cordura de los ministros sea tocada, sabemos como dijo Lety, que tal vez eso no suceda, y aun con todo el dolor tengamos que aceptar con la misma entereza que esta madre coraje, el vergonzoso veredicto, y aún con todo eso seguir luchando a lado de esta mujer , quien desde hace muchos años solo ha hecho lo que toda madre haríamos defender, buscar, exigir justicia para su hijo, nada más, ni poder, ni dinero, ni fama, ni nada de lo que algunas lenguas han manejado en torno a Leticia.

Hoy con las entrañas desechas por el dolor del daño, Leticia acompañada de su pequeño hijo, seguirán buscando instancias para lograr que un día la justicia desconocida en el estado mexicano, llegue y entonces vea tras las rejas a quien dañó lo que más ama, su hijo, y con esto evitar que nuestros hijos, tus hijos, los hijos de todas sean lastimados.

¿Vale la pena exigir justicia?

por La Redacción

El caso de un niño violado en un instituto de Oaxaca puede ayudar a revalorar la participación del menor en el proceso judicial

Raquel Pastor y Analía Castañer

El 30 de marzo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si quedará en libertad la única persona detenida por la acusación de violación de un pequeño de 4 años en el Instituto San Felipe de Oaxaca. Con esto, los dos prófugos faltantes podrían perder esa condición.

El 23 de mayo de 2007 la madre presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Según el dictamen psicológico del 6 de junio de 2007, de un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado, el niño "ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás... ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos...". Sin embargo, durante cinco meses las autoridades no actuaron. Sólo por la presión de la ciudadanía giraron tres órdenes de aprehensión y detuvieron y consignaron a la maestra que llevaba al niño al salón donde era abusado. El 5 de febrero de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 04/2008 al entonces gobernador Ulises Ruiz, por violaciones al derecho a la pronta y debida impartición de justicia. Ante la impunidad, José Bonilla, entonces abogado de la víctima, recurrió a instancias federales. Miembros de la AFI intentaron la detención, pero agentes de las corporaciones de seguridad estatales los detuvieron y permitieron la fuga de los condenados. Si la Suprema Corte de Justicia no reconoce delito alguno, se perderá la oportunidad de inhibir estos delitos, pero habrá que considerar las ventajas que puede tener para el niño este largo camino.

Denunciar puede simbolizar ante los ojos del niño la protección de adultos significativos. Independientemente del resultado final que se obtenga, transmite el mensaje de que hay adultos que comprenden la gravedad de la situación que está sufriendo y la necesidad de hacer algo para detener el delito. El inicio de la averiguación previa constata que se ha creído al niño y no está solo. Estas acciones pueden propiciar que el niño recupere la voluntad de protegerse: hay autoridades, terapeutas, abogados y adultos acompañantes que le creen y que hacen algo al respecto. Recibir esta protección lo redignifica y constituye un elemento fundamental en su recuperación. El sentido del proceso cumple una función importante para desculpabilizarlo. Para la sociedad y las autoridades es tan clara la completa responsabilidad del adulto que comete una agresión contra una persona menor de edad, que se considera delito y es por ello que existen lugares específicos donde es necesario contarlo

El acompañamiento adecuado hace que el niño se sitúe en un lugar de importancia dentro del proceso: es quien puede dar información sobre lo que pasó. Hacerlo es un medio que está en sus manos para ayudar a que lo que sucedió no se repita. Su participación le muestra sus propias capacidades de autocuidado y una acción concreta que contrarresta el atrapamiento en el silencio y la impotencia. Presentarse a una audiencia permite que el niño sienta que cumplió la parte que le tocaba para evitar nuevas agresiones; le sirve para "dejar" el asunto en manos de los adultos a los que les toca tomar medidas. El contacto con autoridades y otros adultos protectores habilita el trabajo de recuperación de claves de confiabilidad en otros, que le permiten discriminar entre relaciones abusivas y no abusivas. El proceso enseña al niño un camino real de qué hacer cuando alguien hace algo indebido. Cada acción en las diligencias podrá ser connotada en este sentido y, con ello, mostrar al niño recursos sobre los cuales construir la idea de ser valioso, merecedor de cuidado y digno de protección. Le muestra que es capaz de enfrentar algo que fue muy doloroso, por el solo hecho de presentarse a la audiencia, aún cuando no pueda declarar nada.

Cada diligencia presenta barreras específicas a superar, que una vez completadas pasan a formar parte del repertorio de herramientas del niño para afrontar futuras situaciones difíciles. El niño puede incorporar información nueva, que marca una diferencia respecto de la percepción anterior de sí mismo como "niño abusado" y permite construir una identidad de "niño que sabe protegerse". Toda participación aporta, si se utiliza la lente adecuada, elementos para contrarrestar sentimientos de culpa, vergüenza, percepción como persona dañada o sin recursos.

En conclusión, sí vale la pena denunciar porque ello puede tener efectos terapéuticos en la infancia víctima que participa en un proceso de justicia cuando existen preparación y acompañamiento adecuados, que complementan y potencian su recuperación. Además, ayuda a otros niños víctimas a garantizar la no repetición y a toda la sociedad si se hace realidad la justicia para niñas y niños. La Corte tiene la palabra. Participar del proceso de justicia y salir fortalecido de él es lo que deseamos para el niño de éste y todos los casos.

Raquel Pastor es profesora de la Maestría en Trabajo Social de la UNAM.

Analía Castañer es coordinadora de investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia