¡PERO ES SORDO!

01/04/2011

Regresar al Ejército a los cuarteles, recomienda la ONU a Calderón

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO D.F., 31 de marzo (apro).- El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU recomendó al gobierno de Felipe Calderón el regreso a sus cuarteles de militares y marinos y la eliminación de la figura del arraigo de la legislación penal, dos de los pilares en que el gobierno federal ha sostenido la guerra contra el crimen organizado.

Al concluir su visita por México, los integrantes del GTDFI, Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitztky y Osman El Hajjé, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer un balance preliminar de las reuniones sostenidas con organizaciones civiles, familiares y víctimas de desapariciones forzadas, así como con autoridades federales y estatales en la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Guerrero, durante los 13 días en que permanecieron en el país.

Tras un diagnóstico que no incluyó el número de expedientes recibidos durante la gira ni los tipos de autoridades vinculadas a las despariciones forzadas, el GTDFI formuló 34 recomendaciones preliminares al gobierno de Calderón incluida la relativa al retiro de las tropas de las calles.

Al ser cuestionados por la recomendación, los tres integrantes de GTDFI coincidieron en que fue una conclusión derivada del incremento de quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del crecimiento de la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

Resaltaron en su informe que en 2006 el organismo recibió 182 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y en 2008 fueron mil 230, además que de 2006 a 2009 emitió 40 recomendaciones.

Reconocieron que organizaciones civiles han documentado 3 mil desapariciones forzadas de 2006 a la fecha, mientras que la CNDH ha ido incrementando la recepción de quejas, al pasar de cuatro en 2006 a 77 en 2010.

Los especialistas manifestaron su preocupación por la ausencia de “una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”, y más aún porque “pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel de gobierno”.

En conferencia de prensa, los integrantes del GTDFI destacaron que les fue presentada información sobre las desapariciones forzadas del pasado, durante la llamada guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, así como de las ocurridas durante el presente sexenio, en medio de la guerra contra el narcotráfico, y que “en muchas ocasiones son eufemísticamente y popularmente llamados como ‘levantones’”, apuntan en informe.

Consideraron alarmante el grado de impunidad que rodea a las desapariciones forzadas y lo atribuyeron a los siguientes factores: falta de una tipificación uniforme, desdén de ministerios públicos para iniciar investigaciones por este delito; ineficacia de la figura del amparo para combatirlo --toda vez que los jueces exigen que las víctimas ratifiquen la denuncia--, temor de las víctimas y familiares a denunciar.

Los representantes de la ONU también lamentaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en el sexenio de Vicente Fox, no haya arrojado los resultados esperados.

En el caso de las desapariciones de la guerra sucia, los especialistas hicieron otro pliego de recomendaciones al gobierno calderonista:

“Develar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo con la información que obra en poder de la CNDH”; subir a la página web de la PGR el informe de la FEMOSPP sobre desapariciones forzadas, que reconoce la responsabilidad del Estado en ellas; desclasificar los documentos de la SEDENA y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y ponerlos a disposición del Archivo General de la Nación (AGN); disponer de presupuesto para capacitación de personal para exhumar cuerpos e identificar posibles fosas clandestinas, así como crear una base de datos con información de ADN de las familiares de las víctimas.

Para los casos actuales, el GTDFI recomendó la creación de una Ley General sobre las Desapariciones Forzadas ; el retiro de tropas de labores de seguridad pública; fortalecer el registro de detenciones con información actualizada, “eliminar la detención mediante arraigo de la legislación; estandarizar a niveles internacionales la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por Felipe Calderón, seguridad para los defensores y periodistas, entre otros puntos.

Son 285 mil los jóvenes que ni estudian ni trabajan, según un funcionario

KARINA AVILÉS Y LAURA POY
Periódico La Jornada
El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Miguel Ángel Carreón, sostuvo que quienes ni estudian ni trabajan –llamados ninis– no son 7 millones, sino 285 mil, pues para el funcionario no sólo se debe entender por trabajo un medio de remuneración sino de ocupación aunque no se reciba salario alguno.

Así, afirmó que hoy día la juventud tiene más oportunidades que nunca en el gobierno de Felipe Calderón, por lo que esta problemática también obedece a un tema que llamó aspiracional.

Por su parte, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Villa Rivera, afirmó que la solución a los millones de ninis no es enrolarlos al Ejército sino tenerlos en la escuela y darles una formación de calidad, pero también la posibilidad de un empleo digno, acciones que son responsabilidad del Estado mexicano. Por ello, indicó que a partir del próximo ciclo escolar se buscará incrementar en 10 por ciento el número de jóvenes que puedan cursar un posgrado.

Entrevistado por separado, en un acto para lanzar la convocatoria para delegados juveniles ante las Naciones Unidas, realizada en la sede de la cancillería, el titular del Imjuve manifestó que la cifra de ninis basada en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 y realizada por el propio organismo, no es correcta ya que hubo confusión en la metodología.

Dijo que no se consideró en la encuesta que 80 por ciento de las personas que respondieron son mujeres, amas de casa, que realizan una labor en su hogar, por lo que sería un gravísimo error llamarlas improductivas. Carreón señaló que la encuesta “sí decía 7 millones, en efecto, que no estudian ni trabajan, pero realmente son 285 mil los que puedes considerar como jóvenes que no están haciendo nada.

Expresó que el tema se puso de moda porque “se tiene una concepción del trabajo como un empleo remunerado… El término nini se confunde con improductividad, y es lo que no queremos”. Agregó que en junio próximo se dará a conocer la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la cual tiene metodología específica de este asunto para evitar confusiones. Sin embargo, antes de hacerla pública, será analizada en el propio Imjuve.

Tras inaugurar la 12 Feria de Posgrados de Calidad 2011, Villa Rivera señaló que no sólo se enfrentan rezagos en la formación media y superior, pues de los 112 millones de mexicanos, menos de un millón cuenta con estudios de posgrado, mientras que sólo 7 por ciento de la matrícula de estudios superiores está inscrito en un programa de especialización, maestría o doctorado.

Afirmó que el Conacyt puede hacer esfuerzos extraordinarios con la estructura existente del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para incrementar la matrícula. Consideró que es necesario avanzar con mayor velocidad tanto en el crecimiento de espacios educativos para posgrado como en licenciatura, pues alertó que a este paso nos vamos a tardar mucho tiempo en alcanzar una cobertura de al menos 50 por ciento de la población en edad de cursar estudios superiores.

Enfatizó que ante un entorno donde los jóvenes viven una etapa difícil, pueden ser caldo de cultivo para otro tipo de ofertas que no son la educación, pues muchos se van por la cultura del menor esfuerzo.

Continúa la Conagua compra de terrenos en San Salvador Atenco

Ha adquirido mil 600 hectáreas y va por mil más, la misma superficie que se tenía prevista para la terminal
En noviembre reservó información sobre las transacciones por seguridad nacional
JAVIER SALINAS CESÁREO
Periódico La Jornada

Texcoco, Méx., 31 de marzo. El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, informó que la dependencia ha adquirido mil 600 hectáreas de tierras ejidales en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán por 2 mil 600 millones de pesos para desarrollar el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.

Señaló que se comprarán mil hectáreas más, para un total de 2 mil 600, y aclaró que no serán utilizadas para proyectos urbanos o para construir un aeropuerto, como aseguran ejidatarios de Atenco. La idea de la Conagua es garantizar una zona de amortiguamiento en la zona federal con un parque ecológico y contribuir a que haya mayor ordenamiento en el crecimiento urbano.

Entrevistado en el arranque del proyecto de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales en Texcoco, sostuvo que la adquisición de predios fue instrucción del presidente Felipe Calderón. Reconoció que la superficie que se está adquiriendo es la misma que en el sexenio pasado iba a utilizarse para construir un aeropuerto alterno al de la ciudad de México, pero insistió en que ahora será un área de compensación ecológica.

Apuntó que la Conagua ha tenido dificultades para comprar tierras en los ejidos de Tocuila y San Salvador Atenco porque las asambleas se oponen. Estamos esperando. Hemos recibido muchas amenazas, pero nuestra labor ha sido transparente y de acercamiento con los núcleos. No hay esa desconfianza que teníamos, dijo.

–¿Puede asegurar que esas tierras no son para un aeropuerto?

–Absolutamente. Este proyecto va ser ambiental, un parque ecológico. Otras tierras se dedicarán al cultivo para aumentar los ingresos. Va quedar un área de agricultura tecnificada y de compensación ambiental.

Interrogado sobre por qué se reservó por siete años la información detallada de la compra de predios, negó que haya sido así. No está clasificada; se las estoy dando. A quienes no han querido vender no les hemos comprado. Aprovecho para ofertar una muy buena lana por metro cuadrado.

En noviembre pasado La Jornada dio a conocer que la Conagua reservó por siete años información sobre los avances en la compra de hectáreas, los montos, las poligonales y los nombres de los ejidatarios beneficiados, en respuesta a una solicitud presentada al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La dependencia argumentó que, dados los antecedentes de conflictos con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), proporcionar la información implicaba riesgos para la seguridad nacional, pues existe la posibilidad de que al facilitarla se sabotee la política pública encomendada por el señor Presidente a la Conagua.

Entre finales de 2008 y principios de 2009 personal de la Conagua inició la compra de tierras, a un precio que va de 150 a 157 pesos por metro cuadrado, según el ejidatario.

En Atenco, los ejidatarios han rehusado vender sus tierras porque consideran que el gobierno federal busca revivir la construcción de un aeropuerto. El 22 de octubre de 2001 se publicaron 19 decretos para expropiar 5 mil 384 hectáreas en 13 poblados de tales municipios con el fin de edificar el aeropuerto alterno al de la ciudad de México. La oposición de los atenquenses detuvo el proyecto.

Homicidas de Sicilia habrían trabajado en "instituciones públicas": Procurador de Morelos

La redacción
MÉXICO, D.F., 31 de marzo (apro).- El procurador general de Justicia de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, reveló que entre los asesinos de las siete personas, entre ellas un hijo del escritor Javier Sicilia, colaborador de la revista Proceso, hay personal de “instituciones públicas”.

En entrevista, el funcionario se negó a identificar las “instituciones públicas” a las que pertenecen algunos de los asesinos; argumentó que al hacerlo entorpecería las investigaciones. Sin embargo, dio a conocer que ya se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Benítez Vélez dio a conocer también ya se confirmó la identificación de los presuntos homicidas.

El lunes passdo, alrededor de las 7:00 horas, fueron encontrados, a un costado de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el municipio e Temixco, siete personas en el interior de un automóvil: cinco jóvenes y dos adultos, entre ellos una mujer y Juan Francisco Sicilia Ortega, el hijo del poeta y periodista Javier Sicilia.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos en el interior del vehículo.

Hoy, el procurador de Morelos señaló que entre los posibles involucrados estaría personal de instituciones públicas. “Puede haber entre las órdenes de aprehensión, personal que estuvo involucrado en instituciones públicas, no las puedo precisar porque ustedes deben de comprenderme: afectaría el trabajo de la policía y pondría en riesgo también a elementos del Ejército que está también trabajando en el tema.”

Asimismo, informó que por lo menos dos personas, Jesús Chávez Vázquez, empleado de una constructora, y el estudiante de Administración, Juan Francisco Sicilia, no estaban ligados con el crimen organizado.

En un comunicado, la procuraduría detalló que sólo cinco de las víctimas del multihomicidio en el fraccionamiento Las Brisas se conocían entre sí.

Informó que de acuerdo con familiares de las víctimas, los hermanos Julio y Luis Antonio Romero Jaimes, el tío de ellos, Álvaro Jaimes Avelar, así como Gabriel Alejo Cadena y María del Socorro Estrada Hernández “se conocen, convivían y compartían en diferentes actividades… No así las personas que corresponden a los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega y Jesús Chávez Vázquez”.