AMORES PERROS

Elba Esther y los panistas

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Para los panistas, la relación con Elba Esther Gordillo es incómoda. Cada vez que pueden hablar mal de ella en público lo hacen, pero buscan sus favores en privado. La consideran indigna y corrupta, pero no dudan en pactar con ella. Es malo que la maestra les haga caso, pero peor que los ignore.

Los cables de la embajada de Estados Unidos en México filtrados por Wikileaks y divulgados por La Jornada corroboran este patrón de conducta blanquiazul. En 2006, Germán Martínez, diputado de Acción Nacional, le informó al ex embajador Antonhy Garza que su partido no está trabajando con Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, porque ella quería mucho a cambio del apoyo del sindicato.

Germán Martínez afirma eso a pesar de que el 21 de marzo de 2006 los dirigentes del sindicato se reunieron con el candidato a la presidencia Felipe Calderón. Soy de las que creen que no basta con la alternancia, hace falta la transición, esperamos ganar y esperamos así sea, dijo allí Elba Esther. El futuro mandatario respondió: Soy Felipe Calderón, próximo presidente de la República, y me apena mucho haber llegado tan tarde que hasta la sopa se enfrió. Y, para que no queden dudas, reviró: Tuve aprecio por mis maestros y estoy dispuesto. Nomás me dan la guía. No hay que enseñarle el padre nuestro al señor cura.

En otro cable facilitado por Wikileaks se da a conocer que Manuel Espino Barrientos, dirigente del Partido Acción Nacional, informó que el precio de Gordillo era demasiado alto (en términos de posiciones en el Congreso y posiciones en el gabinete) y las encuestas mostraban que el Panal atraía menos del uno por ciento del voto. Sin embargo, a la hora de la verdad –cuenta el libro Doña Perpetua– los operadores de Elba Esther acordaron con Juan Camilo Muriño que los gordillistas dividan su voto: para presidente, por Felipe Calderón; para diputados federales, por los candidatos de Nueva Alianza.

Los panistas tienen motivos para renegar de Elba Esther. Nunca les ha gustado la educación pública ni los maestros. Pero, además, en 1986, siendo ella militante distinguida del PRI, organizó el fraude patriótico que impidió la llegada de Francisco Barrio a la gubernatura de Chihuahua. Durante sus primeros años al frente del sindicato de maestros, la profesora Gordillo decía con el PAN, jamás.

Las relaciones entre ambos comenzaron a cambiar al poco tiempo de que ella fue ratificada como secretaria general del SNTE. En la mañana del 1º de marzo de 1992, el comité nacional citó a una reunión en la sala de juntas. Los dirigentes debían presentarse vestidos de traje y corbata. Elba llegó al encuentro en compañía de Diego Fernández de Cevallos. Iba acompañado de Francisco Javier Salazar Sáenz, diputado por San Luis Potosí. Diego dijo: ¡Jamás lo pensé, es como si el diablo se acabara de meter a la iglesia! La mano del presidente Carlos Salinas movió el encuentro.

La amistad entre la maestra y Diego Fernández continúa hoy día, y ha arrojado magníficos dividendos para ambos. Durante los últimos años del gobierno de Salinas de Gortari y el sexenio de Ernesto Zedillo, con la descentralización educativa aterrizando en las entidades, el SNTE se convirtió en una piedra en el zapato para los gobernadores panistas de Guanajuato, Baja California, Jalisco y Chihuahua.

Entre 1994 y 1995 Elba Esther y Francisco Barrio sostuvieron un pulso. Con el pretexto de homolgar salarios, el sindicato presionó al gobierno estatal para obtener posiciones en el sistema educativo estatal. El mandatario advirtió: Nuestra postura es firme, de no otorgar lo que el gobierno no está en condiciones de dar, y denunció que los gordillistas desataron una escalada violenta contra los inspectores escolares provisionales designados por su administración. Finalmente, gracias a la intervención de Fernández de Cevallos, el gobernador y la profesora Gordillo acordaron un armisticio.

Pese a ser distinguida militante tricolor, durante los comicios presidenciales de 2000, la estructura de observación electoral montada por Elba operó en favor de Vicente Fox, incumpliendo un acuerdo de apoyar al candidato del PRI Francisco Labastida. Según contó Noé Rivera a Carmen Aristegui en una entrevista en radio, la maestra le explicó la causa de esta maniobra: “es que, ‘hijo’, voy a ser libre, ya no voy a depender de estos canijos ni voy a sujetarme a sus disposiciones, y lo que estaba en riesgo si ganaban era mi seguridad personal, la seguridad de mis intereses y la seguridad de todos ustedes”.

Escasos días después de haberse mudado su residencia a Los Pinos, Vicente Fox asistió a Chihuahua a inaugurar el cuarto congreso nacional extraordinario del SNTE. Allí el presidente tomó la palabra entre expresiones de descontento para ratificar su compromiso de buscar mejores condiciones de trabajo y mayor remuneración como merecen cada uno de los maestros y maestras de México. De inmediato un coro de voces le recordó el lema de su campaña electoral:

¡Hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, gritaron los delegados institucionales.

–Hoy sí está difícil –les reviró el mandatario.

Durante el sexenio de Fox, Elba Esther y Los Pinos establecieron multitud de compromisos, en los que la maestra buscó convertirse en la vía para construir un gran acuerdo entre el PRI y la administración en turno. Esa ruta siguió tanto el camino educativo como el legislativo. Hasta antes de su expulsión de su partido, la profesora Gordillo fue la principal operadora del acercamiento del PRI al gobierno de Fox. Para justificarlo declaró sin ambages: ¡Primero es México y después el PRI!

Felipe Calderón siguió transitando este mismo camino. Durante su campaña presidencial declaró: Aunque reconozco que es difícil, no quiero descartar la posibilidad de integrar, no dentro del PAN quizá, sino dentro de esa coalición que lleve al triunfo al PAN, las preocupaciones de los maestros y de quienes los representan. Al triunfo, la coalición electoral se convirtió en un pacto de gobierno.

Cuando en 1995 el panista Alberto Cárdenas Jiménez ganó las elecciones de Jalisco, dijo que el SNTE es un monopolio que lastima y atenta contra la dignidad de las personas. Desde Los Pinos, sus correligionarios han ignorado sistemáticamente sus palabras.

La paciencia se agota

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 11 de abril.- Las marchas multitudinarias del miércoles 6 en solidaridad con Javier Sicilia demuestran que se empieza a agotar la paciencia de los mexicanos. Una franja cada vez más amplia de ciudadanos ya no está dispuesta a esperar que la situación de inseguridad continúe empeorando. Los mexicanos queremos resultados ahora y no vemos ninguna señal de que estemos siquiera caminando en el sentido correcto.

Algo similar ocurrió ya hace 20 años y desencadenó el proceso político y social que terminó por expulsar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. A partir de la crisis de la deuda y el desplome económico a nivel internacional, a mediados de los años ochenta el gobierno implementó varias medidas de “ajuste estructural” que iniciaron el cambio hacia el neoliberalismo económico que todavía hoy padecemos.

En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid sostenía que las medidas eran temporales, necesarias para salir de la crisis en el corto plazo y generar condiciones para la prosperidad futura. La esperanza pareció materializarse a mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando algunos indicadores económicos empezaron a repuntar. Salinas incluso llegó a declarar que México estaba listo a dar el paso para formar parte del “primer mundo”.

Pero la fantasía cayó como un castillo de naipes a finales de 1994, cuando la crisis económica y financiera reveló que el éxito económico de Salinas era una gran falacia. En lugar de fortalecer los cimientos de la economía, Salinas se dedicó a repartir jugosos contratos, concesiones y privatizaciones entre sus amigos. Esto fue posible debido al sistema sumamente autoritario y opaco de la época.

El pueblo entonces se dio cuenta de que la única forma para atender los problemas económicos de fondo era a través de una clara acción política a favor de la democracia, la transparencia y la honestidad. Así llegamos a la tenue transición hacia la vulnerable democracia que vivimos actualmente.

Hoy, la raíz profunda de la crisis en materia de seguridad pública es la misma que de la crisis económica de 1994: autoritarismo, opacidad y corrupción. Solamente una acción en estos terrenos implicaría una respuesta efectiva al creciente repudio y movilización social.

Calderón inauguró la anticonstitucional estrategia suicida de enviar las fuerzas militares a la calle porque pensó que así podría reconstruir su dañada legitimidad después de las elecciones de 2006. Esta fallida estrategia ha podido ser sostenida a lo largo de su sexenio porque no existen canales para una rendición de cuentas auténtica entre el Poder Ejecutivo y la población. En lugar de ir modificando sus acciones y políticas de acuerdo con el sentir y las demandas sociales, Calderón ha preferido recibir órdenes y directrices del gobierno de los Estados Unidos. La consecuencia es la “guerra” actual, que pareciera dirigida más al exterminio de nuestra juventud que a combatir el narcotráfico (ver mi artículo sobre el tema: http://bit.ly/g8cPDB).

En su última visita a Estados Unidos, Calderón presumió que él era como un “médico joven”, inteligente y bien entrenado, y el pueblo mexicano un paciente ignorante y enfermo que se queja de los tratamientos del doctor sin percatarse de que la “radiación y quimio” necesarias para “extirpar el tumor” del narcotráfico le van a servir a largo plazo. Esta miope lógica autoritaria constituye precisamente el problema de fondo con la estrategia del presidente.

La falta de una verdadera participación democrática es lo que también explica el fracaso en los esfuerzos de combate a la corrupción, lavado de dinero y profesionalización de los cuerpos policiacos y ministerios públicos. Encerrado en su “cuartel de guerra”, Calderón pierde las grandes ventajas que una activa participación y vigilancia social podrían generarle. Su captura por los intereses de los grandes bancos y las empresas monopólicas del país no le permiten margen de maniobra alguno para ejercer un verdadero control sobre los flujos financieros del país. Su subordinación a las tradicionales redes políticas clientelares y corporativistas le atan las manos para poder exigir e implementar una verdadera reforma institucional en materia de seguridad pública.

Las respuestas mediáticas a la movilización social, como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, de Iniciativa México, o programas como El Grecco de Televisa, que glorifican la labor policiaca, evidentemente no servirán absolutamente de nada. Tales comedias solamente buscan dar la apariencia de una mejora en la materia y continuar engañando a la población.

La ampliación de una estrategia de “mano dura” hacia la población tampoco será la solución. Cuatro años de una “guerra” fallida nos han enseñado que cuando el gobierno se rebaja al nivel de los criminales se genera un caos generalizado donde los más beneficiados son los mismos delincuentes.

Para resolver el problema de raíz hacen falta acciones concretas en materia de democracia y rendición de cuentas. Por ejemplo: el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum, la verdadera democratización de los medios electrónicos de comunicación, el envío de los militares a sus cuarteles y hacerles rendir cuentas ante tribunales civiles, la plena autonomía y limpieza profunda de la Procuraduría General de la República, el establecimiento de nuevos organismos o comisiones independientes para combatir la corrupción, y la más amplia apertura en la investigación de los delitos y los juicios penales.

Modificaciones como estas podrían generar las condiciones para implementar el giro radical en la estrategia de combate al crimen organizado que tanto hace falta: urge enfocar nuestros recursos escasos en materia de seguridad pública para la persecución de los delitos que más daño le causan a los mexicanos, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas, en lugar de seguir subordinado al mandato de Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a combatir el tránsito de drogas hacia los millones de personas que las consumen libremente en su país. Habría que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Razonando la idea de Javier Sicilia

MARCO RASCÓN

El punto es cómo podría pararse la espiral de la violencia.

Dirigirse a los criminales, exigiéndoles un código de respeto hacia los ciudadanos, pareciera ir contra la lógica misma de la escalada de violencia, pues el terror se funda en su irracionalidad para ser efectivo.

El uso de la palabra pacto se hace complejo entre la confusión y el agotamiento de los fundamentos de esta guerra que se hizo supuestamente para defender a los ciudadanos; que lleva cerca de 40 mil muertos; que no tiene fondo y ha significado el más escandaloso proceso de violación de derechos humanos y garantías individuales, proceso de militarización ascendente y una deformación del gasto gubernamental.

El asesinato del hijo de Javier Sicilia marca un punto de inflexión y un aspecto nuevo de movilización contra la violencia, pues muchos de los asistentes opinaron que, aunque no eran comparables con las movilizaciones que convocan partidos y candidatos, fueron marchas cualitativamente distintas a las del sistema clientelar que caracteriza el comportamiento electoral mexicano, basado en la utilización del presupuesto y en sobreponer los derechos de los partidos a los de los ciudadanos.

En estas movilizaciones, marcadas por la indignación, la solidaridad y el hartazgo, se pusieron en jaque muchas cosas, como la naturaleza misma de la guerra y si todos los muertos ejecutados son criminales, por la forma de morir.

Se dice, teóricamente, que el Estado tiene la facultad del uso de la violencia legal contra quienes ponen en riesgo la seguridad general y la estabilidad. Sin embargo, pareciera que desde su inicio el gobierno se hubiera propuesto eliminar 50 mil delincuentes (es un supuesto), pues si para los ciudadanos los 37 mil que han ocurrido han generado un clima de terror, para el gobierno de Felipe Calderón y sus mandos el número de muertos es la prueba de que van ganando la guerra.

En el ínterin de estos cuatro años se cruzó el nuevo papel que México juega hoy, como paso de la migración del sur hacia el norte, exactamente en el sentido y las rutas por donde se mueve la droga hacia Estados Unidos. En sentido inverso, esas mismas rutas se convirtieron en los canales para el tráfico de armas, ligado a la esencia del militarismo estadunidense que nos ve como clientes de sus armas, más que como víctimas de la violencia o como un peligro para su seguridad interna.

Antes de la guerra, hubo reformas al sistema judicial, desde 1996, que crearon figuras como la de los arraigados, que suman miles en esa condición de limbo jurídico; los testigos protegidos, los infiltrados y los cuerpos de élite. En ese proceso, la propaganda oficial nos anuncia policías nuevos, con uso de alta tecnología y, por otra parte, llegan las noticias constantes de policías involucrados con las bandas criminales y delitos como el secuestro, el robo y el tráfico. La seguridad que ofrece el gobierno se basa en haber involucrado al Ejército Mexicano en las tareas policiales, así como la colocación de militares en cuerpos de seguridad pública civil.

Pareciera que, así como una mano invisible mueve los mercados y las leyes de la oferta y la demanda, otra mano sin rostro elimina diariamente a decenas de delincuentes, calificados así por su forma de morir y que, según las versiones oficiales, fueron víctimas de otros delincuentes a manera de justificación y absolución de facto. ¿Podría el sistema judicial haber procesado y encarcelado a los 37 mil ejecutados?

Cuando Javier Sicilia plantea un pacto pone en duda esta lógica impuesta por el gobierno, que ha tenido como virtud para ellos generar apatía y desmovilización social. Esta lógica fue construyendo a los nuevos interlocutores de la seguridad ciudadana, que se han incorporado a la clase política con un perfil crítico, pero que ya son parte de la versión oficial. Es claro que frente al reto que tiró Alejandro Martí, pidiéndoles que si no podían renunciaran, no han podido, pero tampoco han renunciado ¿Por qué? Simplemente porque el número de muertos es la prueba que presentan de que sí han podido desde su lógica y que van por más, aunque esto constituya una violación gigantesca a la legalidad y los derechos humanos.

Bajo estos objetivos surgieron desde los cuerpos de seguridad del gobierno y del Estado, el paramilitarismo y la ejecución como método de limpieza. El procedimiento convirtió a muchos oficiales y policías en ejecutores, en criminales con patente de corso en tareas de limpieza, pero esa espiral ha creado situaciones fuera de control y códigos de protección entre fuerzas gubernamentales. Un efecto de esta espiral es que hoy existe un alto porcentaje de ciudadanos que, sin valorar las implicaciones, avalan la política de ejecuciones extrajudiciales, confundiendo la impartición de justicia con el método de venganza. A los que han actuado y pensado así –se interpreta– Javier Sicilia los convoca a reflexionar y pactar.

Más cosas se sabrán con el tiempo, como en todas las guerras sucias. El problema es cuando la lucha contra el terror desde el gobierno genera más terror.