DESAPARICONES, OBRA DE POLICIA MUNICIPAL

05/04/2011

Exige HRW investigar a Leyzaola por cuatro desapariciones en Juárez

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F., 4 de abril (apro).- Human Rights Watch (HRW) condenó la desaparición forzada de cuatro personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de policías municipales que están bajo las órdenes de secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, acusado por tortura en Tijuana Baja, California.

José Miguel Vivanco, director del organismo, exigió “una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones que pesan sobre el llamado “superpolicía”por el presunto delito de tortura cometidas entre 2009 y 2010, cuando desempeñaba el mismo cargo en la fronteriza ciudad de Tijuana.

A 48 horas de concluir la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), el activista internacional llamó a las autoridades federales a investigar las denuncia de la desaparición de los civiles Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22 años de edad, quienes fueron detenidos el 26 de marzo por policía municipales de Ciudad Juárez y desde entonces se encuentran desaparecidos.

Vivanco resalto que ante “los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre” de las autoridades locales, los agentes del Ministerio Público federal deberían asumir las indagatorias, más aún cuando “está en juego la vida de estos cuatro hombres”.

En un comunicado, HRW citó la versión dada a conoce por la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CDHC), en la que, según cinco testigos aseguran que los cuatro civiles fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta pick up; además, proporcionaron los números de las patrullas de los policías municipales que los arrestaron; dos de éstas, corresponden a los guardaespaldas de Leyzaola.

El organismo defensor de los derechos humanos destacó que, el 27 de marzo, el vehículo de los civiles fue encontrado sin placas de circulación y con las llaves adentro, a varios kilómetros del sitio de detención.

Según la queja de la CDHC, familiares de los desaparecidos acudieron a las delegaciones de las diferentes corporaciones policíacas, municipales, estatales y federales, para averiguar sobre su paradero. Arminda Vázquez, hermana de uno de los detenidos por los policías, acudió el 27 de marzo a la Agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por desaparición forzada pero fue hasta el día siguiente que el personal de la dependencia tomó su querella, asignándole el número 8/77/11, apuntó HRW.

En el comunicado, la organización internacional destacó que a pesar de que la CDHC proporcionó a los agentes ministeriales la información de las patrullas que detuvieron a los civiles, éstos no han sido interrogados.

La tardanza para dar con el paradero de los civiles, añadió, es incompatible con las indicaciones del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Munguía, quien ordenó una investigación interna, así como con el reconocimiento de la Fiscalía General del estado de que investiga el “caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía”.

A pesar de los indicios, resaltó, “el departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero”.

Tras recordar que en septiembre de 2010, HRW envió una carta al presidente Felipe Calderón en el que informaba sobre las denuncias de tortura contra Julián Leyzaola, resaltó que en agosto la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDHBC) emitió una recomendación al alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, en la que se documentan violaciones a derechos humanos cometidos por el entonces secretario de Seguridad Pública contra cuatro civiles.

Ramos rechazó la recomendación, por lo que la PDHBC recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que ratificó las observaciones y envió una recomendación al Congreso de Baja California.

Pese a esos antecedentes, en diciembre de 2010 el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna Millán, nombró a Leyzaola subsecretario de Seguridad Pública estatal, y en marzo el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Munguía, lo llamó a colaborar con él como secretario de Seguridad Pública, bajo el argumento de que Leyzaola es un “hombre que ha dado resultados”.

Para HRW, las “acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general”.

Resaltó que “es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura”, y que su más reciente nombramiento, “transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos”.

EU no veía mal la llegada de López Obrador a Los Pinos

El embajador Garza consideraba que AMLO estaba en camino de construir un gobierno fuerte

Washington tendrá que jugar un papel determinante en sus programas, recomendaba el diplomático

BLANCHE PETRICH



Periódico La Jornada

Martes 5 de abril de 2011, p. 2

La impresión que causó el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en su primer encuentro cara a cara con el embajador de Estados Unidos, Anthony Garza, y sus asesores, el 23 de enero de 2006 –casi al arranque de la campaña electoral–, parecía haber conjurado el temor del gobierno de George W. Bush de estar confrontando a un político que, de llegar a la presidencia, sumaría un gobierno de izquierda más en Latinoamérica. Esta percepción moderada se sintetiza en el título del despacho que los diplomáticos enviaron a Washington: AMLO, Apocalypse not.

Después de conversar extensamente con el candidato de la izquierda sobre cómo sería el papel de México en la arena internacional bajo su mando, el republicano Garza concluye que López Obrador está trabajando y poniendo las piezas en el lugar correcto para construir un gobierno fuerte, según el cable 06MEXICO505, filtrado por Wikileaks. Sin embargo, advierte que para que su gobierno sea efectivo va a necesitar que Estados Unidos juegue un papel determinante en sus programas.

Al día siguiente de este desayuno, los asesores políticos de la embajada invitaron al coordinador de la campaña de AMLO, Jesús Ortega, quien les dio la impresión de no estar al tanto de todos los asuntos importantes relacionados con la agenda lopezobradorista. Ni siquiera tenía idea de que su candidato se había reunido la víspera con el embajador. Después de una extensa plática, los estadunidenses dudan: No sabemos si será un buen contacto para mantener informada a la embajada sobre el curso de la campaña, según el cable 06MEXICO536. Piensan que a la luz de las divisiones dentro del partido, el nombramiento de Ortega como coordinador de campaña fue para aplacar a su fracción.

A raíz del primer encuentro, los estadunidenses califican a López Obrador de modesto, cordial y político experimentado, a pesar de su visión divergente de la del gobierno de George W. Bush.

Esta opinión cambiará sustantivamente en las siguientes semanas, en la medida en que la campaña avanza y las definiciones de AMLO se distinguen claramente del modelo neoliberal que los conservadores estadunidenses defienden como una doctrina inamovible.

Al desayuno AMLO llegó puntual, acompañado por sus asesores José María Pérez Gay y Rogelio Ramírez de la O. Por la contraparte estadunidense estuvieron los consejeros político y económico de la misión y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Así fue como interpretaron sus palabras: AMLO dijo que su diplomacia sería prudente, consistente con los logros internos. Interrogado por Garza sobre su posición frente a Cuba, Venezuela y Bolivia (temas que generalmente López Obrador no aborda en público), el candidato explicó que cada caso es distinto, que no existe una sola izquierda y que no había que olvidar que también Brasil, Argentina y Chile (en ese momento) eran gobiernos de izquierda. Ante la insistencia del embajador de que México, por su tamaño y su economía, tenía que ser fiel de la balanza en la región latinoamericana, López Obrador aclaró que no le interesaba encabezar iniciativas ni sumarse a los bloques regionales, específicamente los bloques anti Estados Unidos o anti Mercosur. Concluyó aclarando que para él no resulta especialmente placentero viajar y que no conocía en persona a Hugo Chávez, a Fidel Castro ni a Evo Morales.

En el tema de la seguridad, Garza señaló de entrada que la próxima administración en México debía dar prioridad al combate al narcotráfico y al terrorismo. López Obrador explicó su estrategia de dos carriles. Primero, una reforma constitucional para otorgar al Ejército más poder y autoridad en la lucha contra los traficantes de drogas porque –dijo, según este reporte– los militares son menos corruptos que las demás agencias de seguridad y pueden ser más efectivos. Esto, añadió, también acotaría la influencia de la PGR, demasiado corrupta, según la redacción del cable.

Segundo, AMLO se proponía una restructuración total del aparato de justicia, consolidando todas las agencias, incluida la policía federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, teniendo como eje a la Secretaría de Gobernación.

Sobre migración, expuso que la mejor forma de contener el flujo de trabajadores hacia el norte era promover el desarrollo de proyectos productivos e infraestructura en gran escala, por parte del sector privado con cooperación estadunidense, especialmente en el sureste, donde se originan las nuevas oleadas de migrantes.

En su comentario final, la embajada estima que si bien AMLO está dando los pasos correctos hacia la conformación de un gobierno fuerte, “va a necesitar que Estados Unidos juegue un papel relevante.

Él cree que crear empleos en México para contener la migración será una rama de olivo para llegar a Estados Unidos a negociar la regularización o amnistía de los mexicanos que ya están ahí.

Los funcionarios de la embajada volvieron a sacar a colación el tema de negociar la legalización de los migrantes indocumentados al día siguiente con Jesús Ortega. “Le explicamos –dice el cable correspondiente– que la inmigración y la regularización son asuntos internos (de Estados Unidos) y no son negociables. Le propusimos que sería mejor que México se centre en controlar su frontera y en utilizar todas las posibilidades de la migración legal. Aparentemente Ortega entendió y se comprometió a debatir el tema con los suyos.”

No transcurre ni un mes cuando ya los consejeros de la embajada estadunidense se empiezan a poner nerviosos por el contenido de la campaña del candidato, que en febrero de 2006 supera por diez puntos a todos sus contrincantes.

Parece que se está inclinando por una retórica populista, advierte un consejero (cable 06MEXICO953) cuando López Obrador descalifica las reformas fiscal y energética del foxismo señalando que son dictadas por los organismos financieros internacionales y de efectos regresivos. El candidato de la izquierda denuncia que la reforma fiscal favorecerá a los grandes evasores y la reforma energética pretende privatizar el sector. “Habrá que ver más adelante –dice el comentario del cable– si éste es el verdadero AMLO o si se trata solamente de una táctica de campaña para consolidar su base popular.”

Al mes del primer y último encuentro AMLO-Garza, otro despacho (06MEXICO680) se aboca a analizar una terna de posibles integrantes del gabinete de AMLO, mencionados por el propio candidato en un programa de televisión. Ninguno de ellos es radical, dicen los analistas de la embajada con relación a Rogelio Ramírez de la O (quienes puede tender puentes con el sector privado, que desconfía del tabasqueño), Juan Ramón de la Fuente y José María Pérez Gay, un crítico consistente del neoliberalismo.

En su cable de marzo (06MEXICO1311) la embajada reconoce que López Obrador tiene un apoyo consolidado del electorado, que el entusiasmo de las multitudes en los mítines no decrece y que lo más probable es que los priístas decepcionados virarán su voto hacia el PRD, no hacia el PAN. La apuesta de EU es que, como comentan algunos informantes, a un ritmo de cinco mítines al día AMLO se quede sin gasolina antes de las elecciones.

Lo que termina por espolear la desconfianza estadunidense fue la iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo que creó el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación. La embajada sigue con atención todas sus intervenciones y opina que Muñoz Ledo logró reunir a los académicos más izquierdistas del PRD y el PRI. Sus propuestas son una receta para el desastre, escriben en el cable 06MEXICO1476. Pero no creemos que AMLO vaya a apoyar las ideas más radicales.

El confiable Ramírez de la O les asegura, en público y en privado, que su candidato conducirá la economía responsablemente. Y en abril (cable 06MEXICO1797), cuando López Obrador declara que el muy respetado –según los estadunidenses– gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz debería renunciar, el mismo Ramírez tranquiliza a sus interlocutores de la embajada y les dice que solamente es retórica de campaña.

En mayo, ya en la recta final de las campañas, la embajada envía a Washington un muy detallado informe sobre los planes de la tercera etapa de la carrera lopezobradorista con datos de informantes del interior de la campaña. El cable 06MEXICO2702 indica que López Obrador abandonará los municipios aislados y pobres, donde se siente cómodo, para embarcarse en actos de mayor calado en los centros urbanos, para tratar de conquistar el voto de la clase media. Frente a lo que reconoce como estrategia exitosa del PAN –la propaganda negra que machacaba diciendo que AMLO era un peligro para México–, los asesores políticos comentan que el tabasqueño jugará el papel de víctima ante sus inescrupulosos opositores, porque es una táctica que le ha funcionado en el pasado, por ejemplo, durante el desafuero. Los informantes del PRD mantienen al tanto al personal de la embajada sobre la rivalidad de Muñoz Ledo y Manuel Camacho Solís, quienes intentaron bombardear la posición del posible futuro canciller Pérez Gay. Pero por el momento su lugar parece seguro, concluyen.

Amigo del gobernador encabeza Instituto Electoral de Colima

Pedro Zamora Briseño

COLIMA, Col., 4 de abril (apro).- Guillermo de Jesús Navarrete, hombre de todas las confianzas del gobernador Mario Anguiano Moreno, fue designado presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuyos integrantes tomaron hoy posesión de sus cargos y a los que llegaron en medio de un controvertido proceso de selección.

En el primer semestre de 2009, Navarrete Zamora participó en la campaña de Anguiano Moreno por el gobierno del estado y, aunque su nombre sonó insistentemente para ocupar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el nuevo mandatario lo nombró director de Readaptación Social estatal, puesto en el que se mantuvo hasta hace unos meses, cuando renunció para ser designado consejero del IEE por el Congreso local.

Además del nombramiento de Navarrete como titular del organismo electoral, en su primera sesión los consejeros eligieron como secretaria ejecutiva del Consejo General a Ana Carmen González Pimentel, cuñada del fallecido exgobernador Silverio Cavazos Ceballos.

Junto con Guillermo de Jesús Navarrete y Ana Carmen González, forman parte del Consejo General del IEE los consejeros Lorena Patricia Morán Gallardo, Salvador Ochoa Romero, Edgar Horacio Badillo Medina, Amador Ruiz Torres y Felipe Vázquez Rueda.

Su nombramiento se produjo después de la anulación del decreto legislativo 215, del 30 de octubre de 2010, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que este organismo consideró que en ese primer proceso de selección no se observaron los principios y criterios correspondientes para que todos los ciudadanos participaran en las mismas condiciones en el proceso de designación de consejeros.

La decisión del TEPJF se tomó como resultado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del juicio de revisión constitucional electoral promovidos en noviembre pasado por varios ciudadanos, así como por los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Luego de recibir la orden de reponer el procedimiento, el Congreso local emitió una convocatoria abierta para que se inscribieran los ciudadanos interesados en participar en el proceso.

Sin embargo, con los votos de la bancada priista, junto con los de Nueva Alianza (Panal) y el Partido del Trabajo (PT), fueron nombrados los nuevos consejeros, de los que cuatro ya figuraban en la selección anterior, entre ellos Navarrete Zamora y González Pimentel.

A la toma de protesta de los consejeros, realizada el domingo 3, no acudieron los miembros de la fracción del PAN, cuyo partido impugnó el nuevo proceso de selección, con el argumento de que se incumplió la sentencia del TEPJF.

Otra impugnación contra la elección del Consejo del IEE fue interpuesta por la expresidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quien aspiraba a ser consejera del organismo.

Ruiz Visfocri consideró que la convocatoria del Congreso no cumplió los requisitos establecidos por la Sala Superior del TEPJF ni se garantizaron plenamente los principios rectores en materia electoral, pues no se expusieron los procedimientos ni criterios de evaluación de los ciudadanos inscritos.

Así mismo, cuestionó el hecho de que la convocatoria haya obligado a los aspirantes a elegir una fracción parlamentaria para que fuera turnada su solicitud y posible propuesta ante el pleno.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Francisco Rodríguez García, anunció hoy que su partido se sumará a las impugnaciones del nombramiento de los consejeros electorales, luego de considerar que la integración actual favorece únicamente al Revolucionario Institucional.

Desdeña el gobierno cifras de ONU y CNDH sobre desapariciones forzadas

CIRO PÉREZ SILVA
Con información de Octavio Vélez Ascencio, corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de abril de 2011, p. 14

La Secretaría de Gobernación (SG) admitió que pudieran estarse dando casos de desapariciones forzadas, aunque no en el número que sugieren el informe preliminar de un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora Castro, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, advirtieron que deben identificarse los casos que sucedieron antes de la transición y esperar el informe definitivo, que se presentará en el seno de la ONU en marzo de 2012.

En conferencia de prensa conjunta, Zamora Castro insistió en que sería una irresponsabilidad dejar a los mexicanos a merced de los grupos criminales, por lo que el Ejército y el Estado mexicano van a continuar con los esfuerzos por una seguridad auténtica, aunque la lucha debe darse en todo momento dentro del marco de la ley.

Sobre el asesinato en Cuernavaca, Morelos, de Juan Francisco Sicilia y varias personas más, el funcionario de la SG dijo que todos los casos deben ser investigados.

Ambos funcionarios se refirieron a la reciente presentación del informe preliminar del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que rebasarían 3 mil, y al reporte de la CNDH sobre 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, además de que la comisión señaló que 8 mil 898 cuerpos no fueron identificados o las causas de muerte no se aclararon. Las cifras fueron desestimadas por los subsecretarios.

De acuerdo con Zamora Castro –quien dijo no tener comentario sobre el tema de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR)–, la CNDH sólo tiene registradas 283 denuncias relativas a desapariciones, 124 ocurridas en 2010. Agregó que los delegados de la ONU recogieron además denuncias de organizaciones civiles, casos que pudieran estar vinculados, dijo, con secuestros –en los que no intervienen autoridades– o simples desapariciones no forzadas, por lo que es necesario mejorar la tipificación del delito de desaparición forzada para contar con cifras precisas sobre una situación que pudiera estar ocurriendo.

Gómez Robledo expresó que en primer término se debe distinguir cuántas de estas situaciones graves se dieron antes de 2006, además de subrayar que la ONU no ha emitido un informe definitivo, que el gobierno mexicano tiene poco más de un mes para responder a las interrogantes de los delegados y que en muchos casos ya hay algún avance en las indagatorias correspondientes.

En la capital de Oaxaca, el gobernador Gabino Cué Monteagudo aceptó la recomendación 01/2009, emitida por la CNDH sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del EPR, ocurrida el 25 mayo de 2007 en esa ciudad.

Al firmar con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, el convenio para crear la Red de Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado de Oaxaca, el mandatario estatal dijo que pedirá formalmente a ese organismo que proporcione la información necesaria para que su administración coadyuve con la Procuraduría General de la República en el esclarecimiento de los hechos.