EL FRUTO DE LA CONTINUIDAD PRI PAN

San Fernando

PEDRO MIGUEL

El estado de derecho ya estaba roto desde antes, porque el sindicato petrolero, sin poseer atribuciones legales, era el poder real: ponía y quitaba presidentes municipales, diputados y senadores, llevaba la política social, orientaba la economía local, hacía y deshacía. El clan Salinas llevó las cosas más lejos: liquidó el imperio de La Quina y se hizo con el control de la plaza. En medio de sus disputas internas (pero inocultables), los priístas han mantenido el mando político en Tamaulipas y en todas las otras entidades de la ribera del Golfo. Tanto o más que el estado de México, la franja curva que forman Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche ha sido bastión del PRI a prueba de concertacesiones, alternancias y abiertas derrotas electorales, y desde la presidencia o desde el cogobierno los tricolores han puesto en juego todos sus recursos tradicionales para impedir la pérdida de un eslabón de esa cadena territorial, que es, coincidencia o no, una de las rutas tradicionales del tráfico de drogas y de seres humanos hacia territorio estadunidense.

Vista en la perspectiva de una década, la alternancia presidencial de 2000 puede entenderse como una derrota del PRI, pero también como una expansión de los recursos humanos del régimen oligárquico. Muchos panistas se incorporaron a la administración pública federal y muchos priístas se quedaron en ella, con o sin renuncia formal a su afiliación partidaria. Albiazules de viejo cuño y tricolores empanizados se incorporaron, desde el ámbito federal, al manejo de los asuntos del Golfo, los cuales, a nivel de las entidades, siguieron en manos de priístas de diversas corrientes.

Tamaulipas se ha ido deslizando a la ilegalidad en forma sostenida y pública, al menos desde el sexenio de Américo Villarreal Guerra (1987-1993) y durante los siguientes: el de Cavazos Lerma, el de Yarrington y el de Eugenio Hernández. Pero ese proceso ha tenido lugar, cómo eludir el dato, bajo las presidencias de Salinas, Zedillo y Fox, quien inauguró, precisamente en el norte de Tamaulipas, en junio de 2005, los despliegues policiaco-militares inútiles contra la delincuencia y lesivos para la seguridad de la población. Calderón los volvió modus vivendi en ése y otros estados, con la activa colaboración de las autoridades locales, y el control territorial siguió fugándose de los mandos políticos formales hacia los bandos que tienen, junto con el poder de fuego decisivo, la última palabra.

Todo esto desemboca en las masacres de San Fernando y en tiraderos de cadáveres a los que se ha llamado, de manera equívoca, narcofosas. No lo son. Son testimonio, en cambio, de operativos genocidas en una guerra con muchos participantes armados y un enemigo evidente: los civiles, lugareños o fuereños, mexicanos o extranjeros.

El protagonismo de diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos en la descomposición de la seguridad pública mexicana salta a la vista. La operación Rápido y furioso es sólo el aspecto más grosero, pero hay múltiples datos que refieren cómo Washington –por medio de Calderón, en buena medida– ha impulsado la derrota del Estado mexicano ante las corporaciones delictivas. Los más de dos centenares de asesinados en San Fernando aportan una pieza adicional y especialmente horrible para armar ese rompecabezas: Los Zetas, o quienes hayan sido los autores de la atrocidad, operan, objetivamente –y no necesariamente con contrato o pacto de por medio–, como elementos de control migratorio en sintonía con los intereses de Estados Unidos.

Hasta hace unos meses, la trágica y exasperante circunstancia de Ciudad Juárez era el indicio más claro de que esta guerra no va contra la delincuencia organizada en general sino, en primer lugar, contra la población. La hipótesis se fortalece ante las repetidas carnicerías perpetradas en San Fernando. Lo que se ha exhumado allí, además de los muertos inocentes, es el saldo de gobierno de 10 años de Acción Nacional y el de muchos años más del tricolor local. San Fernando simboliza el ineludible proyecto de país de la continuidad panista y del ofertado cambio priísta, sea con los apellidos Peña Nieto o con otros.

Elba Esther y los priístas

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Algo está pasando. El 13 de julio de 2006 Elba Esther Gordillo fue expulsada de las filas del PRI. Fue acusada de incurrir en conductas contrarias a los estatutos de ese instituto político, como apoyar la formación de un partido político antagónico y respaldar a candidatos de otras fuerzas políticas Sin embargo, entre 2010 y 2011 ha retornado triunfalmente a dirigir, así sea por la puerta de atrás, al tricolor.

Apenas hace unos días, Eruviel Ávila, el candidato del PRI a la gubernatura del estado de México no tuvo empacho en reconocerlo. Durante el último día de su precampaña en Metepec dijo: Necesito de la maestra Elba Esther y necesito de los maestros y maestras del estado de México del sector federalizado. En el nombramiento del alcalde de Ecatepec como candidato de su partido, la maestra fue clave.

Hace apenas unos meses, el primero de diciembre de 2010, tomó posesión como gobernador de Veracruz el priísta Javier Duarte. Elba Esther asistió a la ceremonia. Llegó tarde, se sentó cerca de César Duarte, gobernador de Chihuahua, de Beatriz Paredes y de Enrique Peña Nieto, su amigo y aliado. Al terminar la ceremonia, el nuevo mandatario jarocho saludó de beso a la maestra.

Tanto amor fue generosamente recompensado. A pesar de que el Partido Nueva Alianza (Panal) no apoyó al PRI en la entidad y que, por el contrario, se la jugó a fondo con su amigo Miguel Ángel Yunes y el PAN, el partido de Elba Esther obtuvo posiciones dentro del nuevo gobierno.

Los vientos están cambiando. En 2007 Jorge Hank Rhon, alcalde Tijuana, fue postulado por el Revolucionario Institucional como candidato a la gubernatura de Baja California. No obstante que es enemigo jurado de Gordillo, ella hizo de la campaña electoral en la entidad un campo de batalla. El 2 de agosto, la profesora se reunió en Tijuana con 800 maestros traídos de diversos estados del país para afinar la operación electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Panal, en apoyo al candidato de Acción Nacional. Su línea fue impedir que los rojos (PRI) ganaran la elección.

“Los rojos –dijo Gordillo a sus operadores electorales– representan la delincuencia y la corrupción. Y aunque los azules son soberbios y prepotentes, en esta ocasión Nueva Alianza aún no tiene la fuerza para contender sola y ganar la elección. Por eso vamos en alianza con los azules (...) No somos panistas porque no somos conservadores, pero estamos en una coyuntura especial”. El PAN triunfó en los comicios.

A finales de 2010, el profesor Humberto Moreira, entonces mandatario de Coahuila y futuro dirigente nacional tricolor, afirmó durante su quinto informe de labores: Todos somos amigos de la maestra Elba Esther. Es amiga del Presidente, de gobernadores, del magisterio, de muchos miembros del gabinete y hasta de Marcelo Ebrard. Aseguró que ella es la dirigente de la organización sindical a la que yo también pertenezco. Hoy, Moreira, pieza política de Elba Esther desde siempre, está al frente del tricolor.

Por supuesto, la maestra niega que vaya a regresar al PRI. Entrevistada por Leo Zuckerman sobre su posible retorno, respondió: “No, no, no, nunca. Yo no me fui, yo no hice nada malo; yo sabía de algunas gentes que habían tenido conductas verdaderamente penosas. Yo lo que hice fue escribir, hablar, luchar por que el PRI se renovara, por que el PRI cambiara, y no está en mi agenda de vida personal volver al PRI. Ahora, no puedo obligar a los maestros que son priístas a que dejen de ser priístas…”

Pero, la verdad, ni falta le hace retornar formalmente al partido si es capaz de manejarlo desde afuera. Hoy tiene una libertad y una capacidad de maniobra privilegiadas.

Durante los comicios de 2010, el Panal se alió con el PRI en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Sinaloa. Salvo en esta última entidad, ganó en todas. En Oaxaca y Veracruz, su partido perdió las elecciones, pero ganó posiciones en el gobierno. Colaboradores de Elba Esther se integraron a los gabinetes. Por si fuera poco, el Panal obtuvo el año pasado 39 diputados en los 15 estados que renovaron su Congreso local. En coalición, 337 presidentes municipales ganaron los comicios. Pero, más allá de los resultados electorales, su influencia en multitud de gobiernos priístas es incuestionable. Personeros suyos ocupan puestos claves en los gabinetes tricolores.

Aliada al PAN durante los dos sexenios, la maestra ha pactado ya con Enrique Peña Nieto. Así las cosas, la coalición PRI-Panal-Partido Verde rumbo a 2102 camina sobre ruedas.

Elba Esther ha forjado un círculo virtuoso: el control del SNTE le facilita el acceso a múltiples recursos y relaciones, y éstos le han permitido formar una red mediante la cual ha penetrado en diferentes ámbitos de la vida política del país, convirtiéndose en una figura con peso propio.

Es una espiral. El control del gremio le facilita acumular poder y dinero, que a su vez le permite mantener el control gremial. Su fuerza le abre la puerta para obtener recursos del Estado al margen de las negociaciones laborales. Sus alianzas no distinguen entre PRI y PAN. Sus relaciones le permiten que su gente clave se coloque en posiciones estratégicas.

Elba Esther ha tejido una compleja red con otros partidos políticos que, sin el menor empacho, postulan candidatos escogidos por ella. Es el caso de Luis Maldonado, dirigente de Convergencia y personaje muy cercano a Esteban Moctezuma –una de las debilidades de la dirigente sindical–, quien ocupa la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, gracias a ella. Recientemente, en un torneo de halagos mutuos la maestra le reconoció a Maldonado su capacidad para conciliar los problemas entre los maestros cuando trabajó en la Secretaría de Educación Pública federal. Él respondió que la consideraba una mujer excepcional y una mexicana comprometida. Ha participado activamente en los procesos de transformación más relevantes de las últimas décadas, dijo.

De cara a las elecciones federales de 2012, Elba Esther Gordillo se apresta a abandonar el buque panista, a punto de naufragar. Apuesta por Enrique Peña Nieto. Formalmente ya tiene al PRI en sus manos. Falta ver si, antes de los comicios, desde Los Pinos deciden pasarle la factura.

Lujambio, Peñanietito de Calderón

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 18 de abril (apro).- Felipe Calderón ya perfiló a su verdadero candidato presidencial: Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública.

En contraste con los anodinos secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Desarrollo Social, Heriberto Félix, Lujambio ha desplegado un inusitado protagonismo político como funcionario federal en días y horario laboral, pero también por las mañanas, noches y fines de semana entre los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en todo el país.

Este activismo no lo hace Lujambio sin la venia de Calderón, un tipo tan obsesionado por el control de sus subordinados que suele convertirlos en vasallos.

Si Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal hace giras por todo el país como secretario y se placea con los panistas es porque Calderón así se lo ha instruido.

Si el secretario de Educación confronta al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, es porque tiene el aval de Calderón.

Si el panista Lujambio reta al gobernador Enrique Peña Nieto, el más firme prospecto presidencial del PRI, quiere decir que ya lo ha platicado con su “jefe político”, el que lo ha encumbrado en la alta burocracia.

Ante Cordero, su amigo tecnócrata, y Félix, su inquilino, que no han sido capaces de crecer ni siquiera para contender internamente ante Josefina Vázquez Mota, la mustia coordinadora de los diputados, y el senador Santiago Creel, con más de una década en campaña, Calderón ha visto en Lujambio cualidades para tratar de que el PAN retenga la Presidencia de la República en 2012.

Ambos comparten varias cosas: Son de la misma edad, 49 años, estudiaron en colegios privados y sus respectivos padres, Sergio Lujambio Rafols y Luis Calderón Vega, fueron prominentes militantes del PAN, partido al que los dos renunciaron --en 1979 y 1980-- cuando advirtieron el inicio de la degradación partidaria.

En la era del PAN sin ética ni escrúpulos, ni siquiera apego a la ley --una divisa que siempre defendió ese partido--, Calderón ha sido el impulsor de Lujambio: Primero como consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), luego como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y ahora, titular de la SEP.

A diferencia de sus compañeros panistas, Lujambio tiene gusto por la lectura y está dotado de buena pluma, tiene reputación de no robarse el dinero público y es tan bien parecido que el panista Gerardo Priego lo definió como “nuestro Peñanietito”.

Así, si Lujambio se dice listo para ser no sólo candidato sino presidente, como lo declara en la entrevista con Proceso, para el fascículo especial que sobre él está en circulación en este mes de abril, es porque hay un entendimiento con su jefe, quien, además, ha puesto a su disposición el equipo político que le es afín.

Se trata de la facción felipista --no “elitista” como erróneamente se interpretó el término-- que encabeza la triada formada por Germán Martínez, expresidente del PAN; Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón; y Patricia Flores, la exjefa de la Oficina de la Presidencia, que sigue manteniendo una notable influencia en el gobierno.

Pero esa, que podría parecer una ventaja, es lo que opera en contra de Lujambio: Con el sello de Calderón en la frente, incapaz de poner distancia con una crítica al gobierno que ya no dio para más, no se ve cómo pueda salir avante si resulta ser, como se perfila, el candidato presidencial del PAN.

Lo que todo indica es que Lujambio es, por lo visto, el Peñanietito de Calderón, cada vez más iracundo –y peligroso-- por su propia incompetencia…

Apuntes

Después de que sus compañeros magistrados no encontraron razón legal para pedirle que se excuse de participar en el juicio contra Enrique Peña Nieto por violar la Constitución y la ley, como lo resolvió el IFE --y ella no fue capaz de hacerlo, por ética--, María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perfila la declaración de inocencia del gobernador y “limpiarle” el camino hacia la candidatura a la Presidencia de la República.