EL PRI DE LOS PATRONES

Reforma priísta: flexibilidad política y salarial a empresarios

No sólo pretende evitar huelgas indefinidas, sino que haya menos, reconoce el tricolor

Terminará la solidaridad sindical con otros gremios y se aplicará el pago por hora, señala

ENRIQUE MÉNDEZ

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2011, p. 5

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados reconoció que su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no sólo pretende evitar las huelgas indefinidas, sino que haya menos, así como prohibir que los sindicatos convoquen a paros en solidaridad con otros, e incluso aplicarles responsabilidades cuando las autoridades laborales declaren la inexistencia de un paro de labores.

Lo anterior forma parte de los tres puntos centrales de la iniciativa priísta para conceder a los empresarios flexibilidad numérica, salarial y política, que facilita a los empleadores el despido y la reducción de los sueldos, al ajustar el número de trabajadores y sus ingresos a las condiciones del mercado del producto.

Además, cambiar el escalafón ciego a uno por capacidad, reducir la jornada laboral, eludir el concepto de salario remunerador y aplicar el modelo de pago de sueldos en función de la productividad y condiciones económicas de cada empresa, así como aplicar el salario por hora.

Contratos temporales

En el documento Flexibilidad y justicia laboral en México, que circuló a sus compañeros el diputado Carlos Flores Rico, vicecoordinador de política social de la bancada priísta, se señala que la reforma pretende también constituir un sindicalismo apolítico para deslindar su relación con los partidos, aun cuando la cúpula del Congreso del Trabajo (CT) está sectorizada al Revolucionario Institucional.

El legislador priísta también admite que se busca reglamentar la prueba del recuento de una votación de huelga, al incluir el voto libre y secreto de los trabajadores, que deberán comprobar su personalidad con su nombre, número de nómina, puesto y antigüedad, de listas que serán proporcionadas por los patrones.

Flores Rico señala que entre los temas polémicos de la propuesta del tricolor está la imposición de contratos temporales, por hora o de jornada reducida; de capacitación sin que implique relación laboral, y racionalizar las causales de rescisión de contrato, e incluso acotar a un año el límite para el pago de salarios caídos.

El texto refiere que si bien el PRI abrió un espacio para recibir las opiniones de sindicatos, expertos y partidos hasta el 18 de mayo, la reforma se aprobará porque la iniciativa del partido tricolor trae los mejores apoyos del ámbito empresarial y sindical.

También justifica que la reforma va porque la Ley Federal del Trabajo tiene 40 años, necesita actualizarse y convertirse en impulso competitivo y amparar a segmentos rezagados, así como ampliar la justicia laboral. No obstante, señala que aprobar un dictamen será complejo, porque hay 100 iniciativas y una cantidad formidable de propuestas de modificación, porque el PAN planteó ajustes en 419 artículos, el PRD en 509 y el PRI en 198.

También se ufana de que la iniciativa priísta es de calidad, viable y benéfica, y asegura que es producto de la opinión y colaboración de organizaciones y dirigentes sindicales, empresariales y profesionales del derecho laboral, y de legisladores sensatos y comprometidos con la gente.

Aun así, pondera como benéfico para los trabajadores la aplicación de esquemas de productividad que sólo obligarán a las empresas a otorgar contratos temporales de un mes a sus empleados, comprobar habilidades múltiples y ofrecer empleos por temporadas. Estas modalidades ya habían existido en la legislación laboral (pero) fueron eliminadas de la ley en la reforma realizada en 1970, por haber sido usadas de manera abusiva por patrones que vulneraban el principio de estabilidad en el empleo.

En contraste, indica que la iniciativa priísta otorga supremacía a los contratos por tiempo indeterminado, pero sujetos a un periodo de prueba o de capacitación inicial o de temporada, al término de los cuales el patrón no está obligado a conceder la plaza, y además de improrrogables sólo concederán derechos sociales a los trabajadores en proporción al tiempo que tuvieron el empleo.

Respecto de los salarios caídos, el PRI propuso limitar su pago al equivalente a un año, y con el argumento de hacer eficiente la justicia laboral, si una demanda supera ese periodo, pretende obligar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a pagar el importe salarial excedente, si no resuelve los conflictos antes de 12 meses.

En la evaluación del tricolor, el marco laboral vigente no contribuye a la atracción de inversiones a México, restringe la apertura de nuevas fuentes de trabajo, propicia la exclusión de los trabajadores y abona a las deficiencias de protección a mujeres, discapacitados, menores, jornaleros agrícolas y empleados domésticos.

Violencia contra el magisterio en Puebla; asesinatos y asaltos, denuncia el SNTE

La redacción

PUEBLA, Pue., 18 de abril (apro).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció que al menos 20 maestros de la entidad fueron asaltados en las últimas dos semanas, y tres de ellos murieron a manos de los delincuentes.

De acuerdo con el secretario general de la Sección 51 del SNTE, Eric Lara Martínez, la “seguridad” que se presume en Puebla está en “entredicho”, pues en los últimos días, agregó, se ha desatado una ola delictiva, y los mentores han sido uno los principales blancos de los delincuentes para robarles sus quincenas.

Lara Martínez mencionó el caso del maestro Pablo Roberto Ruiz Domínguez, quien la semana pasada fue asesinado por sujetos desconocidos al salir de un banco en Izúcar de Matamoros, de donde había retirado 50 mil pesos para pagar la quincena a docentes de la escuela de San José Las Bocas, de ese municipio.

En los últimos días, señaló, otros dos maestros de Tehuacán y Acatlán perdieron la vida cuando fueron atacados por ladrones, quienes les quitaron el dinero que llevaban.

Ante tal situación, el líder magisterial anunció que contemplan la posibilidad de realizar una marcha el próximo 3 de mayo, en Izúcar de Matamoros, para exigir a las autoridades estatales y municipales que cumplan con su trabajo y garanticen la seguridad de la población.

“Reclamamos mayor seguridad, no sólo para los docentes, sino para todos los poblanos", señaló el líder del SNTE, quien pidió al procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, así como al secretario de Seguridad Pública (SSP), Ardelio Vargas Fosado, ponerse “a trabajar” para bajar los índices delictivos de la entidad.

Por separado, representantes de la iniciativa privada se quejaron ante autoridades municipales porque el número de asaltos en días de pago, contra obreros en la zona industrial de esta ciudad, se ha disparado en más de 100%.

México debe evitar que se repita la matanza de San Fernando: CIDH

Esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, pide el organismo

Entre septiembre y abril de 2010 más de 11 mil migrantes fueron secuestrados

DPA

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2011, p. 2

Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy en Washington, mediante un comunicado, el asesinato de 145 personas en México, cuyos cuerpos fueron hallados entre el 6 y el 14 de abril de este año en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.

La CIDH insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose, indica el comunicado.

La CIDH expresó además su preocupación porque las fosas clandestinas estaban situadas en el mismo municipio donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos de 72 indocumentados centroamericanos que tenían por destino Estados Unidos.

Las autoridades investigan si también eran migrantes las víctimas encontradas en las nuevas fosas. Por ahora, se identificó a un migrante guatemalteco.

Según el comunicado de la CIDH, el gobernador de Guanajuato señaló que 57 de las víctimas podrían ser migrantes de este estado que se dirigían a Estados Unidos.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas indicó que los cuerpos corresponderían a presuntas víctimas de la organización criminal Los Zetas.

Por este caso han sido detenidas 45 personas, entre ellas el presunto autor intelectual, Martín Omar Estrada Luna, alias El Kilo, señalado como el jefe de plaza del cártel de Los Zetas en el municipio de San Fernando.

Un informe especial de la CIDH publicado este año afirma que 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados durante seis meses de 2010 (entre abril y septiembre), y que Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de víctimas.

Se perfila aval a estado de excepción por guerra al narco, alerta el PT

Jesusa Cervantes

MEXICO, DF, 18 de abril (apro).- La Cámara de Diputados podría aprobar el martes 26 reformas a la Ley de Seguridad Nacional que implicarían la aplicación del estado de excepción en algunas zonas del país, así como el aval legal a la participación militar en el combate al crimen organizado, alertó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Horas después de que en rueda de prensa el petista hiciera el anuncio, el diputado priista Alfonso Navarrete Prida admitió que se trabaja en un predictamen para, de ser posible, avalar los cambios a la ley el martes de la próxima semana.

Navarrete Prida, quien ha tenido a su cargo la confección de la reforma, rechazó que se vaya a establecer el estado de excepción en entidades o zonas donde operan los cárteles del narcotráfico, y recordó que esa facultad ya se encuentra contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.

“Pero esta ley no está hablando del 29 de la Constitución, quiero ser muy claro. Esta ley es una ley de seguridad nacional precisamente para regular todos aquellos casos antes de entrar al 29 de la Constitución, que tiene un tratamiento distinto”, alegó el priista.

Navarrete Prida agregó que los cambios a la ley son “respetuosos de los derechos humanos y sus garantías”.

En la conferencia matutina, Fernández Noroña calificó los cambios a la ley como la “antesala del estado de sitio”; y según su evaluación, el nuevo marco legal pretende que las detenciones se puedan hacer sin orden judicial, aunque no se esté en flagrancia.

También, advirtió el petista, se pretende realizar cateos sin orden judicial y que se consumen detenciones más allá del plazo constitucional.

En este último punto, aclaró que la ley no es explícita, pero que según su análisis ello daría pie a virtuales “ejecuciones extrajudiciales”.

A su vez, Navarrete Prida comentó que en un primer encuentro con representantes de cinco de los siete partidos representados en San Lázaro no hubo un solo reclamo por eventuales violaciones a la Constitución o porque la ley permita se vulneren derechos humanos.

Sin embargo, reconoció que se pidió a todos los partidos sus observaciones para integrarlas al polémico predictamen.

Los dos aspectos básicos de la reforma, detalló Navarrete, son el establecimiento de lo que es la seguridad pública y lo que es la seguridad nacional; así como la definición del momento en que debe participar el Ejército, dependiendo de la gravedad de la situación.

Insistió en que a diferencia de los cambios aprobados en el Senado, la Cámara de Diputados propondrá que el Ejecutivo federal asuma su responsabilidad en el combate al crimen organizado y que sea él quien establezca la declaratoria, y a la comisión bicameral corresponda emitir su opinión al respecto.

El año pasado, la revista Proceso reveló todos estos cambios a la ley de seguridad nacional, y que ahora el pleno de la Cámara de Diputados busca avalar el martes 26, para luego ser ratificados por el Senado antes de que concluya el mes de abril.