¿GOLPE DE ESTADO TÉCNICO?

Plan para que el Ejecutivo maneje a su libre albedrío a fuerzas armadas

De aprobarse proyecto legislativo, podrá enviar tropas a conflictos en el extranjero

Proponen que la intervención castrense no requiera autorización del Congreso de la Unión

ENRIQUE MÉNDEZ

Periódico La Jornada

Al definir que la paz no es absoluta, sino en todo lugar y momento es relativa, y no está exenta de conflictos o alteraciones, las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Gobernación de la Cámara de Diputados pretenden facultar al Ejecutivo a disponer del Ejército y la Marina para enfrentar cualquier quebranto a la tranquilidad y el orden sociales, como el narcotráfico.

El proyecto de dictamen, relativo a la minuta del Senado sobre la ley de seguridad nacional, que las comisiones pretenden votar el próximo lunes, afirma que si bien la Constitución menciona los límites a la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de guerra y de paz, queda claro cuándo se está en tiempos de guerra, (pero) es difícil afirmar cuándo se está en tiempo de paz, ya que ésta no es absoluta.

En la exposición de motivos del proyecto, los diputados plantean: “la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Con ese contexto, el documento –del cual tiene copia La Jornada– de las comisiones señala que dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 de la Constitución.

En su definición para tratar de justificar esa intervención, el proyecto indica: “El tiempo de paz es un estado contrario a la guerra, en donde no existen hostilidades por parte de estados extranjeros, pero puede haberse quebrantado la tranquilidad y el orden sociales.

Es decir, una afectación a la seguridad interior puede ser coexistente con un estado contrario a la guerra; esta afectación debe ser atendida sin que medie declaración de guerra porque no se trata de una problema bélico de origen externo, sino de una situación interna que altera la armonía social.

Asimismo, refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la fuerza armada permanente puede intervenir como auxiliar en materia de seguridad pública, pero en materia de seguridad nacional, dependiendo de la gravedad de la situación, debe participar, ya sea en apoyo de la autoridad civil con el Plan DNII, o como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.

En ese sentido, indica que la intervención militar contra el narcotráfico no requiere de la autorización del Congreso “cuando esa situación está geográficamente localizada y no afecta de manera directa a todo un estado o región; (y) cuando se pueden escalar opciones de atención, antes de recurrir al expediente de la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías.

Existen, pues, posibilidades de atender situaciones graves sin llegar a la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, como existirían posibilidades, aun en caso de un peligro de guerra, de enfrentar la situación sin acudir a la restricción o suspensión.

Las comisiones plantean que se considerarán obstáculos a la preservación de la seguridad nacional delitos que si bien no están clasificados con ese carácter ni tienen el propósito de atentar contra ella, surten efectos de tal severidad que verdaderamente la ponen en peligro.

El caso más frecuente, justifica, es el narcotráfico, “considerado como delito contra la salud, pero que en realidad produce secuelas de alto impacto social y gravedad para la gobernabilidad de municipios y estados. Un llamado ‘narcobloqueo’ tiene entre otros propósitos evitar la movilidad de las autoridades y facilitar el escape de delincuentes peligrosos. Si la conducta es reiterada, generalizada, violenta y limita u obstaculiza la acción de las autoridades encargadas de su persecución, estamos desde luego frente a un desafío o amenaza” a la seguridad nacional.

Asimismo, el proyecto le concedería al Ejecutivo la atribución de adoptar medidas urgentes y utilizar todos los recursos de que dispone para enfrentar amenazas provenientes del exterior, en una política que fue interpretada por legisladores como la puerta para la militarización con el pretexto de un riesgo para la integridad del país.

Esas facultades forman parte de la propuesta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a la Comisión de Defensa Nacional –cuando la presidía Ardelio Vargas Fosado (PRI), actual secretario de Seguridad Púbica de Puebla– y no estaban incluidas en la iniciativa de Felipe Calderón ni en la minuta del Senado, que consta sólo de siete títulos y 85 artículos.

El proyecto de dictamen añade un título octavo, del procedimiento para la defensa exterior, que incluye cinco nuevos artículos para definir una estrategia de defensa exterior que se regirá por una política que oriente su función, con la finalidad de preservar la integridad, la independencia y la soberanía nacional, como lo describe el documento de la Sedena.

Así, la propuesta de artículo 88 en el documento señala que en caso de amenazas provenientes del exterior que requieran la adopción de medidas urgentes para enfrentar la situación, el titular del Ejecutivo federal podrá ordenar las acciones necesarias, utilizando todos los recursos de que dispone.

El proyecto de dictamen señala que en caso de amenazas a la seguridad nacional, será necesaria la colaboración de todas las instituciones públicas para la defensa exterior y su adecuada implementación, la movilización de los recursos del país, la defensa civil de la población y la política de no intervención que debe aplicar el Presidente, de acuerdo con las facultades que le concede el artículo 89 constitucional.

Al evaluar dichos artículos, el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), integrante de la Comisión de Defensa, aseguró que con ello el Presidente podrá decretar la militarización del país, aun sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional, porque el artículo 89 no lo obliga. Y también, agregó, podrá movilizar tropas en conflictos bélicos a los que otros países soliciten la intervención de México.

Asesinan en Guerrero al líder ecologista Javier Torres Cruz

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, DF, 19 de abril (apro).- El líder campesino Javier Torres Cruz, uno de los testigos que señaló ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al cacique y presunto narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez como responsable intelectual de la muerte de la activista Digna Ochoa y Plácido, fue asesinado en la sierra de Petatlán.

Dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Torres Cruz vivía oculto después de que en diciembre de 2008 fuera detenido en un retén militar donde fue vendado y golpeado para después ser entregado por soldados del 19 Batallón de Infantería a un grupo de gente armada, presuntamente sicarios al servicio de Alba Álvarez.

Torres Cruz logró escapar de sus captores y denunciar a los militares ante las comisiones de derechos humanos de Guerrero y la nacional, así como ante organizaciones internacionales.

En un comunicado, el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) informaron que, el lunes 18, el líder campesino fue emboscado en la sierra de Petatlán “por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez”, procesado por delincuencia organizada en el penal mexiquense de alta seguridad de La Palma.

De acuerdo con Tadeco y CCTI, el líder ecologista fue acribillado por sicarios identificados como “los Arreola”, cercanos a Alba Álvarez, cuando se dirigía a la comunidad Puerto de la Mosca, a ver a sus hijos. En la emboscada resultó herido su hermano Felipe Torres.

Torres Cruz, según las ONG, contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2009, pero éstas, de forma dolosa, “nunca le fueron entregadas”.

Activista de la OCESP fundada por Rodolfo Montiel, Torres Cruz fue perseguido durante más de dos años mientras su comunidad La Morena fue invadida en varias ocasiones por tropas del Ejército mexicano.

La persecución empezó después de que en 2007 acudiera a la capital del país a denunciar a Alba Álvarez de ser el autor intelectual de la muerte de la abogada Digna Ochoa, defensora de Rodolfo Montiel, quien fue torturado por militares en 1999 y que llevó su queja hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Cuando Torres denunció a Alba Álvarez, exalcalde de Petatlán, éste aún gozaba de poder político y económico en Guerrero, por su cercanía con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.

De acuerdo con las organizaciones sociales, la detención de Alba Álvarez en 2010 no relajó la presión sobre la familia Torres Cruz, que siguió siendo hostigada por soldados del Ejército y hombres armados al servicio del exalcalde y exlíder del PRI en la región de la Costa Grande.

Para Tadeco y CCTI, el líder campesino “es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra contra el narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de (Felipe) Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.

En el comunicado, la familia Torres, CCTI y Tadeco exigen el esclarecimiento del asesinato de Javier, así como de otros miembros de su familia; la salida del Ejército de la región de la sierra, y la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2009.

También demandaron que “no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados”.

Dan 63 años de cárcel a secuestrador de Wallace

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF., 19 de abril (apro).- La justicia federal incrementó este martes las condenas de prisión a los cuatro acusados del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, a pesar de que no se esclareció el paradero de los supuestos restos del hijo de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

Luego de la inconformidad de la madre del desaparecido, el Juez Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Jacinto Ramos Castillejos, condenó a César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz a penas que oscilan entre 63 años y medio y 43 años de prisión, según el grado de culpabilidad de cada uno en los hechos ocurridos en 2005.

La principal condena recayó en César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, a quien le dictaron prisión de 63 años y seis meses, además de 338 mil 691 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hermanos Castillo Cruz fueron sentenciados, cada uno, a 46 años, tres meses y 15 días de prisión más una multa de cien mil 292 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada

Juana Hilda González o Sandra Jiménez Gutiérrez fue condenada a 43 años de prisión y una multa de 23 mil 166 pesos por los mismos delitos, además de los de posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En una condena previa, dictada en diciembre de 2009, Freyre había sido condenado a 47 años, los hermanos Castillo a 39 y González a 28.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez Ramos Castillejos “respetó el grado de culpabilidad en la sentencia de fecha del 25 de diciembre de 2009, aun cuando… no comparte ese criterio de individualización”.

La revisión de las condenas ocurrió por la inconformidad de Isabel Miranda y de la Procuraduría General de la República, que impugnaron la aplicación del Código Penal Federal y no el del DF.

La sentencia aún no es definitiva, por lo que podrá ser apelada por los acusados.

Mi tarea, impedir la vuelta del capitalismo: Raúl Castro

El futuro de la nación no podrá admitir improvisaciones ni apresuramientos, dice el presidente

Lo más difícil en el partido será cambiar la barrera sicológica de la vieja mentalidad

GERARDO ARREOLA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2011, p. 2

La Habana, 19 de abril. Raúl Castro aseguró hoy que se enfrentará a los dogmas y criterios obsoletos que anidan en el Partido Comunista de Cuba (PCC), se comprometió a ejecutar la estratégica reforma del sistema de manera gradual, ordenada y exigente, y advirtió que la integración de la nueva dirigencia, donde continúa el sector de los veteranos, es sólo un primer paso para la inyección de sangre joven en la primera línea de mando.

El sexto congreso del PCC concluyó, como se esperaba, sin giros radicales. Por el contrario, los acuerdos y la elección de dirigentes mantuvieron un tono de continuidad, alternada con cambios moderados. Estamos convencidos de que el principal enemigo que enfrentamos y enfrentaremos serán nuestras propias deficiencias y que por tanto, una tarea de tamaña dimensión para el futuro de la nación, no podrá admitir improvisaciones ni apresuramientos, dijo Raúl.

El Comité Central electo el lunes sesionó esta mañana y designó entre sus miembros al órgano ejecutivo, el Buró Político, entre ellos a Castro como primer secretario. En su mensaje, Raúl subrayó que la reforma sucederá dentro del sistema socialista y que su tarea en ese cargo es impedir el regreso del régimen capitalista.

Dicho lo anterior, subrayó que quiere asegurarse de ejecutar la reforma gradualmente, en el transcurso del quinquenio, siempre al ritmo que demanden las circunstancias objetivas, buscando el apoyo popular y sin traumas sociales. Consciente de las resistencias, reconoció que lo más difícil será cambiar en el PCC la barrera sicológica de la vieja mentalidad.

Avanzaremos con decisión a pesar del bloqueo norteamericano y las adversas condiciones imperantes en el mercado internacional, agregó.

No hay relevo

Castro entró de frente a explicar por qué, después de su llamado a renovar los mandos, veteranos de la insurrección de hace medio siglo aún permanecen en la dirigencia.

Raúl dijo que este era un primer paso para el relevo generacional. Nos mantuvimos varios veteranos de la generación histórica y es lógico que así sea, como una de las consecuencias de las deficiencias cometidas en este ámbito, criticadas en el Informe Central, que nos han impedido contar hoy con la reserva de sustitutos maduros y con experiencia suficiente para asumir el relevo en los principales cargos del país.

No es lo perfecto, añadió el presidente cubano. Es lo que podemos hacer por ahora. En el transcurso de los próximos años, más temprano que tarde, iremos perfeccionando el mecanismo.

La conferencia del PCC, que se realizará en enero de 2012, quedó facultada para decidir nuevos cambios en el liderazgo, incluso para elegir o retirar a integrantes del Comité Central o ampliar la composición de ese organismo. También revisará la forma de trabajo del partido, la política de promoción de dirigentes y eventuales reformas a los estatutos.

Del antiguo Comité Central, de 125 integrantes, salieron 59. En la actual dirección nacional, de 115 miembros, 51 son de nuevo ingreso. El Buró Político se redujo de 24 a 15 asientos.

Castro subrayó el cambio en la composición de género y de raza en el Comité Central, con 48 mujeres (41.7 por ciento), más del triple de las que había en el periodo anterior (13.3 por ciento), y 36 negros y mestizos (31.3 por ciento, 10 por ciento más que en el equipo saliente).