MÉXICO ¿ESTADO POLICIACO?

Ley de Seguridad Nacional. Es un virtual golpe de Estado, advierte Jaime Cárdenas Gracia

El PRI dice estar dispuesto a asumir el costo político por aprobar la iniciativa

ENRIQUE MÉNDEZ

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2011, p. 2

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.

No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.

En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.

Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.

Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.

En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.

Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales, declaró.

Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento, dijo.

Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior.

Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.

Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia, con la que justifica la intervención militar.

Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.

Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral, afirmó.

El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso.

Teme ONG que se busque crear en México un Estado policiaco-militar

RUBICELA MORELOS

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2011, p. 3

Cuernavaca, Mor., 25 de abril. La Red por la Paz y la Justicia rechazó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que darían paso a la creación de un Estado policiaco-militar en México, que sólo serviría para aumentar la violencia, la inseguridad, el número de muertos y para reprimir a quienes no estén de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico.

Rocato, uno de los integrantes de esta organización, afirmó que una de las principales demandas de la próxima marcha del 8 de mayo hacia el Zócalo de ciudad de México, será que los militares regresen a sus cuarteles de manera inmediata, porque se ha demostrado que donde están es donde más muertos, violencia e inseguridad hay.

Indicó que el operativo efectuado en diciembre de 2009, en el que murió Arturo Beltrán Leyva, tuvo como resultado cientos de ejecuciones de morelenses que han quedado impunes.

Llamó a los diputados federales del PRI y del PAN a que retrocedan en su proyecto de dictamen sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la que abren la posibilidad de que el Ejecutivo solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo, “cuando considere que constituyen un desafío o amenaza a la seguridad interior, porque se corre el riesgo que se atente contra el mismo pueblo.

“Expresamos de forma tajante nuestro rechazo a las reformas de la Ley de Seguridad Nacional presentadas en la Cámara de Diputados por preparar las estructura legal que daría paso a la creación de un Estado policiaco-militar.

Creemos que no es necesario crear leyes más duras, sino que se cumplan las que existen. El ciudadano común y corriente está hasta la madre de que sus derechos constitucionales sean pisoteados con el pretexto del combate al crimen organizado. Ya no queremos muertos, no queremos su guerra, exigimos nuestro derecho a vivir en un México justo y en paz, dijo.

En tanto, jóvenes de distintas organizaciones de Morelos convocaron a un congreso nacional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril en esta ciudad, que se denominará: Los jóvenes en la emergencia nacional.

El acto se realizará en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de esta ciudad y las mesas de trabajo abordarán temas como la militarización y violación de la soberanía nacional; la violencia e impunidad de género e infantil; la legalización y consumo responsable de drogas; la reforma laboral, el empleo, los ninis, campo y migración; la recuperación de espacios públicos; la democratización de medios de comunicación, y contenidos y presupuesto en la educación.

Exige la CIDH esclarecer el asesinato del ambientalista guerrerense

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, DF, 25 de abril de (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Felipe Calderón a esclarecer el asesinato de Javier Torres Cruz, activista de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), así como garantizar la integridad de su familia.

El 18 de abril, hombres armados presuntamente al servicio del excacique Rogaciano Alba Álvarez emboscaron al ambientalista en las inmediaciones de su comunidad, La Morena, mientras que su hermano Felipe Torres resultó herido.

La CIDH destaca, en un comunicado, que “ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007”, año en que el activista y su tío, Isaías Torres, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para señalar a Rogaciano Alba, actualmente procesado por narcotráfico, como autor intelectual de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

El 3 diciembre de 2008, agrega la CIDH, “Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y éstos supuestamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) y ante el Ministerio Público”.

Recordó al gobierno mexicano su obligación de investigar el atentado contra los Torres Cruz y sancionar a los responsables, y también lo exhortó a “adoptar de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y de todos los defensores de derechos humanos en el país”.

En la edición 1678, Proceso publicó el testimonio que el ambientalista guerrerense rindió el 20 de diciembre de 2008 ante la Coddehum y organizaciones sociales sobre la detención de que fue objeto el 3 de de ese mes, en un retén militar, y cómo los soldados bajo el mando del comandante del 19 Batallón de Infantería, coronel Víctor Manuel González Trejo, lo entregaron a sicarios presuntamente al servicio de Rogaciano Alba.

En su declaración, Torres Cruz señaló que durante cuatro días los pistoleros lo torturaron en un paraje de la sierra, donde estuvo retenido sin probar alimentos.

En un descuido de los sicarios, el activista escapó por el monte y aseguró que durante “seis días fue perseguido por militares y civiles”, hasta que el 13 de diciembre llegó a La Morena, muy lastimado por la tortura, lesiones que incluso fueron certificadas por el perito de la Coddehum, Pablo Sandoval Cruz.

El ambientalista también señaló que Rogaciano Alba “es un cacique que pertenece a una mafia del narcotráfico, que lo apoya con dinero para que pague a los militares… Se sabe bien que a Rogaciano lo tiene resguardado el coronel (González Trejo) en el cuartel de Petatlán”.

En febrero de 2010, en su edición 1739, Proceso publicó una entrevista con Javier Torres Cruz, en la sierra de Petatlán, en la que denunció el acoso indiscriminado de tropas del 19 Batallón de Infantería contra su comunidad y su familia, como “una venganza” por haber denunciado los crímenes de Alba Álvarez.

La queja se presentó ante la Coddehum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que, el 16 de enero de ese año, elementos militares dispararan contra tres integrantes de la familia Torres y un amigo que se encontraban en el campo.

En el ataque murió Adolfo Torres Rosas y fue herido su Isaías, ambos tíos de Javier Torres, y fueron detenidos Anselmo Torres y Huber Vega Coria, actualmente presos en Acapulco, acusados de delitos contra la salud y portación de armas, ilícitos que --aseguran los acusados-- les fueron fabricados por los soldados.

. En la entrevista, Javier Torres Cruz no dudó en acusar al exalcalde de Petatlán, vinculado con el capo Ismael El Mayo Zambada:

“Ese señor (Rogaciano Alba) manda en esta región aunque esté arraigado; lo que quiere es intimidarnos para que no sigamos con las denuncias por los crímenes que ha cometido en la sierra”, acusó Torres Cruz.

Por último, en esa ocasión exigió a las autoridades procesar al cacique no sólo por sus ligas con el narcotráfico, sino también por la muerte de la activista Digna Ochoa y su intento por desaparecerlo a él en diciembre de 2008.

Reducen trámites a trasnacionales de transgénicos

ANGÉLICA ENCISO

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2011, p. 33

Para favorecer a particulares, en este caso trasnacionales productoras de transgénicos, que son las que han efectuado pruebas experimentales de maíz con genes modificados y están por realizar la prueba piloto, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura (Sagarpa) acordaron reducir los trámites en materia de uso confinado de organismos genéticamente modificados (OGM).

El acuerdo, publicado el 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación, señala que se reducen de seis a un trámite por dependencia, es decir, de un total de 12 trámites sólo serán dos, y se usará un formato único y estandarizado para ambas secretarías.

En un comunicado, las dependencias informaron que esto facilitará y simplificará el esquema mediante el cual los particulares, principalmente centros de investigación, universidades, así como empresas públicas y privadas, dan aviso tanto a la Semarnat como a la Sagarpa de dichas actividades, ya que la información del formato empleado es único y estandarizado, buscando promover el cumplimiento de la ley en materia de avisos en la utilización confinada de OGM.

Hasta ahora, autorizaron a Monsanto –ninguna universidad ni centro de investigación–, en marzo, la primera prueba piloto en Tamaulipas para cultivo de maíz transgénico.