MILITARES PARA CONTROLARNOS

26/04/2011

Gobierno militar

John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.

Norberto hipócrita, Marcelo igual

Álvaro Delgado
MÉXICO, DF, 25 de abril (apro).- El Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard estaba obligado a proceder jurídicamente contra las siete personas que interrumpieron groseramente la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, este Domingo de Pascua, y esclarecer si eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o si son simples mercenarios al servicio del propio clero.

Fue evidente que las seis mujeres y el hombre que irrumpieron en el recinto católico durante la homilía no son “loquitos” ni espontáneos enardecidos por un agitador, ni siquiera es creíble que sean parte del grupo que cada domingo se manifiesta --con máscaras de demonio-- fuera de la catedral contra el cardenal Norberto Rivera, porque el montaje --embarazos simulados, uso de altavoz, destrucción de imágenes-- responde a una lógica de violencia que busca enardecer a los fieles y victimizar a la Iglesia.

La provocación se produjo en un contexto que anticipaba escándalo: No sólo durante la homilía de una misa, de suyo grave, sino en un día de prominente significación para los católicos, la resurrección de Jesús, pero además cuando la mayoría de la población está de asueto y las noticias más relevantes son sólo las relacionadas con la violencia criminal que ya tiene a los mexicanos hasta el copete.

Y el remate: La declaración de la Arquidiócesis Primada de México de culpar de esos hechos al PRD, el partido que ha forzado a la Secretaría de Gobernación a sancionar, así sea casi de manera simbólica, a un ministro de culto por violar la ley y a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) exige otra sanción por violar la Constitución y el Código Electoral.

El individuo en cuestión es Hugo Baldemar Romero Ascensión, quien se hace llamar también Hugo Valdemar (con “v” labiodental o “de vaca”), justamente el vocero del cardenal Rivera Carrera, quien apenas el jueves 21 rechazó esas sanciones y recordó que las irrupciones a la Catedral Metropolitana han quedado impunes.

Al respecto, Valdemar (también autollamado Baldemar) imputó con malicia los hechos a militantes perredistas, entre los que efectivamente suele haber quienes confunden intolerancia con valentía:

“No dudo que sea una respuesta a lo que el señor cardenal dijo el jueves pasado, no lo dudo. Porque veintitantas veces lo han hecho, una más no dudaría. Pero igual yo necesitaría las pruebas para afirmarlo. Me parece que la Iglesia católica nunca nos hemos (sic) ido a meter a una reunión plenaria del PRD para ofenderlos, insultarlos”.

Como este cura no tiene credibilidad por lo menos por ser parte del conflicto ni en esa misma lógica tampoco la tiene el PRD --que rechazó de inmediato que los involucrados sean parte de sus filas--, la autoridad competente para poner en claro los hechos era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que por salud pública debió proceder al margen de simulaciones e hipocresías.

La PGJDF está dotada de todo el instrumental jurídico y técnico para conocer el móvil de la protesta que trasciende el derecho a la libertad de expresión y establecer las sanciones que correspondan, pero sobre todo esa instancia debió sentar un precedente para quienes tramen una acción análoga y dejar claro, también, que la militancia en un partido o la pertenencia a una iglesia no es sinónimo de impunidad.

Si resultase que el grupo de provocadores forma parte del PRD, este partido deberá asumir por lo menos las consecuencias políticas de esos hechos, pero si el cardenal Rivera Carrera, su vocero Hugo Valdemar (o Baldemar) y su jefe de escoltas, Armando Martínez --también presidente del fantasmal Colegio de Abogados Católicos--, tramaron el montaje, proceder con todo rigor.

Tal como suelen comportarse unos y otros, ninguna de las dos hipótesis podía desecharse.

Pero no, otra vez Ebrard actuó con tibieza, sello de los moderados de la izquierda moderna: El funcionario obviamente condenó los hechos, confirmó la liberación de los siete involucrados, porque no se actualizó ningún delito, expuso que el procurador Miguel Angel Mancera le dijo que pertenecían a una “iglesia” sin registro, que eran de Ecatepec, Estado de México, y ya.

¿Quiénes son y para quién trabajan Hortencia Jiménez Ojeda, María Magdalena Orta López, Dinora Alvarez Rendón, Lorena López, Isabel López Chávez, Angelina García, José Francisco Avila García y otra mujer no identificada? Nadie lo sabe, porque la autoridad no hizo su trabajo.

Por tanto impunidad absoluta para quienes, si no cometieron ningún delito, agredieron a ciudadanos que, en ejercicio de sus libertades, asistían a un respetable rito religioso y podrán volverlo a hacer cuando se les pegue la gana.

Y obviamente, ante la impunidad, el clero se desquita: Hugo Valdemar --alias Baldemar o al revés-- insiste en que, “por la forma de actuar”, los responsables son miembros del PRD. “Ante un hecho así lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos, que por cierto se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos”.

¿Quién va a desmentir a este sujeto, ya denominado por sus cofrades “mártir de la libertad de expresión”, si la autoridad no hace su trabajo? Y más aún, ¿la Secretaría de Gobernación podrá sancionar la recurrente insolencia de este ministro de culto que es, en realidad, el muñeco de ventrílocuo de Norberto Rivera?

¡Hipócritas!