SUBORDINACION AL IMPERIO

El río de hierro

LUIS JAVIER GARRIDO

El proyecto de llevar a México a una subordinación absoluta a Estados Unidos, que ha sido objetivo fundamental de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, sigue avanzando al continuarse incorporando a múltiples regiones a una situación de violencia extrema.

1. Los documentos del Departamento de Estado relativos al tráfico de armas de Estados Unidos a México en los últimos años, filtrados por Wikileaks y publicados por La Jornada los días 28 y 29 de marzo, confirman el hecho de que más allá de las declaraciones de los funcionarios de ambos gobiernos sobre sus aparentes intenciones y de las mutuas recriminaciones de los últimos días, existen una serie de complicidades al más alto nivel para llevar a nuestro país a un escenario de violencia cada vez mayor a fin de justificar la injerencia creciente de Washington en el manejo directo de los asuntos políticos y económicos mexicanos.

2. El envío de armas de alto poder a otro país para agudizar un conflicto y acelerar su descomposición forma parte del viejo arsenal de estrategias perversas del Departamento de Estado, como se está viendo en el caso de Libia, donde el gobierno estadunidense –para garantizar el éxito de su invasión– decidió entregar masivamente armamento a los rebeldes a pesar de la tibia oposición de varios de los gobiernos europeos que lo secundan con la tesis pronto abandonada de que venimos a traer la paz y no la destrucción masiva. El seudo argumento de que invadieron Libia para defender los derechos humanos y no en pos del petróleo queda así reducido a nada.

3. La entrada masiva a México de armamento de alto poder por la frontera norte (el río de hierro) que, desde el escándalo suscitado por el operativo Rápido y furioso, nadie duda que es promovida y organizada por agencias estadunidenses, ha sido sin embargo en las reuniones bilaterales –según los cables– un mecanismo permanente de presión de Estados Unidos hacia nuestro país para alcanzar una mayor injerencia en el manejo de las fuerzas armadas nacionales, como se ve en el cable 08MEXICO2160. El armamento ha proliferado –según se argumenta desde Estados Unidos– por la incompetencia de las autoridades mexicanas en el registro de armas y la imposibilidad de Washington para acceder plenamente a esa información, por la corrupción en las aduanas (que –se recuerda– aún no son manejadas por Estados Unidos) y por el desorden existente al respecto en la Defensa Nacional, todo lo cual requeriría, se sobrentiende, de un más directo control de agentes estadunidenses.

4. Los reproches a Washington por el contrabando de armas, que le hacen tibiamente en público y en privado funcionarios mexicanos, se dice además en estos cables, carece de fundamento porque para Estados Unidos la mayor parte del envío de armas a México, y en particular de las más letales, procede de América Central (Cable 09MEXICO880), y es posible, se dice, por el nulo resguardo de la frontera sur y de las costas, lo que pone en peligro a Estados Unidos, como sostienen en su capital, al menos en tres conferencias bilaterales sobre el tráfico llevadas a cabo entre 2009 y 2010 en Cuernavaca (Morelos), Phoenix (Arizona) y Tapachula (Chiapas).

5. La “guerra contra el narco”, se dice en otro cable de Wikileaks, transcrito en sus reportajes por Blanche Petrich, se ha caracterizado porque al intensificarse los operativos estatales los cárteles son forzados a adquirir armamento cada vez más pesado (Cable 09MEXICO880), que va de armas antitanques a rifles de calibres no convencionales, lo que evidencia la estrategia de Obama avalada dócilmente por Calderón, pero que según Washington proviene también de los ejércitos centroamericanos.

6. El desorden y la corrupción existentes en el Ejército Mexicano, se dice en varios de los cables enviados desde la embajada hacia el Departamento de Estado, en la que es sin duda la imputación más grave, ha propiciado que armamento pesado entregado por Washington al gobierno mexicano termine en manos de los cárteles o sea utilizado para cometer múltiples crímenes, gravísimo señalamiento que abre al análisis una cuestión crítica: ¿dónde está el límite entre las fuerzas del Estado y las fuerzas de los cárteles? O, en otras palabras, ¿dónde está el narcopoder: en los campesinos pobres que hacen los cultivos –y a quienes se persigue–, en los cárteles o en las instancias financieras, burocráticas y militares del Estado?

7. La mayor parte de los cables de la embajada estadunidense al Departamento de Estado tiene una constante: subrayar la incompetencia de las dependencias mexicanas en “la lucha contra el narco”, las que se hallan además en conflicto permanente entre ellas (la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena y la Marina), según los cables 07MÉXICO1854 y 09MEXICO3092. Una autoridad legal que no funciona (la PGR), se desprende de estas recriminaciones, ha cedido sus atribuciones en los hechos a una autoridad que no tiene un sustento constitucional (la Policía Federal).

8. Washington está logrando por eso nombrar a una funcionaria de sus confianzas, la abogada Marisela Morales Ibáñez, como nueva procuradora general, en sustitución del fracasado Arturo Chávez, nombramiento largamente anunciado pues el 8 de marzo fue palomeada en la Casa Blanca por Hillary Clinton con el pretexto del Día Internacional de la Mujer. Una mujer cuyos más destacados logros han sido el dar carpetazo al caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo e integrar en 2005 el expediente para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y que se hizo célebre en 2009 por desacatar un mandato judicial sobre los testigos protegidos. Muy interesante habrá de ser por todo ello constatar qué senadores se oponen a ratificar la que es no una propuesta de Calderón sino de Obama.

9. El objetivo de Estados Unidos de mostrar a los narcos mexicanos como fuerzas armadas trasnacionales que amenazan su seguridad interna –lo que justificaría su más abierta intervención armada al sur de la frontera– ha seguido en tanto implacable, según nota reciente de David Brooks. El almirante James Winnefeld (jefe del Comando Norte) declaró el miércoles 30 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que los cárteles mexicanos son una de las 10 fuerzas armadas más grandes del mundo, al estimar que 40 mil millones de dólares fluyen de Estados Unidos a México en su beneficio, y ese mismo día Robert Mueller (director de la FBI) sostuvo ante el Comité Judicial del Senado que la violencia extrema de México sigue amenazando a su país.

10. El río de hierro está evidenciando cada vez más que el problema de México no lo constituye Estados Unidos, que con gobiernos republicanos o demócratas está siendo cada vez más intervencionista y tiene un proyecto para subordinar por completo a nuestro país. El problema fundamental de México lo constituye el tener un gobierno entreguista, como el de Felipe Calderón, que a fin de legitimarse y consolidarse en el poder nos llevó a este río de sangre que sigue cobrando la vida de muchos inocentes.

Derecho a la alimentación: ¿cuestión de Estado o de partido?

VÍCTOR M. QUINTANA S.

Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.

La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

El poder de los estados nacionales se ha ido abdicando ante las grandes empresas trasnacionales mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria. Aceptamos el papel que nos asignan los agronegocios: comprarles volúmenes crecientes de granos, oleaginosas y cárnicos y disputarnos con otros países pobres el acceso a sus mercados para nuestras productos tropicales. Así, países como el nuestro pueden obtener más divisas, pero crecen la desnutrición y la malnutrición. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Desde los años 90, una serie de organizaciones sociales, campesinas y de consumidores vienen luchando para que el derecho a la alimentación se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que eleva este derecho a rango constitucional, reformando dos artículos: al 4º constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y al 27 en su fracción XX se le añadiría: El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Pero a la hora de llevarse la minuta aprobada al Senado, las y los legisladores del PAN piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y rechazan la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación. Seguramente piensan que con ella el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera.

Las y los senadores panistas también se ponen a contar los chiles. Les parece demasiado consignar el término garantizar la alimentación en el texto constitucional. Aprendieron de su jefe Calderón que vetó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipule que el presupuesto anual para el campo, el Programa Especial Concurrente, no disminuya en términos reales de un año a otro. Pero no ponen ningún remilgo al párrafo constitucional que establece que el Estado “… garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. El país de los partidos ricos y de los ciudadanos hambreados.

Aquí sobresalen las ganas de no entender las cosas, la pobreza de imaginación y la mezquindad partidista. Hay que entender en primer lugar que el hecho de que se reformen tanto el artículo 4º constitucional, como el 27, obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a dirigirla a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar, e impedir que lucren con la situación los dueños de los anzuelos y de los estanques. Ni tampoco de acabar de un año a otro con la pobreza alimentaria, sino de hacer un plan con auténtica voluntad política y compromisos, comenzando, por ejemplo, porque el Estado garantice la nutrición adecuada y suficiente a todos los niños menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes. Luego se iría extendiendo a otros estratos vulnerables de la población. Para esto además de imaginación se requiere una visión de Estado y no de partido: el no querer arriesgar a los gobiernos de mi partido a realizar enormes desembolsos.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida: que digan, si no, los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los sicólogos. Es muy fácil decir que se está por el derecho a la vida porque se fustiga y se persigue a las mujeres que se deciden a abortar, cuando no hay el mínimo compromiso para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad.