ANALIZAR ¿PARA CUBRIR?

Propone Creel que una comisión analice revelaciones de Wikileaks

Delito, entregar a EU datos confidenciales: Pablo Gómez

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Periódico La Jornada

El senador Santiago Creel (PAN) propuso que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional intervenga y analice las revelaciones de Wikileaks publicadas por La Jornada, para ver cuál es la información que México está compartiendo con Estados Unidos.

Creel se refirió a la información de Wikileaks en la que se da cuenta de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, ofreció a Estados Unidos acceso pleno a los datos de inteligencia acerca del combate al crimen organizado.

Explicó: Si partimos del principio de que la información está desequilibrada, eso está muy mal. Es una cuestión delicada que amerita saber el nivel y el grado en que el gobierno mexicano está compartiendo información con Washington y saber qué protocolo se está siguiendo.

Creel destacó que está de acuerdo en que se comparta información de inteligencia con Washington cuando se trata del crimen organizado trasnacional que opera en la frontera entre ambas naciones, pero debe ser de ambos lados y exigir que haya corresponsabilidad de Estados Unidos en ese y otros temas que tienen que ver con el narcotráfico y otros ilícitos de la delincuencia organizada.

Creo que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que tiene un estatuto de secrecía, debe intervenir y ver esta cuestión que me parece muy delicada.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Laura Itzel Castillo (PT) señaló que “los cables de Wikileaks que ha publicado La Jornada” muestran la implementación de la estúpida guerra de Calderón contra el narcotráfico, que se fraguó a partir de una serie de reuniones desde 2006 en la embajada estadunidense.

Afirmó que la información pone al descubierto a García Luna, uno de los funcionarios más cuestionados por la sociedad mexicana por la estrategia oficial contra la inseguridad.

Por separado, el senador Pablo Gómez (PRD) advirtió que si la información que García Luna entregó a Estados Unidos es reservada, ha incurrido en un delito, ya que las leyes mexicanas no permiten que se entregue a nadie y eso incluye a gobiernos extranjeros.

“Lo revelado por Wikileaks es algo que se sobrentendía. Desde principios del actual sexenio ha habido total apertura del gobierno mexicano para entregar al de Estados Unidos todo lo que le pide”.

La diputada Leticia Quezada (PRD) dijo que los cables de Wikileaks muestran que la soberanía nacional está siendo enlodada desde el momento en que García Luna abre esta información estratégica sobre seguridad pública a otro país.

El cártel del Golfo "puso" al asesino de Sicilia

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- Sin mayor alarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó hoy a Julio de Jesús El Negro Radilla Hernández como el autor intelectual del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega y seis personas, cuyos cuerpos fueron hallados la madrugada del 28 de abril en el interior de un auto abandonado en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Aunque la SSP argumentó que la captura fue fruto de una ardua investigación, lo cierto es que un día después del descubrimiento de los cadáveres, el cártel del Golfo había dado el “pitazo” al inculpar a El Negro –jefe operativo del cártel del Pacífico Sur, con quien se disputa el estado de Morelos–, como autor del multihomicidio. Y es que junto a las víctimas, que presentaban huellas de tortura, la policía del estado de Morelos encontró un narcomensaje que decía a la letra:

“Esto les pasó por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitán Barrales y capitán Castillo de la federal. Atte CDG”.

Al siguiente día, en narcomantas colocadas en distinto lugares de Cuernavaca, el cártel del Golfo se deslindó de las ejecuciones y acusó a Julio de Jesús Radilla de la autoría del multihomicidio.

El mensaje inscrito en las narcomantas decía: “A la ciudadanía y gobierno federal nos deslindamos de las ejecuciones de Brisas, de las amenazas de militares y federales que nos quieren adjudicar el CPS (Cartel del Pacifico Sur), los tenemos ubicados, salganle y no maten gente inocente. Raúl Díaz “La Varilla”, Martin de “Amores Perros”, Julio de Jesús Radilla alias “El Negro”, El Chompa, El Pelón, El Cone, Daniel Encinas, El Gordo Fresa, El Rata Vargas, Edgar Edwin, Chucho Cárdenas, El Manos. Toda acción tiene una reacción. Benjamín Mondragón, alias “El Jarras”. Atte. CDG y Comando 7”.

Dos semanas después, el cártel del Golfo dio otra vez la pauta y de nueva cuenta apuntó hacia la autoría de El Negro Radilla, cuando la mañana del 15 de abril “entregó” al Ejército a Rodrigo Elizalde Morán, El Chemís, quien dijo trabajar para el Cártel del Pacífico Sur. El joven morelense, quien al momento de su detención, en Temixco, Morelos, presentaba diversos golpes en el rostro y cuerpo, aseguró haber participado en el secuestro del hijo del poeta Javier Sicilia y de las otras seis personas, e identificó a

El Negro como el responsable absoluto del multihomicidio. Y, según dijo, Héctor Beltrán Leyva fue quien autorizó la ejecución. No obstante, El Chemís ofreció una versión distinta a la que ya se conocía sobre el lugar y hora donde secuestraron al hijo de Sicilia y a sus amigos.

El 21 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública federal presentó a dos sujetos presuntamente vinculados con el multihomicidio, y afirmó que eran colaboradores del Cártel del Golfo. Se trató de Daniel Rosales Najera, El Barni, de 26 años de edad, y Santiago Miranda Catalán, El Flais, de 34 años.

La dependencia a cargo de Genaro García Luna no sólo no aclaró el caso, sino que lo complicó aún más, pues los dos personajes dijeron que habían participado en el secuestro, pero dieron como lugar el bar “La Obsesión”, mientras que El Chemís señaló el bar “Crudelia”, pero en realidad el plagio ocurrió en “La Rana Cruda”. Frente a este nuevo embrollo, el domingo 1 de mayo el cártel del Golfo colocó una nueva manta para deslindarse de la ejecución.

“A toda la ciudadanía morelense, se les comunica que Julio Radilla, alias “El Negro” no esta dentro de la empresa Beltrán Leyva porque nosotros no somos secuestradores, no matamos gente inocente ni tampoco extorsionamos. La empresa Beltrán Leyva nos deslindamos del “Negro” no pertenece a esta empresa. No se dejen engañar y todo aquel que este trabajando mal, alinese o lo alinearemos. Haremos un Morelos tranquilo como cuando estaba don Arturo Beltrán. Nosotros si somos 100% B. L. Atte. Panchito Base 40”, se leía en el mensaje.

Días después, el lunes 16, apareció otra narcomanta en Cuernavaca, que apuntaba a la complicidad entre el gobierno de Felipe Calderón y el Cártel del Pacífico Sur. “Ya basta de culpar a los Beltrán Leyva y a gente inocente por las acciones sucias del Gobierno (ilegible) a la Procuradora General de la República, Marisela Morales y El Grande, Sergio Villarreal, que es tu testigo protegido, están coludidos en la muerte de Javier (sic) Sicilia para culpar a los Beltrán Leyva”, acusó.

Y remató: "Javier Sicilia cuente con nuestro apoyo, los Beltrán Leyva no matan gente inocente, el Cártel del Pacífico Sur es invento de El Grande y del Negro Radilla; (el cartel del Pacífico Sur) pertenece al Grande y a todos los testigos protegidos. La delincuencia organizada es el Gobierno porque ellos son intocables. Que salga la verdad y la luz". Nueve días después, la SPP presentó a Julio de Jesús Radilla y Jorge Lukin como los responsables de la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia.

Insta CNDH a profundizar combate a explotación sexual infantil

La redacción

MÉXICO, DF, 25 de mayo (apro).- Más de 20 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en México, principalmente en las zonas fronterizas y turísticas del país, reveló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Raúl González Placencia.

El problema va en aumento, dijo, ya que el país es considerado fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzado, y no solamente un territorio con amplias brechas de desigualdad.

Según investigaciones de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) para el Control de Drogas y la Prevención del Delito, y el Reporte de Trata de Personas del estadunidense Departamento de Estado, los grupos más vulnerables para la trata de personas son las mujeres, niñas y niños, personas indígenas e inmigrantes indocumentados.

Al dar a conocer los resultados del informe del Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, el ombudsman capitalino indicó que la mayoría de las víctimas son extranjeras y provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Puso énfasis sobre el turismo sexual infantil que va en aumento, sobre todo en destinos turísticos como Acapulco y Cancún, y en ciudades fronterizas, como Tijuana y Juárez.

Resaltó que los principales “consumidores” son “los turistas extranjeros que llegan a menudo de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”.

González Placencia dijo que según el Diagnóstico Human Trafficking Assesment Tool de la American Bar Association, realizado en México, en el país se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas para su explotación sexual y laboral.

El Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo son las entidades con mayor índice en la comisión de ese tipo de delitos.

Dada la magnitud del problema, el ombudsman capitalino consideró necesario repensar la lucha emprendida por el gobierno federal contra la delincuencia organizada, con el fin de atacar también a las organizaciones que se dedican al tráfico y explotación sexual de personas.

“La trata de personas constituye el segundo delito más importante desde la perspectiva de la criminalidad organizada, de ahí que sea de la mayor relevancia que se ponga atención a este fenómeno para que sea abatido”, puntualizó.

En el Distrito Federal, de diciembre de 2009 al cierre de 2010, de 40 investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el delito de trata de personas, sólo tres casos derivaron en sentencias condenatorias.

Por explotación sexual infantil se presentaron seis averiguaciones previas, se consignó a cuatro personas y se rescató a otras cuatro, dijo Oscar Montiel Torres, investigador del Observatorio contra la Trata de Personas.

Sin embargo, lamentó que no existan datos oficiales confiables ni consistentes que evidencien la verdadera magnitud del problema.

Además que tampoco hay garantía de acceso a la justicia ni políticas públicas eficientes de atención a víctimas, por lo que urgió a realizar un análisis y un diagnóstico con trabajo de campo que incluya a todos los que integran el sistema proxeneta: víctimas, victimarios y clientes.

“La nueva esclavitud es un crimen con millones de víctimas con muy pocos criminales identificables, lo que dificulta la erradicación del sistema proxeneta: padrotes, madrotas y policías se adaptan y camuflan ante las nuevas necesidades”, alertó Montiel Torres.

Por su parte, Andrés Aguilera Martínez, asesor de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), destacó que mientras la legislación siga generando procedimientos tortuosos, lentos, que no den resultados expeditos para el combate a esos delitos, “difícilmente se darán resultados mejores”.

Desabasto en el ISSSTE, por deuda millonaria con laboratorios: Fedessp

Tomará oficinas en todo el país ante desacato de Villalobos a orden judicial de darle espacios en comisiones

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Periódico La Jornada

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adeuda más de 2 mil 300 millones de pesos a las farmacéuticas, y ésa es la verdadera causa del desabasto de medicamentos; incluso, 78 por ciento de ese monto está vencido, lo que se debe a la pésima administración del organismo, denunció la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp).

La agrupación gremial anunció que el próximo jueves tomará las oficinas centrales y unidades administrativas del instituto en todo el país en demanda de que el director, Jesús Villalobos, cumpla con las tres resoluciones que han dictado jueces de lo administrativo para que le reconozca los lugares a que tiene derecho en las comisiones ejecutivas del Pensionissste, Fovissste, el comité de vigilancia y la junta directiva del ISSSTE.

En conferencia de prensa, los presidentes colegiados de la Fedessp, Bernardo Quezada Salas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y los líderes de los gremios de las secretarías de Desarrollo Social, Cristina Olvera; de Comunicaciones y Transportes, Víctor Bernardo López, y de Agricultura, Ignacio Castillo, plantearon que llegarán a esta medida extrema ante el desacato de Villalobos a las resoluciones judiciales.

Sostuvieron que hay una verdadera cloaca en la administración del ISSSTE, la cual mantienen bien tapada para que no salgan a la luz los problemas que hay, por ejemplo, con el Fovissste, y que ésa es la razón por la que no quieren dar entrada a los representantes de la Fedessp en los órganos internos del instituto, para que no salga información de cómo están los fondos de pensiones, las finanzas del organismo y otros.

Quezada Salas planteó que hay una pésima administración del instituto y graves problemas con el manejo de los recursos, ya que, además de la deuda superior a 2 mil 300 millones de pesos con las farmacéuticas, existen pasivos con constructoras e incumplimiento en el pago de servicios básicos, y hay hospitales inaugurados que no tienen médicos ni enfermeras.

Dejaron de surtir

Del adeudo con farmacéuticas, expuso que el instituto sólo tiene programado pagar 400 millones de pesos y que es falso que haya abasto de 90 por ciento en medicinas, porque los laboratorios ya dejaron de surtir en la misma proporción. Incluso, dijo tener información de que no se han pagado servicios básicos en algunos hospitales, como uno de Querétaro, donde se suspendieron operaciones por falta de agua.

Expuso que la Fedessp ha esperado que el director del ISSSTE atienda los ordenamientos jurídicos que han dictado ya tres jueces, de lo cuales ha hecho caso omiso, siendo que la federación gremial está integrada por 42 sindicatos, tiene afiliados a un millón 600 mil trabajadores y es reconocida por la Secretaría de Hacienda para las negociaciones salariales. Sin embargo, en el instituto, que es su casa, no quieren otorgarle las 14 representaciones a que tiene derecho en los órganos internos del organismo. Cabe referir que en estos mismos órganos la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) tiene 14 lugares.

Quezada e Ignacio Castillo señalaron: “no vamos a hacer marchas ni manifestaciones; mejor vamos a tomar todas las oficinas administrativas del país para que Jesús Villalobos baje a la tierra y cumpla las órdenes del Poder Judicial”.