GRACIAS A TELEVISA Y TRAMPAS

26/05/2011

Riesgo de otro presidente “espurio”

John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.

El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.

Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.

Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.

El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.

Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.

Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

Colaboracionismo y seguridad del Estado

JORGE CARRILLO OLEA

La seguridad es una finalidad esencial para la vida y desarrollo de la comunidad nacional; sin ella no es posible garantizar su existencia y, en extremo, la del Estado, que no del gobierno, como a veces se confunde. Del concepto genérico de seguridad surge la seguridad nacional, que a su vez comprende la seguridad pública.

Este concepto esencial tan mal entendido y tan confundido en nuestro país ha sufrido, como todos, de socavaciones que intentan demolerlo. Las sociedades, a través de los tiempos, han discernido leyes para enfrentarlo. De acuerdo con cada momento ha adoptado distintos nombres, pero el más genérico ha sido traición a la patria y hay registro de casos históricamente categóricos, unos justos, otros equívocos, que han dejado huella.

En el ámbito mundial relativamente reciente destaca el caso Dreyfus, un coronel francés acusado de entregar información a Alemania en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, que resultó totalmente falso. Otro caso es el del matrimonio formado por Ethel y Julius Rosenberg, juzgados y ejecutados por una traición a Estados Unidos al entregar supuestamente información sobre secretos nucleares a la URSS, lo que nunca se comprobó, por lo menos en el caso de Ethel, la esposa.

En nuestro país, destaca la anécdota hasta poco seria del caso de doña Marina ante Hernán Cortés o la de Antonio López de Santa Anna, aunque por supuesto habría otros responsables con otras formas y en otros tiempos, como el caso de la traición de Victoriano Huerta.

En México la tipificación de estas actitudes como delito es muy antigua, pero hoy se encuentra actualizada en el Código Penal Federal, capítulo I. Traición a la Patria, artículo 123, que impone penas hasta de cuarenta años a quien, fracción VI, tenga en tiempo de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobiernos extranjeros o les dé instrucciones, información o consejo con el objeto de alterar la paz interior.

En la historia reciente, aunque no exista formalmente un registro nominal, es conocido que particulares y funcionarios públicos entregaron información sensible tanto a agentes de la URSS como de EU. Un caso totalmente documentado es el de Fernando Gutiérrez Barrios: Litempo-4, que era su clave y fue develado por la propia CIA hasta en las cantidades de dinero que recibía. Esta infidencia histórica irremediablemente se ha venido repitiendo aunque no hubiera huellas públicas de ella; sin embargo, gracias a Wikileaks, hemos sabido de hechos que además de increíbles por los tiempos en que creíamos que ya pertenecerían al anecdotario del pasado, resulta que no es así y que al menos hay uno.

Gracias a los cables 98281 y 98138 de Wikileaks ahora sabemos que, en febrero de 2007, el actual titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, le ofreció al entonces secretario de Seguridad Interior estadunidense, Michael Chertoff: Usted tendrá libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública.

Esta traición, frivolidad, inconsciencia o protagonismo del secretario García Luna, para no pensar en una auténtica intención de traición a la patria, es censurable. Quebranta normas éticas, políticas, jurídicas, de prudencia y más.

En ese entonces, pocas semanas después de inaugurada la administración de Calderón, no es de pensarse que hubiera, como hoy, la determinación oficial de definir a su gobierno como colaboracionista. Al momento no sólo se entrega información de alta sensibilidad al gobierno estadunidense, sino que se permite que decenas y decenas de agentes desde el más alto nivel, como pudiera ser el mismo embajador en turno, hasta el más bajo, como el agente de la ICE Jaime Zapata, muerto en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, transiten, se introduzcan, opinen y por supuesto conozcan las debilidades y equívocos de nuestras instituciones. Su presencia en ellas se ha vuelto parte del paisaje.

La actitud inicialmente asumida por García Luna y posteriormente por el propio presidente Calderón es reprobable ante la historia y ante el derecho, y por eso es importante difundirla para crear una conciencia de reprobación. Gobiernos colaboracionistas los hemos visto y los vemos en todo momento y lugar, pero nunca asumimos que el de nuestro país fuera a llegar a este extremo de gratuita entrega. La palabra colaboracionismo se atribuye a todo aquello que tiende a auxiliar o cooperar con el enemigo, y EU sin serlo de manera abierta, está muy lejos de ser amigo. Los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses (John Foster Dulles).

Ciudad Juárez y la esperanza

José Gil Olmos



MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- La sociedad civil mexicana ha reaccionado tarde ante la matanza u holocausto que ha provocado la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. Y ha reaccionado tarde, también, ante el aumento del poder del crimen organizado, que ha contaminado al poder público y el tejido social.

Tuvieron que pasar cinco años, 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos (y tuvo que romperse el tejido social e incrementarse, mediante el terror, el control de cientos de zonas del país por parte de algunos cárteles de la droga) para que se dieran las primeras manifestaciones masivas, exigiendo parar esta violencia que parece interminable.

Y tuvieron que ser los familiares de los muertos y desaparecidos quienes encabezaran esta movilización nacional porque sólo hasta que algo nos ocurre directamente es como reaccionamos. Lamentablemente así ha sido, y así será.

Hasta las marchas convocadas en Morelos y la ciudad de México, en abril y mayo, respectivamente, no se habían expresado de manera masiva las miles de familias de las víctimas de esta guerra, que reclaman justicia.

Antes de eso ya habíamos observado la organización de algunos grupos, como sucedió en Coahuila, donde dio inicio el movimiento de desaparecidos, sin embargo no se había gestado una movilización más evidente y amplia, en la que se exigiera investigar todas y cada una de las muertes en todo el país, así como recuperar la memoria de los muertos, indemnizar a las familias de los inocentes que han sido asesinados por policías y soldados, parar la guerra y reparar el tejido social en todo el país.

Con apenas mes y medio de de haberse empezado a gestar este movimiento en Cuernavaca, Morelos, con la exigencia de justicia por parte del poeta Javier Sicilia, luego del asesinato de su hijo y seis personas más, hoy ya tiene una presencia nacional, incluso en algunas ciudades importantes del extranjero, principalmente en Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

La protesta se transformó en un altar en memoria de 198 muertos en Morelos este año; luego vinieron las protestas en las calles, después se organizó un foro para las familias que, venciendo el miedo, comenzaron a llegar al zócalo de Cuernavaca para presentar sus denuncias. Enseguida vino la primera marcha nacional por la paz, y más tarde la marcha por la paz y la justicia, en la ciudad de México.

Hoy esta expresión social busca nuevos cauces, es decir transformarse en un movimiento nacional estructurado, donde quepan todos los que quieren la transformación a fondo del país.

La transformación de este movimiento ha sido muy rápida, no obstante que experiencias similares en otros países como Italia, donde existe el movimiento social antimafia, conocido como Libera, muestran que la concreción de estos procesos sociales es lenta y complicada.

Falta mucho por recorrer, ciertamente, para que se consolide un movimiento ciudadano con pretensiones transformadoras, como el que se está formando alrededor de la movilización encabezada por Javier Sicilia.

Y quizá sea tan largo, difícil y complejo como el recorrido de miles de kilómetros que tendrá que hacer la caravana por la paz que saldrá de Cuernavaca el 5 de junio para llegar el 10 a ciudad Juárez, Chihuahua, donde se prevé la firma de un pacto ciudadano encaminado, primero, a organizarse, y después a formar un frente social que exija a todas las autoridades, desde el presidente municipal y el policía de barrio, hasta los jueces, soldados, gobernadores, legisladores y l presidente de la República, hacer bien su trabajo, detener esta violencia y recuperar el rumbo del país.

La caravana por la paz, que por cinco días recorrerá medio país, hasta llegar a Ciudad Juárez, es importante porque representa el esfuerzo de un sector de la sociedad preocupado por el rumbo que ha tomado México, que se ha llenado de sangre y de violencia. Y sobre todo porque no se ven visos de un cambio en la estrategia guerrerista establecida por Felipe Calderón.

Es importante también porque, después de décadas de desarticulación y ante la gravedad de la violencia, que ya ha cobrado la vida de miles de mexicanos, es necesario que la sociedad mexicana retome los hilos de la organización ante las elecciones del 2012.

Al gobierno de Calderón le resta poco y no hay señales de que vaya a cambiar su estrategia. Será al nuevo gobierno al que habrá que presionar y exigirle un cambio, pues seguramente tendrá la tentación de mantener la misma política militar para enfrentar al crimen organizado.

Paradójicamente, Ciudad Juárez –esta ciudad rota por el abandono institucional, por una política económica neoliberal y la desidia del gobierno por décadas– puede ser el inicio esperanzador de este movimiento ciudadano a nivel nacional que tanto se necesita para provocar un cambio, para iniciar una nueva etapa en la vida del país.