CRIMINALES DE "ESTADO" IMPUNES

02/05/2011

El expediente Chavarría

Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 2 de abril.- Es probable que carezca de toda utilidad. Que no sean más que legajos de oficios y acuses de recibo, en los que suelen agotarse las indagaciones ministeriales. Pero la desaparición del expediente BRA/SC/02/17512011, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero es un acontecimiento grave, que excede los límites de las insuficiencias burocráticas en cuyos laberintos suelen extraviarse constancias e investigaciones penales. Significa la prolongación, y acaso la culminación del procedimiento para dotar de impunidad a quienes mataron al diputado Armando Chavarría.

Líder del Congreso guerrerense, como presidente que era de la Comisión de Gobierno (en que a su vez figuraba en tanto que cabeza de la fracción perredista), Chavarría fue asesinado a las afueras de su domicilio en Chilpancingo, la mañana del 20 de agosto de 2009. Varios agresores le dispararon siete balazos que le arrebataron la vida inmediatamente. Hacía poco le había sido retirada la escolta de que suele dotarse a un representante de su posición.

Chavarría se encaminaba, según varios indicadores, a ser el candidato del PRD a la gubernatura de su estado natal. Si bien faltaba más de un año para que ese partido tomara la decisión que llevaría a su candidato a participar en la elección de enero de 2011, no se avizoraba en el horizonte político local ninguna figura capaz de disputarle la postulación. Culminaría con ella una carrera iniciada en sus años juveniles, como dirigente estudiantil, y que lo había conducido a las dos cámaras del Congreso federal. Derrotado por Zeferino Torreblanca en el proceso interno para escoger candidato del PRD en 2005, y no obstante la rudeza de la contienda, Chavarría se avino a ser secretario de Gobierno cuando Torreblanca puso fin a la hegemonía priista en Guerrero, sostenida no sólo con los medios tradicionales de burla al sufragio, sino mediante violencia que nunca fue castigada.

La relación entre Torreblanca y Chavarría era ambigua, oscilante, según convenía a los intereses de cada quien. Pero subyacía en ella una disparidad conceptual respecto de cómo debía obrar un gobierno de izquierda en una entidad como Guerrero, tan castigada por la pobreza y la represión. El gobernador, quien había llegado a la política electoral como dirigente empresarial en Acapulco, donde fue alcalde, era en realidad un conservador al estilo priista. Chavarría, en cambio, mantenía una vocación popular, acaso atenuada por las exigencias de la institucionalidad en que se adentraba.

El asesinato de su correligionario y rival pareció no importar a Torreblanca. No acudió a la escena del crimen, ni se presentó a ofrecer condolencias a la familia. Aun si hubiera sido rechazada su presencia en el ámbito privado, pudo apersonarse en el recinto legislativo donde se honró al legislador ultimado. Tampoco acudió a encabezar las primeras diligencias ministeriales el procurador Eduardo Murueta, caracterizado por la negligencia de su desempeño, notoria por el abandono en que mantuvo las averiguaciones de líderes políticos y defensores de derechos humanos.

Con todo, la presión del comité nacional del PRD y la de las bases próximas a Chavarría obligaron al gobernador a prescindir de Murueta, al que despidió antes de un mes después del crimen, sin que avanzara en la indagación, si es que pretendió hacerlo. El 14 de septiembre presentó su renuncia, carente de la confianza pública para enfrentar el delicado caso al que él no concedió relevancia. Una semana después, como nueva muestra de su desinterés por el asunto, Torreblanca nombró subprocurador encargado del despacho a un abogado que, si bien nació en Guerrero, había hecho carrera fuera de la entidad. Con el nombramiento de Albertico Guinto Sierra (de verdad, así se llama) en la segunda línea de la Procuraduría, Torreblanca burló al Congreso local, al que no reconoció su prerrogativa de confirmar la designación. Y de paso evitó asumir un compromiso público, político además de jurídico, sobre el asesinato de Chavarría.

Ignorando la petición de que fuera nombrado un fiscal especial para el caso, Torreblanca hizo que el responsable del Ministerio Público en la zona centro, Jesús Miranda Rodríguez, se ocupara del expediente. Cuando se tuvo noticia de que la documentación no aparecía, Miranda Rodríguez, quien había dejado de trabajar en la Procuraduría, fue buscado en su domicilio, donde no hay rastro de su paradero.

La averiguación trazó cuatro líneas de investigación, según se informó de manera oficial: ámbito político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal. No obstante la ubicación y la proyección de Chavarría, se puso el acento no en la primera, sino en la última línea. Por lo menos el subprocurador Guinto se esmeró en filtrar presuntas actuaciones relativas al entorno personal, con la obvia intención de demeritar la figura de la víctima. Se deslizó la insinuación de que habían sido convocadas a declarar 60 mujeres con las que Chavarría mantuvo alguna relación. Y también se sugirió que se hurgaba en las finanzas del político sacrificado. En un aspecto de la confusa participación de la Procuraduría General de la República en la investigación, esta dependencia averiguó si la señora Marta Obeso, viuda de Chavarría, poseía bienes inmuebles, y se la señaló por su propio pasado político, como militante de agrupaciones radicales.

Chismes en vez de datos integraban el expediente. Y en vez de detener a los asesinos, fueron capturados para someterlos a interrogatorios desconsiderados José Higuera, amigo cercano de Chavarría, y el director del diario El Sur, Juan Angulo, quien el 29 de diciembre de 2009 tuvo que responder 50 preguntas en presencia del subprocurador.

Sin que constara formalmente que la PGR haya atraído el caso, se dice ahora que el 4 de junio de 2010 se le turnó el expediente. Cuando el 1 de julio finalmente Torreblanca nombró a un procurador, David Sotelo, ya no halló el legajo en su oficina, sino que ahora ha dicho que estaba en la PGR. Ello significa que, sin decirlo expresamente, el Ministerio Público local se desentendió del caso entonces. Y no se sabe que la procuraduría federal lo hubiera asumido a plenitud. Lo que sí se sabe es que Albertico Guinto Sierra no entregó copia de las actuaciones a los abogados de la familia, reconocidos como coadyuvantes,

Triunfante en las elecciones de enero, después de un tortuoso proceso interno, el gobernador priista Ángel Heladio Aguirre, postulado por el PRD, designó procurador a Alberto Rosas López, quien al tomar posesión y querer ocuparse del caso descubrió la falta del expediente. Tendrá que comenzar de cero la investigación, dijo. Exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, hijo del legendario Rey Lopitos, dirigente de colonos invasores en ese puerto, el nuevo procurador goza de la confianza de la familia, y de un sector relevante del perredismo guerrerense. Debe hacer rendir ese su capital político al conducir directamente la búsqueda del expediente Chavarría o al encabezar las diligencias que nunca se realizaron para saber quién mató a quién, a esta fecha, acaso fuera gobernador de Guerrero.

La agenda del día 8

GUSTAVO ESTEVA

Lo que oigo a cada paso es una sociedad en ebullición que se prepara dignamente para el día 8.

La indignación de cuantos estamos hasta la madre se vuelve imaginación. Llegaremos a la ciudad de México unidos en el silencio y cargados de iniciativas y propuestas.

Esta marcha se distingue de casi todas las otras por su interlocutor. En vez de pedir, exigir o reclamar a los de arriba, que no ven ni escuchan, vendremos a vernos unos a otros para entretejer nuestra pluralidad y diversidad sin líderes, partidos o ideologías. Vendremos confiados en nuestra propia fuerza y capacidad de organización para impedir que el país termine de deshacerse en nuestras manos.

Los poderosos no acudirán. Javier Sicilia convocó para ese día a todos los responsables del actual desastre. Su diagnóstico demoledor de la contribución de cada uno a crearlo estaba acompañado de una exigencia puntual: que se pusieran de acuerdo en un pacto para hacer frente a la emergencia nacional y salvar lo que queda del país.

Fue mucho pedir. Algunos se hicieron los occisos. Otros se lavaron las manos. Todos se mostraron incapaces de cambiar para hacer algo por el país. Parecen decididos a proseguir neciamente sus caminos y a arrastrarnos con ellos al despeñadero.

Circulan muchas ideas. La más importante es la de reconstituirnos desde abajo, realizando asambleas en cada barrio, cada comunidad, cada municipio, para dotarnos de las normas y formas de organización que en cada lugar parezcan adecuadas. Hay lugares en que el tejido social es aún fuerte; basta activarlo y regenerarlo para asumir plenamente nuevas responsabilidades autónomas, como ejercicio de soberanía popular. En muchos lugares, en el otro extremo, el tejido social se ha desgarrado por completo y no quedan ni sus huellas. No podrán hacerse asambleas ni siquiera de una calle o entre los vecinos de un condominio. Pero dos o tres vecinos pueden organizar la suya y en su pequeña asamblea, que poco a poco se enlazará con otras, estarán también sembrando las semillas de la reconstitución.

A partir de ahí haremos lo que sigue. Desde el tejido social regenerado haremos valer nuestra fuerza, nuestro poder político. Tendremos una tarea inmediata: protegernos unos a otros. Esa ha sido, aquí y en todas partes, siempre, la forma de vivir seguro. Entre vecinos de confianza uno puede sentirse tranquilo. En esto empezaremos a encontrar tareas dignas y reconocidas para nuestros jóvenes y así descubriremos y crearemos auténticas opciones de vida para ellos. El desafío de hoy es ante todo a la creatividad social, a las imaginaciones reprimidas, para abrir desde ahora el abanico de caminos que pueden transitar esos jóvenes cuando no se dejan abarcar por la violencia del capital, del Estado y de los delincuentes.

Queremos que los militares regresen a sus cuarteles. Deben cesar inmediatamente las tareas abiertamente ilegales que les han ordenado realizar, como en los retenes que apenas ahora el Congreso quería introducir en la ley. Si en alguna geografía hay quienes se sienten protegidos por ellos pueden solicitar que permanezcan, pero la orden debe venir de ellos, no de su ridículo e incompetente comandante en jefe.

Muchas de las ideas que circulan requerirán tiempo y organización. Ayudará mucho saber que ya no debemos esperar que las soluciones vengan de arriba. Obtendremos protección y oportunidades de la familia, los amigos, la comunidad, del tejido social regenerado con el que estaremos reconstituyendo el país. Es lo que jamás podrá ofrecernos el Estado.

Muchas iniciativas forman parte de la batalla de la memoria contra el olvido. Cunde ya la labor iniciada en Cuernavaca: recordar mediante placas a nuestros muertos y desaparecidos en cada plaza central de cada ciudad de México. La podemos reafirmar en Comisiones Ciudadanas de la Verdad y Tribunales Populares bajo nuestro control.

Llegaremos así al punto en que podrá imponerse la voluntad popular para remover obstáculos del camino. Podremos entonces deshacernos de obsoletos aparatos del Estado y de quienes los manejan con tanta incompetencia y corrupción, porque tendremos en su lugar, construidas desde abajo, las modalidades autónomas de gobierno en que la democracia esté donde siempre debe estar: adonde se encuentra la gente.

Es hora de los poetas. Wendell Berry lo acaba de subrayar: Vendrá un tiempo en que forjaremos comunidad o moriremos, aprenderemos a amar uno al otro o moriremos. Está llegando rápidamente el tiempo en que los grandes poderes centralizados ya no podrán hacer por nosotros lo que necesitamos que se haga. La comunidad empezará de nuevo cuando la gente empiece a hacer por cada uno de los demás lo que hace falta.

Que se vayan todos

JOHN M. ACKERMAN

Los analistas y medios de comunicación de siempre empiezan ya a edulcorar y unificar el mensaje de la marcha multitudinaria del próximo domingo 8 de mayo en solidaridad con Javier Sicilia. Con el fin de reducir los daños para Felipe Calderón y su gobierno, las imágenes y reportajes que desde ahora se preparan resaltarán las expresiones de rechazo a los criminales y la corresponsabilidad de la sociedad. El repudio directo al gobierno y su fallida estrategia bélica recibirán un trato marginal, y se buscará relacionar estas expresiones con oscuros intereses políticos o simplemente descalificarlos como grupúsculos de resentidos sociales. El objetivo será construir una escenografía para que Calderón salga al día siguiente a reconocer la gran importancia de la manifestación y por enésima vez se comprometa a trabajar con la sociedad en la búsqueda de soluciones a la violencia.

El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.

La sociedad está cansada de pactos vacíos y expresiones estériles de buena voluntad de los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.

Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un ¡ya basta! a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio.

Asimismo, no podemos ser tan ingenuos como para simplemente exigir a las autoridades que ahora sí cumplan con su deber, sino que habría que exigir la inmediata destitución de todos los altos mandos involucrados en esta guerra criminal tanto a escala federal como en los gobiernos estatales, empezando, por supuesto, con Genaro García Luna, Guillermo Galván y el propio Calderón. Estos funcionarios han estado ya bastante tiempo en el gobierno y han demostrado que son incapaces de asegurar la paz social.

Es hora de que se vayan a casa. Esperemos que este domingo, junto con la poderosa consigna No + sangre!, también se multiplique aquella consigna histórica del pueblo argentino para repudiar al conjunto de su clase política: ¡Que se vayan todos!

Pero, más allá de exigir la renuncia inmediata de los funcionarios responsables, también habría que iniciar procedimientos de juicio formal contra los responsables de esta sangrienta historia. De otra forma, solamente reproduciríamos el sistema simulado de rendición de cuentas típico del régimen del partido de Estado en que, ante una crisis o tragedia nacional, algún alto funcionario ofrecía su cabeza para apaciguar el reclamo social.

Habría que iniciar desde ya una diversidad de juicios en tribunales nacionales e internacionales contra Calderón, García Luna, Galván y otros funcionarios por su responsabilidad directa en la muerte de casi 40 mil ciudadanos inocentes durante los últimos cuatro años. Existen casos particularmente evidentes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, como el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el de los hermanos Martín y Bryan Almanza, en Tamaulipas. Pero, estrictamente hablando, cada uno de los 40 mil muertos es inocente, hasta que un tribunal demuestre lo contrario, y en todo caso a ningún criminal se le puede aplicar la pena de muerte, dado que esta figura está explícitamente prohibida por el artículo 22 de la Constitución.

Probablemente es cierto que un gran porcentaje de las personas materialmente responsables por los asesinatos tengan alguna vinculación con el narcotráfico, aunque sin duda el número de 90 por ciento manejado por Calderón es una exageración. Sin embargo, también es cierto que una enorme cantidad de los sicarios, probablemente más de 90 por ciento, también tiene algún vínculo con las autoridades gubernamentales. Si no se persigue esta complicidad hasta los más altos niveles, la lucha por la seguridad pública estará condenada para siempre al fracaso.

La articulación de un claro mensaje de repudio hacia Calderón y de exigencia de rendición de cuentas a la clase política en general no emerge de odios personales hacia el Presidente o de algún resentimiento político, sino de la ineludible necesidad de dar un ejemplo simbólico de que por fin existe la posibilidad de acabar con la impunidad que impera en el país. Hace falta instaurar un parteaguas histórico, un antes y un después, para que se inicie desde ya la construcción de una nueva república. Así ha ocurrido recientemente en numerosos países del mundo, y de manera destacada en Medio Oriente y Sudamérica, que, como México, también tienen instituciones públicas corruptas e ineficaces. ¿Por qué México tendría que ser la excepción?