EL ARTIFICE DEL ESTADO POLICIAL

10/05/2011

Anabel Hernández y Genaro García Luna.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.

La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.

Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.

El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.

La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.

En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.

Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.

Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.

También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.

La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.

Marchas por la paz, la dignidad y la justicia

MAGDALENA GÓMEZ

Si algo confirma la iniciativa encabezada por Javier Sicilia es que colocó en clave social su inmenso dolor para solidarizarse con las tantas otras y otros y así convocar a la heterogénea ciudadanía que somos en torno a la voluntad de poner límite a la criminalidad desatada por la estrategia calderonista del llamado combate a la delincuencia organizada, que afecta por igual a los más diversos sectores sociales. Otro rasgo relevante es que se trató de marchas y/o mítines con vastas expresiones en el país y presencia muy significativa fuera del mismo. Por otra parte, que el origen de la iniciativa sea liderado desde las entidades federativas también le da un signo distintivo, así como el deslinde expreso frente a toda intervención partidaria.

Se ha señalado que esta marcha ha sido precedida de otras con el mismo eje y, sin embargo, de inicio, se observan diferencias notables. La más destacada es que se propone tejer un pacto desde la sociedad y, si bien demanda al Estado respuestas, no parece ser la puerta de entrada sino la ruta natural de este proceso.

El fantasma de la concertación apresurada se hará presente, sin duda, y para eludirlo habrá que analizar los resultados de iniciativas previas con arranque legítimo, como la de Alejandro Martí, que sentenció ante los poderes del Estado su célebre si no pueden renuncien , no pudieron –y no quisieron– y siguen allí, pese a que los plazos de los planes se cumplieron sobradamente y los resultados de los mismos brillan por su ausencia.

En este sentido, y abriendo un paréntesis, me sorprendió el llamado de Javier Sicilia antes de leer su discurso en el Zócalo el pasado domingo, sobre la petición de la renuncia del secretario de Seguridad Pública del ámbito federal como una suerte de evidencia que el ocupante de Los Pinos debería dar si es que estaba escuchando. Y no es porque sea defendible en lo más mínimo el referido funcionario, pero colocar esa petición en un entramado de impunidad tan complejo que involucra la participación del Ejército, la Marina, algunas instancias policiacas estatales, así como las fuertes pugnas internas entre todos ellos, resultó, por decir lo menos, un tanto arriesgado y se convirtió en la nota frente a su discurso en defensa de la nación y de todas y todos, cargado de razones estructurales sobre la crisis y de preguntas duras a las malas cuentas de los poderes del Estado y los partidos, entre ellas una contundente ¿Por qué se permitió al Presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al Ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre?

Regresando al recuento del proceso que abrieron estas marchas, es ejemplar la respuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al sumarse activamente a la solidaridad con la sociedad agraviada por la violencia y la impunidad. El EZLN sale de sus comunidades después de cinco años, para dar solidaridad sin demandarla para sí. La comandancia indígena zapatista en pleno dio una lección de dignidad, y deslizó conceptos sobre el estado de derecho e incluso militares cuando señala que mal hace un mando que piensa que corregir un error es rendirse. El comandante David afirmó que “los gobiernos y sus políticos dicen que criticar o no estar de acuerdo con lo que están haciendo es estar de acuerdo y favorecer a los criminales… que la única estrategia buena es la que ensangrienta las calles y los campos de México, y destruye familias, comunidades, al país entero. Pero quien argumenta que tiene de su lado la ley y la fuerza sólo lo hace para imponer su razón individual apoyándose en esas fuerzas y esas leyes. Y no es la razón propia, de individuo o de grupo, la que debe imponerse, sino la razón colectiva de toda la sociedad. Y la razón de una sociedad se construye con legitimidad, con argumentos, con razonamientos, con capacidad de convocatoria, con acuerdos”. Y concluyó con una reflexión que muestra su sabiduría indígena: “Tener miedo de la palabra de la gente y ver en cada crítica, duda, cuestionamiento o reclamo un intento de derrocamiento, es algo propio de dictadores y tiranos. Porque el saber escuchar con humildad y atención lo que dice la gente es virtud de un buen gobierno.

Porque el saber escuchar y atender lo que la gente calla es la virtud de gente sabia y honesta. (La Jornada, 8 de mayo de 2011). Y es precisamente en Ciudad Juárez donde este movimiento que reunió a otros ha marcado su próxima parada para firmar un pacto social que plantea la dimensión amplia de la impunidad pues, si bien se demandan esclarecer crímenes emblemáticos, plantea además la crítica estructural al modelo económico, a las desviaciones políticas y urge a un inmediato cambio de estrategia, sin lo cual cuestiona el sentido de las elecciones de 2012. En suma, coloca un desafío para enfrentar la crisis en clave ciudadana.

Hacia una Nueva República

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país. Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.

Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.

Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.

Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones.

Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad. Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.

Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país. Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.

Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad. También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero.

Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.

Régimen tocado

PEDRO MIGUEL



El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha recono-cido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población.

Amplios sectores de la socie- dad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos.

En la arena de disputa polí-tica que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de mano dura y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas contra la inseguridad, convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.

Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces ciudadanas que achacaron a éstas el propósito de “pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protes- tas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública.

Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio a 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres.

Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos).

Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.