FRACASO PROPAGANDISTICO

Militares contra García Luna y su Equipo

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF., 22 de mayo (apro).- La intentona propagandística del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Televisa es un fracaso más de la estrategia de la actual administración en su “guerra a las drogas”.

Lejos de construir una imagen favorable de la Policía Federal, la serie televisiva El Equipo profundizó la división al interior del gabinete de seguridad nacional.

El anuncio de su próxima salida del aire, luego de una temporada de 15 capítulos, indica que ni con la ficción se puede sostener la estrategia violenta a la que Felipe Calderón se aferró a pesar del alto costo en vidas e institucional.

A decir de la retahíla de comerciales que han acompañado a la transmisión, fue más en beneficio comercial de Televisa que para la imagen de los más de 30 mil hombres que tiene García Luna en la Policía Federal.

El programa, que gozó del horario estelar de la televisora, generó molestia y reclamos principalmente entre miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos tienen diferencias con García Luna desde el principio del gobierno de Felipe Calderón.

Los militares nunca han confiado en él “por sus antecedentes” en la Procuraduría General de la República, donde el expresidente Vicente Fox lo hizo director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se lo dijeron desde un principio a Calderón.

¿Qué le debe o qué le sabe García Luna a Calderón para hacerlo el hombre fuerte a quien le confió “todos los juguetes” en su “guerra al narcotráfico”? Es una pregunta recurrente en la milicia.

Confrontados entre sí, los secretarios de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y el de la Marina, Armada de México, el almirante Mariano Sáynez Mendoza, esta vez tuvieron motivos de coincidencia.

La producción televisiva de García Luna, quien dispuso de las instalaciones y otros bienes públicos en beneficio de la empresa de Emilio Azcárraga, hizo suyos hechos en los que la Policía Federal fue del todo ajena, sencillamente porque no existía. Peor aún, se dedicó a denigrar a los militares.

Las historias de “éxito” que presentó fueron claras adaptaciones de sucesos en los que los protagonistas en la vida real fueron efectivos de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército.

El general Galván es el más agraviado por las repetidas alusiones negativas al Ejército desde el primer capítulo de la ficción. Laureado recientemente por el gobierno colombiano, que carga con graves violaciones a los derechos humanos en su propia guerra al narco, García Luna hizo pública su afrenta con el general secretario en las pantallas de televisión.

La Cámara de Diputados está obligada a llamar a cuentas a García Luna. No sólo por los recursos de la secretaría que puso a disposición del monopolio televisivo, sino por ser el responsable de las políticas de seguridad en el país y el fracaso de sus tácticas de propaganda, más allá de los escenarios que ha creado para mostrar “éxitos” en la vida real de la Policía Federal.

Los diputados disponen ya incluso de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en el que apenas en febrero pasado el ente fiscalizador de ese brazo del Poder Legislativo dio a conocer las fallas y omisiones de García Luna.

La “guerra psicológica” desarrollada por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que durante más de medio siglo ha sido exitosa gracias a la poderosa industria del cine y la televisión estadounidense, ha logrado el objetivo de ganar apoyo en su sociedad.

En su ambición de colgarse todas las medallas, García Luna exacerbó las peleas entre los encargados de dar seguridad al país, mientras se mantiene la percepción social de que la estrategia de Calderón sencillamente no ha funcionado.

Irónica, cínicamente, la propia Televisa lo confirma. La transmisión de La Reina del Sur –producida por Telemundo– otra ficción sobre en torno al narco, pero ésta dedicada a la vida de una narcotraficante, está entre las series más vistas en México. Perniciosa e hipócrita, Televisa es la única que gana, como siempre, al amparo del poder.

Evaluar para controlar

BERNARDO BÁTIZ V.

Elba Esther Gordillo pretende evaluar a todos los maestros del país, la Procuraduría General de la República quiere evaluar a todos los policías, jefes de policía y procuradores de justicia del país. ¿Quién garantiza que las evaluaciones, las que ya se están haciendo y las del futuro, sean imparciales y justas? Ni las de los maestros en manos del sindicato de la maestra, ni las del gobierno federal a través de sus mandos centralizados lo estarían.

Las evaluaciones las hacen los superiores a los inferiores en las estructuras verticales; las autoridades federales no son quienes mandan a las estatales, ni éstas a las municipales. En nuestro sistema federal, los procuradores de las entidades federativas no son, aun cuando algunos así se sientan, subordinados de la procuradora general de la República, menos del secretario de Seguridad Pública, ni tampoco del secretario de la Defensa Nacional.

Cada autoridad tiene su ámbito de competencia y la ley no puede ser sustituida por acuerdos y convenios entre funcionarios. Los poderes federales y estatales deben estar coordinados y colaborar, pero de ningún modo puede haber sumisión o sometimiento.

Los maestros del país conocen los métodos de control del sindicato, todo se usa para disciplinar al gremio de profesores, lo mismo amenazas, que a veces se cumplen, que recompensas, que a veces también se otorgan. Quien no esté incondicionalmente con el sindicato de la maestra no tendrá oportunidad de ascenso ni acceso a becas o a cursos especiales, ni a reconocimientos, ni a viajes y todo esto sucede desde antes de que la dirigente tenga en sus manos la herramienta de la evaluación que busca. ¿Cómo serán las cosas si Felipe Calderón accede al nuevo capricho que pretende arrancársele y le entrega el Órgano Autónomo de Evaluación Magisterial a la dispensadora de Hummers?

Ni en el magisterio ni en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia puede permitirse un centralismo autoritario que desnaturalice las instituciones. En materia educativa, cada director de plantel, cada comunidad escolar, los padres y los alumnos son quienes deben evaluar y alentar a los maestros y no un sistema burocrático, falto de ética, férreo y al servicio de un poder incontrastable.

Los gobernadores son responsables de sus procuradores y de sus jefes de policía; del Poder Ejecutivo depende la gobernabilidad de un estado o de todo el país; si los titulares de los poderes ejecutivos no pueden designar a sus funcionarios de procuración de justicia y de policía preventiva, y otros poderes o fuerzas se los nombran o se los aprueban directamente o a partir de ternas o elecciones indirectas y si desde lejanas oficinas los evalúan, califican, aprueban o desaprueban, ¿qué mando le queda al gobernador o al presidente? y ¿quién les podrá exigir que su equipo cumpla, si simplemente ya no será su equipo?

Recuerdo un incidente en una conferencia de procuradores, hace algunos años (yo lo era del Distrito Federal): el procurador de Fox, licenciado Rafael Macedo de la Concha, pretendió hacer a los procuradores asistentes la prueba antidoping; la propuesta, presentada a trasmano por un incondicional, provocó en la reunión un silencio incómodo; pasados unos segundos, pedí la palabra y dije que el procurador de la República no era nuestro superior, sólo el coordinador de las reuniones y que, de pasar por la prueba, la noticia al día siguiente no sería sobre los acuerdos tomados por la conferencia, ni sobre los temas tratados: la nota sería el examen que el abogado de la nación hiciera a los abogados de las entidades federativas. El general, creo que molesto, retiró la propuesta y mis compañeros respiraron tranquilos, no por temor a que resultaran positivas las pruebas, estoy seguro, sino por el significado de subordinación que conllevaba.

Quienes quieren centralizar todavía más el poder y borrar los rasgos del sistema federal que define la Constitución han encontrado un camino tortuoso pero eficaz para controlar, a través de las evaluaciones y calificaciones o descalificaciones, a otros poderes y otras soberanías. En muchas entidades, entre ellas el Distrito Federal, que cuenta con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, de larga trayectoria, ciertamente no se requiere de evaluadores externos para sus policías y agentes del Ministerio Público.

A fin de cuentas, ¿quién evalúa a los evaluadores federales? ¿Quién garantiza que ese complicado sistema, frecuentemente contrario a la dignidad de los examinados, dé buenos resultados? Dicen, para apremiar a otras entidades, que Nuevo León ya completó la evaluación de sus altos mandos al ciento por ciento; sin embargo, en el estado norteño no disminuye, más bien aumenta, la violencia y se incrementan los crímenes. Lo mismo podemos decir de otros estados, como Tamaulipas, donde la mayoría de los mandos pasaron la evaluación, pero la violencia y la inseguridad no cejan.

Mejor cumplimos con la Constitución, dejamos a un lado proyectos y programas, más para la foto y para el control político que para la eficacia, y respetamos el sistema federal.

Que cada quien cumpla con sus obligaciones y todos se coordinen sin subordinarse.

San Lázaro, puro engaño y cinismo

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 20 de mayo (apro).- Engaño, oportunismo y cinismo. Esa ha sido la actitud de los diputados federales de PRI, PAN y PRD desde que concluyó el periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril. A lo largo de los poco más de 20 días que han transcurrido de mayo, los legisladores se han dedicado a demandar por separado un periodo extraordinario para sacar adelante las reformas pendientes.

Del Senado de la República llegaron a la Cámara de Diputados tres reformas fundamentales para el país, debido a los tiempos sociales, violentos y electorales que vivimos. Y ninguna ellas ha sido aprobada.

La primera minuta en llegar a la Cámara fue la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en abril de 2010. Durante meses, los diputados federales la mantuvieron en la congeladora; luego, la urgencia de los mandos militares y los acuerdos con el PRI hicieron que se discutiera en ‘petit comité’.

El trabajo de quien estuvo al frente, el diputado Alfonso Navarrete, fue impecable; sin embargo, tuvo un pequeño problema: no se socializó entre las siete fracciones que integran la Cámara.

Lo anterior dio pie a que, al hacerse público el documento considerado ya como la base de la minuta, recibiera duras críticas, debido a que el resto de los partidos se sintió excluido; pero sobre todo sirvió para que la sociedad alzara su voz, ya que nunca fue consultada sobre un tema tan sensible como la legalización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

La polémica reforma nunca fue discutida como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados: en comisiones con la participación de todos lo partidos. En lugar de ello, el PRI intentó hacer los cambios entre unos cuantos que fuera aprobada el 29 de abril, ¡un día antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones!

Las marchas en pro de un pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, el reclamo contra la persistente violencia y el rechazo al baño de sangre en que se ha convertido el país, fueron el acicate para que, ahora sí, los principales partidos en la Cámara de Diputados declaren una y otra vez que urge un periodo extra para aprobar dicha ley, y dar así un poco de coherencia en el combate al narcotráfico.

La posición resulta ser un simple oportunismo debido a que los posicionamientos de los partidos sólo buscan quedar bien con la sociedad civil que los increpó duramente; un engaño, porque si no hay un dictamen --y en este caso apenas definieron el plan de trabajo para discutir la minuta del Senado--, no se puede convocar a un periodo extraordinario y cínico, porque durante un mes nunca se atrevieron o propusieron sacar del cajón de la congeladora el controvertido proyecto.

Una ley más. El lavado de dinero. Es otra minuta que llegó del Senado, aunque ciertamente en las últimas horas del cierre del periodo ordinario.

Lo absurdo de la actitud de los diputados federales es que todos demandan un periodo extra para aprobar esta ley que, aunque limitada es mejor de lo que hoy existe para intentar poner un dique al objetivo que mueve a los grupos criminales: la obtención de la riqueza.

Es absurdo que hagan esta demanda porque, peor aún que en el anterior caso, la comisión que tiene en su poder la minuta no se ha reunido ni una sola vez para discutirla. Por lo tanto, tampoco hay dictamen que discutir en un periodo extraordinario.

Y finalmente, la reforma política. Es cierto que el Senado la aprobó en los últimos días del periodo, pero al ser un tema menos complicado, pero no por ello de menor trascendencia para el país, e incluso, al introducirse figuras de participación política por la que la mayoría de los partidos han estado pugnando, resulta cínico que los priistas llamen a un periodo extraordinario cuando han sido ellos quienes se oponen rotundamente a la creación de estas nuevas formas de participación política.

Por todo esto resulta cínico, oportunista y un total engaño que PRI, PAN y PRD hayan estado machacando durante los últimos 20 días que desean un periodo extraordinario cuando ni siquiera lo pueden hacer, pues carecen de dictámenes para discutir. Y un periodo extra se establece sólo cuando se cuenta con materia, es decir, dictámenes que aprobar.

Los diputados federales se han exhibido como unos verdaderos oportunistas y mentirosos. Demandan algo cuando ellos mismos, en los hechos, se niegan con empezar a trabajar. Y luego se preguntan por qué es que los legisladores son percibidos entre la sociedad como unos mentirosos.

La posibilidad de que ocurra un periodo extraordinario para avalar estas leyes siempre está abierta, pero para que ello ocurra se requiere voluntad política, deseos de servir y un verdadero deseo de ayudar a que este país y sus habitantes puedan vivir con paz y seguridad.