LAS FUERZAS VIOLADORAS

13/05/2011

AI acusa a militares y policías de grave violación de derechos

Hubo homicidios, desaparición de personas y torturas; ningún condenado. La impunidad es norma y persisten deficiencias en el sistema judicial. Sin castigo, agresiones a mujeres, indígenas y periodistas

VÍCTOR BALLINAS



Periódico La Jornada

Viernes 13 de mayo de 2011, p. 2

Amnistía Internacional (AI), en su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo 2011, afirma que en México el Ejército y las policías desplegadas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico fueron responsables el año pasado de violaciones graves de derechos humanos: homicidios, desapariciones forzadas de personas, tortura y detenciones arbitrarias, sin que hasta el momento ningún militar haya sido condenado por perpetrar estos delitos.

En el informe 2011 de AI, que da cuenta de la situación de esas garantías en 2010, se destaca que en México la impunidad fue la norma en los casos de violaciones de derechos humanos y que persistieron deficiencias en el sistema judicial.

Subraya que el sistema de justicia penal incumplió a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitó enjuiciamientos por motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado del arraigo.

Resalta que se sospechaba que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes; la forma violenta como murieron transeúntes y otros ciudadanos, obligó a que miles de personas huyeran de sus hogares. La violencia se extendió a nuevas regiones, y rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes.

AI hará público su informe a escala mundial este viernes, y en el capítulo dedicado a México señala: “Según informes del gobierno, hubo más de 15 mil muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en los estados del norte. La mayoría se produjo en conflictos entre cárteles de la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad”.

Agrega que en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron 3 mil personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes, y en varios estados hubo ataques contra centros de rehabilitación para drogadictos, que se saldaron con la muerte de decenas de pacientes.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos refiere en el informe la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto pasado, lo que reveló la escala y el carácter sistemático de los abusos co metidos contra ellos.

Afirma que tampoco hubo avances en la lucha para poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidos durante la “guerra sucia (1964-1982)”.

AI asevera que “hubo nuevos informes de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército, y como ejemplo cita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre informó que había investigaciones abiertas por más de un centenar de quejas de homicidios cometidos por las fuerzas armadas contra civiles en los últimos 18 meses.

Indica que el sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre los casos en que se encontraban implicados militares en violaciones graves de derechos humanos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Durante el año (2010) no se supo de ningún militar en activo condenado por esos delitos.

Sostiene que las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada a la jurisdicción militar no garantiza que las violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema castrense.

En el informe de AI se citan los casos de los alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Francisco Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes murieron el 19 de marzo de 2010 cuando unos militares abrieron fuego contra presuntos miembros de una banda de delincuentes.

Una investigación de la CNDH reveló que los militares colocaron armas a los estudiantes para inculparlos y destruyeron pruebas del lugar del crimen para acusarlos falsamente de pertenecer a la banda de delincuentes. Al concluir el año no había noticias sobre avances en las investigaciones, destaca AI.

También cita el caso de los hermanos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años de edad. Según testigos, los niños iban en un automóvil con sus papás. Las autoridades militares y civiles negaron la responsabilidad de los militares, pero la CNDH demostró que se había alterado la escena del crimen y que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. El caso seguía bajo jurisdicción militar y no se tuvo conocimiento de algún avance en las indagatorias.

AI también señala que continuó recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, cometidas por policías federales, estatales y municipales. Advierte que la reforma a la policía se vio debilitada por no establecer controles de supervisión creíbles y no realizar investigaciones penales efectivas contra abusos en derechos humanos.

En el caso de los migrantes, Amnistía Internacional reporta que de las “decenas de miles que atraviesan México en dirección a Estados Unidos, muchas mujeres fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes.

Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la complicidad o aquiescencia de las policías federal, estatal y municipal.

Además, en México continuaron las amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron asesinados. También defensores de derechos humanos fueron atacados y acosados.

Acerca de las mujeres, sostiene que las medidas legislativas fueron insuficientes para prevenir y castigar la violencia contra ellas, incluso niñas.

Durante al año murieron violentamente 300 mujeres en el hogar y la comunidad. Al menos 30 cadáveres presentaban lesiones que indicaban que habían sufrido tortura y violencia sexual

Calderón no calculó bien los efectos de la guerra antinarco, afirma Rupert Knox

La situación del país, altamente grave: a la violencia se suma la impunidad

ARMANDO G. TEJEDA

Periódico La Jornada

Madrid, 12 de mayo. Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) para México, aseveró que la situación del país es extremadamente grave y altamente preocupante, no sólo por el aumento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos, sino porque sigue prevaleciendo la impunidad en muchos de los casos abiertos en los que están implicados funcionarios públicos y militares.

En entrevista con La Jornada, Knox consideró que el gobierno de Felipe Calderón no calculó bien las consecuencias de la guerra abierta contra el crimen organizado ni ha invertido lo suficiente en el fortalecimiento de las instituciones.

AI, la prestigiosa organización con sede en Londres, celebra este viernes su 50 aniversario y presentará un informe en el que destaca las amenazas a la libertad de expresión en el mundo, un apartado en el que México suscita preocupación y alarma.

–¿Se puede decir que México atraviesa uno de sus periodos más críticos en relación con el respeto a los derechos humanos?

–Se puede decir que México pasa por un periodo extremadamente grave de violación de los derechos humanos. Al parecer, en lo que va del año la situación se ha agravado aún más, con el descubrimiento de fosas comunes en Tamaulipas y Durango.

“Es una muestra más del patrón de violencia e impunidad que impera en buena parte del país. Vemos una situación de violencia que afecta a muchos sectores de la sociedad y que no tiene respuesta del Estado.

“Falta de respuesta que también vemos en los constantes abusos que sufren los migrantes irregulares que cruzan el país, así como en la violencia contra las mujeres, contra las comunidades indígenas y la libertad de expresión.

“Y no vemos una respuesta del Estado. Entonces, sí, estamos en una situación muy grave que ha empeorado porque la política del Estado en materia de derechos humanos no ha sido la adecuada para reformular el propio Estado y garantizar mayor protección.

–¿Considera que entre la clase política se ha instalado cierto desafecto hacia los derechos humanos?

–Yo diría que sí. Y creo que se ha puesto de manifiesto en la marcha de hace unos días para repudiar la violencia y rechazar la postura institucional del gobierno por su incapacidad para garantizar el respeto a los derechos humanos.

–¿Cree que el debilitamiento del Estado se ha acentuado durante este gobierno?

–Es evidente que la delincuencia organizada sigue siendo una grave amenaza para la seguridad, pero creemos que otra parte del problema es que el gobierno de Felipe Calderón no ha calculado bien las consecuencias ni ha invertido lo suficiente en las instituciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de forma real y auténtica.

“En el caso de los migrantes, por ejemplo, hemos visto que a escala internacional el gobierno ha promovido una política de carácter institucional en la que defiende su respeto a los derechos humanos. Pero esa misma actitud no la hemos visto en el terreno, tal y como se ha demostrado con la forma en que se investigan los abusos y la forma de actuar del Instituto Nacional de Migración (INM).

Lo más grave es que no se termina con la impunidad de tantos abusos para romper el círculo vicioso de la violencia. El mensaje es claro: todo sigue igual por falta de voluntad política y la ausencia de una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos.

–Entonces, la situación extrema en la que está México suscita aún más preocupaciones a escala internacional, ¿es así?

–Es evidente que la situación de México es de alta preocupación. Pero no sólo por las cifras de asesinatos del año pasado, sino por la ausencia de rendición de cuentas de muchas instituciones; esa ha sido la principal debilidad de este gobierno. Por ejemplo, el haber incluido al Ejército en tareas de seguridad pública no ha venido acompañado de medidas para garantizar que esta institución rinda cuentas por posibles violaciones de derechos humanos. La reforma que había para modificar la justicia militar apenas ha avanzado y sigue prevaleciendo la impunidad.

–En el informe de AI sobre 2010 no se incluye el caso, pero esta semana se descubrió la presunta implicación de agentes del INM en secuestros y asesinatos masivos de migrantes. ¿Esto confirma la ausencia de controles?

–Sí, y es interesante, pues en todos los encuentros que hemos tenido los representantes del gobierno hablaban de las medidas que habían adoptado en el INM para encontrar a las personas que pudieran estar involucradas.

–Este año, en el 50 aniversario de AI, se dedica el informe a la libertad de expresión. ¿Hay retroceso en México en esa materia?

–La situación es preocupante. Tampoco ha mejorado en cuanto a la impunidad de los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación. Se había acordado un mecanismo gubernamental de protección a periodistas, pero al concluir el año aún no estaba en funcionamiento.

–Con más de 40 mil muertos desde la llegada de Felipe Calderón al poder, ¿México se ha situado en uno de los focos rojos del mundo en materia de violencia y violación de las garantías individuales?

–Sí. Hay una alta preocupación ante la violencia desatada. Y no es cuestión de culpar exclusivamente al Estado ni mucho menos. No solemos hacer comparaciones porque nos parece peligroso, pero es evidente que la situación en México se ha deteriorado gravemente y al parecer no hay una estrategia clara para salir de ella, que es fruto de muchos años de no haber llevado a cabo políticas de fondo.

“Pero es evidente que en años recientes se ha deteriorado aún más y se han creado situaciones en las que los responsables de las muertes de inocentes han sido miembros del Ejército y no ha habido un deslinde de responsabilidades, como en el caso del Tec de Monterrey.

En ese caso los militares querían responsabilizar a los delincuentes (por la muerte de dos estudiantes), cuando en realidad habían sido ellos los autores. Y hasta la fecha no se han esclarecido los intentos de desviar la investigación.

Persisten en México violaciones a derechos humanos de enfermos mentales: ONG

El país no ha logrado que se inserten socialmente a dichas personas, señalan activistas

ELIZABETH VELASCO C.



Periódico La Jornada

Viernes 13 de mayo de 2011, p. 44

En México persisten flagrantes violaciones a los derechos humanos de las personas con alguna incapacidad mental o de otra índole, señalaron los directores ejecutivo y en México de la asociación Disability Rights International (DRI), Erick Rosenthal y Sofía Galván.

Inclusive, en diversas instituciones existe discriminación y hasta un reconocimiento explícito de incapacidad para atender a niños, jóvenes y adultos en situación de calle y que por el consumo de diversas drogas presentan enfermedades sicosociales o de otra índole, indicó Luis Enrique Hernández, de la asociación El Caracol.

En rueda de prensa, donde presentaron de nueva cuenta el video que da testimonio de la reclusión, segregación, abuso y abandono que en instituciones siquiátricas y otras del país padecen niños, adultos y ancianos afectados por alguna incapacidad, Sofía Galván lamentó la indolencia del gobierno federal al ignorar el reporte que DRI presentó sobre el tema en noviembre pasado.

Dicha agrupación, que en 16 años se ha dedicado a documentar abusos contra los niños y niñas de más de 25 países de América, Europa del Este, Medio Oriente y Asia, refirió la paradoja que se vive en México, pues si bien en 2001 el país fue el promotor de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en Naciones Unidas, ha quedado a la zaga en hacer valer las garantías individuales de ese grupo de personas, mientras que desde 2006 esa convención se ha ganado el mayor apoyo de la comunidad internacional.

De hecho, Rosenthal señaló que han habido avances significativos en países como Argentina y otros de América Latina para restructurar su sistema de atención y dirigirlo hacia un servicio comunitario, donde los discapacitados se puedan incluir como parte de la sociedad.

En cambio en México, indicó Rosenthal, niños y niñas son víctimas de trata o desaparición de las instituciones, como es el caso de Casitas del Sur; de condiciones abusivas e indignantes de trato; de ausencia de apoyo o servicios comunitarios, así como de discriminación de menores en situación de adopción y reubicación.

Hernández dio testimonio de cómo los menores de edad en situación de calle son discriminados en instituciones federales y locales de los mismos hospitales siquiátricos, no obstante que presentan estados de sicosis y discapacidad motriz por el consumo de activos.

Rosenthal dijo que esto obedece a la forma cómo se aborda la problemática, no por la falta de dinero, el cual se ha incrementado pero para la construcción de hospitales más modernos que sin embargo no han significado la alternativa adecuada para que se reinserten socialmente a quienes padecen una incapacidad mental, a pesar de las posibilidades que tienen de lograr una vida digna.

Prueba de ello, fue el testimonio de Ildemaro Correa Zavala, del Colectivo Chuhcan, quien con el apoyo de diversas redes no sólo concluyó su carrera como compositor, en la Escuela Superior de Música del INBA, sino también ha sido reconocido con diversos premios, gracias al papel que la comunidad jugó en su rehabilitación.

Diálogo público y en Palacio Nacional, responde Sicilia a Calderón

José Gil Olmos



MÉXICO, DF, 12 de mayo (apro).- El poeta Javier Sicilia informó que irán a un diálogo con el presidente Felipe Calderón, siempre y cuando el encuentro sea público, se realice en Palacio Nacional, participe una comisión de víctimas y se resuelvan los seis puntos dados a conocer en el Zócalo el domingo pasado.

En conferencia de prensa, aseguró que dichas condiciones son del conocimiento del gobierno federal el cual hasta el momento no ha dado respuesta.

A nombre del Movimiento Nacional por la Paz con Dignidad y Justicia, el colaborador de Proceso detalló que la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna, no es el eje del movimiento, pero específico que si se diera sería una buena señal de apertura del gobierno.

De acuerdo con Sicilia, quien estuvo acompañado por el Obispo Raúl Vera, Clara Jusidman, Emilio Álvarez Icaza y Eduardo Gallo, el tema central a tocar con Calderón en dicho encuentro, es el pacto ciudadano --de seis puntos-- que fue leído en el Zócalo y cuya firma se pretende concretar el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los seis puntos del pacto son: iniciar un nuevo camino de paz con justicia y dignidad; procesos transparentes de investigación, procuración y administración de justicia; fin a la estrategia de guerra y asumir un esquema de seguridad ciudadana; combatir la corrupción e impunidad; combate a la raíz económica de las ganancias del crimen; crear un plan de emergencia nacional de apoyo a la infancia y juventud crear oportunidades reales para el sector; democratización y nuevos medios de participación ciudadana en el país.

"Este movimiento nace del dolor de las víctimas, tenemos que pensar la estrategia de seguridad nacional muy consensuada, sin violencia", mencionó.

Durante la conferencia, Sicilia pidió a los medios no perder de vista que lo importante es el pacto por la paz, y que la renuncia de García Luna sería sólo “una buena señal” de que Calderón escuchó las denuncias de la ciudadanía sobre la corrupción de la Policía Federal (PF) y sus escasos resultados en el combate al crimen organizado.

El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, rechazó, a su vez, las expresiones de algunos articulistas, quienes han opinado que los activistas “son unos malagradecidos” al criticar la labor de García Luna.

“Nuestra relación con el gobierno es de ciudadanos, no de súbditos, no tenemos que darles las gracias por hacer su trabajo, nosotros les pagamos, viven y gastan de lo que nosotros les damos. Si alguien quiere agradecerles por lo que hacen y asumir un papel de súbditos, que lo hagan, nosotros no tenemos por qué hacerlo”, reviró el exombudsman capitalino entre aplausos de algunos de los asistentes.

El obispo Raúl Vera criticó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiera aprobar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional con una “democracia simulada” legislativa.

Denunció que el diputado federal, el priista mexiquense Alfonso Navarrete, quiera “brincarse” a la Comisión de Gobernación que encabeza el panista Javier Corral, instancia a la que corresponde analizar y aprobar dicha ley.

Lo anterior, debido a que el legislador por Chihuahua se ha negado a dejar pasar esta ley que no tiene la simpatía de la ciudadanía.

El prelado aseguró que así como quieren aprobar esta ley, se daría paso a un “Estado dictatorial y autoritario”, como lo denunciaron diversos obispos desde el 2000, cuando en una carta dirigida al Ejecutivo federal advirtieron de los signos que desde entonces se estaban presentando en el país.

En tanto, la activista Clara Jusidman manifestó que existe preocupación frente a la intención priista de aprobar la Ley de Seguridad Nacional a través de un artilugio legislativo que dejaría fuera a la Comisión de Gobernación.

Consideró que esta reforma debe ser sujeta a una consulta nacional antes de ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión.

Por su parte, el empresario Eduardo Gallo señaló que el pacto por la paz que están proponiendo es un llamado a toda la clase política, a los partidos y a los distintos órdenes de gobierno para que atiendan el reclamo de la ciudadanía.

Precisó que el acuerdo contra la violencia va más allá de la justicia, pues tiene que ver con la reconstrucción del país.

Finalmente, Sicilia señaló que se está pensando en la realización de una caravana ciudadana hacia Ciudad Juárez, donde se firmaría el pacto ciudadano; sin embargo, aclaró que la idea se está evaluando, pues hay zonas del país muy peligrosas, controladas por el crimen organizado.

Y advirtió que el gobierno de Calderón deberá mandar señales de que quiere acabar con la impunidad y resolver casos emblemáticos, como el se su hijo Francisco, los de las familias Reyes y Lebarón, así como el de Marisela Escobedo, en Chihuahua, y el de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

“No le pedimos peras al olmo, sólo una señal de que en realidad quieren hacer justicia”, aclaró el colaborador de Proceso, luego de un llamado a organizaciones ciudadanas de Estados Unidos y de la frontera norte de México para que se sumen a la firma del pacto por la paz.

Denuncia PRD a García Luna por la teleserie "El Equipo"

La redacción



MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió hoy una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, por posible desvío de recursos.

La parte demandante es el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, cuya vocera, Leticia Quezada, explicó que en la querella se pide a las autoridades indagar si García Luna incurrió en irregularidades al facilitar a los productores de la teleserie El Equipo, que se transmite por Televisa, el uso de instalaciones consideradas estratégicas y de seguridad nacional, así como personal y vehículos y helicópteros oficiales.

"Se han utilizado efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública como extras, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones encomendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal", se consigna en la denuncia.

Y agrega que también se ha hecho uso de indumentaria oficial de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terrestres e incluso helicópteros donados por Estados Unidos, todo ello propiedad del Estado mexicano.

Luego de solicitar que se investigue si hay un convenio firmado con Televisa, la vocera del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que García Luna podría estar incurriendo en un delito al consentir el uso de la infraestructura policial, por lo que exigió una investigación pronta para deslindar responsabilidades.

"Pedimos radicar el procedimiento disciplinario correspondiente por la utilización de recursos públicos en actividades privadas, por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal", dijo.

"El Equipo", cuya producción está a cargo de Pedro Torres, se filmó en el Centro de Mando de la PF, delegación Iztapalapa, así como el "búnker" subterráneo de su Centro de Inteligencia, ubicado en avenida Constituyentes, que concentra la base de datos criminal Plataforma México.

En la serie participan elementos de la PF, y usan uniformes e identificaciones reales, vehículos terrestres e incluso helicópteros Black Hawk donados por EU como parte de la Iniciativa Mérida.

En los créditos finales puede leerse: "Agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta serie a la SSP".

La telenovela se estrenó el pasado lunes 9, justo un día después que decenas de miles de personas corearan en el Zócalo capitalino la renuncia de Genaro García Luna como titular de la SSP, a propuesta de Javier Sicilia, y dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia.

Inicialmente, la serie se iba a llamar El Grecco, pero cambio de nombre de última hora.

La estrella de la serie es el exintegrante del grupo RBD, Alfonso Herrera, quien interpreta a Fermín, un policía que se revela a su padre, un general retirado que desprecia a la Policía Federal. Fermín gracias a su constancia y heroísmo se convierte en un destacado agente de la PF.