¡NO DE TU BANDO CALDERON!

Mexicanos de bien

BERNARDO BÁTIZ V.

El 5 de mayo, en un encendido discurso, como son sus alocuciones recientes, Felipe Calderón dijo que hay quienes quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia, para dar paso a las gavillas de criminales; dijo también, al llamar a la unidad, que los mexicanos de bien estamos en el mismo bando.

Que no me cuente de ningún modo en su bando; quien llegó a la Presidencia mediante un proceso amañado y con apoyos ilegales, quien se negó a contar los votos como se lo pedía el pueblo de México; no puede decirnos a los mexicanos que nos sumemos a su bando; no puede tampoco pedirles a quienes se han manifestado en estos días por la paz y por la justicia, al poeta cristiano Javier Sicilia y a otros muchos que protestan contra la violencia y la sangre derramada, que se cuenten en su bando; ellos y nosotros no somos delincuentes, pero tampoco podemos estar del lado del clima de terror impuesto, del atropello cotidiano a garantías individuales y de la guerra sin sentido; no queremos cambiar seguridad por libertad.

El martes 3 de mayo, en la avenida Constituyentes de la ciudad de Monterrey fui testigo de cómo un par de pelotones de soldados que viajaban en tres vehículos artillados, detenían y ponían con las manos contra la pared, mientras con insolencia y total falta de respeto, revisaban cuerpo y ropas a un joven solitario, que transitaba a pie, tranquilamente en plena mañana y sin agredir ni molestar a nadie. No iba, ciertamente, armado, ni en una gran camioneta de vidrios polarizados ni en algún otro vehículo blindado.

Ese mismo día, leí en El Porvenir, entre otras informaciones truculentas, dos preocupantes; la primera explica cómo elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) mataron a dos supuestos o reales sicarios.

La nota del colega regiomontano dice que en las calles de Afganistán (nombre peligroso) y Cartagena, los del GRI se percataron de diversos vehículos sospechosos, que huyeron ante su presencia; que pudieron solamente interceptar un Jetta gris, donde al parecer viajaban cuatro hombres, unidad que pararon luego de impactarla varias veces para que se detuviera, hasta que finalmente se estrelló contra la barda de una casa por la calle de las Américas, registrándose un tiroteo”. En el auto murió un desconocido y en la banqueta otro. ¿Esas personas calificadas como sicarios no eran mexicanos de bien y, por tanto, podían ser asesinadas, así no más y en plena calle?

La otra nota se refiere a un joven, una foto nos lo muestra sin camisa y rostro moreno, quien fue arrestado, por haber sido visto en forma sospechosa por efectivos de la policía.

¿De que se trata?, ¿las fuerzas armadas tienen orden de impactar los vehículos que les parecen sospechosos? ¿Quién nos asegura, si no hay más información que la de quienes abren fuego, que los ocupantes del Jetta eran sicarios o sólo ciudadanos aterrados? ¿Se puede detener a alguien por parecerle sospechoso a un policía?

La verdad es que nadie pide, como interpreta Calderón, airado y desesperado, que nos rindamos ante los delincuentes; lo que las marchas iniciadas el 5 de mayo están exigiendo es que se cambie la absurda estrategia de militarizar al país y de crear un estado de sitio no declarado, en el que las instituciones que el mismo Calderón dice defender se borran y diluyen ante los crudos hechos violentos en los que están presentes soldados, marinos y policías, juguetes ellos mismos de una estrategia errática y mal pensada.

Hechos como los relatados suceden en Monterrey, donde a dos estudiantes del Tecnológico, víctimas colaterales de la violencia, se les colocaron, ya muertos, armas en las manos para justificar el error de quienes los abatieron y donde un joven médico fue asesinado al ser confundido con un malo.

No está bien clasificar a mexicanos de bien y a mexicanos malos o perversos, o los malitos, como se les dice de manera coloquial en el norte del país; lo que se ha dicho a este gobierno y al anterior es qué se debe hacer para combatir la delincuencia y la violencia desatada: combatir las causas que la provocan y no sólo perseguir los efectos dolorosos a la vista.

La exigencia de las marchas convocadas por Javier Sicilia coincide con una política diferente de enfrentar a la delincuencia; en vez de más armas, más soldados y más cárceles, ampliar el empleo, de abrir escuelas, de proporcionar salud y seguridad social y principalmente, abatir la desigualdad y la discriminación que van en crecimiento. Pareciera que Calderón, al referirse a los mexicanos de bien, piensa en los suyos, los privilegiados de la fortuna, y pretende excluir a todos los mexicanos que no coinciden con sus puntos de vista autoritarios y con sus

Marcha por la paz y la verdad

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF., 8 de mayo (apro).-Sin verdad no puede haber paz. Los 40 mil muertos por la violencia de la delincuencia y del Estado y los otros miles que preconiza la “guerra a las drogas” no pueden quedar sólo en la indignación.

El hartazgo de cientos de miles de mexicanos que este domingo participaron en calles y plazas del país en la Marcha por la Paz, la Justicia y la Dignidad habrá de materializarse para encauzar el dolor de millones de deudos y víctimas provocadas por esa violencia que se parece cada vez más a la de una guerra civil.

El Pacto de Juárez propuesto como uno de los caminos para salir de esa violencia habrá de considerar a la verdad como condición necesaria para la paz, la justicia y la dignidad. La verdad, como exigencia para saber lo que ha pasado y para que no prevalezca sólo lo que la delincuencia organizada y las autoridades quieren que se sepa, ya por separado o, peor aún, en contubernio.

Sin ese conocimiento no se puede aspirar a la justicia. De los miles de muertos, secuestrados, torturados y vetados, sólo en unos cuantos casos hay investigación judicial y menos aún los supuestos responsables han sido consignados. Muchos menos todavía los que han sido sentenciados, a menos de que se trate de chivos expiatorios por acuerdo entre los jefes de la delincuencia y las autoridades.

Las averiguaciones previas, cuando las hay, están llenas de mentiras y distorsiones que imposibilitan la justicia y cualquier acto de reparación. Los muertos no pueden quedar en cifras. Se trata de un desgarramiento del país que tendrá que atenderse si es que se quiere evitar no sólo la prolongación de esta violencia –por lo menos 10 años más, como lo han advertido los encargados del aparato represivo gubernamental–, sino la repetición de ese tipo de hechos en el futuro.

La impunidad que históricamente ha definido a este país hará difícil transitar hacia la verdad. Pero hay referentes internacionales. La Marcha por la Paz quedó en el registro de la prensa internacional porque que México se ha convertido en noticia mundial por la violencia sin precedentes que lo desangra.

En Estados Unidos, desde donde se impulsa la “guerra a las drogas” hay quienes ven a lo que pasa en México como un teatro más de las guerras irregulares. Como tal, elaboran todo tipo de escenarios bélicos para “la protección” de su frontera.

Pero también está la visión del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que caracteriza a lo que pasa en México como un conflicto armado interno por los efectos que está teniendo en la población civil: ejecuciones arbitrarias, desplazamientos de comunidades, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y otras expresiones de la violencia exacerbada.

La comunidad internacional interviene en conflictos de este tipo debido a que las autoridades nacionales han sido rebasadas. El gobierno federal nunca reconocerá estar en esa situación y por lo tanto se opondrá a cualquier intervención que no sea la estadounidense.

Pero la sociedad podrá buscar las experiencias tanto de la aplicación del DIH como de las soluciones que se han dado a sí mismos distintos países para enfrentar las consecuencias de la confrontación interna violenta.

Una de ellas es la creación de Comisiones de la Verdad. Con todo y sus limitaciones, tienen la ventaja de llegar a una verdad compartida sobre lo ocurrido, pero sobre todo al establecimiento de responsabilidades y la reparación del daño.

En el caso de México, los responsables están tanto del lado de la delincuencia, de las autoridades y de aquellos que se han encargado de legalizar el dinero de las drogas.

La verdad, entonces, como camino a la justicia y como forma de recuperar la dignidad no sólo de las víctimas y sus deudos, sino de la mancillada sociedad mexicana.

Mi pancarta para la marcha

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 8 de mayo.- Supongo que hoy domingo encontraré a muchas caras amigas y conocidas en la marcha convocada por Javier Sicilia. También me toparé con desconocidos e, incluso, con adversarios políticos. ¿Por qué coincidimos? ¿Porque todos anhelamos la paz y a todos nos inquieta nuestra seguridad? ¿Porque nos duelen las muertes de inocentes? ¿Porque deseamos que la justicia sea una realidad en nuestro país?

Hace unos días Mauricio Merino reflexionaba atinadamente sobre el objetivo político de la marcha y señalaba que era imperativo construir una respuesta puntual “sin abandonar el proyecto democrático, sin vulnerar los derechos que hemos ganado paso a paso, y sin renunciar al imperativo de la igualdad y la cohesión social, para salir de la Plaza de la Constitución con más claridad y menos dolor del que hoy cargamos, solidarios, con el poeta Sicilia” (El Universal, 27 de abril). Merino proponía responder una serie de preguntas para definir qué queremos exigir con nuestra participación: ¿qué deben decir las pancartas que llevaremos?, ¿qué leyes queremos cambiar?, ¿qué reformas queremos conseguir?

Traté de seguir su sugerencia y me ha llevado un rato responderme qué es, más allá de manifestar mi dolor, mi repudio y mi indignación por lo que está ocurriendo, lo que quiero demandar. Como todos, anhelo la paz y la justicia, pero ¿cuál es la vía política para alcanzarlas? Como todos, deseo que termine la violencia, la corrupción y la impunidad, pero ¿por dónde empezar? ¡Qué difícil encontrar una demanda que se pudiera proponer colectivamente! Son tantos los terribles problemas que tenemos, y que además están vinculados entre sí: la desigualdad y la corrupción, los poderes fácticos y la impunidad, los ninis y la persistente carencia de oportunidades educativas y laborales de los jóvenes. El panorama es descorazonador.

Pero de cara a esta marcha, ¿cuáles serían algunas propuestas concretas que pudieran ofrecer un rayo de esperanza ante la pavorosa situación que estamos viviendo? Creo que algo que nos une a todos los que –pese a nuestras diferencias– marcharemos hoy es la urgencia de que el gobierno establezca un programa de acción distinto en la lucha contra el narco: que devuelva a los militares a las funciones que les corresponden, que depure los cuerpos policiacos (pero con programas de reinserción social) y que retome los señalamientos de expertos para poner la lupa, la energía y los recursos económicos en donde se deben poner: en la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y el negocio del lavado de dinero. La demanda podría ser sencilla –un cambio de estrategia–, pero implica aceptar algo que el gobierno de Calderón ha rechazado: tomar en cuenta a los especialistas que han estudiado la relación directa entre el crecimiento de la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público.

Calderón ha manifestado una sordera impresionante ante voces autorizadas y con una sólida experiencia, como la de Edgardo Buscaglia. Este experto en temas de corrupción, delitos y droga lleva rato señalando que para conducir una guerra contra el narco son prioritarias las estrategias sociales y financieras, antes que las acciones militares. Buscaglia dice algo que todos sabemos: el mayor problema se encuentra en instituciones básicas como la policía y el sector judicial. ¿Cómo deshacer la intrincada red de complicidades, corrupción e impunidad? ¿Qué hacer para evitar que los policías que son despedidos por corruptos vayan a engrosar las filas de la delincuencia? Las cárceles ya no dan más de sí; ¿cómo establecer un programa de reinserción social que funcione? Además, Buscaglia insiste en que los altos índices delincuenciales y la corrupción están vinculados al círculo vicioso de la pobreza y que se requieren reformas legales e inversiones en seguridad social, servicios e infraestructura pública para detener el deterioro social. ¿Qué enfoque integrado de políticas públicas se ha diseñado para impulsar programas de política social que reduzcan las desigualdades? Sin una reestructuración de la seguridad social y fuertes inversiones en capital humano e infraestructura pública no se lograrán abatir el desempleo y la pobreza que impulsan a la delincuencia. Y sin un control hacendario riguroso no se pondrá freno a las especulaciones y negocios de los otros delincuentes, los de cuello blanco, que se aprovechan del desorden gubernamental para seguir engrosando sus bolsillos. ¡Son tantas las líneas de acción que habría que desarrollar para abordar integralmente las variadas dimensiones del nefasto problema!

Demandar un cambio de estrategia va de la mano de exigir que el gobierno federal se siente a una mesa de trabajo con especialistas en reformas anticorrupción (policiacas y judiciales) y en estrategias de investigación financiera y hacendaria. Pero además hay que exigir que se haga público el debate entre el gobierno y expertos como Buscaglia. ¿Qué es lo que ha llevado al gobierno a desestimar las críticas de Buscaglia, uno de los especialistas más sólidos en el tema? ¿Será que por cuestionar abiertamente la guerra emprendida por Calderón su expertise se vuelve descartable?

Por lo pronto, creo que ya sé lo que dirá mi pancarta: “Y además de todo, debate público con Buscaglia”.