SOBERANIA EN MANOS DEL IMPERIO

20/05/2011

La debacle

LUIS JAVIER GARRIDO
El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de seguridad nacional –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al panismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.

1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un churchilito tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.

2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de las reformas necesarias a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de la seguridad interna del país, que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo periodo extraordinario de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.

3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.

4. La violencia la van ahora a imponer las agencias estadunidenses en el sureste mexicano y los países centroamericanos –como se ve tras lo acontecido en Guatemala–, cuyos principales gobernantes actúan ya como cómplices de la llamada Iniciativa Mérida y estos últimos acontecimientos deben ser un motivo de alerta para todos.

5. Los continuos llamamientos de Felipe Calderón al PRI para que sus legisladores aprueben en las cámaras esas contrarreformas legales que liquidan la viabilidad histórica de México van, por lo mismo, cargadas insidiosamente de la acusación de que durante los años del priísmo se desarrollaron los cárteles y el modelo que los panistas llaman populista, tratando de que Washington vete al futuro candidato presidencial del PRI de no aprobar este año el Institucional esos engendros seudolegales, lo que tiene a los priístas contra las cuerdas.

6. El modelo político que ha ido emergiendo en este sexenio para hacer de México un protectorado funcional a los intereses hegemónicos de Washington, diseñado de manera muy tosca por asesores extranjeros, es el de un Estado centralista con el argumento de que el federalismo propicia un desorden en materia de seguridad pública, como se reitera desde Los Pinos todos los días al acusar a los gobernadores del PRI (y del PRD) de falta de colaboración en la guerra de Calderón. Así se hizo intervenir desde 2007 a las fuerzas armadas en estados y municipios, sin sustento legal alguno y en flagrante violación a la Constitución; así se legisló en 2010, contradiciendo muchas otras leyes, que el narcomenudeo –que es por esencia un delito federal– debería ser en lo sucesivo local, y de la misma manera se pretende ahora que la Procuraduría General de la República puede evaluar y descalificar a los gobiernos locales (en manos del PRI y del PRD, naturalmente) por no cumplir a juicio del señor Calderón y sus colaboradores con sus responsabilidades en materia de seguridad.

7. La evaluación que pretende hacer Felipe Calderón de los gobiernos estatales (y en especial, desde luego, de los del PRI y del PRD) en lo relativo a sus acciones en materia de seguridad y por su colaboración en su “guerra contra el narco”, que empezó a delinear en una conferencia de prensa Juan Miguel Alcántara Soria el martes 17, es contraria a los fundamentos federales de la Constitución mexicana y configura una nueva injerencia inadmisible del gobierno central en la vida interna de los estados de la Federación que transgredería gravemente el orden constitucional, por lo que sorprende que no se haya producido una reacción vigorosa a tamaño despropósito.

8. El régimen federal se sustenta en la coexistencia de dos órdenes jurídicos distintos en el país: a) el federal y b) el particular de cada uno de los estados de la Federación, cada uno con su propia jurisdicción, y en el caso de México los delitos contra la salud son responsabilidad del gobierno federal, exclusivamente a través de la PGR y no tiene por qué ésta tratar de responsabilizar a las autoridades locales de su ineptitud y venalidad. ¿Qué pasaría en Estados Unidos, por ejemplo, si el gobierno de Obama intentara evaluar, fiscalizar o regañar a las autoridades policiacas del estado de Nueva York?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado al país, no deja de sorprender, sin embargo, el tono delirante con el que el gobernante espurio mexicano pretende estar cambiando a México, manifestado en la reunión del viernes 13, en la que en el subtexto de su discurso pretende haber ya logrado destruir por completo el orden constitucional vigente y cree haber impuesto en el país un supuesto orden neoliberal, que nadie ha definido, y que él hace suyo como disciplinado empleado de las multinacionales.

10. La demencia de la derecha mexicana en su obsesión, primero por alcanzar y ahora por mantenerse en el poder, la ha conducido a destruir las instituciones de la República, a entregar el control de espacios estratégicos del país a agencias extranjeras, a llevar a los mexicanos al peor desastre social y económico de su historia, a hundir a todo México en un baño de sangre sin sentido que ha desquiciado la vida de un pueblo vejado y empobrecido como nunca, que por eso ahora le grita en todos los tonos a Felipe Calderón y a su equipo de ineptos y entreguistas que: ¡Ya basta!

Por una izquierda madura y de vanguardia

GABRIELA RODRÍGUEZ

Hoy resulta difícil pensar que la vía electoral pueda ser un camino para mejorar este cuerpo tan debilitado y tan herido, este México que desayuna y merienda entre miserias y narcofosas.

Debo confesar, sin embargo, que me levantó el ánimo la foto de Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, juntos apoyando la candidatura de Alejandro Encinas para gobernar el estado de México. Se trata de cuatro personas hacia quienes siento una gran admiración, no por su simpatía personal ni por sus discursos, sino por lo que han hecho, por lo que han logrado en la ciudad de México. Durante 14 años crearon y sostuvieron una política social consistente y de vanguardia, y han convertido este territorio en uno de los mejores sitios para vivir.

Estoy enamorada de mi ciudad pero no de los buenos políticos. Mi admiración por esos personajes no me ciega para identificar sus errores y defectos; son seres humanos y producto de sus circunstancias, pero no son santos, por fortuna. ¡Dios nos libre de que un santo nos gobierne! Todos vienen de la vieja izquierda del PRI, de una izquierda de centro, con excepción de Encinas –cuya trayectoria es más consistente, ¡él nunca se manchó con esas siglas!–. Cada uno fue rompiendo, en diferentes momentos, con ese partido que en 70 años llegó a perfeccionar los métodos más sofisticados de corrupción, manipulación y abuso del poder. Creo que muy pocos políticos de otros partidos tienen la estatura para gobernar con la honestidad y compromiso con que ellos y sus equipos lo han hecho.

Aquí voy a referirme a asuntos que incumben a mi especialidad: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la juventud. Cuauhtémoc fue pionero: comenzó la lucha contra las desigualdades, desde el poder que le dimos los chilangos en 1997, cuando nos dejaron por primera vez elegir en las urnas a nuestro jefe de Gobierno en el DF; sólo tuvo tres años para crear una nueva política social más que asistencial, para fortalecer el Estado laico y empezar a marcar distancia con la visión de las derechas –las del PRI y las de los obispos–, quienes marcaban la pauta en el DF. Su programa fortaleció los derechos civiles y culturales de los ciudadanos, concretó en proyectos comunitarios reales las relaciones entre gobierno y sociedad civil, creó el primer Instituto de las Mujeres del país (desde entonces, los derechos de las mujeres han venido evolucionando de manera ejemplar). López Obrador tuvo casi seis años para desplegar un proyecto muy propositivo con base en los logros alcanzados por el ingeniero Cárdenas al frente de la ciudad. AMLO mantuvo al Instituto de las Mujeres sin mayores energías que las que le imprimieron las funcionarias a cargo, sus intereses estuvieron mucho más volcados en las becas para adultas y adultos mayores y madres solteras, en la fundación de escuelas preparatorias y planteles de nivel universitario, en la creación de empleos mediante la inversión en múltiples obras de la ciudad (el segundo piso, el Metrobús, etcétera). Escuela y empleo para la juventud, ejes que todos sabemos son estructurales para el desarrollo, y para evitar la violencia y el crimen, incluyendo el organizado; tal como se señala en el actual movimiento encabezado por Javier Sicilia. La comunidad gay, o LGBTI, no le perdona haber vetado la iniciativa para la Ley de Sociedades de Convivencia, su política excluyó a las y los jóvenes de la diversidad sexual, una comunidad que es víctima hasta de asesinatos por orientación sexual. A Encinas le tocó bailar con la más fea, creo que sólo él pudo mantener la paz en esa lucha de clases que representó el campamento de resistencia civil del Paseo de la Reforma, un movimiento que sostuvimos los chilangos sin un vidrio roto. Marcelo Ebrard hereda un Estado muy fortalecido por todas las políticas sociales ya institucionalizadas en el sexenio anterior, ancianos, estudiantes, jóvenes trabajadores, mujeres con servicios en todas las delegaciones. A Marcelo no le tembló la mano para abordar temas muy controversiales: el derecho al aborto y al matrimonio entre parejas del mismo sexo, una política de vanguardia, acorde a los retos del siglo XXI.

Sí, hay diferentes estilos en estos líderes, pero en lo sustancial no hay diferencias estructurales. Ellos mostrarían madurez y compromiso ético, al firmar un proyecto común que articule sus aciertos y apoyar a un solo candidato que lo suscriba y sea democráticamente elegido; están obligados a superar sus ambiciones y protagonismos personales, un defecto común a todos. Ese nuevo proyecto tendría que ser producto de la consulta constructiva, con las organizaciones civiles, con la ciudadanía, con los movimientos sociales.

Porque la clase política y los partidos se han encargado de desilusionarnos, Cárdenas, López Obrador, Encinas y Ebrard tienen hoy la oportunidad de cambiar y ayudarnos a levantar a México, aunque todavía no se vea con claridad si habrá luz al final de este túnel.

Los acuerdos de San Andrés y el norte de México

JAIME MARTÍNEZ VELOZ

En algunos segmentos de la sociedad mexicana ha existido la idea de que el contenido de los acuerdos de San Andrés sólo tiene que ver con los asuntos relativos a Chiapas, e inclusive existen quienes piensan que su ámbito de aplicación se reduce a unos cuantos municipios del estado sureño. Nada más alejado de la realidad.

Lo pactado en San Andrés es el resultado de un proceso de negociación, donde participaron el gobierno federal y el EZLN, al amparo de una Ley para el Diálogo aprobada por unanimidad por los legisladores de todos los partidos políticos mexicanos y apoyada por todas las instituciones del país. Al mismo tiempo y en forma paralela, tanto el proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN incorporó en su reflexión y discusión las diferentes problemáticas que afectan a los distintos pueblos indígenas de México, como el propio gobierno federal realizó una consulta nacional para determinar cuáles eran los temas más sentidos de las comunidades indígenas del país.

Por tanto, los acuerdos de San Andrés constituyen el documento que alcanzó el mayor número de consensos en el momento de su aprobación. Posteriormente a su firma y aprobación, el gobierno de Zedillo adujo argumentos llenos de mentira y una ostentosa campaña de difamación en contra de los mismos. Acusaba a los indígenas de querer apoderarse de los recursos naturales del país, cuando hoy más que nunca los diferentes gobiernos de entonces a la fecha han entregado dichos recursos a las compañías privadas mexicanas y extranjeras. Hoy más que nunca las comunidades indígenas de todo el país sufren en carne propia el incumplimiento de lo pactado en San Andrés Larráinzar. Los pueblos indígenas ubicados en el norte del país no son la excepción.

Con la reforma a la Ley Agraria (1992) no sólo se cerró el camino a la propiedad social del ejido sino se abrió la puerta al gran capital y a la privatización del ejido. Entre los mecanismos que se crearon para la consolidación de esta nueva política estuvo la restructuración de las instituciones agrarias; permanece la Secretaría de la Reforma Agraria como garante de los orígenes revolucionarios que reivindicaban a los indios y campesinos del país; se creó el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios. Se crea el Programa de Certificación Agraria (Procede) instrumento pensado para que los campesinos ejidatarios pudieran asociarse con inversionistas y generar sus propias dinámicas de desarrollo. Con ello se termina la repartición de tierras y se perfilan estrategias para resolver de una vez por todas los conflictos agrarios.

En este devenir, en el actual sexenio sólo se han resuelto 720 asuntos y se tiene un rezago cientos de asuntos por resolver y declaran de forma triunfalista que desde el inicio del sexenio se ha resuelto un asunto cada 48 horas.

La eficiencia con que dicen están actuando las autoridades agrarias contrasta con las demandas que sobre conflictos agrarios reconocen los pueblos yumanos de Baja California, los cucapá, los kumiai, los paiapai y los kiliwas, cuyos territorios comprenden alrededor de 316 mil hectáras distribuidas en nueve comunidades en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, donde por más de 50 años han venido arrastrando problemas de desalojos, resoluciones presidenciales mal ejecutadas e invasiones por particulares, que en algunos casos representan intereses en la apropiación de los recursos naturales, agua y minerales propiedad de estos pueblos. En septiembre de 2010, el actual director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas atendió de manera directa la petición de integrantes de estas comunidades en donde se le planteó la urgencia de ser atendidos por esta institución en la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos. Se estima que existen más de 70 mil hectáreas en conflicto en el estado de Baja California, donde abundan en los territorios indígenas concesiones mineras y proyectos de producción energética, en que los menos enterados de ello son los propios indígenas bajacalifornianos.

La semana pasada la Comisión de Concordia y Pacificación acordó realizar diferentes foros informativos en donde participen representantes indígenas para retomar los acuerdos de San Andrés y que como resultado de este proceso se presenten las conclusiones ante el pleno de la Cámara de Diputados para tomar las medidas legislativas correspondientes. Sin lugar a dudas los pueblos indígenas sacarán a relucir de manera prioritaria el tema de los recursos naturales y su aprovechamiento preferente, el respeto y reconocimiento a sus tierras y territorios, el que se respeten sus usos y costumbres y sus formas de representatividad y, por supuesto, el reconocimiento pleno a su autonomía y determinación.

La reforma al artículo segundo de nuestra Carta Magna elude el tema de tierras y territorios y deja en manos de la burocracia agraria y sus procedimientos la solución de los conflictos agrarios, el reconocimiento de sus territorios y el aprovechamiento de sus recursos naturales. De tal suerte que será necesario contar con la voluntad política del Poder Legislativo federal para que de una vez por todas se incorpore en la constitución el concepto de territorios como parte del hábitat y cosmogonía de los pueblos indígenas y se adecue la ley agraria a las demandas de los pueblos indígenas. Sólo así se podrá ir sentando las bases para una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad.

De ahí la importancia de que la discusión del tema de derechos y cultura indígenas se produzca en todos los ámbitos del territorio nacional.