AUTORIDAD ELECTORAL CASTRADA

Edomex: triunfa la corrupción

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F. (apro).- En el Estado de México está en curso la miseria política que se ha instalado en el país: El gobernador priista Enrique Peña Nieto y el candidato que escogió para sucederlo, Eruviel Ávila, despliegan con todo cinismo un catálogo de trampas que, por la inacción de la autoridad electoral castrada, quedará totalmente impune.

Ensamblados, como jamás han dejado de hacerlo, el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) implementan un modelo que incluye los descarados mecanismos clientelares de siempre y las sofisticadas técnicas de propaganda, como la encuesta diaria del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), cuya publicación siembra en la sociedad la idea de que Ávila no sólo ganará, sino que lo hará con un porcentaje superior al 50%.

El plan prevé, por supuesto, las muy conocidas técnicas de adulteración en el curso de la jornada electoral, desde la compra de votos mediante el carrusel –que consiste en darle al votante una boleta marcada por el PRI y pagarle cuando entregue la que recogió en blanco– hasta el relleno de urnas donde la mesa directiva de casilla sea afín y no haya vigilancia opositora, lo que se logra con amedrentamiento, incluido el policiaco.

El modelo de la clase política priista más corrupta y cínica del país para retener el gobierno estatal y, luego, ganar la Presidencia de la República, se sustenta en el uso patrimonialista de los recursos con los que se ha construido en la televisión la figura de Peña Nieto, en cuyo gobierno se ha corrompido hasta las piedras para, literalmente, castrar al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

No se explica de otra manera la exoneración que el IEEM hizo, por ejemplo, del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Bernardo García Cisneros, convertido en delincuente electoral en un operativo de compra de votos en Valle de Chalco, todavía en la etapa de precampaña, ni para intervenir en el despilfarro en la campaña de Ávila, cuyo despliegue de propaganda hace presumir con fundamento que ya rebasó el tope de campaña.

Las estimaciones de los partidos, pero también de observadores locales serios indican que el PRI ya superó los 203 millones 893 mil 207 pesos como gasto máximo, apenas un poquito más de lo que Ávila recibió de financiamiento público: Un total de 197.4 millones de pesos, es decir, 4 millones 384 mil pesos en cada día de su campaña.

Pero resulta que el IEEM sólo hará una revisión de los gastos de los candidatos sólo de la segunda mitad de las campañas y sus resultados serán secretos –sí, secretos–, porque así lo aprobó el Consejo General, el 10 de junio. Más aún, los resultados de la revisión final de los gastos sólo podrán ser conocidos hasta febrero de 2012.

Pero si, como es el caso del PRI –o puede ser, aunque es remoto, el de Alejandro Encinas o Luis Felipe Bravo Mena–, hay un rebase del tope de gastos de campaña no hay problema, porque el IEEM omitió definir los mecanismos para imponer sanciones. Si acaso, se podría imponer una multa económica al partido. Es una burla.

La esterilidad del órgano electoral del estado se acredita, también, por su incapacidad para ordenar al gobierno Peña Nieto que cancele la propaganda gubernamental, que se traduce en más de 2 mil 500 anuncios como espectaculares, bardas, lonas, vinilonas gallardetes y rótulos en transporte público.

El IEEM dice que retirará la propaganda del gobierno “sólo si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se lo ordena”, lo cual equivale a que no pasará nada, sobre todo luego de que ese órgano jurisdiccional exoneró a Peña Nieto de la descomunal propaganda televisiva, una decisión que no se explica sin la corrupción de los magistrados que encabeza María del Carmen Alanís.

A dos semanas de la elección, no parece posible una derrota del candidato de Peña Nieto, como en realidad nunca estuvo en riesgo, salvo que Ávila hubiese sido el candidato de los promotores de la frustrada coalición, pero la disputa de la izquierda y de la derecha panista era el segundo lugar y la distancia con el ganador, sobre todo para efectos políticos y sicológicos en sus respectivas militancias hacia el 2012.

Quizá tras la jornada electoral los porcentajes de cada contendiente observen modificaciones, pero serán mínimas si, como se aprecia, funciona el aparato PRI-gobierno y la mayoría de los 10 millones 533 mil mexiquenses siguen siendo tolerantes con la corrupción y la impunidad que asquea a quienes viven o han vivido en esa entidad, como yo, que viví en Naucalpan dos décadas.

Por lo demás, no es ninguna sorpresa que Peña Nieto recurra a todo el expediente de trampas electorales, porque es la que han venido observando todos los gobernadores desde 2006, poquito después de que el TEPJF convalidó todas las prácticas de la elección presidencial de ese año.

Y, desde luego, puede anticiparse que en la campaña presidencial Peña Nieto actuará de manera análoga, como lo hace ahora con la engañifa de la fatalidad de su triunfo, que sería el triunfo de la corrupción…

Apuntes

Hace un par de semanas, con motivo del Día de Libertad de Expresión –que en México se instauró en el alemanismo como fecha vergonzosa por rendir los periodistas pleitesía al poder–, en este espacio escribí que la conmemoración tenía el sello de la infamia, porque a la intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, se acumulaban 38 asesinatos de periodistas en el gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio. Y también dije que el desprecio de Calderón a quienes ejercemos este oficio con independencia se traduciría en más muertes. Lamento no haberme equivocado, porque hoy lunes, por la mañana, fue abatido, junto con su esposa y su hijo, el popular columnista del diario Notiver Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. Con él suman 69 periodistas asesinados en una década de gobiernos del PAN…

Reformas ciudadanas o voto nulo

MARCO RASCÓN

Para los ciudadanos expulsados del sistema político, si hoy los partidos cierran la posibilidad de candidaturas independientes, sólo quedará abierta la posibilidad de las candidaturas ciudadanas o convocar de nuevo al voto nulo.

Una gran abstención está garantizada para 2012 y la legitimación electoral vendrá fundamentalmente del aparato de encuestas que el sistema mediático y de partidos ha impuesto, a fin de que los resultados se construyan no con votos, sino con porcentajes, pues de esta manera los atrapados en el sistema clientelar y corporativo de los partidos, los medios y las encuestas serán quienes impongan minorías y mayorías electorales en toda la estructura de gobiernos, ya sean locales o federales.

La perspectiva es desalentadora, pese al llamado de Felipe Calderón a un periodo extraordinario del Congreso, que incluye dentro de ese propósito la reforma política. Esto es así pues, por la brevedad del periodo y la complejidad de la agenda, que incluye lo laboral y la seguridad interna, éstas sólo podrán aprobarse habiendo sido negociadas y ajustadas a los intereses de los poderes dominantes y con respecto a los partidos, protegiendo su poder frente a la ciudadanía.

En el caso de la seguridad es claro que hemos tenido un esquema y, por tanto, policías que se han encargado de proteger al gobierno, no a los ciudadanos, de los cuales permanentemente se alejan. Fenómenos como los que reclama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los que hay indicios de ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad, hasta lo acontecido en Cuajimalpa, Distrito Federal, son parte de una tendencia de comportamiento gubernamental que refleja la fractura entre ciudadanos y gobiernos en esa materia.

En el caso de lo laboral, la estructura sindical proveniente del viejo régimen poco se ha modificado respecto de los grandes sindicatos de industria, los que se rigen por el apartado B, al servicio del Estado, y las grandes centrales obreras. Poca disposición tienen de una reforma en favor de los trabajadores. Para ellos es mejor negociar su poder y la protección de sus controles a cambio de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo lograr reformas sustanciales si las estructuras corporativas son las que controlan los votos electorales y los partidos dependen de ellos?

Hoy, para los señores de la guerra, los beneficiados con la violencia desde el Estado, los que vieron un giro radical en su presupuesto asignado (hace pocos años en la Armada o Marina no había ni para el diesel de los barcos; por ello su involucramiento en tierra ha sido un premio en el reparto del presupuesto), toda ley de seguridad deberá reflejar y garantizar que este esquema presupuestal se mantenga y se convierta en política de Estado. ¿Quién tiene la fuerza política para enfrentarse a los señores de la guerra, quienes no cederán un milímetro de su terreno ganado?

Es obvio que ningún partido lo tiene, y la debilidad de la política ha hecho posible que se sostenga y agrande el poder del viejo charrismo y las estructuras de seguridad interna, frente a las necesidades de una política social y de fomento económico necesario para dar sustentabilidad al país.

De esta manera, es poco lo que se podría esperar de la reforma política en este periodo extraordinario y, por tanto, las disyuntivas ciudadanas se cierran ante la ratificación de la nueva exclusión que se avecina.

Los resultados en el estado de México en los próximos días podrían influir en el esquema político hacia el futuro. La derrota inminente de PRD y PAN no desmentirá las encuestas prevalecientes, pues para eso se hacen: para engañar con la verdad. Los resultados desfavorables plantearán la necesidad de reformas electorales que amplíen la participación, pues en el esquema actual, dominado por el sistema de clientelas, del cual todos los partidos forman parte, el PRI es el más beneficiado y unas elecciones para 2012 sin reformas que abran la participación independiente de los ciudadanos deja a los sabuesos cuidando los chorizos.

Con el resultado electoral del estado de México, se verá muy claramente quiénes ayudaron al PRI y su precandidato presidencial Enrique Peña Nieto, lo cual dibujará ya el marco de los alineamientos y el resurgimiento de los partidos paleros, la morralla, los comparsas que estuvieron ligados siempre al priísmo y que en las elecciones del estado de México y Coahuila se han refundado. Si a eso añadimos los que ofrecen votos sindicales y sociales en paquetes, se configura que dimos un recorrido circular en esta transición en manos exclusivamente de los partidos, para caer en lo mismo que fue el viejo régimen priísta.

Para las voluntades democráticas, las que conciben la idea de que el poder público y político debe surgir de la ciudadanía, no hay más camino que la iniciativa ciudadana independiente, pues para hoy y para 2012 no existe salida alguna y se gestan de nuevo los mismos vicios que ha padecido nuestra vida política hace décadas.

De la movilización al movimiento: ¿cuestión de agendas?

MAGDALENA GÓMEZ

La trascendencia de la Caravana del Consuelo ha sido ampliamente analizada: el enorme acierto de colocar la mirada en las víctimas y sus familias, que también lo son. Las voces de los sin voz que se escucharon en el amplio recorrido en ruta hacia Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, como bien lo han definido. En todo ello Javier Sicilia se convirtió en el emblema al fundir su duelo en el de todas y todos a quienes de manera directa les ha golpeado la brutal e irresponsable guerra, porque los verdaderos daños colaterales los está sufriendo la sociedad entera. La caravana, por tanto, vale por sí misma y forma parte ya de la historia social de nuestro país. Importa dejar clara esta valoración incuestionable porque parece necesario ahora colocar la reflexión en los desafíos e incluso contradicciones y riesgos que se perfilan al transitar hacia la construcción de un movimiento. ¿Con qué alcances? Cual parteaguas premonitorio, la reunión organizada el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez concluyó con una serie de planteamientos que provocaron el desconcierto primero y rechazo explícito después por parte de Javier Sicilia y los copromotores más cercanos. Los puntos divergentes más fuertes se centraron en la petición del retiro inmediato del Ejército, el juicio político a Felipe Calderón, elemento que daba cuenta de una posición de no diálogo. Con ello se desató una campaña de ciertos medios descalificando a los supuestos duros, radicales, fundamentalistas.

Es ciertamente preocupante el argumento de que el plan que se firmaría, el verdadero, era el anunciado en el Zócalo el pasado 8 de mayo, con seis puntos que ahora vemos que eran no negociables. Y lo es porque ese mismo día se informó que eran la base para que se diera una amplia discusión. En esa lógica la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad se pronunció, entre otros puntos, por: 4. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente 5. Que las seis exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas (30 de mayo de 2011).

Si colocamos la mirada en el histórico proceso de elaboración de los acuerdos de San Andrés, sabemos que se inició con el enunciado de los temas y su contenido se definió sobre la base del diálogo. Lo que se está planteando acá es un tanto absurdo, pues independientemente de la justicia que entrañan los seis puntos de mayo, su definición dista mucho de expresar un proceso previo de amplio debate. Así las cosas, se ha dicho que en la reunión del 10 de junio pasado se produjeron simples relatorías y que en todo caso lo ahí expresado se podría considerar la Declaración de Ciudad Juárez, pero el Pacto Nacional es el del 8 de mayo (El Economista, 14/6/11).

Lo cierto es que esos deslindes públicos expresan que Javier Sicilia ha definido una ruta de diálogo con el Estado, específicamente con el ocupante de Los Pinos, llevando, eso sí la voz de las víctimas y exigiendo o esperando respuestas acordes con la paz, la justicia y la dignidad. Esta posición es, por supuesto, legítima aun cuando no exenta de contradicción con lo expresado duramente el propio 8 de mayo en el Zócalo: “¿Por qué se permitió al Presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al Ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre?

Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad. Ahora yo pregunto: ¿por qué se sorprenden de la demanda de juicio político y de la convicción de que el pacto se construiría en ese proceso? Quienes acompañaron a la Caravana del Consuelo y plantearon otras propuestas seguramente no pretendían imponer agendas, simplemente se movían en una lógica distinta. Por ejemplo, me pareció importante que los pueblos indígenas de viva voz exigieran que se cumplan los acuerdos de San Andrés.

Se ha insistido mucho y con razón en la no violencia, y en ese asunto central no se observaron contradicciones en los documentos de las mesas de trabajo en la ciudad fronteriza. Tampoco en el referente ético, que no parece estar en cuestión. Las diferencias políticas que se observan no pasan por que unos sean éticos y otros no. Reconocer a las víctimas y aplicar la no violencia y la resistencia es crucial, pero no es incluyente de la vasta problemática que entraña un pacto nacional en lógica de refundación.