BAJO EL COBIJO DEL IFE

01/06/2011

Viva la impunidad

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- A pesar de que todas las agravantes estaban presentes, el Instituto Federal Electoral decidió únicamente amonestar públicamente a las televisoras que difundieron, fuera del Estado de México, los promocionales del gobernador Enrique Peña Nieto, con motivo de su V Informe de Gobierno.

El proyecto de resolución que presentó al Consejo General del IFE el secretario ejecutivo de dicho instituto, Edmundo Jacobo, proponía sancionar con más de 15 millones de pesos a Televisa y a TV Azteca. Sin embargo, en la sesión celebrada el miércoles 25 de mayo una mayoría de cuatro consejeros consideró que una amonestación pública era suficiente.

Las televisoras persisten en sus violaciones a las disposiciones electorales a pesar de que se les han impuesto, en el pasado, sanciones millonarias, por lo cual es irrisorio pensar que en esta ocasión una amonestación pública será el disuasivo que se requiere para evitar dichas irregularidades en el futuro.

La falta es reiterada, y por si hiciera falta una corroboración de ello, justo el mismo 25 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó otra resolución del IFE, en el que el mismo Consejo determinó, en relación con unos spots del gobierno federal transmitidos en entidades que se encontraban en pleno proceso electoral durante el 2010, que la autoridad solicitó difundirlos únicamente en los estados donde no había proceso electoral, y por ello exoneró al gobierno que encabeza Felipe Calderón y sancionó, con una amonestación pública, a las televisoras: Televisa, TV Azteca y Canal 11.

Exactamente el mismo caso y exactamente la misma sanción: exoneran a las autoridades, porque ellas contrataron o solicitaron la transmisión dentro de los límites establecidos en la legislación, y supuestamente castigan a las televisoras, con una amonestación pública, porque no respetaron la pauta ordenada ni la ley.

El desafío de las televisoras con respecto a la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en la reforma del 2007, inició en enero de 2009, cuando el duopolio televisivo interrumpió las transmisiones de diversos eventos deportivos (Super Tazón y varios partidos del futbol mexicano) para difundir los promocionales del IFE, previa inserción de una cortinilla que dejaba claro que las molestias que causaban a los televidentes eran consecuencia de las leyes y las instrucciones de la autoridad electoral. Desde entonces la resistencia ha sido permanente y se manifiesta en las repetidas violaciones a sus disposiciones, buscando todos los resquicios posibles.

Pero más allá de su resistencia y violación reiterada y sistemática a dichas disposiciones, para encontrar un precedente idéntico al caso que resolvió el IFE simplemente habría que voltear al Tribunal Electoral, que votó una resolución al respecto.

Por otra parte, la autoridad también ha demostrado que las televisoras sí cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para transmitir o dejar de transmitir los contenidos que ellos seleccionen en espacios territoriales determinados. Es decir, lo que hacen no se debe a insuficiencias técnicas, sino a su decisión.

Otra agravante es que la violación a dicha disposición reportó un ingreso adicional de 12 millones 528 mil 163 pesos a Televisa, y de 3 millones 391 mil 612 a TV Azteca.

Y una más, que la transmisión de los spots de los informes de los gobernadores en todo el territorio nacional, en franca violación a lo señalado en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, ha sido la constante, no la excepción. Lo excepcional en este caso fue que hubo partidos políticos que interpusieron una queja y, por lo tanto, la autoridad electoral se vio obligada a revisar el hecho.

Así, no hay dudas al respecto: están presentes todas las agravantes. Ya en el pasado el Consejo General del IFE había decidido que las televisoras, en un caso como este, no tenían responsabilidad alguna, pero la Sala Superior del TEPJF lo obligó a resolver. En otro episodio, el Consejo sancionó al gobernador y exoneró a las televisoras, mientras que el Tribunal revocó dicha resolución para exonerar al gobernador y responsabilizar a las televisoras (Proceso 1801); y ahora el IFE simplemente amonestó a las televisoras.

Al completarse el ciclo, Peña Nieto resulta inocente y las televisoras simplemente tienen una amonestación pública, que aunque no es una exoneración, es la sanción mínima que puede imponer la autoridad electoral.

En su temor por sancionar a los distintos actores políticos, las autoridades electorales ya empezaron a inventar nuevos términos, pues en otra resolución votada el mismo 25 de mayo, en acatamiento a una resolución del mismo TEPJF respecto a los programas que transmitió el Partido del Trabajo donde aparece Andrés Manuel López Obrador, anunciando su participación en los comicios presidenciales del 2012, decidieron también solamente amonestar al partido político, porque no podían considerarse “actos anticipados de campaña” que sí contempla y sanciona el Cofipe, sino “actos preparatorios”, que no se encuadran dentro de los prohibidos, aunque tampoco son de los autorizados.

De esta forma, las autoridades administrativas (IFE) y las jurisdiccionales (TEPJF) se entrelazan para encontrar términos y fórmulas que permitan nuevamente abrir los espacios que la reforma de 2007 pretendió cerrar: la promoción personal de los gobernantes, particularmente fuera de su ámbito de gobierno, y la realización de precampañas fuera de los tiempos estrictamente señalados en el Cofipe. Las amonestaciones públicas no impedirán la persistencia de dichas prácticas. Se requieren sanciones ejemplares que inhiban la violación de las normas por parte de los actores involucrados.

Pero a través de eufemismos y resoluciones medrosas, las autoridades electorales vulneran el estado de derecho y entronizan la impunidad, en virtud de que toleran y propician que los actores involucrados violen las disposiciones constitucionales y legales con su respaldo y cobijo.

Calderón, su República de pantalla

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.

A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.

Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.

Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.

El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.

De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.

En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.

A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.

El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.

La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:

La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.

La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.

El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.

El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.

Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.

La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.

Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).

Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.

La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.

Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.

De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.

En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?

Identidades

LUIS LINARES ZAPATA

Con las armas echadas al hombro, el panismo busca fugarse de su actualidad guerrera, desgobierno y escurridiza moralina. Los priístas, por su lado, se afanan en proyectar una imagen de modernismo y cambio que contrasta, hasta de manera grotesca, con su inveterada inclinación por los apañes, dispendios y las maniobras tras bambalinas. La burocracia perredista, encumbrada a golpes de tribunales de consigna, se empeña en insuflar, junto con sus aliados en el poder federal, un disfraz aliancista que deslava su ya de por sí confuso perfil de izquierda. El proceso, que se entroniza con tupidos brochazos publicitarios, es todo un fenómeno colectivo en busca de identidades a modo. La estela que queda en medio de la polvareda refleja las incapacidades de una elite política por completo distante de la ciudadanía, sin proyecto o ambición, digna de un pueblo angustiado, bueno y trabajador.

La ruta que se persigue con intransigencia cupular no podrá menos que desembocar en un malentendido épico. El desarreglo se llevará, atado a sus costillas, enormes tajadas adicionales del vapuleado bienestar colectivo. El juego de espejos, que se ensaya con fruición desde las cumbres del poder establecido, muestra claras fatigas acompasadas, ahora, por furias de una ciudadanía dejada, sin mayores consideraciones, al garete de sus propias capacidades. ¡Cada quien para su santo!, parece reverberar ante tan aguda indiferencia de los partidos políticos. ¡Sálvese el que pueda!, sin importar los medios que se usen ante la ineficacia y las pocas respuestas que emanan de las instituciones. Afuera, en el caliente descampado, el panorama es, a veces, aterrador. Pocas salvedades que narrar. Las alternativas se centran, al parecer, en blindajes para circular, en fortificaciones donde habitar, rostros acicalados para ser votados y, para los más desvalidos, el cruento destierro.

La propaganda ha caído a plomo sobre la conciencia de los mexicanos. Golpe a golpe ha sembrado un horizonte de preferencias plagado de floridos espejismos. El duopolio televisivo apabulla a cualquier vecino distraído y le inocula sus concentrados intereses. Juega, al mismo tiempo, con la indiferente ausencia, el ninguneo para con aquello que hace peligrar sus ilegítimos privilegios. Ante el empuje y la congruencia del movimiento popular que encabeza Andrés Manuel López Obrador, han decidido sacarlo de sus pantallas, sin más legalidad que la que exudan sus caprichosos directivos. Simplemente, piensan, tal movimiento (Morena) no existe por así convenir a sus intereses y porque así lo decretan, en conciliábulo, sus asociados. Es una decisión tan corta, tan simple como apretar un botón, cambiar imágenes y pasar al idiota olvido. Sus cautivas audiencias no recibirán noticia alguna de las masivas, entusiastas e indignadas concentraciones que se dan, en sucesión inacabable, en todas las ciudades del país. Sin embargo algo, o todo, se mueve y lo hace por propia y compartida iniciativa. Saldrá a la luz, se espera, porque es la única alternativa a la actual tragedia. Intentar recuperar la identidad de la izquierda, que se delinea a partir de la igualdad, es el motor de su accionar. Morena es una formación política que trata de lograr su plena autonomía de los poderes fácticos ahora dominantes.

La plutocracia no ha perdido el tiempo en escaramuzas. Apenas despertaba el segundo sexenio panista se dieron cuenta del craso error cometido al imponer al señor Calderón. Apuntaron de inmediato sus baterías al repuesto y lo han nutrido de cuidadas poses, recortadas frases de relleno, ausencia total de crítica y ningún horizonte o compromiso, personal o partidario, que huela al mínimo decoro. En verdad labraron el pedestal con un esmero digno de las utilidades acumuladas en el proceso de tan cínica venta de ilusiones. Poco importará si el futuro acarreará otro sexenio de miserias, violencia y cerradas oportunidades para las masas, ya depauperadas en exceso. La plutocracia, como en el doble sexenio panista, seguirá pregonando fórmulas estructurales para profundizar el saqueo. Y, por si fuera conveniente, han preparado las reglas, los usos, las leyes para utilizar la fuerza armada con una legislación apegada a sus sentimientos de propia seguridad.

Pero la historia no siempre sigue al pie de la letra los planes y las estrategias de guías o mentores abusivos. Los candidatos se deshacen y las seguridades se evaporan con inaudita rapidez. Un solo toque de realismo los ahuyenta o noquea. Los priístas ya no pueden seguir tapando sus complicidades y sus trasteos de negociantes, ya conocidos en demasía. Los panistas, conjuntan un tropel de figuras casi aleatorias y se disponen a disputar los lirones de simpatías que aún les quedan. Confían en la plataforma de recursos federales y el beneplácito de una plutocracia que ya les huye y desprecia.

Tal y como lo hacen en el estado de México, los priístas y, en realidad sus aliados y patrones, han montado todo un circo de varias pistas. En la del centro tienen a Eruviel, el líder carismático irresistible. El del 50 por ciento o más de los electores que se desgranan por imitarlo. Lo rodea todo el séquito de ayudas que lo catapultan, día con día, al ánimo de encuestados. El atractivo es irresistible para cualquier mortal. Los mexiquenses están condenados, según encuestas diarias, a convivir con tal hombre de fuego. Salió desde abajo, lo alentaron los premios y caramelos de su mentor (Montiel) y llegó, vía la política de gran calado, al éxito donde moran los que la hacen. Abajo quedaron los remisos, los irredentos que no la hicieron, los que no tuvieron la visión para optar por los debidos escalones a subir. Una versión pedestre del profesor Hank González y sus taoístas prédicas para los políticos pobres y los pobres políticos.

La izquierda, mientras, la del pueblo raso, la de las plazas, la justiciera, sigue aferrada a encontrar la ruta para que éste, su país, con todos y sus parias adentro, vea una luz, aunque sea lejana y dolorosa, que lo guíe para salir de la permanente crisis que le imponen. Para ello requiere una izquierda idéntica a sí misma, plural, indignada y generosa.