DICHO POR ASESOR DE LA ONU

16/06/2011

Contamina dinero sucio 65% de campañas en México: Buscaglia

MADRID (apro).- Cerca de 65% de las campañas electorales en México están contaminadas con dinero proveniente de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, sostuvo hoy aquí el asesor de las Naciones Unidas (ONU), Edgardo Buscaglia.

“Hay que tomar medidas duras, no represivas, contra el narcotráfico, como el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, la prevención de la corrupción política y la prevención de la infiltración del dinero sucio, que afecta hasta 65% de las campañas electorales mexicanas”, afirmó el también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Al participar en el coloquio “Anatomía del narcopoder”, organizado por la Casa de América, Buscaglia advirtió que la delincuencia organizada en México es “una delincuencia organizada de Estado. México es un Estado fragmentado y semicapturado por grupos criminales diversos que se lo reparten como en una subasta, compitiendo a través de la corrupción política al más alto nivel”.

En contraste, recordó, con lo que pasaba hace algunos años, cuando el Estado “administraba” el fenómeno del narcotráfico, ahora éste, dijo, ha tomado control sobre amplios espacios institucionales para mantener control sobre el negocio derivado de los 22 delitos clasificados como delincuencia organizada, entre ellos narcotráfico, secuestro, tráfico de armas y trata de personas, entre otros.

“Para entender la violencia actual hay que entender la transición política caótica, desordenada, corrupta que ha tenido México en los últimos años, en donde los grupos criminales pasaron de ser gestionados por el Estado a ser ellos los que controlan los diferentes pedazos del Estado”, dijo el experto.

Asimismo, consideró que el Ejército mexicano “tarde o temprano” va a terminar desprestigiado tanto como las policías en los distintos niveles de gobierno.

“Es una situación de desgaste que el Ejército no puede tolerar. En México se están desarrollando situaciones que se manifiestan como una especie de guerra civil, donde policías del mismo estado se están tiroteando entre ellos, ya que diferentes pedazos del Estado están trabajando para diferentes grupos criminales”, advirtió.

Es por ello que México necesita arribar a un pacto de Estado, similar al que se dio en España luego de la dictadura franquista, el llamado Pacto de la Moncloa, en el que participen todos los partidos políticos y los agentes sociales para enfrentar eficazmente al narcotráfico.

El experto de ONU insistió en la necesidad de recurrir a los mecanismos internacionales, como la Convención de Palermo, que permitirían al Estado mexicano desplegar mecanismos de combate a las organizaciones criminales, pero también minar las estructuras patrimoniales, la protección política y emprender acciones en el terreno social para impedir que la delincuencia coopte a los jóvenes.

A unos días de que Felipe Calderón fustigara en Estados Unidos a los fabricantes y comerciantes de armas estadunidenses, Buscaglia cuestionó este argumento al precisar que si bien el trasiego de armas contribuye al fortalecimiento del narcotráfico, esta industria ya existía incluso antes de que el presidente mexicano emprendiera su guerra contra el narcotráfico.

“Las 12 mil armerías que ahora están en la frontera con México ya existían antes del actual sexenio, e igualmente vendían sus armas, por lo que no es válido fincar la culpa en la venta de armas en la frontera, pues el problema es fundamentalmente de México, donde se vive un proceso de desintegración política”, sostuvo.

Edgardo Buscaglia advirtió que es imprescindible que México cambie la estrategia de lucha contra el crimen organizado, no obstante, aseguró que esto sólo será posible cuando la violencia afecte directamente a los capitanes empresariales de México.

“Cuando el umbral del dolor llegue a las casas de la élite política y empresarial de México, a los Slim, a los Azcárraga, a los Salinas Pliego, ésta comenzará a ejercer presión para que se actúe contra el patrimonio del narcotráfico y cambien las reglas del juego”, previó.

Precisó que no señala a estos apellidos como gente implicada en actividades no lícitas, sino que son representantes de emporios empresariales que contribuyen a que no cambie el actual estado de cosas.

Sobre el acuerdo recientemente firmado por decenas de medios de comunicación mexicanos para el manejo de la información sobre la violencia, consideró que “es una vergüenza” que empresas de difusión importantes se sometan a la autocensura por motivaciones económicas y políticas.

Buscaglia también criticó severamente a los expresidentes e intelectuales que impulsan la tesis de la despenalización de la mariguana, pues consideró que los grupos criminales en México están tan diversificados en sus actividades, que la limitación sobre una droga “no va a acabar con Joaquín El Chapo Guzmán”. En su opinión, la despenalización debe estar ligada a “la prevención social y no al combate de El Chapo Guzmán. Y es ahí donde se equivocan las grandes luminarias, los presidentes más represivos que se transformaron ahora en los más pontificantes del planeta, como (Vicente) Fox, (Ernesto) Zedillo y el colombiano (César) Gaviria”.

Y lanzó: “Si México no tiene capacidad para regular sus aspirinas o sus antibióticos, ¿cómo se le va a pedir capacidad para regular un producto ilícito?”.

A su vez, la corresponsal de Proceso en Italia, Cynthia Rodríguez, recordó la gravedad de la situación en México, un país donde se registran niveles de violencia cuyo registro ya llega a los 40 mil muertos. El académico colombiano Francisco Thoumi, exdirector del Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, en Bogotá, consideró que “el problema de la violencia sólo se puede explicar por razones internas” de cada país.

Asimismo, consideró que las políticas prohibicionistas ya son obsoletas, y añadió que la única forma de legalizar las drogas es “a través de su domesticación en la sociedad”. Por ejemplo, explicó que si drogas como el tabaco o el alcohol están “domesticados” socialmente, hay otras como la cocaína, heroína o anfetaminas a las que la sociedad “no va a tolerar”.

García Luna, arquitecto del fracaso: asesor de la ONU

En otro país el funcionario ya habría renunciado, afirma Edgardo Buscaglia

México, rompecabezas del crimen e inmerso casi en guerra civil

ARMANDO G. TEJEDA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2011, p. 7

Madrid, 16 de junio. México vive inmerso en una especie de guerra civil originada por la delincuencia organizada, que ha convertido al Estado mexicano en un rompecabezas donde cada fragmento le responde y le pertenece a un grupo criminal diferente, explicó el asesor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Edgardo Buscaglia.

En un encuentro con medios de comunicación en la Casa de América, el también catedrático de las universidades de Berkeley y Columbia señaló a Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal) como el arquitecto del fracaso y de la tragedia mexicana, que en cualquier país medianamente desarrollado ya hubiese renunciado y sido investigado por negligencia.

En un debate denominado Anatomía del narcopoder, también participaron el colombiano Francisco Thoumi y la mexicana Cynthia Rodríguez, periodista y escritora. Buscaglia se basó en sus más de 20 años investigando el fenómeno del crimen organizado, en sus trabajos de campo –uno recientemente realizado en México a petición de la ONU– y en los informes a los que tiene acceso como asesor especial del órgano multilateral.

El catedrático explicó que para entender el fenómeno de la violencia en México hay que partir de una premisa básica: La delincuencia organizada mexicana es de Estado. No se puede comprender este fenómeno sin entender al sistema político mexicano y su evolución desde el partido único que prevaleció 70 años, hacia lo que es hoy, un Estado fragmentado y semicapturado por grupos criminales diversos. Hoy el Estado mexicano es un rompecabezas donde cada fragmento le responde y le pertenece a un grupo criminal diferente.

En este sentido se explica –dijo Buscaglia– que se haya convertido en algo habitual ver en México situaciones que se asemejan a una guerra civil, en donde policías del mismo estado se están tiroteando entre ellos. Hay batallas entre el Ejército y policías, entre policías de diferentes municipios, porque distintos pedazos del Estado están trabajando para diferentes grupos criminales.

A juicio de este experto en reformas judiciales en países en transición, el Ejército Mexicano corre el riesgo de convertirse en una pieza más del engranaje de las mafias. Hay antecedentes históricos de captura del Ejército, como ocurrió con el Regimiento 21. Esa situación puede repetirse en el futuro y el Ejército Mexicano, en esta situación de exposición, tarde o temprano va a desprestigiarse más que la Policía Federal mexicana.

En relación con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, Buscaglia afirmó: Hay una clara prueba de que el señor es un incompetente y un inepto. En un país medianamente desarrollado ya hubiese renunciado hace mucho tiempo. Él ha sido el arquitecto de las políticas de seguridad pública en los últimos diez años y sigue estando ahí. A mí me gustaría que le preguntaran al presidente Felipe Calderón qué es lo que explica que el arquitecto del fracaso y de la tragedia mexicana esté ahí. En cualquier otro país, con un sistema de derecho medianamente refinado, García Luna ya hubiese renunciado hace mucho tiempo y hubiese sido investigado por el Congreso y por el Poder Judicial por negligencia y algún tipo de comportamiento antisocial.

Sobre el pacto entre algunos medios de comunicación y el gobierno para informar sobre el fenómeno de la violencia, Buscaglia señaló que el periodismo mexicano hoy día está bajo acecho de la delincuencia organizada y del Estado mexicano. Este pacto, en resumen, es una autocensura, es una vergüenza para México tener a medios importantes de difusión sometiéndose a un sistema de autocensura con motivaciones económicas y políticas.

Tercer debate: Encinas, polemiza, Eruviel promete, Bravo Mena se desdibuja

MÉXICO, D.F. (apro).- El tercer debate televisivo entre los candidatos a gobernador del Estado de México dejó un saldo positivo para Alejandro Encinas, el único de los contendientes que asumió posturas claras respecto a casos delicados como el de la niña Paulette, el retiro del ejército en funciones de policía, el impacto del caso Jorge Hank en la campaña mexiquense, los vínculos de Eruviel Avila con el ex gobernador Arturo Montiel y los 930 feminicidios que se han acumulado en estos seis años en la entidad.

Por estas posiciones, para la mayoría de los participantes en redes sociales, el candidato del PRD-PT fue el ganador del tercer debate e, incluso, pronunció con un dejo de ironía la frase que subrayó la soledad del candidato panista: “no veo a nadie detrás de Luis Felipe Bravo Mena”.

El aspirante del PRI-PVEM-Panal, Eruviel Avila, quien sigue al frente de las encuestas, se dedicó recetar las frases que ha señalado en los anteriores encuentros: él es “el candidato de las propuestas”, él “piensa en grande”. Y no respondió convincentemente cuando Encinas y Bravo Mena le desmantelaron su primera propuesta-promesa: eliminar el pago de la tenencia vehicular.

Eruviel Avila no respondió directamente a las imputaciones de sus vínculos con Arturo Montiel, por primera vez fijó su posición sobre el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y expresó su oposición a que este tipo de uniones tengan derecho a la adopción.

Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del PAN, concentró sus baterías en contra de Alejandro Encinas, a quien acusó de ser el “candidato de Andrés Manuel López Obrador”, de haber protegido al “narcodiputado” Godoy en la Cámara de Diputados, de no tener la residencia en el Estado de México y perdió una oportunidad de oro cuando decidió “no polemizar ni politizar” sobre el tema de la detención de Jorge Hank Rhon que resultó una gran pifia para la Procuraduría General de la República.

En este tema, Eruviel Avila insistió que “es totalmente falso que Hank haya apoyado mi candidatura”. Encinas le respondió que el periódico Reforma y él mismo tomarán nota y demostrarán los vínculos entre el dueño de Grupo Caliente y la campaña del ex presidente municipal de Ecatepec.

El formato rígido del debate conducido por Joaquín López Dóriga no permitió que los candidatos se explayaran en los momentos más fuertes de polémica, pero fue Encinas quien respondió más veces a los ataques de Bravo Mena y le colocó a Eruviel Avila varios asuntos polémicos. El candidato priista, molesto, sólo le replicó en el caso de Hank, de los índices de feminicidio y lo acusó de ser “el candidato de los ataques”.

“Vamos a hacerle justicia al caso Paulette”, lanzó Encinas en la primera parte del debate, cuando los contendientes hablaban del tema de justicia y seguridad pública.

Eruviel Avila evadió el tema directo, pero prometió que desde el primer día como gobernador presentará una iniciativa para incrementar a cadena perpetua las condenas a violadores, pederastas y feminicidas. Encinas le respondió que no es con incremento de penas como se resolverán este tipo de delitos y Bravo Mena insistió, sin explicar con casos concretos, que es necesario eliminar la corrupción.

Otro punto de polémica fue el papel del ejército en las labores policiacas. Eruviel Avila y Bravo Mena coincidieron en la necesidad de utilizar a efectivos de las fuerzas armadas y expresaron su “reconocimiento” al ejército. Bravo Mena, incluso, acusó a Encinas de “insultar” a los militares.

Encinas sentenció que “de ninguna manera, el ejército debe estar en las calles” y recordó el mal papel de las fuerzas armadas en el cateo y detención de Jorge Hank Rhon, quien salió libre después de 11 días.

Multitudinarias protestas en Chile para exigir mejor educación pública

Marchas en las principales ciudades de la nación andina contra el modelo educativo privatizador

Es la mayor movilización en años; estamos ante un diálogo de sordos, acusa la dirigencia estudiantil

El presidente Piñera, en su peor nivel de respaldo popular con 36 por ciento de aceptación a su gestión

ENRIQUE GUTIÉRREZ

Corresponsal y agencias

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2011, p. 29

Santiago, 16 de junio. Más de 80 mil estudiantes de secundaria, de universidades y profesores de Chile marcharon este jueves por las calles de esta capital, en una de las mayores manifestaciones de los últimos años, en reclamo de una mejor educación pública, de un aumento del gasto público en la materia y del establecimiento de mesas de diálogo para que sean escuchadas sus demandas, en tanto que miles más se volcaron a las calles en las ciudades de Concepción, Valparaíso y Temuco.

En momentos en que el presidente derechista Sebastián Piñera se encuentra en su peor nivel de respaldo popular con 36 por ciento a poco más de un año de su asunción, los manifestantes marcharon por la céntrica avenida Bernardo O‘Higgins, también conocida como Alameda, en un ambiente festivo y portando banderas y pancartas para culminar en las inmediaciones del palacio presidencial de La Moneda y el Ministerio de Educación.

Estamos ante un diálogo de sordos, reclamó Camila Vallejo, una de las dirigentes estudiantiles. Queremos formar una mesa de diálogo con garantías y señales claras de que se accederá a ciertas demandas, dijo por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien agregó que es de vital importancia abrir negociaciones con el ministro de Educación, Joaquín Lavín.

Por su parte, el ministro Lavín declaró a los medios de prensa que por el camino que vamos no se arregla la educación. La educación se arregla con diálogo, con acción, con clases, con ideas, con acuerdos, jamás con violencia; ese es el único camino.

No hubo informes acerca de cómo concretar ese diálogo o abrir mesas de diálogo, como propusieron los manifestantes. Las protestas del movimiento estudiantil se extendieron este jueves a otras ciudades del país, como Valparaíso, Concepción y Temuco, entre otras, que reunieron a otros miles de manifestantes.

Incluso Gajardo afirmó que hay 200 mil jóvenes marchando por todo Chile. Pero fuentes de la intendencia de Santiago (gobierno regional) calcularon en esta capital una asistencia de sólo unos 80 mil manifestantes.

En Chile está prohibido pensar y Educación igualitaria para todos ahora, señalaban algunas de las pancartas de los marchistas por las calles del centro de Santiago, que terminó en escaramuzas aisladas con la policía militarizada y saldo de unos 40 detenidos, la mayoría menores de edad, además de algunos daños materiales, confirmaron las autoridades.

Queremos una respuesta del gobierno. Que se escuchen las peticiones de los estudiantes que ya llevamos varios años pidiendo, dijo el joven Marco Cáceres, quienes reclaman más recursos del Estado para la educación, menores costos de transporte, reducir desigualdades en los institutos públicos y aliviar las abultadas deudas con las que quedan los universitarios al culminar sus carreras.

Los estudiantes, que mantienen a decenas de colegios y universidades tomados o en huelga desde hace varios días, con el apoyo del gremio docente, exigen que el Estado destine mayores recursos a la educación pública, que hasta la fecha es de alrededor de 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) chileno frente al 7 por ciento recomendado por la Unesco.

Demandan que el Estado recupere el control de los colegios públicos y mixtos, en los que estudia cerca de 90 por ciento de los estudiantes chilenos, los cuales desde 1990 están en manos de los municipios, que acusan problemas de gestión y financiamiento.

Bajo la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, la educación fue perdiendo recursos desde 7 por ciento del PIB en 1973 hasta caer a 2.4 al final del régimen militar.

Cerca de 40 por ciento de los 3.5 millones de escolares (de secundaria) estudia en los colegios públicos, mientras que alrededor de 50 por ciento lo hace en escuelas subvencionadas, en que el Estado y los padres contribuyen con el pago de las mensualidades. Otro 10 por ciento acude a colegios privados y, por lo demás, el acceso a becas es reducido.

Asimismo, los universitarios demandan que la educación vuelva a ser gratuita, como ocurría en la década de los años 70.

En Chile hay cerca de un millón de universitarios, de los que 80 por ciento estudia en instituciones privadas creadas durante la dictadura militar, a partir de 1981. Así, tanto para escolares como para universitarios, los aranceles son altos y los créditos para pagarlos conllevan altos intereses.

Por su parte, Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, explicó a la prensa que el sistema educacional chileno tiene un esquema muy mercantilizado y diferenciado, y que acceden a mayor calidad quienes van a instituciones pagadas.

Existe una enorme privatización porque los alumos deben pagar en muchos casos por una enseñanza deficiente y no todos logran la misma educación, agregó el experto. La inequidad se repite en la educación escolar, dijo, y agregó que hay una brecha importante entre el rendimiento de los colegios públicos y los privados.

Según analistas políticos, la multitudinaria movilización de este día es una de las mayores de los últimos años desde la llamada revolución de los pingüinos de 2006, que entonces puso en aprietos al gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet.

De acuerdo con estadísticas oficiales, solamente uno de cada seis jóvenes pobres tiene acceso a la educación superior chilena, pero la relación sube a seis de 10 en los hogares más ricos.