PISOTEO A DERECHOS HUMANOS

Daños por vulnerar el Estado laico

GABRIELA RODRÍGUEZ

Después de la guerra fría los derechos humanos se han convertido en el único marco de defensa de la ciudadanía ante los abusos de poder de las autoridades; ojalá que la reciente reforma constitucional logre evitar que los estados sigan actuando contra la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.

Cuando gobernadores, alcaldes y funcionarios roban o desvían los recursos del erario, maltratan o mandan matar a ciudadanos, resulta obvio el abuso de poder, el daño y el pisoteo a los derechos humanos; aunque nuestro sistema de injusticia e impunidad deje en libertad a quienes los violentan.

Al lado de esas agresiones de Estado, coexisten otras con daños menos tangibles. Como cuando Emilio González Márquez, todavía siendo alcalde, editó un libro de texto oficial haciendo una apología de la religión católica; cuando regaló un nacimiento artesanal al Vaticano, con un costo de un millón de pesos, con cargo al erario. Al colmo llegó en 2008, siendo ya gobernador, y del mismo fondo estatal donó 30 millones de pesos a la arquidiócesis de Guadalajara para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros; la llamada macrolimosna tuvo que devolverse ante la movilización social y 7 mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). A tres años de distancia, resulta increíble que dicha comisión notifique que las quejas carecen de sustento y que el gobernador no violó el Estado laico, ni el artículo 130 de la Constitución federal; que no quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR), ni incurrió en discriminación religiosa en prejuicio de otras iglesias y ciudadanos.

Como nos informa Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara, el argumento de que el recurso no fue entregado a una asociación religiosa sino a una asociación civil debidamente registrada quiere ocultar lo que nadie ignora: que la fundación beneficiaria, Pro Santuario de los Santos Mártires Cristeros, fue creada para triangular los recursos del erario que tenían como destinatario al arzobispado de Guadalajara.

¿Qué derechos humanos se están violentando con esas acciones? Se violenta el derecho a la educación laica, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los cuales se sustentan en el Estado laico. El derecho a la educación laica se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de Educación y en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El segundo y tercer apartados del artículo tercero constitucional establecen que: I. Garantizada en el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 24 constitucional: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Estado laico se reconoce en el artículo 130 constitucional: “Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa (…) No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR) establece en su artículo tercero que: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna –las cursivas son mías–. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”. El artículo 30 de la LAR precisa que el órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y que: la autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. En el artículo 31 se especifica que: Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en consideración (...) I. Naturaleza y gravedad de la falta o infracción; II. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; III. Situación económica y grado de instrucción del infractor; IV. La reincidencia, si la hubiere, y V. El daño causado.

Un grupo de organizaciones civiles impugnarán el carpetazo de la CEDHJ ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque en el caso de Jalisco la falta es grave: se desviaron más de 30 millones de pesos; se alteró la tranquilidad social, principalmente al excluir a los jaliscienses que no son católicos (588 mil 600 según el Censo 2010) o aquellos cuyo catolicismo se distancia del que promueve Juan Sandoval Íñiguez; hay solvencia en el infractor como para exigirle el pago de multa; hay reincidencia de la falta –al menos en tres ocasiones– y el daño causado es grave, el dinero del erario sólo puede donarse a organizaciones civiles que ofrezcan servicios para la población necesitada del estado y no para la construcción de templos.

El espejo

LUIS JAVIER GARRIDO

La pretensión de la ultraderecha yunquista por conservar el control del aparato estatal tras el 2012 está llevando al país a un desastre cada vez mayor.

1. La obsesión de Felipe Calderón y de su grupo de allegados por alcanzar el poder los llevó a aceptar en 2006 la tesis estadunidense de la militarización de México y la falsa “guerra contra el narco” delineada por la Iniciativa Mérida, y lo que ahora es una obsesión delirante por acabar históricamente con el PRI, imponerse en las elecciones, y aquerenciarse en Los Pinos en el 2012 los está llevando a una serie de acciones desquiciadas que pretenden alcanzar el respaldo de Washington pero que lejos de ello están hundiendo cada vez más al país.

2. La “guerra contra el narco” le ha permitido hasta ahora al grupo de Felipe Calderón someter por el miedo a amplios sectores de mexicanos atemorizados por los miles de inocentes asesinados por fuerzas oficiales y paramilitares del gobierno y, al mismo tiempo, crear una cortina de humo para encubrir la entrega del sector energético a trasnacionales a las que se hallan vinculados él y sus amigos, y delegar funciones del Estado mexicano a agencias gubernamentales estadunidenses. Ésta no le garantiza sin embargo que pueda imponer a su sucesor, ni siquiera por la campaña de miedo que lleva a cabo en Estados Unidos pregonando que sólo los panistas, por su servilismo, pueden satisfacer las ambiciones de Washington y ahondar el escenario de violencia en nuestro país.

3. En los cuatro años y medio que van hasta ahora del sexenio perdido de Felipe Calderón hemos visto un manejo faccioso de las políticas gubernamentales, pero también de los medios entregados a hacer de manera abierta la propaganda presidencial, a instrumentar las campañas negras de Los Pinos y a engañar con cifras falsas sobre el desempeño oficial, negándole así a los mexicanos el derecho a la información, y todo hace ver que estas políticas van a extremarse al acercarse 2012, sin que esto les reditúe a quienes usufructúan el poder.

4. La guerra sucia en los medios contra Andrés Manuel López Obrador, continuada desde el 2006, y que ahora busca hacerla extensiva al PRI y al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, no le garantizará a todas luces a Calderón poder imponer a un delfín azul en Los Pinos, pues el repudio nacional a los panistas es muy grande por las tropelías cometidas y su ineptitud en el ejercicio del poder. La única forma en que el Presidente de facto y los yunquistas podrían aspirar a colocar a un incondicional suyo en la silla presidencial sería por consiguiente la de intensificar las maniobras para impedir que Andrés Manuel sea candidato, lo que han venido haciendo en los últimos meses los operadores de Los Pinos impulsando a Marcelo Ebrard, empresa en la que hasta ahora han fracasado, pero también tratando de impedir que Enrique Peña Nieto sea el abanderado del PRI, lo que es la obsesión enfermiza actual de los jefes panistas, que buscan sea sustituido por un candidato débil como el de 2006, y que no oculte que está dispuesto a perder para que los panistas-yunquistas sigan en el poder.

5. A la ultraderecha no le basta para imponerse en 2012 tener el control del aparato estatal y de los recursos públicos o de los medios, y ni siquiera agandallarse el IFE y el Tribunal Electoral, como lo están buscando hacer este año en sendas maniobras: requieren después de su desastre en estos años el que no haya una contienda real. La única forma en que los panistas podrían prevalecer sería en el escenario que ellos buscan crear para 2012 y que describen con sus actos, impidiendo que haya una elección real y todo se negocie previamente con el aval de Washington: sin que haya un candidato de izquierda y con el PRI con un candidato descalificado de antemano y que acepte servir como comparsa asumiendo que los priístas deben replegarse a los enclaves locales.

6. El discurso de Stanford, durante la inauguración de cursos en esa universidad el 12 de junio, en la que para vergüenza de la misma se le invitó a pesar de las protestas estudiantiles, lo hizo actuando como jefe de una facción y no como jefe de Estado, buscando al hacer del tema del mismo nada menos que una descalificación histórica de los regímenes del PRI con brocha gorda, plagada de mentiras e inexactitudes, pretendiendo concitarse así el respaldo de la clase política de Washington y de los medios de ese país, como pelele que ha aceptado ser de las políticas estadunidenses, soñando con poder así tener su aval para imponer por los medios que sea al PAN en 2012, pero fracasó en ese intento, como era de esperarse, no sólo porque un personaje como él, que llegó al cargo por un megafraude electoral no tiene autoridad moral, o porque su gobierno ha sido más corrupto, antidemocrático y venal que cualquiera del PRI, sino porque con su guerra contra el pueblo de México ha llevado a un desastre institucional y a la muerte de miles de mexicanos: como se lo recordó la manta desplegada ahí por una avioneta: 40 000 dead. How many more?

7. La desastrosa intentona de Los Pinos por encarcelar a Jorge Hank Rhon, a fin de intensificar la campaña mediática contra el PRI, tras un operativo torpe en el que se violó el orden constitucional del país (4 de junio), no logró más que poner en ridículo a las fuerzas armadas (calificadas de mentirosas por una juez) y exhibir la ineptitud y corrupción de su propio gobierno y del gobierno panista de Baja California, a lo que ahora se agrega otro elemento que hunde más a los blanquiazules: la descalificación que están haciendo desde la PGR y Los Pinos del sistema judicial de México, tras la puesta en libertad del turbulento político-empresario (14 de junio). En los cuatro años de Calderón, el Ejecutivo espurio ha descalificado como nunca al Poder Legislativo y ahora la emprende contra el Judicial, al que están descalificando con vehemencia.

8. La pregunta surge entonces de manera obligada: ¿no podría el gobierno actual verse en un espejo antes de seguir deturpando, como lo ha hecho, al pueblo, a la Constitución y ahora a las instituciones?

9. La liberación de Hank fue consecuencia de la ineptitud de la PGR para formularle una acusación creíble y cualquier juez lo tendría que haber puesto en libertad, no obstante lo cual ante el escándalo que crecía Felipe Calderón al parecer negoció con los priístas su libertad a cambio de que acepten que el Congreso discuta el paquete de leyes que no ha aprobado esencialmente porque son leyes contra los intereses del pueblo mexicano y de la nación: la contrarreforma laboral, la contrarreforma electoral y la fascista legislación en materia de seguridad.

10. El escenario que se presenta para los próximos meses no podría, por lo mismo, ser más oscuro: el gobierno panista va a buscar incrementar la violencia con su “guerra contra el narco” y al mismo tiempo actuar de la manera más antidemocrática para imponerse en 2012, y es por ello que son cada vez más los mexicanos que le dicen: ¡Ya basta!

Es tiempo de poner fin a la fracasada guerra contra las drogas.

JESSE JACKSON *

¿Cómo poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos, que es un abyecto fracaso? No, no es Afganistán. Este mes marca el 40 aniversario del día en que Richard Nixon lanzó la guerra a las drogas. Y ahora, cuatro décadas después, sería imposible inventar un fracaso más completo.

Se ha gastado alrededor de un billón de dólares en esta guerra. Millones de ciudadanos que no representaban una amenaza para nadie han sido encarcelados. Unos 2.3 millones saturan hoy las prisiones de Estados Unidos, 25 por ciento de los cuales han sido arrestados por crímenes no violentos relacionados con las drogas.

Nuestros vecinos del sur –México y Colombia– son arrasados por la violencia de las bandas y la corrupción. En Afganistán, donde nuestros soldados arriesgan la vida, entre un tercio y la mitad de toda la economía es generada por el comercio de opio y heroína. Todo esto ocurre en reacción a actos no violentos que hace un siglo ni siquiera eran crímenes.

Sin embargo, pese a todo ello, las drogas son tan asequibles hoy como hace 40 años, y más baratas. Como concluyó el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske: En el esquema amplio, no ha tenido éxito. Cuarenta años después, la preocupación por las drogas, y el problema de las drogas, si acaso, se han magnificado, intensificado.

Y las bajas de esta guerra se multiplican. La guerra a las drogas se convirtió, desde un principio, en una nueva ofensiva de segregación racial contra la gente de color. Si bien los blancos abusan de las drogas a tasas más altas que los afroamericanos, los afroamericanos son encarcelados a 10 veces la tasa de los blancos por delitos relacionados con drogas. Millones han sido privados del derecho al voto al haber sido condenados por crímenes no violentos. Cientos de miles han muerto y millones sufrieron porque la guerra a las drogas volvió más difícil tratar la adicción como un problema de salud pública.

Ahora la crisis fiscal estatal obliga a los estados –incluso a estados como el conservador Texas– a vaciar las sobrepobladas prisiones y buscar alternativas al encarcelamiento. Y sin embargo la guerra a las drogas prosigue, el dinero se desperdicia, la violencia y la corrupción crecen, y más vidas se arruinan.

En un nuevo informe, la Comisión Global de Política sobre Drogas llama a reconocer que la guerra es un fracaso y virar hacia hacer frente a las drogas como un problema de salud pública.

He pasado décadas hablando con hombres y mujeres jóvenes acerca del peligro de las drogas, en salones de clase, en sótanos de iglesias, en prisiones y en la calle. El flagelo de las drogas destruye vidas y esperanza. Pero lo mismo hace la guerra a las drogas.

Debemos usar el 40 aniversario de una guerra fallida para poner en cuestión esa guerra. ¿Qué pasaría si tratáramos la adicción a las drogas como la adicción al alcohol, como un problema de salud pública? La mariguana origina la mitad de todos los arrestos relacionados con drogas en Estados Unidos; despenalizarla ahorraría millones que podrían utilizarse para tratar a los adictos en vez de para arrestar muchachos. Las alternativas al encarcelamiento se deben preferir para aquellas personas que no representen amenaza para otros.

Los mandatos severos y las sentencias mínimas deben revocarse. ¿Por qué no sacar la drogadicción del sistema de justicia penal y atenderla en el sistema de salud pública? Sin duda sería mejor gastar el dinero, no en encerrar a las personas, sino en clínicas que atiendan su enfermedad.

Poner fin a la guerra a las drogas no significa abandonar el esfuerzo de regularlas, de enseñar a los niños sus peligros, o de tratar a quienes dependen de ellas. Sí significa, en cambio, no desperdiciar millones de vidas más y miles de millones de dólares más en una guerra que no se puede ganar.

La guerra a las drogas ha sido lanzada por ambos partidos. Los políticos han adoptado posturas severas en torno al crimen, compitiendo para inventar los castigos más rigurosos. El dinero no ha sido obstáculo. Todo un complejo de prisiones –con poderosos intereses privados– ha crecido para confinar a los prisioneros de esta guerra. Pero ahora, 40 años después, ¿no es tiempo de hacer a un lado las posturas y tener un debate fundamental sobre las alternativas a esta guerra fallida?