¿EL PRIMER PASO EN SERIO?

Va Procuraduría de Oaxaca por otros dos ex funcionarios de Ulises Ruiz

Pedro Matías.

OAXACA, Oax. (apro).- Un día después de la detención de Gonzalo Ruiz Cerón, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que el ex coordinador de Transporte en la gestión de Ulises Ruiz podría alcanzar una pena de entre 10 y 12 años de cárcel por el delito de tráfico de concesiones, de acuerdo con el código penal vigente.

De acuerdo con el procurador Manuel López López, además de la captura de Ruiz Cerón, “aún está pendiente de ejecutarse una orden de aprehensión en contra de otras personas (y) por lo menos de otros dos ex funcionarios”.

Por separado, el titular de la Coordinación General de Transporte (Cotran), Pedro Silva Salazar, señaló que en la administración de Ulises Ruiz se multiplicaron las permisos, debido a que en 2004 se tenía un registro de 19 mil concesiones de transporte público en toda la entidad, y al concluir su sexenio dejó 32 mil 600 concesiones, o sea que se otorgaron 13 mil 300 más, aproximadamente.

Al preguntarle si es posible una “negociación”, el funcionario estatal respondió: “La ley no se va a negociar, la ley se aplica, y nosotros vamos aportar las (pruebas) contra él (Gonzalo Ruiz Cerón) y contra quien venga (incluido el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz)”.

Sobre la posible responsabilidad de Ruiz en el asunto, declaró que “cada funcionario es responsable de su área, cada funcionario tendrá que responder o sabrá cómo trabajar. Hay cosas que tienen que procesarse, hay facultades que tiene el Ejecutivo, y las concesiones las firma el gobernador y el coordinador del transporte”.

Para firmar una concesión, agregó, el gobernador debe estar enterado y checar que los expedientes estén completos, “y si no lo consultaron y nada más firmó por firmar es un asunto que Gonzalo debe responder”, dijo.

Silva Salazar reconoció que de las más de 13 mil concesiones irregulares que otorgó Ruiz Ortiz, nueve mil están en revisión, en tanto que 17 expedientes están vinculados a funcionarios, amigos y familiares, y adelantó que por lo menos 204 concesiones ya están en un proceso de revocación.

“Declararé por escrito”

Jorge Perez

[08:43] MIAHUATLÁN.- “Me reservo mis derechos a declarar en preparatoria”, dijo ayer el ex titular de la Coordinación de Transporte (Cotran), Gonzalo Ruiz Cerón ante el Juez Mixto de Segunda Instancia de Miahuatlán, Guadalupe Lucas Figueroa, luego de solicitar la ampliación del término constitucional “para presentar pruebas a mi favor”.

Eran las 12 del día cuando el integrante del equipo de Ulises Ruiz Ortiz arribó en una camioneta de la Policía Estatal escoltado por cuatro elementos para enfrentar la acusación como presunto responsable de tráfico de concesiones en perjuicio del servicio público de transporte y denunciado por los integrantes de la Unión de Permisionarios de Automóviles de Alquiler del sitio El Retiro y por Pedro Silva Salazar, titular de la Cotran.

Los uniformados ayudaron a bajar de la batea a Gonzalo, quien se encontraba esposado, con la misma ropa que vestía cuando fue detenido, con un semblante entristecido el cual cambió cuando vio a sus familiares. Los amigos y colaboradores que en tiempos atrás lo adularon, no estaban con él en estos momentos duros, difíciles.

Al preguntarle el secretario judicial si realizaría su declaración preparatoria, el ex funcionario dijo que la presentará por escrito. Antes le fueron retiradas las esposas y sentado en una silla escuchó impaciente la lectura de las constancias en su contra asentadas en el expediente penal 96/2009 la cual duró más de 7 horas.

Gonzalo Ruiz devoró con ansiedad un par de “gansitos” acompañado de un “gatorade” que le pasó un familiar e interrumpió al secretario judicial para asegurar que todas las pruebas se las prefabricaron en la Procuraduría General de Justicia del Estado para incriminarlo.

Afirmó que los presuntos títulos y concesiones "falsas" fueron otorgados en administraciones anteriores; “lo único que hice fue enderezar esas concesiones entregadas de manera irregular”, sostuvo.

Por su parte, el abogado del indiciado, Juan José Meixueiro Orozco, al tomar uno de los cuatro tomos conformado por dos mil fojas donde se anexan las evidencias irregulares, precisó que pudieron ser manipuladas para condenar a su cliente al tiempo de señalar que solicitará careos con los ofendidos, a los que también interrogará.

--¿Su detención es político?, se le cuestiona al término de la diligencia. Cerón llena de aire sus pulmones y dice: “No contestaré a preguntas de la prensa para no entorpecer el proceso”, luego esbozó una sonrisa.

NO ES AJUSTE DE CUENTAS: SILVA

El coordinador de Transporte (Cotran), Pedro Silva Salazar, aseguró que presentarán los documentos que prueben las irregularidades en materia del transporte pues, tan sólo en la administración del ex gobernador Ulises Ruiz se entregaron 13 mil concesiones, más 19 mil que ya existían en el 2004.

En la revisión se comprobó que más del 70 por ciento de los expedientes están incompletos, según los datos preliminares del proceso de transparencia en la documentación que existe en la Cotran, dijo.

En tanto que de las 204 concesiones que podrían revocarse están las del último tramo del sexenio pasado donde se entregaron 17 concesiones, pero cada una de ellas iba por paquetes de diez y están involucrados ex funcionarios como el regidor en el pasado trienio, Raymundo Pacheco.

Indicó que ante este panorama se dieron varias denuncias y al dar el respaldo a estas quejas de particulares derivó la orden de aprehensión en contra del ex funcionario. “No venimos a ajustar cuentas, pero no vamos a solapar a nadie”, advirtió.

Silva dio a conocer dato por dato las irregularidades detectadas en la Cotran.

Por ejemplo, señaló que al llegar a la dependencia no había archivos ordenados, y en el proceso de depuración de los expedientes en el servicio de taxis, de mil 616, 367 están completos y mil 249 incompletos; en tanto en los permisos para pasaje y carga, de 252 revisados, sólo 43 completos y 209 incompletos.

En cuanto al proceso jurídico en contra de Gonzalo Ruiz Cerón, señaló que está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado donde se fincaron las denuncias y se seguirá presentando los documentos necesarios.

Rechazó señalar como responsable al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero confirmó que el Ejecutivo en turno debe conocer los procesos y la emisión de las concesiones, “no sé sí Gonzalo Ruiz dio a conocer al ex gobernador sobre estos documentos o sólo actuó de manera personal, la autenticidad de los documentos se debe establecer y también la intervención de otros funcionarios”.

APLICAR LA LEY

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alfredo Lagunas Rivera, señaló que el caso Ruiz Cerón que está en manos del juez sexto de lo penal se debe de seguir conforme a Derecho. En entrevista, el magistrado señaló que el caso está totalmente ante el juez correspondiente, sin embargo, en su apreciación, si el amparo no surtió efecto fue porque se trata de un delito grave que no alcanza fianza.

“Al detenerse a una persona es porque es un hecho comprobado y más si no alcanza fianza, es porque es grave”, señaló el titular del Poder Judicial.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Oswaldo García Jarquín, dijo: “La aplicación de la ley se debe dar. Es triste ver que ex funcionarios estén encarcelados”. No obstante, solicitó un juicio justo, “que sea con sentido del respeto de las garantías individuales, porque todos merecen pasar por procesos que les garanticen sus derechos humanos”.

Investigar a fondo el Dpto. de Secundarias

RACIEL MARTÍNEZ

Oaxaca, Oax.- Profesores del nivel de Secundarias Generales, quienes denunciaron con toda oportunidad el nido de corrupción en que se convirtió la Jefatura con Sigifredo Evodio García Martínez al frente, demandaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Estatal de Educación Pública abunden en el esclarecimiento del suicidio del profesor Efrén Montes López, "porque hay un mar de misterio"

De la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, opinaron los mentores, "se duda que proceda pues también están involucrados en el tráfico de plazas y han protegidos a muchos aviadores".

Los quejosos -quienes solicitaron omitir sus nombres por obvias razones--, recordaron que Montes López ganó la Jefatura de Secundarias General por su trayectoria de honestidad, "la última escuela donde trabajó fue en Tlalixtac de Cabrera, donde alumnos, padres de familia y profesores dan testimonio de su disciplina, hombre estricto, siempre rindiendo cuentas".

Tras su elección en la asamblea del nivel, agregaron, Efrén Montes ofreció que "abriría todos los casos y que no le interesaba afectar intereses. Fue el primero de abril pasado cuando él dijo que todos se aguantaran porque si encontraba corrupción, la haría pública".

Añadieron que uno de los problemas con lo cual topó fue con un número elevado de profesores "aviadores", quienes se negaban a retornar a sus centros de trabajo. También descubrió a personas enriquecidas con la venta de plazas y horas-clases.

Los consultados revelaron que hoy viernes 17 de junio, Efrén Montes -quien previo a suicidarse dejó un recado solicitando no culpar a nadie de su muerte, dejó una sentencia: "...Ya me cansé de ver tanta corrupción"--, rendiría un informe de la investigación a la asamblea estatal de nivel sobre las irregularidades. Hasta anoche la celebración de la reunión se mantenía firme.

Por otra parte, trascendió la existencia de una averiguación previa contra Crisantema Rodríguez, Yolanda Mata y Rita "N" por la venta de plazas.

Contralor imparcial quieren legisladores

Misael Sánchez

El Congreso del Estado analiza una propuesta de reformas a la Constitución para que el secretario de la Contraloría sea electo por el Congreso para que ningún funcionario del gobierno estatal quede exonerado y sin ninguna responsabilidad administrativa, fiscal, laboral o penal como ocurrió con Miguel Ángel Ortega Habib.

La propuesta de reforma al artículo 59 de la Constitución local fue presentada por el diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez y en ella se destaca que a pesar de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental inició la entrega-recepción desde el 1 de diciembre, todavía no se tiene estadística alguna sobre el estado que guarda ésta en 15 dependencias, 5 oficinas administrativas desconcentradas, 3 oficinas auxiliares de gubernatura, 45 organismos desconcentrados, 5 entidades paraestatales y 2 auxiliares.

De acuerdo con el legislador lo anterior es motivo de preocupación después que el anterior titular de la dependencia, Bernardo Barragán Salazar, manifestó que no detectó desvíos y exoneró de toda responsabilidad la gestión de Miguel Ángel Ortega Habib al frente de la Secretaría de Finanzas.

El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, debe ser electo de la forma más imparcial, demostrando que hay situaciones en nuestro que Estado pueden cambiar, por lo cual, el Contralor deber ser elegido por el Congreso mediante convocatoria que el Titular del Poder Ejecutivo publique, en un ejercicio de total transparencia, dijo.

El Contralor no será tratado como simple miembro del gabinete de gobierno, sino de acuerdo con la naturaleza especial de su función, es decir, no debe ser un auditor o contralor privado, que arregle las cuentas y documentos de los secretarios, ni mucho menos la autoridad que sin escrúpulos otorga a discreción salvedades y documentos de paz y salvo.

“El titular de la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio sano de la democracia y la república debe ser elegido por el Congreso quien tiene la facultad de evaluar, dictaminar y aprobar el cargo, para que no se repita la historia de que ningún Secretario de Estado, quede exonerado y sin ninguna responsabilidad administrativa, fiscal, laboral o penal y las distracciones administrativas queden exiliadas de la administración pública”, destaca. Al manifestar que no puede ser el Gobernador quien designe de manera discrecional al Contralor, aun cuando este sujeto a la ratificación del Congreso, dijo que se debe modificar la fracción LXVIII del artículo 59 para que dentro de las facultades del Poder Legislativo se establezca la de elegir al secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, conforme a la convocatoria que el Ejecutivo Publique.

El primer golpe.

Isidoro Yescas.

No ha sido el golpe de timón esperado, pero tampoco es cosa menor que finalmente el gobierno de Gabino Cué haya tomado la decisión de aplicar la ley y, a través de la Procuraduría de Justicia, ordenar la detención de quien se desempeñara como titular de la Cotran durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Acusado de tráfico de miles de concesiones y permisos en el servicio público, Gonzalo Ruiz Cerón deberá ahora comparecer ante la justicia para probar su inocencia o ser declarado culpable.

Es probable que el exfuncionario ulisista represente solamente la punta del hilo de una extensa red de corrupción tejida en la Cotran durante el pasado sexenio. Y mucho antes, como en su momento quedó evidenciado con la averiguación penal abierta en contra de la excoordinadora Aurora López Acevedo. Si entonces todo terminó en un arreglo político hoy no parece que sea el caso de Ruiz Cerón, cuyo encarcelamiento y probable consignación penal podría contribuir a esclarecer quienes, además del propio exfuncionario, también se beneficiaron de la expedición de miles de concesiones del servicio del transporte público, fundamentalmente taxis.

Si como todo parece indicar los delitos que se le imputan están ya bien documentadas y no se corre el riesgo de un "hankazo", el gobierno de Gabino Cué estaría en la tesitura de darle continuidad a una de sus principales promesas de campaña hacer realidad el combate y castigo a los actos de corrupción.

Disminuida su credibilidad por su inacción en relación a todos los casos de desvío de recursos, peculado y tráfico de influencias exhibidos en los últimos seis meses en los medios de información, hoy el gobierno del cambio tiene la gran oportunidad de seguir la ruta iniciada sin ánimo electorero ni revanchista.

Lo debe hacer para bien propio y de una sociedad harta de tantos abusos de poder y ávida de justicia. Las denuncias sobre desfalcos al erario público ocurridos durante el sexenio anterior en el IEEPO, SSA, Secretaría de Finanzas, CAO, Secretaría de Obras Públicas y Coplade deben aterrizar en acciones como las que ahora se han ejercido en la Cotran.

Pruebas no les deben faltar como la propia contralora, Perla Woorlich, lo ha denunciado en algunos casos. Lo que ahora falta es determinación para pasar de la denuncia mediática a la denuncia penal.

Pero, cuidado, actuar con la ley en la mano significa que la justicia debe alcanzar no solamente a los que ayer se sintieron intocables sino también a los que ahora, en algunos círculos del poder, ya empiezan a mostrar el cobre y a enviar ominosas señales de pretender seguir el mismo camino.