"JUSTICIA" AL MEJOR POSTOR

20/06/2011

Los influyentes y sus jueces

BERNARDO BÁTIZ V.

Conocí a un licenciado integrante de un tribunal, que presumía de su sapiencia jurídica diciendo: a mí que me digan cómo quieren la resolución, absolviendo o condenando; yo me encargo de lo demás. Es decir, no importaba para él quién tuviera la razón o de qué lado estaba la justicia; operador del derecho, podría resolver lo mismo en un sentido que en otro.

Supe de un perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que por supuesto fue despedido, a quien, cuando se inspeccionó su escritorio, se le encontraron dos peritajes contradictorios para el mismo asunto; estaban listos para el mejor postor.

Viene a cuento lo anterior por los casos judiciales de Jorge Hank Rhon, hijo del famoso político Carlos Hank González, que amasó una fortuna al cobijo del poder y a quien un político no enriquecido le parecía deleznable, y por el del obispo de Ecatepec, que ganó un juicio con una sentencia incomprensible.

Hace tiempo, a otro ex jefe del Departamento del Distrito Federal, como Hank padre, se le extraditó de Nicaragua; afrontó un proceso por peculado escondido varios años, seis o siete sentencias se dictaron en su contra, pero al final la Suprema Corte, contradiciendo lo ya resuelto por un tribunal colegiado, declaró incompetentes a los tribunales del Distrito Federal para juzgar a un servidor público del gobierno de esa misma entidad.

El colegiado dijo que sí, la Corte dijo que no y seguro, en las dos resoluciones, los juzgadores podían presumir de aplicar estrictamente la ley y de estar al servicio del estado de derecho y de las sacrosantas instituciones.

No es que todo el mundo sea desconfiado por naturaleza ni susceptible; lo que pasa es que hay cosas que nos dejan asombrados y nos dan que pensar. El caso es que los poderosos nunca pierden y si caen a la cárcel lo hacen como en el beisbol: de pisa y corre. El pueblo, que es más sabio que sus jueces, no cree en el sistema de justicia, sea tradicional o sea oral, desconfía y se burla; ¿Hank Rhon salió porque no se aplicaron estrictamente las formalidades procesales o por ser quien es y tener la fortuna que tiene? ¿Otro detenido desconocido y pobre habría corrido con la misma suerte?

El obispo, que aparece en sociales de los periódicos y va a los toros cada domingo, ¿ganó por tener razón, sin explicar el origen de una cantidad enorme de dinero que prestó a cambio de un pagaré firmado en una hojita, o por otras razones imaginables?

Renato Leduc, de otro prelado y en otro tiempo, decía en uno de sus sonetos implacables: El señor obispo guarda sus millones en la caja fuerte; no es que tenga suerte, son sus oraciones que Dios escuchó.

La juez que soltó a Hank fue reconocida inmediatamente por el Consejo de la Judicatura Federal como invulnerable a las presiones a las que pudo haberse visto sometida; el ministro de la Suprema Corte, amigo y anfitrión del obispo, también fue de inmediato justificado por sus colegas.

El beneficio de la duda nos inclinaría en pensar que se trata de funcionarios resistentes a las presiones del poder y del dinero, pero la gente, escamada, abriga dudas y esboza sonrisas incrédulas y socarronas.

En el caso de Hank, la subprocuradora Patricia Bugarín, de quien me consta su competencia y honorabilidad, no estuvo de acuerdo con la resolución y anunció que la combatirá ante un tribunal superior. Prudentemente, dice la titular de la SIEDO que confía en que el tribunal de segunda instancia corrija lo que califica de valoración parcial y subjetiva de las pruebas. En el asunto del obispo, el abogado Xavier Olea se indigna, acusa y pide una investigación.

En ambos casos, las dudas aparecen tercas; si a Hank le sembraron las armas, como dijo la defensa, ¿le sembraron todas? ¿no tenía ninguna en su casa?

Difícil de creer. Un sujeto como Hank, metido en negocios de juegos y apuestas, sospechoso de otros peores, rodeado siempre de guardaespaldas, soberbio y prepotente, ¿no tenía armas en su casa? ¿Con qué lo protegían sus guardias?

En el otro caso, también nos asaltan las suspicacias: ¿de dónde salió el dinero supuestamente prestado a una mujer muy rica, de mucha edad y enferma? ¿Para qué lo quería ella? ¿Por qué una operación tan grande y cuantiosa se documentó en una hojita de papel sin seguridad alguna?

La gente no comulga con ruedas de molino; intuye que en ambos asuntos algo está mal. En ambientes supuestamente informados la desconfianza proviene de verificar que la verdad puntillosa y formal de las resoluciones judiciales choca con más frecuencia de la deseada con la verdad real y los jueces parece que no buscan la justicia, sino aplicar mecánicamente la ley y muy frecuentemente los recovecos de la ley.

Como en otros casos, en estos dos el tiempo no correrá en balde; la verdad se abre camino y penetra por resquicios insospechados. Por lo pronto, expresamos nuestro asombro por las dos resoluciones y comprobamos que cambios de fondo, no cosméticos ni aparatosos, ni sólo para la foto, son más necesarios cada día.

El silencio del general

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

México, D.F. (apro).- Las pugnas al interior del gabinete de seguridad nacional no acaban. El fiasco del “caso Hank” ahondó las diferencias entre las autoridades civiles y militares al mando de Felipe Calderón para el combate a la delincuencia organizada.

Responsable del operativo para la detención del dueño del grupo de apuestas Caliente y expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, el Ejército tuvo que morder el polvo, luego de que el gobierno federal había tomado la decisión política de ir en contra del miembro más vulnerable de la famiglia fundada en el estado de México por Carlos Hank González.

El peor parado fue el general de brigada Gilberto Landeros Briseño, comandante de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, quien la noche de la detención, el 4 de junio, se apersonó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa ciudad fronteriza para presentar, junto con algunos de sus hombres que participaron en el operativo, los cargos contra Hank por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

El ariete de las arremetidas político judiciales de Calderón, la procuradora General de la República, Marisela Morales, hizo pasar al Ejército, y en particular al general Landeros, ante la opinión pública como una fuerza por lo menos inexperta y negligente.

En una entrevista la noche del pasado jueves en Televisa, la funcionaria, nerviosa e insegura, dijo que los militares a cargo del operativo omitieron los videos sobre la detención para probar no sólo la existencia del arsenal atribuido a Hank, sino que durante el mismo no hubo abusos ni contra él ni contra sus escoltas.

Luego del revés judicial en el que la juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, decretara la libertad de Hank y sus escoltas porque su detención ocurrió en circunstancias distintas a las que reportó el Ejército al ministerio público federal, Morales tuvo que decir que Calderón “no estaba enterado” del operativo, sino que supo el día de la detención.

Pero como suelen decir ellos mismos, “los militares no se mandan solos”. Un operativo con evidentes implicaciones políticas no podía salir del cuartel Morelos, en Tijuana, a cargo del general Landeros.

Ni siquiera de su superior inmediato, el también general de brigada Alfonso Duarte Múgica, comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, desde donde el Ejército cubre los estados de Baja California y Sonora.

Ninguno de los dos generales es improvisado en asuntos relacionados con el narcotráfico en Tijuana. El propio Duarte fue antecesor de Landeros como jefe militar de esa plaza, mientras que éste, en 2008, fue comandante de la Segunda Brigada de Fuerzas Especiales desplegadas por el Ejército en esa ciudad como parte de los operativos contra el narcotráfico.

El general Landeros no pudo tampoco tomar la decisión de ir contra Calderón porque como experto en labores de inteligencia, en las que se formó en la Escuela de las Américas, en el Fuerte Benning, en Georgia, sabe que no se puede organizar y ejecutar un operativo militar para ir contra un personaje como Jorge Hank sin respaldo político.

Aún cuando el Ejército haya tenido información sobre el supuesto acopio de armas por parte del ahora fortalecido personaje, los encargados de elaborar la información de inteligencia saben que la decisión sobre lo que se hace con ella no recae en ellos, sino en sus superiores.

En este caso, ni siquiera en el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, sino en Calderón, quien ostenta el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No hay duda que el Ejército mexicano responde a esa institucionalidad: recibe órdenes y obedece.

De ahí su utilización política y de ahí su creciente molestia. Si ya de por sí la cúpula del Ejército mantiene desde el arranque del sexenio una abierta confrontación con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la responsabilidad que ahora le achaca la procuradora y los términos de la resolución judicial lo hacen pasar como el gran responsable de esta pifia del gobierno calderonista.

Al general Landeros no le queda más que el silencio, tragarse la “explicación” de Morales y asumir su responsabilidad por el sentido de la resolución judicial que favoreció a Hank.

Con su cuota de sangre en la “guerra al narcotráfico” en la que lo metió Calderón, el Ejército acumula agravios.

Por negligencia, incapacidad o negociación política las autoridades federales escatimaron a la juez Parra Meza elementos de las actividades supuestamente ilegales o rayanas en la ilegalidad del continuamente investigado Jorge Hank Rhon. Con su libertad, Calderón le ha propinado al Ejército una vergonzosa derrota.