EL DETERIORO DE UN DERECHO

La involución educativa

AXEL DIDRIKSSON

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si una sociedad en lugar de crecer y desarrollarse puede llegar a involucionar, en México encontramos pruebas de esta grave tendencia. El ámbito más demostrativo es inverosímil: la SEP. La acumulación de acontecimientos que se derivan de las decisiones que toman los funcionarios y otros personeros enquistados en este aparato, y el daño descomunal que están haciendo en la vida de millones de niños y jóvenes del país, dan como para hacerles un juicio político por estar propiciando la violación del derecho humano fundamental a la educación.

En el lodazal en que actualmente se pelean la lideresa del SNTE, sus antiguos adoradores, los dirigentes de su partido, sus familiares cercanos, sus otrora aliados y hasta Felipe Calderón, quien vergonzosamente ha tenido que salir a confirmar negociaciones de puestos administrativos en el ISSSTE y en la SEP como si se tratara de posiciones ínfimas y no de cargos que requieren liderazgo, conocimientos amplísimos del sector y, sobre todo, la mayor honestidad, pues se trata de educación y de salud, sobran las demostraciones de la decadencia en que han sumido al sistema educativo.

Tan sólo en este sexenio (pena debería de darle a Calderón Hinojosa asumir que alcanzó el título de “presidente de la educación”): El analfabetismo de la población adulta se ha mantenido sin cambios significativos pese a que éstos pueden representar oportunidades de superación social y personal; el contenido de los libros de texto fue impugnado por diversos sectores de la sociedad y por expertos en distintos campos, debido a mutilaciones, falta de coherencia y errores descomunales en la información que se ofrece; los fraudes que han acompañado las pruebas aplicadas al magisterio para el otorgamiento de plazas encubren la precariedad del trabajo docente en todo el país, así como la falta de preparación, actualización y formación integral de los maestros; la inoperancia de las pruebas que se aplican de forma intermitente en la educación básica, media y media superior, pues los alumnos alcanzan bajos niveles, como ocurre con las correspondientes de profesores y directivos, aunque son aún más elocuentes los mínimos resultados obtenidos durante años en la aplicación de las pruebas internacionales.

Asimismo, se propuso primero modificar la currícula de algunos grados de primaria, luego de la secundaria y más tarde del bachillerato, para terminar con una reforma de supuesta articulación que, basada en estándares y competencias, aparece como un parche enorme frente a las irracionalidades con las que se han tomado las decisiones educativas en los últimos cinco años. Como agregado a lo anterior y a muchas arbitrariedades e incongruencias más, debe decirse que la SEP es una entidad por donde pasan millones de pesos que alimentan los bolsillos de “comisionados sindicales”, aviadores y burócratas inútiles que sobreviven gracias a sus ineptitudes.

Para alcanzar este altísimo nivel de decadencia educativa, Calderón, Gordillo, Yunes y todos sus secuaces negociaron desde el inicio del actual sexenio cargos para sus congéneres y asociados, como si la SEP fuera una empresa que hace salchichas en serie (por ello lo de los estándares de calidad que buscan alcanzar) y no fueran importantes el aprendizaje, la salud, la alimentación, el futuro de los que educan y los que están en el proceso de adquirir capacidades nuevas, creatividad y conocimientos.

Es verdaderamente increíble para cualquier educador conocer de estas realidades que rayan en la frivolidad y exhiben la degradación de un régimen político que no reconoce la importancia que tiene una buena educación para todos y que, por lo mismo, causa desgracias y daños iguales o peores a los de un terremoto, una guerra o una pandemia. Ni más ni menos.

La depredación

LUIS JAVIER GARRIDO

El mayor riesgo que tiene el país en esta larga agonía del gobierno calderonista lo constituye el intento de las fuerzas de la extrema derecha por hacer aprobar al Congreso una serie de contrarreformas neoliberales con las que pretende terminar de desmantelar al Estado mexicano, culminando así su labor depredadora de estos años.

1. El riesgo de que a espaldas y en contra de los mexicanos se aprueben algunas de las contrarreformas urdidas por la derecha yunquista es muy grande, pues a pesar de que hay de continuo declaraciones en el sentido de que no habrá en agosto un periodo extraordinario para ello, las filtraciones de Los Pinos pretenden que ya tienen el consenso del PRI para algunas de ellas y se habla de la contrarreforma laboral y de la relativa a seguridad nacional.

2. La nueva legislación en materia de seguridad nacional que Calderón pretende le apruebe el Congreso abriría, como se ha señalado, la vía para crear en México el Estado policiaco de carácter totalitario en el que sueñan los panistas en previsión de la crisis social que los tecnócratas neoliberales advierten como consecuencia del colapso de la economía mexicana, uncida al desastre que se ve venir de las finanzas internacionales a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal.

3. La contrarreforma calderonista de supuesta seguridad nacional no es otra cosa que un nuevo blindaje a los actos ilegales del Ejecutivo, pues supone aberraciones inaceptables en un régimen constitucional de derecho, que han sido descalificadas tanto por juristas como por agrupaciones defensoras de derechos humanos, y es poco probable que la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD autoricen dicha pretensión, por la regresión histórica que significaría. Calderón demanda el establecimiento de un régimen en el cual exista una discrecionalidad absoluta del Ejecutivo para suspender de hecho las garantías individuales y una plena libertad del gobierno federal para violentar la autonomía de los estados y los municipios, la actuación del Ejército y la Marina como fuerzas policiales en un marco absoluto de impunidad y la prerrogativa presidencial de determinar cuándo se violan las garantías constitucionales.

4. El Ejército y la Marina, como todas las fuerzas policiales del gobierno calderonista, han actuado estos cuatro años en abierta violación al orden constitucional de México y violentando múltiples pactos y tratados internacionales, y lo que Felipe Calderón plantea es que se modifiquen la Constitución y las leyes de la nación nada menos que para adecuarlas al estado de ilegalidad y de violencia impune en el que han venido manifestándose marinos y militares. En otras palabras, para que las leyes se adecuen a la realidad, y se dé una apariencia de legalidad a la violencia criminal del gobierno.

5. Una de las mayores perversiones del actual gobierno panista, que ha depredado no sólo la vida social y la economía del país sino las instituciones de la República, la ha constituido la subordinación que ha logrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no nada más en función de sus pretensiones políticas (lo que era ya un rasgo del régimen del PRI) sino llevándolos a actuar en contra de la Constitución en función de los intereses de la derecha trasnacional, lo mismo en materia de energía que de los derechos fundamentales de los mexicanos, todo con el objetivo de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional, avalando así la legalidad prevaleciente, y eso se ve sobre todo en materia de seguridad nacional, en donde la Corte no actúa como una instancia de control de la constitucionalidad ni de las leyes ni de los actos del gobierno. Calderón critica todo el tiempo a los jueces de primera instancia acusándolos de corruptos, pero no se da cuenta de que los mexicanos ven sobre todo la corrupción de arriba: la que vincula a la Corte con Los Pinos.

6. El fallo impreciso y ambiguo de la Suprema Corte del 12 de julio determinando que los militares deben ser juzgados en los tribunales civiles si violan garantías pretende ser una respuesta a la exigencia nacional e internacional de que se termine en México la prerrogativa aberrante, que se ha ampliado de hecho, del fuero castrense, y los marinos y militares sean sometidos en todos los casos a los tribunales ordinarios, pero no lo es, como muchos han supuesto, pues busca tergiversar lo establecido en el artículo 13 constitucional, que niega la existencia del fuero en los delitos de militares contra civiles. Al no fallar con claridad la cuestión, los ministros no hicieron más que abrir la vía para que se pueda legislar en el sentido que pretende el gobierno panista: estableciendo una discrecionalidad absoluta de las autoridades para que ellas mismas puedan determinar en qué casos, durante las supuestas acciones de la “guerra contra el narco”, los militares violaron las garantías individuales.

7. La resolución busca dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México en 2009 tras el caso Radilla, pretendiendo que la cuestión ha sido resuelta y las normas y prácticas mexicanas son ya conformes al derecho internacional, aunque no se haya cancelado por completo la pretensión de las fuerzas armadas mexicanas de conservar todo tipo de fuero de hecho y de derecho. De ahí otro motivo más de urgencia que tiene Felipe Calderón para que el Congreso expida la nueva legislación en materia de seguridad nacional, que él exige a fin de poder hacer del nuevo Estado panista un Estado policial.

8. La respuesta de las fuerzas armadas ante la gravísima situación institucional creada por el inepto gobierno panista, que con sus políticas de violencia las ha llevado a actuar de manera ilegal e inconstitucional para servir a intereses extranjeros, no podía ser otra. Un grupo de altos mandos militares demandaron el miércoles 13 ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso que se apruebe un marco jurídico que legalice la lucha anticonstitucional que dicen librar contra el narcotráfico, y que sea mucho más amplio que el de la contrarreforma calderonista que queda muy corta para ellos (La Jornada del 14 de julio), sin entender que amplios sectores de mexicanos se han dado ya cuenta de que lo que están haciendo es otra cosa, y fundamentalmente el crear un clima de terror en el país para someter a los mexicanos al proyecto trasnacional y para reordenar al narco en función de los intereses estadunidenses.

9. Esos militares se equivocan, pues ni soldados ni marinos deben actuar en un régimen democrático como cuerpos policiales, y mucho menos impunemente como ellos siguen pretendiendo hacerlo. El marco jurídico en materia de seguridad nacional ya existe en México y está claramente determinado por la Constitución, pisoteada en este sexenio, y basta con respetarlo, por lo que ellos deben regresar a sus cuarteles conforme al marco constitucional actual.

Juventud ¿global?

GABRIELA RODRÍGUEZ

En el Día Mundial de la Población resaltan las declaraciones de Diego Palacios, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, sobre la importancia que la juventud está tomando en términos demográficos: vivimos el momento con mayor número de jóvenes en la historia. Del total de 7 mil millones de habitantes que habrá en el orbe el próximo 31 de octubre, hay mil 800 millones de jóvenes, 87 por ciento de los cuales viven en países pobres, los llamados en vías de desarrollo por la ONU.

Teóricamente es una situación de ventaja económica, le llaman el bono demográfico, porque al tener a una mayoría en edad productiva, y una minoría de grupos dependientes, que serían los menores y los de mayor edad, el crecimiento económico de un país tiene una ventana de oportunidad única. Sin embargo, pocos países del mundo han sabido prepararse y aprovechar esa situación, como es el caso de Brasil y China, que han invertido en formar capital humano, ampliar oportunidades educativas, fortalecer profesiones específicas y mecanismos de acoplamiento del mercado de trabajo. Esos países empiezan a mostrar logros en sus tendencias económicas.

El lado sombrío del tema es que no todos los países se han preparado para esa situación, a pesar de que estaba proyectada desde hace muchos años. En México, donde actualmente hay 20.1 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, y continuarán siendo mayoría por otros 10 o 15 años, la situación de desempleo, subempleo y falta acceso a la educación superior es grave. Llaman la atención las precisiones realizadas por René Martín Zenteno, actual subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al señalar que a mayor nivel educativo mayor tasa de desempleo, por la razón de que quienes estudian más pertenecen a familias que pueden costear el desempleo, en tanto que las clases con menor nivel educativo están trabajando en el sector informal o subempleo, es decir, con horarios largos, ingresos muy bajos, sin prestaciones sociales. Como sabemos, una buena parte de estos jóvenes se va a Estados Unidos a buscar trabajo, y la nueva noticia es que ahora, en los últimos cinco años, se van menos y también están regresando muchos de los que se habían ido al otro lado. Si antes se iban como 350 mil cada año, es decir, mil cada día, hoy se habla de 100 mil a 200 mil por año. Como también señaló el doctor Zenteno, esta situación se explica por el endurecimiento de la seguridad en la frontera, las menores oportunidades económicas en Estados Unidos y también porque algunos no regresan voluntariamente sino que son repatriados. También se señala el mayor acceso a la educación universitaria, aunque sabemos que sólo una quinta parte de jóvenes mexicanos llega a este nivel educativo.

Son muchos los retos que se enfrentan y las políticas públicas se siguen quedando cortas. Entre quienes regresan hay familias enteras, con hijos nacidos en Estados Unidos, que hablan mejor inglés que español y que enfrentan un sistema educativo poco flexible para valorar sus aprendizajes previos y quieren forzarlos a los programas que la SEP exige, desconociendo la globalidad de la educación y el movimiento de las juventudes del mundo. No se han desarrollado programas especiales de apoyo como los que existen en países que reciben constantemente estudiantes con currícula escolar muy distinta y hablando diferentes idiomas; el país del norte en ese rubro es ejemplar.

Otra situación solamente mencionada por Alejandro Blancas, de Elige, AC, es que los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado, 60 por ciento de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 años. Ya nada más falta que estos niños y jóvenes que regresan de Estados Unidos no encuentren mejor opción que la de involucrarse en el negocio del narco. Sería catastrófico.

Definitivamente, ha faltado voluntad política para enfrentar estos retos tan estructurales. Los gobernadores y candidatos que tanto invierten en los medios y en promesas vacías, más valdría que estuvieran desarrollando soluciones viables y creativas para la juventud y el futuro del país.

En vez de campañas electorales bien podrían aprovecharse los recursos y medios electrónicos para ofrecer información, formación y capacitación profesional. Hoy existe suficiente tecnología electrónica e instrumentos pedagógicos de educación virtual y a distancia que no se desarrollan a plenitud; la SEP cuenta con una red satelital, que tiene un potencial increíble, subutilizada, y hasta los medios comerciales tendrían que comprometerse como respuesta a la concesión del Estado. Llama la atención que según el censo de 2010, 29.4 por ciento de los hogares cuentan con computadora fija y 21.3 por ciento con servicio de Internet, cuyos usuarios son en su mayoría menores de 24 años; en las áreas rurales solamente cuentan 6.8 y 2.5 por ciento respectivamente con esos servicios, aunque 93 por ciento de los hogares ya cuenta con televisor.

Yo esperaría que un secretario de Educación en vez de dedicarse a celebrar el bicentenario y a las campañas electorales, se ocupara en invertir en programas de formación y capacitación, y en comprometer a los dueños de los medios de comunicación para aprovechar el bono demográfico y sacar del rezago a nuestra juventud. Considero que el insumo de los demógrafos mexicanos ha sido clave desde hace muchos años para desarrollar diagnósticos muy precisos. Es una lástima que sus aportaciones no se escuchen a la hora de definir las políticas públicas de alto impacto.