LA EDUCACION, DERECHO NO NEGOCIO

15/07/2011

Piñera, entre la espada y la pared por la revuelta contra el lucro en la educación

Miles de jóvenes copan las calles de la capital de Chile en rechazo al modelo empresarial

PEDRO MIGUEL
Enviado
Periódico La Jornada

Santiago, 14 de julio. Por todas las rendijas de esta capital apacible asoman los síntomas de la revuelta. Los planteles escolares públicos –de bachilleratos a universidad– están tomados por pequeños piquetes de estudiantes, festivos en su mayoría, y proliferan pintas chicas, medianas y grandes con un tema común –no a la educación como pretexto para el lucro– y un horizonte inevitable –la confrontación con el desmesurado instinto gerencial del grupo gobernante. El régimen de Sebastián Piñera no fue el primero que convirtió la enseñanza en materia de lucro, pero sí es el que ha llevado ese proceso a sus expresiones más descarnadamente comerciales. A ello se suman la indignación por los grandes negocios realizados al amparo del poder en terrenos distintos al educativo (que tampoco inventó el grupo de Piñera) y la sensación de orfandad social ante una clase política que impera sobre su propia versión de país, pero que no resuelve los problemas cruciales de Chile.

El movimiento estudiantil lleva semanas de movilizaciones, pero la de hoy fue una manifestación crucial porque desafió a la autoridad del gobierno, que decidió prohibirla o, lo que es casi lo mismo, autorizar su recorrido sólo por un tramo remoto e inicuo. Sin embargo, esta mañana los manifestantes expresaron su determinación de llegar hasta el corazón de los símbolos políticos del país –el Ministerio de Educación, donde despacha el derechista Joaquín Lavín, sempiterno perdedor de elecciones presidenciales y ahora reciclado en titular del ramo– y el emblemático palacio La Moneda.

Insurgencia pacífica y festiva

Sí o sí, dijo Camila Vallejo, la aguerrida vocera del movimiento estudiantil, y símbolo de esa generación que ha llegado a la juventud sin temor a la represión porque nació después del colapso de la dictadura, y los contingentes de todo Chile marcharon desde tres puntos hacia La Moneda. Por el trayecto que arranca de Plaza Italia hay locales cargados de significado, como el Centro Cultural Gabriela Mistral, situado en lo que fue la primera sede de la tiranía pinochetista, y la sede histórica de la Universidad de Chile. Decenas de miles de jóvenes marcharon por esa gran avenida abierta a la rebelión pacífica y festiva, animada por máscaras, disfraces, danzas, y bandas de músicas tan fusionadas como los nombres de la protesta: resistencia, izquierda, altermundismo, esperanza. El contingente jurásico se diluye entre la muchachada y pone en la muchedumbre calvas y cabelleras canas sobre las que se sedimenta, sin ningún propósito didáctico ni moralizante, la experiencia de movilizaciones anteriores. En la cornisa de un edificio, un señor de barriga, lentes bifocales y bigotito de oficinista, sostiene un cartel mínimo, pero muy elocuente: Un padre marchando / a su hijo va cuidando.

La exasperación por la ofensiva del espíritu mercantil sobre todas las fases y expresiones de la enseñanza –en Chile, como en México, proliferan las universidades privadas que nacen de origen malas, mientras declina la calidad de las públicas por falta de presupuesto– ha llevado a los jóvenes y a las jóvenes a reparar en la totalidad del país y en la totalidad de la economía, y han caído en la cuenta, por ejemplo, que para pensar en una educación pública y gratuita de calidad es necesario imaginar maneras para abastecer al Estado de fondos y de atribuciones. La consecuencia lógica es renacionalicemos el cobre, y con ello la espiral de la historia es devuelta de golpe a su buena fase. Hay segmentos de la movilización que perciben la trampa de los ciclos institucionales Concertación-derecha y toman el toro por los cuernos: una nueva Constitución. Hasta hace no mucho, esa idea habría equivalido, aquí, a la reivindicación por la III República, enunciada en España.

Comparado con los grandes despliegues de robocops de la policía federal y de granaderos que se estilan en México, el dispositivo represor de Carabineros, aquí, parece escuálido y hasta provocador: los pequeños piquetes de cinco a seis efectivos distribuidos en varios puntos de la marcha pueden ser toda una invitación para agredir a las fuerzas del orden. Y sí: frente a La Moneda un grupo de provocadores (son tan iguales a sí mismos en todas partes) lanza piedras contra los efectivos antimotines y uno de ellos es alcanzado por una bomba molotov. De todos modos, las tres columnas que se dieron cita frente al edificio habían sido ya contenidas, en forma pacífica, por transportes policiales atravesados en las calles y por vallas móviles. La fiesta enorme y decisiva (Piñera está entre la espada y la pared, su aceptación es de 30 por ciento, y una marcha de decenas de miles en su contra no puede hacerle bien) se degrada, las callejuelas del centro de Santiago se llenan de humo picante y el protagonismo pasa de las masas lúcidas, serenas y festivas, a la conocida danza de piedras contra chorros de agua y granadas de gas lacrimógeno; 32 carabineros heridos, y uno de ellos, de gravedad, dice el parte oficial, acaso exagerado. Se impidió, de esa manera, la realización del mitin previsto y, desde la perspectiva del infantilismo policial, la magna manifestación quedó en nada.

Pero no es cierto y la gresca fue lo menos importante. El saldo de esta jornada: el movimiento estudiantil ha resistido los intentos de cooptación y degradación, es dueño de las calles a pesar de las prohibiciones gubernamentales, desafía a la clase política en pleno y propone al país el único proyecto nacional sensato que se ha presentado en Chile en años recientes y que podría resumirse en las palabras de una de las pancartas: Hay vida más allá del lucro.

Villalobos protege la red de corrupción creada por Yunes en el Issste, acusan diputados

Legisladores del Panal exhiben documentos para sostener sus denuncias

ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada

La comparecencia del director del Issste, Jesús Villalobos López, en la Cámara de Diputados permitió a legisladores denunciar con documentos una presunta red de corrupción creada en la época de Miguel Ángel Yunes. A su vez, Elba Esther Gordillo pudo utilizar la bancada de Nueva Alianza (Panal) para dar respuesta a su ex aliado político.

Aunque ninguno forma parte de la Comisión de Salud, ante la que Villalobos compareció, seis de los siete diputados del Panal –sólo faltó Jorge Kahwagi– exhibieron copias de contratos que, señalaron, inflan los precios en la compra de botiquines y de periqueras para guarderías del instituto, y que revelan el crecimiento exponencial de la entrega de vales de medicamentos para su intercambio en farmacias particulares.

Ante la andanada, el funcionario adujo que él no respondería a señalamientos de un conflicto que le es ajeno, y ante las críticas por la deficiente atención en las clínicas y hospitales, reviró: Yo sí me atiendo en el Issste. Mi madre también y no se ha quejado del servicio, menos conmigo.

Desde el arranque de la comparecencia, el diputado Roberto Pérez de Alva, ex dirigente de la sección 37 del SNTE en Baja California, definió el perfil que tendrían las intervenciones del Panal.

Cuestionó la relación de amistad de Villalobos con Yunes, y mostró una fotografía en la que aparece el ex candidato panista al gobierno de Veracruz sentado y en playera y short, abrazando a una mujer.

Esta persona que aparece con el ex director del instituto es la delegada del Issste en la zona norte (Sandra Ortega Rivas), y curiosamente es hermana de la directora de Turissste (Rossana del Carmen Ortega Rivas), tan cuestionada, afirmó.

Diputados de PRI, PRD y PVEM insistieron en que, independientemente de la disputa pública entre el ex director del instituto y Gordillo, Miguel Ángel Yunes creó una red de corrupción que protege Villalobos, quien fue director de finanzas hasta que su jefe renunció para buscar la gubernatura de Veracruz.

Durante casi toda la reunión, que duró cinco horas, diputados de PAN y PRD permanecieron detrás del funcionario, con mantas de rechazo a Gordillo.

Que la maestra saque las manos del Issste, escribieron los panistas Gerardo de los Cobos y Arturo Ramírez Bucio en una cartulina, y a su lado el perredista Avelino Méndez exigía: Auditoría al Issste.

En una exposición que los legisladores calificaron de utópica, Villalobos López alegó que 551 empleados del instituto han sido inhabilitados por malos manejos, y entregó tres cajas con documentos que, aseguró, comprueban el uso de 8 mil millones de pesos en contratos que ya han sido examinados por la Auditoría Superior de la Federación.

Gerardo del Mazo (Panal) entregó copias de oficios donde se comunica a Villalobos López que, al 30 de abril, el instituto había entregado un millón 761 mil 488 cupones para medicinas no disponibles en las farmacias del instituto, equivalentes a 2 mil 331 millones 807 mil 374 pesos.

Uno de los oficios, del 6 de mayo, enviado a Villalobos por el director de Superissste, Rogelio Ruiz Durán, alerta de que de ese monto el instituto debía mil 804 millones 868 mil 190 pesos a cuatro proveedores de medicamentos.

En otro oficio, del 16 de mayo, el director de Finanzas, Guillermo Álvarez del Castillo, fue informado de que debido al adeudo, los proveedores decidieron no surtir más medicamentos, lo cual provocó un desabasto adicional.

Villalobos trató de eludir las críticas, al señalar que si el instituto otorga vales a sus pacientes es porque así lo aprobó la Cámara de Diputados el año pasado, por iniciativa del PVEM. Sin embargo, la reforma votada en octubre fue a la Ley del Seguro Social.

Admitió que el instituto impulsó la apertura de farmacias privadas adyacentes a clínicas y hospitales para que los derechohabientes sólo crucen la calle para cambiar sus vales.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), afirmó que uno de los focos de corrupción en el Issste es su agencia de turismo.

No lo decimos nosotros, sino el resultado de las auditorías que se le practicaron, en las que se revela que Turissste firmó contratos directos por más de mil 200 millones de pesos para los festejos del bicentenario de la Independencia.

Expuso que si bien Villalobos no designó a la directora del Turissste, Rossana del Carmen Ortega Rivas, la mantuvo en el cargo. ¿Quién protege esta red de corrupción que opera sin vergüenza ni pudor alguno? ¿No le da vergüenza saber que enfrente de usted se comete esta corrupción? Usted debió haberla removido del cargo.

El funcionario afirmó que en marzo la junta directiva del Issste aprobó un acuerdo para que Turissste sólo ofrezca paquetes vacacionales.

Exigen a PGR atraer casos que motivaron restricción a fuero militar

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga de manera inmediata los casos que motivaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de restringir el fuero de guerra, con lo que los militares acusados de violación a las garantías individuales no deberán ser procesados por los tribunales castrenses.

La decisión de la SCJN “adquiere una relevancia crucial en el presente, en razón de que la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las Fuerzas Armadas que no ha sido aparejada del fortalecimiento de los controles civiles sobre éstas, sino que, por el contrario, han diluido los escasos mecanismos existentes para exigir rendición de cuentas al Ejército y a la Marina”.

Así lo señalaron en un comunicado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (CDHMT), entre otras organizaciones.

Y añadieron que tras el resolutivo de la SCJN de restringir el fuero militar, los casos que deben ser investigados por la PGR son la desaparición forzada de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, y las torturas infringidas a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Sin embargo, pese a que el gobierno de Felipe Calderón ha manifestado públicamente su compromiso de cumplir con las sentencias internacionales, en materia de justicia los asuntos siguen estancados, afirmaron Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH; Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem; Jacqueline Sáenz Andujo, del Centro Prodh, y Santiago Aguirre, del CDHMT.

En el caso de las indígenas guerrerenses, Aguirre recordó que a ocho meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las investigaciones siguen en poder de la Procuraduría de Justicia Militar, mientras que en el de los campesinos ecologistas –según Jacqueline Saénz– ni siquiera se han abierto las indagatorias para deslindar responsabilidades en los casos de tortura.

Los activistas saludaron el acuerdo de la SCJN y resaltaron que “es un triunfo de las miles de víctimas de abusos militares que han mantenido viva su exigencia de justicia”.

Además, puntualizaron que el resolutivo tiene carácter retroactivo, por lo que la PGR deberá activar las denuncias presentadas durante la guerra sucia de los años setenta –abiertas por la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)–, así como las que se han registrado como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico.

Al respecto, Julio Mata apuntó que Afadem es coadyuvante en 300 casos de desaparición forzada durante la guerra sucia, sólo en Atoyac de Álvarez, de los cuales se responsabiliza a militares durante la guerra sucia.

Por su parte, Sáenz Andujo resaltó que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, y “de acuerdo con las propias cifras de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), 159 militares están sujetos a investigación por violaciones a derechos humanos, y 57 están sujetos a proceso judicial, sin que ahora haya sentencias”.

Juan Carlos Gutiérrez añadió que la resolución de la SCJN “obliga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse, pues ese organismo ha sido omiso hasta ahora, y en todas sus recomendaciones ha dado vistas a la Procuraduría de Justicia Militar”.

Destacó que las más de cinco mil quejas que ha registrado la CNDH en contra de miembros del Ejército “tendrían que ser remitidas a la PGR para que ejerza su competencia sobre los casos e integre investigaciones penales”.

El director de la CMDPDH puntualizó que con la resolución de la Corte “se cierra el debate sobre el fuero militar en la iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional, y la iniciativa presentada por Felipe Calderón sobre la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar se convierte en letra muerta, porque no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Tras ello, los activistas y defensores de las víctimas urgieron al Poder Legislativo a realizar la reforma al Código de Justicia Militar, para que se formalicen las restricciones a casos relacionados con la disciplina militar.

En tanto, decenas de organizaciones civiles de derechos humanos aplaudieron la resolución de la SCJN, porque –apuntaron– “hoy por hoy el fuero militar funciona como instrumento al servicio de la impunidad, como constatamos cotidianamente en momentos en los cuales las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas crecen exponencialmente”.

El yerno de Elba Esther dice que acusaciones de corrupción no afectan su relación con Lujambio

KARINA AVILÉS

Frente a los señalamientos de corrupción hechos por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, dijo estar abierto a una auditoría ordinaria o extraordinaria sobre su gestión, y agregó que su trabajo puede someterse a un debate público.

El funcionario indicó que no renunciará al cargo. Dicha comisión aseguró recientemente que la subsecretaría es una de las áreas que maneja Elba Es-ther Gordillo y no ha estado exenta de corrupción, presuntos desvíos de recursos, deficiencias y falta de transparencia en el ejercicio del gasto.

González Sánchez dijo que el tema de la supuesta malversación de fondos no está en la agenda de él ni en la del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, a quien calificó de amigo. Expresó que su relación con el titular de la SEP no se ha visto afectada por los señalamientos de irregularidades en la subsecretaría.

Indicó que ya le han aplicado muchísimas auditorías, pero cuando se le preguntó cuántas observaciones ha tenido, respondió que el dato no lo sabe de memoria.

El debate político y las revisiones son bienvenidos, las discusiones sobre lo que uno hace son excelentes.

Entrevistado al término de la entrega de becas a maestros de educación indígena, apuntó que en lo personal se somete a la evaluación de la gente y a las auditorías ordinarias y extraordinarias que los órganos fiscalizadores le quieran aplicar.

–¿Lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha afectado su relación con Lujambio?

–No, yo tengo una excelente relación con el secretario Lujambio, una relación personal, una relación, creo, que es hasta de amistad, no sólo de un funcionario que trabaja con él, con quien acuerdo permanentemente los temas de la agenda.

–¿Los señalamientos de malversación de fondos han sido tema de conversación entre ustedes?

–No están en nuestra agenda. Yo creo que está en el debate político y está bien.

–¿Qué posibilidad hay de que usted lo sustituya?

–Yo estoy dedicado a la agenda, no tengo ninguna aspiración en particular, sólo seguiré haciendo mi trabajo.

–¿Ve a Alonso Lujambio como presidenciable?

–Yo no puedo opinar en ese tema, es un tema político, soy su colaborador.

El funcionario apresuró el paso y quedaron en el aire varias preguntas, aunque dijo estar abierto al debate.