EL SAQUEO A LA NACION

16/07/2011

Padece el país el mayor saqueo de su historia, afirma López Obrador

La situación, más grave que durante los 300 años que duró la época de la Colonia, señala

Cuando se reparte mal el botín hay motín, comenta en torno a acusaciones entre Gordillo y Yunes

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2011, p. 14

Hermosillo, Son., 15 de julio. En los 25 años recientes, México ha sufrido el peor saqueo de su historia, incluso más grave que el ocurrido durante la época de la Colonia, ya que aquel se efectuó en un lapso de 300 años, dijo Andrés Manuel López Obrador ante más de 6 mil personas que se reunieron frente al mercado municipal de Navojoa, sur de Sonora, la noche de este viernes.

Ahora ya hay multimillonarios mexicanos que están en la lista de los hombres más ricos del mundo, y pura riqueza mal habida porque antes de Carlos Salinas no pintaban, sostuvo.

López Obrador habló de la necesidad de un cambio en la nación para detener el saqueo de los bienes, como los recursos minerales y el petróleo; la malversación del billonario presupuesto nacional, así como la explotación de su clase trabajadora.

Destacó que los hombres más ricos del país se han apoyado en un grupo de políticos y funcionarios, quienes llegan a obtener salarios desde los 300 mil a los 600 mil pesos mensuales.

“Decía un amigo, ‘México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo’”, comentó el ex candidato presidencial a sus seguidores, quiense lo ovacionaron durante el discurso que duró casi una hora.

Me da gusto estar con ustedes y les agradezco que estén aquí a pesar del sol y el calor, indicó durante el acto con los integrantes de los comités municipales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de 23 municipios del sur del estado.

El político tabasqueño subrayó que la transformación del país se va a dar con la participación de obreros y campesinos, como los del Valle del Mayo, quienes serán clave, como millones de campesinos, en el cambio pacífico que requiere México.

Gracias por su interés por transformar la vida pública en México, aquí ganamos en las elecciones de 2006 y estamos seguros de que volveremos a ganar en 2012, manifestó a los campesinos e integrantes de la etnia mayo reunidos mayoritariamente en esta localidad.

Sostuvo que en los 25 años recientes, en que han gobernado los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el sistema político dominante en la nación ha sumido al campo mexicano a sus niveles de producción más bajo y al empobrecimiento visible en miles de comunidades.

Eso va a cambiar; modificaremos la política agropecuaria, vamos a regresar al campo y a producir lo que consumimos en México, a alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria y también se dará un cambio en la política energética, ya no va a pasar de que se venda petróleo crudo, materia prima al extranjero, para comprar gasolinas, ya que ahora estamos comprando más de la mitad de la gasolina que consumimos en México, cuando tenemos el petróleo crudo, la materia prima, porque desde hace 30 años no se construye una refinería en el país.

También habló de la necesidad de que Elba Esther Gordillo deje de manejar a su antojo la Secretaría de Educación Pública, control que le brindó Felipe Calderón a cambio de ayudarlo en el gran fraude electoral de 2006, dijo a los asistentes, quienes lo ovacionaron.

Por la tarde y noche, López Obrador sostuvo reuniones con habitantes de Navojoa y de Ciudad Obregón, donde afirmó que las acusaciones que se lanzan ahora Gordillo y el ex director del Issste Miguel Ángel Yunes son porque, como se dice coloquialmente, cuando se reparte mal el botín, hay motín.

De 2006 a 2008 el número de personas en pobreza pasó de 44.7 a 50.6 millones, precisa INEGI

Periodo de la peor crisis económica internacional de los últimos 70 años, indica

Nadie se salvó de la caída de su ingreso, entre 2008 y 2010: Inegi

Bruno Ferrari lamentó que la percepción de los mexicanos esté muy alejada de la realidad

ISRAEL RODRÍGUEZ J.



Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2011, p. 24

Entre 2008 y 2010 no hubo hogar en el país que no padeciera un desplome en sus ingresos, periodo en el que se presentó la peor crisis económica internacional de los últimos 70 años y que también afectó a México. El ingreso promedio de los hogares se desplomó 12.3 por ciento en ese periodo, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, sondeo que se realiza cada dos años, la población más rica fue la que sufrió la mayor reducción de sus ingresos en los últimos dos años, pero porcentualmente los hogares más pobres fueron los más golpeados.

El gasto de los hogares también observó una disminución, al pasar de 31 mil 809 a 30 mil 596 pesos, de 2008 a 2010, una baja de 3.8 por ciento. La economía mexicana registró en 2009 una caída histórica de 6.1 por ciento, en medio de la crisis financiera detonada en Estados Unidos, y se recuperó parcialmente en 2010, para concluir con un crecimiento de 5.4 por ciento.

El Inegi reveló que 10 por ciento de la población más rica fue la que tuvo la mayor caída en sus ingresos entre 2008 y 2010, con una baja de 17.8 por ciento. En tanto, 10 por ciento de los hogares más pobres tuvo una baja en sus ingresos de 7.6 por ciento.

Los hogares más ricos percibían trimestralmente, en 2008, 144 mil 65 pesos y cayeron a 118 mil 428 pesos en 2010. Mientras que los más pobres percibían un promedio trimestral de 6 mil 668 pesos en 2008 y durante el año pasado bajaron a 6 mil 163 pesos.Especialistas consideraron que pese a que los más pobres tuvieron porcentualmente una reducción menor de ingresos respecto a los más ricos, es notorio que hayan sido los más golpeados por no contar con mecanismos para compensar la pérdida de ingresos.

La encuesta reflejó que 30 por ciento de los hogares concentraron 62.2 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 70 restante sólo el 37.8 por ciento. Actualmente hay 29 millones de hogares en México, integrados por 112.6 millones de personas.

Un dato revelador de los enormes contrastes en cuanto al gasto indicó que 10 por ciento de los hogares con menores ingresos dedicó 49.9 por ciento a la compra de alimentos, bebidas y tabaco, porcentaje que baja al 22.9 por ciento en comparación con la porción de hogares más ricos.

Los más pobres dedican a educación y ocio el 5.4 por ciento de sus ingresos, muy por debajo de 19.5 por ciento que dedicaron a ese rubro los más ricos. Los últimos datos oficiales precisan que entre 2006 y 2008 el número de personas en pobreza pasó de 44.7 millones a 50.6 millones.

Paradógicamente, en ese periodo el magnate Carlos Slim, quien según los cálculos de la revista Forbes posee una fortuna de al menos 74 mil millones de dólares, fue cuando consolidó su fortuna. En su reporte, el Inegi precisó que los rubros a los que los hogares destinan mayor porcentaje de gasto son alimentos, bebidas y tabaco, con 33.4 por ciento; transporte y comunicación, 17.2, y educación y esparcimiento, 13.6 por ciento.

El sondeo del Inegi, que divide a los hogares del país en deciles (niveles) de acuerdo con su ingreso en pesos, detalla que la población de ingresos medios y altos fue la más afectada por la crisis económica. Así, las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, han sido afectadas por dos fenómenos: el alza y crisis internacionales en alimentos, y la crisis financiera detonada por instituciones financieras de Estados Unidos en 2008.

En términos reales, la caída del ingreso corriente total trimestral de los hogares cayó en total 12.3 por ciento. De 112 millones 600 mil 583 personas, 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento, hombres.

La mayoría de la población tiene entre 12 y 29 años (31.9 por ciento), seguidos por los de 30 a 49 años (26.3 ), los de 0 a 11 años (22.9 ) y los de más de cincuenta años (18.8 por ciento).

Cada hogar mexicano lo formaron en promedio 3. 9 personas en 2010, por debajo de los 4 integrantes que había hace dos años, y el jefe del mismo tiene una edad promedio de 48.3 años, por encima de los 48.2 años que se registraron en 2008. El número promedio de perceptores de ingresos por hogar se ubicó en 2.3 personas.

Por otra parte, la agencia Notimex reporta desde Cancún que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que los mexicanos deben sentirse orgullosos de haber logrado la estabilización económica tras la más reciente crisis financiera internacional. Lamentó, sin embargo, que la percepción entre los mexicanos esté muy alejada de la realidad.



Fuero militar, se acabaron los pretextos

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- Durante un año, los generales Ezequiel Hernández Mendoza y Jaime Juárez, del Estado Mayor la Defensa Nacional, cabildearon en la Cámara de Diputados los cambios a la minuta del Senado de la República sobre la Ley de Seguridad Nacional.

Dicha minuta abría la posibilidad de que las fuerzas armadas fueran sometidos a la justicia civil cuando, en la lucha en contra del criminen organizado, se cometiera un delito en contra de la población. El documento del Senado no era explícito pero sí dejaba una rendija que un buen abogado podía utilizar a favor de los ciudadanos.

Para revertir el tema y garantizar que los militares, nunca, en ningún momento serían juzgados por civiles, los generales Ezequiel Hernández y Jaime Juárez, subjefe de Doctrina Militar y jefe de Asesoría Jurídica de la Sedena, respectivamente, trabajaron durante un año y aceleraron el paso a finales de 2010 cuando entró el abogado y diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, a negociar los cambios a la minuta.

Finalmente, en abril de 2011 y luego de más de un encuentro entre altos mandos de la Sedena con diputados y senadores del PRI, éstos terminaron cediendo a las presiones de la Sedena y se canceló la posibilidad de juzgar a los militares en juzgados civiles. Habían ganado los de verde olivo.

De no ser por la irrupción del poeta Javier Sicilia en el activismo social, el predictamen que elaboraron militares y legisladores priistas hubiera sido aprobado sin reparos. Luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia, el poeta Javier Sicilia se convirtió en la voz de miles de madres, padres, hermanos o hijos de las víctimas de la guerra antinarco impulsada por Felipe Calderón, a las cuales, llama sin pudor algunos “daños colaterales”.

La fuerza de Sicilia y más de una veintena de viejos activistas sociales en defensa de los derechos humanos como Miguel Concha o el sacerdote Alejandro Solalinde, alcanzó su punto más alto justo cuando el PRI estaba a punto de aprobar –con su mayoría en la Cámara de Diputados y el respaldo del PAN–, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.

La ya emblemática reunión de Sicilia y el grupo de defensores de los derechos civiles, el 27 de abril, con diputados federales dio al traste con la reforma. Para ese momento la citada ley se había convertido en una papa caliente, la cual nadie quería hacer suya, lo mismo ocurría con los priistas que con los panistas, el gobierno o las fuerzas armadas. Así es que la solución fue enviarla al cajón del olvido y dejar para un mejor momento los cambios.

En tanto, en el Senado de la República tampoco se atrevían a enfrentarse a los militares, pues nunca se dictaminó la reforma del Código de Justicia Militar que envió Felipe Calderón el 18 de octubre de 2010, en acatamiento a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La iniciativa calderonista, que proponía someter ante la justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas estaba acotada, pues únicamente podrían ser juzgados por tres tipos de delitos: tortura, desapariciones forzadas y violación. Aunque corta, comparada con la recomendación que hizo la Coidh, la iniciativa calderonista nunca fue abordada por los senadores. No querían enfrentarse con “los de verde”.

De ahí que los generales de la Sedena pusieron todo su empeño en que también esa posibilidad fuera cancelada en la minuta que el Senado envió a los diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional y aceleraron el cabildeo con los priistas en San Lázaro.

Sin embargo, en días recientes el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, sorprendió a todos cuando dijo que ya estaba el predictamen de la Ley de Seguridad Nacional; destacó que el principal cambio era, justamente, la especificación de que los militares sí serían sometidos a la justicia civil cuando cometieran cualquier tipo de atropello en contra de la población.

Para ese momento de nada valieron los arduos trabajos de cabildeo que los generales Hernández y Juárez habían realizado a lo largo de un año. Pero aún así, había una ligera esperanza para las fuerzas armadas de echar atrás las propuestas de Javier Corral, pues el dictamen no había sido aprobado, incluso se tiene como fecha el 17 de agosto para ello, por lo cual sería difícil que se realizara un periodo extraordinario para ello.

Los generales de Sedena tenían aún esperanzas.

Sin embargo, la reciente definición de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al fuero militar y en donde establecen que por cualquier violación de los derechos de los “paisanos” (civiles) se debe juzgar a las fuerzas armadas en juzgados civiles, hizo que el trabajo de los generales se esfumara en definitiva.

Ahora, con la resolución de la Corte, el Congreso de la Unión, no podrá seguir evadiendo más su responsabilidad ni sus acciones serán producto de un cabildeo o negociación entre partidos políticos.

Por obligación y en consonancia con lo dicho por la SCJN, el Senado deberá modificar el Código de Justicia Militar y nada tendrá que ver la propuesta de Felipe Calderón. Igualmente, en la Cámara de Diputados, se deberá integrar a la Ley de Seguridad Nacional el tema y abrogar, en definitiva, el fuero militar, tratándose, claro, de acciones en contra de la población civil en el combate a la inseguridad nacional.

Sin duda, a la Corte hay que aplaudirle su resolución pero también que esté obligando a los diputados y senadores a hacer lo que tanto temen, definir el trabajo y responsabilidades de los militares en el tema de seguridad.

Hasta el momento lo único que se sabe es que en las fuerzas armadas, están verdes de coraje por la resolución de la Corte y el albazo que pretendió dar el panista Javier Corral.

Dato:

¿Cómo le hará Marcelo Ebrard para sacudirse el inadmisible abuso en contra de la estudiante Mariel Solís, a quien sin tener las pruebas suficientes se le acusó y juzgó de ser cómplice de un asesinato? ¿Cómo le hará para resarcir el daño psicológico que, sin duda, marcará la vida de la joven estudiante? ¿Cómo justificará el error de darle valor a una persona consignada sin antes haber corroborado su dicho? Marcelo Ebrard le debe a la joven no sólo una disculpa, sino reparar el daño psicológico. Aunque recientemente lo escuché decir que no se le compensaría con dinero u otra cosa, que bastaba con la liberación. Nada más absurdo de quien está dando muestras de que no respeta las garantías individuales y pretende ser presidente de la República.

Lo mismo ocurre con la maestra de inglés en Ciudad Juárez, Ana Isela Martínez Ayala, quien luego de ser acusada de transportar marihuana y pasar 45 días en la cárcel municipal, al fin se ha aceptado que es inocente.

En ambos casos, no fue la pericia de las policías la que les hizo recular, sino la fuerte presión social y de los familiares, así como el excelente trabajo de defensa que hicieron en las redes sociales, en donde pudieron demostrar la inocencia de ambas.

Resoluciones históricas y significativas

MIGUEL CONCHA

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las que entre el 5 y el 15 de julio resolvió de fondo, y no únicamente de manera administrativa, las consultas del expediente Varios 912/2010, sobre la obligatoriedad para el Poder Judicial (PJ) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), del 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, y en las que asume –como es su obligación, en tanto tribunal constitucional– las reformas a la Constitución publicadas el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica y como precedente importante en la interpretación y decisiones que en el futuro tomen las autoridades jurisdiccionales, en temas claves para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas en México.

Entre ellas precisan las siguientes. 1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso. 2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles. 3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. 4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución. 5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter orientador, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.

Puesto que se trata de sentencias que obligan al Estado mexicano, con ello la SCJN resolvió congruentemente, por lo que a ella toca, la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, su interpretación autorizada por la Coidh y la Constitución recientemente reformada, revirtiendo una jurisprudencia errónea del artículo 13 que duró muchos años, y ha propiciado la impunidad de los militares en casos de violaciones a los derechos humanos.

La propia ministra Margarita Luna Parra, en su ponencia presentada antes de la adopción de estas resoluciones, expresó correctamente lo siguiente: Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece, y de conformidad con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a partir de ahora el fuero militar, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia podrá operar.

Como se trata del acatamiento de una sentencia internacional obligatoria contra el Estado mexicano, falta ahora que la SCJN, una vez que complete su engrose, dé a conocer oficialmente sus resoluciones a la Coidh como poder autónomo y destinatario de la sentencia Radilla, así como al Ejecutivo federal para los efectos internacionales consiguientes, y que las difunda a toda la sociedad en su página de Internet y en sus propias publicaciones. Por lo tanto no dejó de ser igualmente trascendente la clarificación de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que las resoluciones de la Coidh en las que México es parte son de carácter obligatorio, y no tienen simplemente un valor de criterio orientador, como pretendieron en días pasados las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.

Falta que también el Congreso, en cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la SCJN, reforme cuanto antes el artículo 57 del Código de Justicia Militar, así como el 215 del Código Penal Federal. Falta sobre todo que los agentes del Ministerio Público Federal y estatales ya no remitan como mero trámite a la jurisdicción militar los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles en los que presuntamente son responsables miembros de las fuerzas armadas, y que, por el contrario, trasladen de inmediato al fuero común las averiguaciones previas que tengan sobre estos asuntos. Falta igualmente que los jueces desechen de su competencia estos casos, comenzando por los que la Coidh sanciona, o sometan a la resolución de la SCJN otros en los que se observe conflicto entre el fuero civil y el fuero militar.