LA ALTERNATIVA CIVILIZATORIA

Misterios y confusiones sobre el sujeto autonómico.

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS.

A partir del resurgimiento y desarrollo de algunos procesos autonómicos indígenas en América Latina como estrategias pluralistas, democratizadoras y antisistémicas, se han publicado libros, como el editado por Jóvenes en Resistencia Alternativa: Pensar las autonomías, alternativas de emancipación al capital y el Estado, México: Ediciones Sísifo y Bajo Tierra, 2011, en el que diversos autores analizamos los múltiples significados de autonomía, que van desde la independencia de la clase política y sus partidos hasta una forma organizativa de los pueblos indios (p. 10).

Este concepto se aplica a prácticas políticas que cuestionan la subordinación, autoritarismo, jerarquía y heteronomía propias del partido y el Estado; a la diversidad, potencia y posibilidad de colectividades autogestivas, autodeterminadas y autorreguladas en luchas y formas organizativas diversas y creativas; a la prefiguración de relaciones que sustituirán las de dominio y explotación capitalista; a los horizontes emancipatorios existentes que constituyen un cambio en la producción, distribución y consumo, así como en la toma de decisiones, tomando en cuenta los antagonismos y contradicciones inherentes a los procesos autonómicos y particularmente los problemas entre los sujetos políticos que asumen esos caminos.

Cuando hemos insistido en la conformación y el fortalecimiento de sujetos autonómicos como condición indispensable de la construcción y sustentabilidad de las autonomías, a partir del acompañamiento de las luchas de los pueblos indígenas y de una ciencia social comprometida y, a la vez, fundamentada en una comprobable base empírica, es porque consideramos que la autonomía no se puede afianzar en una sociedad por decreto. Cualquier proyecto alternativo de trasformación social adoptará la forma del tejido social sobre el que se posa. Si el tejido social que lo fundamenta es vulnerable, en tanto no esté enraizado, construido y apropiado por los propios sujetos, el proyecto está condenado finalmente a fracasar.

La autonomía no es una mera distribución de competencias jurídicas y normativas, o sólo un arreglo administrativo para una región en el interior de un Estado-nación determinado. En el sentido más profundo, no se trata de que el Estado otorgue ciertas prerrogativas y permita algunos cambios en un estatuto o ley a efecto de dar paso a una figura meramente formal de autogobierno. Si no existe una red de comunidades que asuman el ejercicio de la autonomía; si se da un divorcio de los gobiernos regionales con las autoridades municipales y comunitarias, en parte porque estos gobiernos están permeados por los partidos, el arribismo y la corrupción; si el narcotráfico constituye otra visible injerencia heterónoma sobre el ejercicio autonómico por su carácter corporativo como otra empresa capitalista más; si la autonomía se utiliza para establecer formas de segregacionismo étnico o para cobijar nuevos cacicazgos, es evidente que el proceso autonómico se vaciará de contenido, con o sin reformas constitucionales o estatutarias. La hipótesis del equilibrio del proyecto Latautonomy afirma: “En un sistema autonómico –que es un proceso social del cual emerge un nuevo sujeto político– debe existir un equilibrio entre la dimensión política-jurídica, la dimensión cultural-intercultural y la dimensión económica-ecológica. Si un proceso autonómico tiene carencias de una de estas dimensiones (o sobredimensión de otra), existe el peligro de que actores externos (Estado nacional, terratenientes, compañías trasnacionales, etcétera) penetren el sistema, lo subviertan desde adentro y lo destruyan” (www.latautonomy.org/lae_wel.htm).

Las experiencias de regiones de México y Nicaragua, así como de otros países, muestran que en la medida en que no existe un sujeto colectivo con capacidad de organización, de generación de consensos, las posibilidades de avanzar en la construcción o fortalecimiento de autonomías resultan poco probables. La existencia y avance del sujeto autonómico se expresará en un sinnúmero de formas: mediante el establecimiento de juntas de buen gobierno que coordinan –desde abajo– los municipios autónomos zapatistas, por ejemplo; a partir de la integración de organizaciones indígenas independientes del Estado y los partidos, como el EZLN, o la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que representa el esfuerzo autonómico de una región pluriétnica en el estado de Guerrero, etcétera.

No observo nada misterioso y confuso en insistir en que la experiencia zapatista y la de otros procesos en América Latina muestra que el desarrollo de una red multiétnica consolidada de comunidades y regiones, e incluso de pueblos diversos, es otro de los cambios trascendentes en las actuales autonomías, en las que la pugna intracomunitaria o interétnica por conflictos seculares, linderos o recursos se puede superar para responder unidos ante la intrusión violenta de los estados y las corporaciones capitalistas. Todas las transformaciones internas, rupturas y redefiniciones en los ámbitos comunitarios, regionales y nacional se dificultan sin un sujeto autonómico con capacidades de afirmación hegemónica hacia adentro, de tal forma que contribuya a la cohesión interna por medio de la democracia participativa, la tolerancia y la superación de las divisiones religiosas, étnicas o políticas, la lucha contra la corrupción y contra los intentos de cooptación por parte del Estado y sus agentes. Este sujeto concita la movilización de pueblos y comunidades en defensa de sus derechos y demandas, y tiene el apoyo para una representación legítima hacia afuera.

Los debates en torno a las autonomías son una necesidad primordial, como se afirma en Pensar las autonomías..., no sólo en el sentido académico, teórico y abstracto, sino como reflexión decisiva para la acción política hoy, para el sentido del cambio social, y como alternativa civilizatoria al capital y al Estado.

¿Refundación o restauración?

VÍCTOR M. QUINTANA S.

Dicen que son inercias el que la violencia persista en la mayor parte del país y que el PRI haya arrasado en tres elecciones estatales. Pero si la inercia es la permanencia de un cuerpo en la trayectoria de su movimiento o en reposo, entonces la metáfora de la física flaquea. Porque en ambos casos hay no sólo permanencia, sino una aceleración del movimiento hacia donde los móviles –PRI o Presidencia de la República– lo desean.

A pesar de los serios cuestionamientos de las víctimas expresados en el Castillo de Chapultepec, Calderón se empecina en su mutifallida estrategia de guerra al crimen organizado. Por eso la violencia también se enterca: tan sólo en junio hubo mil 143 homicidios dolosos en todo el país, para superar los 6 mil en lo que va del año y los 41 mil de diciembre de 2006 para acá. (La Jornada, 1º de julio de 2011, nota de Gustavo Castillo y corresponsales). En Ciudad Juárez, el primer fin de semana de julio el número de asesinatos ascendió a 27, cifra que no se alcanzaba desde abril. En la ciudad de Chihuahua se han disparado los homicidios de gente inocente: bebés, niñas y niños, madres de familia. Y luego del operativo de la Conago que, según la versión oficial, logró recuperar 429 vehículos, el crimen organizado ha lanzado una andanada de extorsiones y ataques contra los lotes de autos usados hasta el punto de obligar a cerrarlos prácticamente todos. El gobierno sigue priorizando la captura de líderes de los cárteles, pero con esto propicia la fragmentación de las organizaciones criminales, que incursionan en una gran variedad de actos ilícitos, perjudicando más a las ciudadanas y los ciudadanos comunes y corrientes. (Eduardo Guerrero, en la revista Nexos, junio de 2011).

Por otra parte, las elecciones del estado de México, Coahuila y Nayarit revelan no sólo inercias, sino intensificación del deterioro de la política institucional: dispendio en las campañas; control corporativo del voto de los pobres; sujeción de los organismos electorales al gobierno en turno, empleo de los recursos públicos a favor de candidatos y partidos. Si bien el PRI no ganó más que los estados en que ya gobernaba, con sus triunfos del 3 de julio quiere imponer la percepción de que es inexorable el avance de su precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Además de estos síntomas de deterioro democrático están la militancia de los medios electrónicos oligopólicos a favor de opciones políticas que les favorezcan, los cochupos en lo oscurito, ahora hechos públicos gracias al pleito de los antiguos compadres Elba Esther y Miguel Angel Yunes, y la impotencia (en muchos casos complacencia) de los organismos electorales para evitar trapacerías.

Si las dos tendencias anteriores persisten, el 2012 apunta a la restauración priísta en un contexto de mayor violencia, ahora más dirigida contra la población. Elecciones en medio de una virtual guerra civil.

Para contrarrestar estas tendencias no basta con procedimientos meramente jurídicos, institucionales. Por ejemplo, no hay que hacerse ilusiones con el asunto de la reforma política. Aunque se logren aprobar las figuras de democracia participativa y de candidaturas independientes, de poco servirán si las malas prácticas predominan en el proceso electoral y la mayoría del Congreso es ganada por el PRI y sus aliados. En Chihuahua dichas figuras existen desde 1995 y cuantas veces la ciudadanía las ha querido poner en práctica se ha topado con la negativa de la mayoría tricolor, que mata en la cuna a la democracia directa.

Por eso hay que ir más allá para impedir la expansión de la violencia y la restauración autoritaria. Se requiere una amplísima y verdadera insurgencia cívica que conforme una dirección moral nacional, con capacidad de influir en la conciencia ciudadana no sólo con presencia simbólica-expresiva, sino con fuerza para impedir el control autoritario-plutócrata de los procesos políticos y sociales, y capacidad de incidir con eficacia en la toma de decisiones.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, ha abonado algo en este sentido. Con rapidez ha visibilizado a las víctimas, ha logrado un gran consenso entre amplios sectores de la población y una sólida autoridad moral, así como el apoyo de fuerzas tan significativas como el EZLN. Sin embargo, luego del diálogo de Chapultepec ha sido cuestionado por algunos sectores, y corre el peligro de desgastarse en los diálogos con los poderes y dejar de construir fuerza desde abajo. Es necesario que retome la iniciativa, y se convierta en el pivote o en la gran vertiente de una verdadera y multitudinaria insurgencia cívica que cambie dramáticamente la coyuntura hasta ahora favorable a las fuerzas violentas y antidemocráticas. Esto no puede hacerlo solo, sin tender lazos a otros movimientos que buscan, desde diversos espacios, refundar este país que nos están desmoronando.

Teniendo como horizonte la refundación de México sobre bases de justicia y dignidad, la tarea que se impone es invertir toda nuestra imaginación, nuestra inteligencia y nuestra generosidad en edificar la gran rebelión cívica-pacífica que detenga la violencia y el deterioro social y político. Los cómos habrá que irlos inventando, construyendo entre todos. Es momento de reconocernos, de apagar la tele y salir a las calles.

Las narcofosas.

JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 6 de julio (apro).- En abril pasado fue encontrada en Durango la primera fosa clandestina, con cuatro cuerpos. Dos meses después se hallaron otras ocho, con 262 cadáveres en su interior, y aún faltan más por descubrir.

Durango se convirtió este año en la entidad con el mayor número de cadáveres hallados en fosas clandestinas en el país, incluso más que en San Fernando, Tamaulipas, donde sin bien se encontraron 47 fosas, la cifra de cuerpos descubiertos ascendió a 193, esto es, 69 menos que en territorio duranguense.

La leyenda negra de las fosas clandestinas pertenecía a los tiempos de la guerra sucia, cuando grupos militares o policiacos desaparecían a estudiantes, obreros, guerrilleros o todo aquel disidente del sistema autoritario encabezado por el PRI.

La historia más terrible en ese entonces fue la de aquella fosa que se encontró en una cueva de Taxco, Guerrero, en la década de los ochenta, con 38 cuerpos en su interior. En aquella época, ese descubrimiento fue un escándalo, pero hoy palidece ante las tumbas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para desaparecer a miles de personas.

En junio de 2010, dos décadas después de ese terrible acontecimiento, 55 cuerpos fueron descubiertos en la mina La Concha, del mismo municipio. Los cadáveres fueron arrojados al fondo del respiradero por integrantes del crimen organizado. El hallazgo rompió récord en el número de muertos encontrados en una fosa clandestina… pero aún faltarían más.

De 2006 a la fecha, se han encontrado oficialmente 174 fosas en 19 estados, con mil 29 cadáveres. La mayoría de ellas fueron localizadas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Durango y Chihuahua, donde se ha concentrado la violencia generada por el poder del narcotráfico y la guerra declarada por Felipe Calderón.

De acuerdo con Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, “las fosas clandestinas halladas muestran de nuevo que el gobierno de México no está abordando la crisis de seguridad ni ocupándose de reducir la violencia que está haciendo que muchas poblaciones sean vulnerables a ataques, secuestros y homicidios”.

Además, sostiene que con demasiada frecuencia ese tipo de delitos contra los derechos humanos quedan impunes, y permiten que comunidades vulnerables, como los migrantes, “se conviertan en el objetivo de las bandas criminales y de los funcionarios que operan en connivencia con ellas.”

Por ello, dice, el gobierno de México debería tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de este nuevo “homicidio masivo”, y llevar ante la justicia a sus responsables.

Sin embargo, advierte, es fundamental que todas las medidas que tomen las autoridades sean completamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos, ya que es el único modo de proteger eficazmente a la población y garantizar la justicia en México.

Los muertos son muchos, la cifra sigue aumentando, y el descubrimiento de las fosas clandestinas nos muestra una de las caras más terribles de esta guerra entre narcotraficantes, y de éstos contra el gobierno federal, que hace cinco años decidió tomar el camino de la confrontación, antes de pensar en una estrategia integral de combate al crimen organizado.

Los miles de cadáveres encontrados en las tumbas clandestinas expresan la barbarie con la que actúan los distintos grupos criminales, pero también la impunidad con la que proceden, pues no es posible que asesinen a tanta gente y la desaparezcan, sin que las autoridades estén enteradas de tal holocausto.

Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los cuerpos hallados en cada una de las fosas han sido deficientes. No hay protocolos confiables en el levantamiento de los cuerpos, muchos de los cuales incluso han sido mutilados por las palas mecánicas que en algunos casos de han utilizado para la exhumación.

Además, se teme que las 174 fosas localizadas en 19 estados sean apenas una pequeña parte de un número mayor de tumbas diseminadas en todo el país, que poco a poco serán descubiertas, pese a que desde hace años han sido utilizadas para desaparecer a la gente, y no sólo por parte del crimen organizado, sino también por policías y militares.