LEGALIZAR EL ESTADO MILITAR.

Exigen mandos militares marco jurídico que legitime su lucha contra el crimen.

El dictamen de ley de seguridad acota nuestra labor, dicen a legisladores

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Periódico La Jornada

Altos mandos militares se reunieron ayer con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso, para insistir en la urgencia de que se apruebe el marco jurídico que legitime su participación en la lucha contra el narcotráfico, con los cambios que el Ejército ha propuesto a la minuta de la ley de seguridad nacional, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.

Encabezados por los generales Ezequiel Carlos Hernández Mendoza y Jaime Suárez, subjefe de Doctrina Militar y jefe de Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), respectivamente, los militares dialogaron por más de tres horas con senadores y diputados ante los que –según versiones de varios de los asistentes– insistieron en que el borrador de dictamen de ley de seguridad nacional que se discute en San Lázaro acota demasiado la actuación de las fuerzas armadas frente a las bandas criminales y no les deja margen de acción.

Fue un encuentro a puerta cerrada en el Senado, donde participaron también el general Guillermo Almazán Bertotto, jefe de la Sección 5 del EMDN, y el coronel Ramón Carmona Landa, subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del mismo cuerpo. En la reunión se analizó también la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar.

Ante los seis integrantes de la comisión bicamaral, entre ellos el coordinador perredista, Armando Ríos Piter, los militares dejaron en claro que el tema del fuero castrense no debe ser incluido en la ley de seguridad nacional, ya que hay además varias iniciativas de reforma al Código de Justicia Militar, e insistieron una y otra vez en que se hagan cambios al proyecto de dictamen que elaboró la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside el panista Javier Corral.

El presidente de la comisión bicamaral, el senador René Arce, comentó en entrevista que los mandos castrenses les formularon observaciones en relación con la minuta que obra en poder de la Cámara de Diputados, fundamentalmente en torno a las definiciones sobre la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que a su juicio debe ser mucho más explícita, poniendo tiempos y facultades para el Ejército.

Plantearon también que se incluya en la ley el capítulo de seguridad exterior, que fue eliminado en el proyecto de dictamen de Corral y que el Ejército había acordado antes con los diputados del PRI, durante las negociaciones que mantuvieron por más de un año.

Asimismo, que se norme todo lo relativo a inteligencia militar, porque la legislación sólo incluye al Ccentro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Arce dijo que ese punto ni siquiera se discutió en la minuta aprobada en el Senado, ya que es tabú pues todo mundo sabe que los militares tienen sistemas de inteligencia para la defensa nacional que no se han planteado en ningún lado. Ahora ellos están dispuestos a que se platique.

Al final, en entrevista, el senador del PAN Felipe González dijo que junto con los militares analizaron la minuta de ley de seguridad nacional, que queda muy corta. Se aprobó –dijo– en esos términos en el Senado, porque había que dar cumplimiento y ahora hay que hacer una ley que verdaderamente responda a los momentos actuales.

Finalmente, el legislador panista resaltó que los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional están preocupados por no contar con un marco jurídico para su actuación

Exigen a PGR encausar a soldados involucrados en la guerra sucia

SERGIO OCAMPO, HÉCTOR BRISEÑO, RUBICELA MORELOS Y MARTÍN SÁNCHEZ

Periódico La Jornada

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá citar a declarar a los militares en activo que participaron en las desapariciones forzadas durante la guerra sucia en Guerrero, aseveró Tita Radilla, dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos. Ese ha sido el objetivo de nuestra lucha, apuntó.

Tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar para que los miembros de las fuerzas armadas que violen las garantías fundamentales puedan ser juzgados en tribunales civiles, apremió a la PGR a agilizar las investigaciones. La procuraduría normalmente ha sido muy lenta en esta materia, señaló.

La activista, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo Radilla –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–, consideró que la determinación del máximo tribunal es un logro de esta lucha de tanto tiempo, por lo que propuso cumplir el fallo y no soslayar las leyes en materia de derechos humanos.

“Debemos estar pendientes no sólo las familias que venimos denunciando (desde hace 37 años) los abusos cometidos por militares en la guerra sucia, porque hoy continúan las violaciones de soldados en contra de decenas de familias, debido a la violencia en el país.”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña calificó de histórico el resolutivo aprobado por la SCJN, y consideró que ahora el Poder Judicial deberá asegurarse de que sean remitidos a tribunales civiles los casos en que estén implicados militares como probables responsables de violaciones a los derechos humanos.

Entre esos casos señaló los de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, también resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Recordó que tanto Valentina Rosendo Cantú como Fernández Ortega fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército en 2002, sin que hasta ahora haya justicia. Desde el 16 de mayo de 2002 la denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar. Un día después, el 17 de mayo, ocurrió lo mismo con la de Inés.

Agregó que Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad a manos de militares en 1999. Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, aseguró que en esta entidad militares y marinos deben ser castigados por la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, así como por los asesinatos de Patricia Terroba de Pintado y de Ignacio Aguilar.

De acuerdo con la CNDH, Terroba murió el 11 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, cuando un grupo de marinos realizó una operación para atrapar al jefe del cártel de las drogas Arturo Beltrán Leyva. A su vez, Ignacio Aguilar pereció el 16 de diciembre de 2009 en un operativo de marinos en el fraccionamiento Altitude, también en la capital morelense, donde fue abatido Beltrán Leyva.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, informó que espera que la SCJN les notifique la resolución para que los 90 juzgados en esa entidad conozcan las demandas que existen en contra de castrenses que hayan vulnerado las garantías individuales.

Si Calderón me pide que me retire, le voy a decir que él no me puso: Gordillo

La dirigente del SNTE considera que aún no llega la hora de jubilarse

Confirma las reuniones con Yunes y Creel

No estoy a mano con el Presidente, dice

DE LA REDACCIÓN

Periódico La Jornada

La dirigente magisterial Elba Esther Gordillo sostuvo ayer por la noche, durante una entrevista radiofónica, que si el presidente Felipe Calderón le pide que se retire le voy a tener que decir que muchas gracias, pero que él no me puso.

Horas antes, en otra conversación difundida por la agencia Efe, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostuvo que no es hora de jubilarse y menos bajo presión, ya que los únicos que pueden hacerlo son los docentes y yo misma.

En la conversación con Salvador Camarena, en W Radio, admitió que en el arreglo político que hizo con Calderón para las elecciones del 2 de julio de 2006 sí hablaron de votos, pero rechazó que el acuerdo consistiera en cometer un fraude electoral, como lo denunció Andrés Manuel López Obrador: “Miente, el señor miente, el señor perdió, miente, no hay más… La ley es fría, la ley electoral también es fría, puede gustar o no, pero es ley, perdió”.

La lideresa reconoció que sí existió la reunión en la que el ex director del Issste, Miguel Ángel Yunes, asegura que ella le pidió 20 millones de pesos mensuales para Nueva Alianza. Dice que lo pedí (el dinero), pero (él) no lo dio. ¿Dónde está el delito? Jamás se lo pedí. Para ella, aseveró, Miguel Ángel Yunes está muerto.

Por otro lado, la maestra encaró a Santiago Creel y reveló que el aspirante del PAN a la Presidencia de la República la invitó a desayunar en San Diego hace un par de meses y, entonces, no opinó lo mismo, respecto a que su partido no debe pactar con ella rumbo a las elecciones de 2012. ¿Para qué me invitó?, ¿para decirme que no quería alianza conmigo? ¿Para qué me invitó?

Y dio detalles: “Me invitó a desayunar en San Diego y tengo prueba de ello, en casa de Francisco de la Vega, el anterior alcalde del municipio… Estuvo él, De la Vega, su hija y Santiago Creel… Santiago tampoco olvida que cuando quiso ser presidente hace seis años, yo también estuve con el presidente Calderón y no con él. Son cuentas políticas, pero lo que es inmoral es querer pararse en ese discurso”.

Aseguró que no se transparentarán las cuotas del SNTE porque no es una decisión voluntarista de Elba Esther. Tiene que haber un consenso. Aunque dijo: se va a tener que hacer, pero no bajo presión sino por voluntad de los trabajadores.

Señaló que el sindicato opera de la siguiente forma: presenta su propuesta y si algún candidato la hace suya, en ese momento hay un compromiso de impulsar su campaña. Eso pasó. Y también ocurrirá lo mismo en 2012.

Agregó que después de la reforma de 89 también lo hicimos con el PRI, lo mismo con Colosio, con Labastida. Y retó a Andrés Manuel López Obrador a que si tiene pruebas sobre el presunto fraude, las presente ante la autoridad porque es una falacia.

Sobre las declaraciones del titular del Ejecutivo, en el sentido de que el pacto con Gordillo no significó una carta de impunidad para ella y los directivos del Issste con el fin de saquear al instituto, dijo que es lo que tiene que decir, es correcto. Constitucionalmente él nombró a sus colaboradores, por eso es un acuerdo político.

Respecto a la reunión en San Diego, de la que hace referencia Yunes, dijo que participaron muchos en dicha cita, pero evitó dar sus nombres. Y señaló que no es sólo un asunto de dineros, no, ojalá se resolviera así, hoy quieren resolver todos los procesos electorales con dinero. También es creatividad, imaginación, estrategia y claridad en el proyecto.

La maestra indicó que si le hubiera exigido 300 millones de pesos al ex candidato del PAN y del Panal al gobierno de Veracruz, como él dijo, hubiera ganado.

Cuando el conductor le cuestionó si el pacto con Calderón acabó o ya quedaron a mano, la dirigente respondió: No podemos quedar a mano, todavía falta un año y hay muchas cosas que hacer en materia educativa.

Rechazó que el Ejecutivo le haya pedido que se retirara: No pasó. Pero aclaró que no somos apéndice del gobierno de ningún color, dejamos de serlo en 89, antes sí lo éramos.

Gordillo expresó que no es el tiempo para decidir si hará alianza con algún partido en 2012, pero en este momento, lo ideal sería que Nueva Alianza fuera solo.

Detienen a cinco policías mexiquenses por matanza en Chalco; testigo los hunde

La Redacción

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvo a cinco agentes ministeriales adscritos a la región de Chalco por su posible responsabilidad en el homicidio de ocho personas en la zona oriente de la entidad, el 26 de junio pasado.

En rueda de prensa, el procurador Alfredo Castillo informó que los policías son: Javier Alarcón Garrido, Juan Pedro Crespo Sánchez, Alejandro Colín Ramos, Daniel Tadeo Ortiz y Ascención Hernández Hernández.

Los cinco uniformados presuntamente facilitaban la realización de actividades ilícitas en el municipio.

Dijo que de acuerdo con un testigo, “los servidores públicos mantenían relación estrecha con Pablo Martínez Guzmán, agente de la Policía Ministerial que fue dado de baja el 15 de mayo y detenido el 28 de junio, plenamente identificado como líder de una célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la región”.

Los cinco agentes serán remitidos ante un juez por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y delincuencia organizada. Castillo aseguró que el testigo ha ubicado en tiempo y forma que los cinco agentes se reunían con Martínez Guzmán y de común acuerdo impidieron que un narcomenudista fuera detenido en Valle de Chalco.

“Las investigaciones han llevado a establecer que las ejecuciones del 26 de junio y las 11 más del 8 de julio son producto de una pelea entre células del crimen organizado en la región de Valle de Chalco”, agregó Castillo.