MEGA AVIADORA CON TÌTULO.

29/07/2011

Elba Esther Gordillo cobró, de enero a marzo, $73 mil 308 como comisionada

De acuerdo con el padrón de la SEP, nueve dirigentes sindicales cobran en el centro de trabajo de la lideresa.
Su hija Maricruz Montelongo, quien aparece registrada como maestra de primaria, con dos puestos, recibió $64, 306.86. René Fujiwara Apodaca, su ex yerno, tiene 8 plazas, cobró $84,645.12 en nómina ordinaria y $1,500 en extraordinaria
KARINA AVILÉS

En el centro de trabajo con clave 15AGS0001S, donde está adscrita la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo –quien recibió 73 mil 308 pesos como comisionada de enero a marzo de 2011– también cobra su grupo cercano del Comité Ejecutivo Nacional, secretarios seccionales, su hija Maricruz Montelongo y su ex yerno René Fujiwara Apodaca, quien tiene ocho plazas.

En la escuela de la maestra, que sólo tiene como personal activo a 224 trabajadores, se pagaron 40 millones 702 mil 832 pesos en el primer trimestre de este año.

La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aparece con un ingreso en nómina ordinaria de 71 mil 808.92 pesos y en nómina extraordinaria de mil 500 pesos en el primer trimestre de este año. Ocupa la plaza 071503E022100.0100208 de directora de primaria y la plaza con número 071503E028100.0102455 de maestra de grupo. El reporte establece que no ha participado en la carrera magisterial ni en el concurso de plazas docentes.

Dicho centro de trabajo, que se identifica en Tlalnepantla de Baz, estado de México, contradictoriamente tiene el domicilio de Belisario Domínguez número 32 en el Distrito Federal, que pertenece a la sección novena.

De acuerdo con el padrón nacional de maestros que publicó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en este sitio también cobran como comisionados nueve integrantes de la jerarquía sindical.

Los nombres son Francisco Arriola –padre de Mónica Arriola Gordillo– comisionado como coordinador del Colegiado de Finanzas; José Luis Cruz Rebollo, del Colegiado de Negociación; Alberto Hernández Meneses, secretario general de la sección 36 del estado de México; Agustín Adalberto Reyes, representante de la Fundación SNTE; Carlos Sarmiento y Sergio Villanueva, auxiliares del Colegiado de Seguridad y Derechos Sociales; María de Lourdes Márquez Martínez, auxiliar del Colegiado de Asuntos Laborales; Laura Leticia Esperanza Armenta, auxiliar de Asuntos Jurídicos; Alejandro Aguilar Alvarado, representante ante el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América Latina (IEESA) del SNTE.

En la escuela de la maestra se pagaron 40 millones 702 mil 832 pesosFoto José Carlo González

Pero en el listado de quienes están adscritos a dicho sitio destaca la hija de la ex priísta, Maricruz Montelongo, quien aparece registrada como maestra de primaria con dos plazas y recibió en el primer trimestre 64 mil 306.86 pesos en nómina ordinaria y mil 500 pesos en la extraordinaria.

René Fujiwara Apodaca, ex yerno de la maestra y padre de su nieto René Fujiwara Montelongo, cobró 84 mil 645.12 pesos en nómina ordinaria y mil 500 pesos en la extraordinaria. Sus plazas tienen las siguientes claves:

071507E096102.0100011;

071507E096302.0100001;

071507E096304.0100045;

071507E096304.0100046;

071507E096305.0100001;

071507E096308.0100022;

071507E096308.0100023

071507E096309.0100002.

Francisco Arriola tuvo percepciones en ese periodo por 49 mil 541.40 pesos en nómina ordinaria y, en la extraordinaria, mil 500 pesos con una plaza de maestro de grupo de primaria.

Exigen indígenas se juzgue en corte civil a militares que las violaron

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- Las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron abusadas sexualmente por soldados, buscan ser las primeras en hacer válida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente determinó limitar el fuero militar en el caso de violaciones a derechos a manos de las Fuerzas Armadas.

En rueda de prensa, las afectadas y sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T) informaron que esta mañana acudieron a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), donde entregaron documentos con la petición, y después se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde en oficios solicitaron a la procuradora Marisela Morales pida a la jurisdicción castrense los expedientes respectivos.

Visiblemente molestas, las indígenas recordaron que entre febrero y marzo del próximo año se cumplirá una década de haber sido violadas por elementos del Ejército, lapso en que no han dejado de exigir justicia, lo que implicó dejar sus comunidades luego de amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra ellas, sus familias y defensores.

“Me queda claro que no quieren hacer justicia, aunque desde otro país (Costa Rica, sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos) se dijo que mi caso tiene que llevarse en la vía civil; los papeles los siguen teniendo los guachos (militares), y ya va a ser casi un año de la sentencia y yo no he visto que a los guachos que abusaron de mí estén detenidos”, deploró Inés Fernández, en traducción de Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Fernández Ortega reclamó al gobierno de Felipe Calderón la falta de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, y recordó que ese compromiso se formalizó a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de instalarse las mesas para el acatamiento de los fallos del tribunal regional.

Entre los pendientes, recordó, está la reforma al Código de Justicia Militar, a la Ley de Amparo, así como otros temas, como la apertura de albergues para niñas indígenas, atención médica y psicológica para ella y su familia y becas escolares.

“Hasta ahora no veo una prueba del gobierno de que se va cumplir; cómo es posible que llevamos años exigiendo justicia y no han podido detener a los que abusaron de mí, cuando yo ya dije cómo son. Me queda claro que el gobierno no quiere hacer justicia, que está protegiendo a los guachos que abusaron de mí”, insistió Fernández Ortega.

Por su parte, Valentina Rosendo Cantú dijo que “la verdad ya salió” en las sentencias de la CoIDH, en torno a la responsabilidad de militares en las agresiones sexuales, y que al gobierno mexicano sólo le queda acatar las sentencias.

“Ya fui a otros países para exigir al gobierno que cumpla las sentencias, hemos alzado la voz y nos atrevimos a denunciar a los militares; ha sido muy difícil decir siempre lo mismo, y me duele mucho que el gobierno no tenga voluntad de cumplir las sentencias”, apuntó Rosendo Cantú, quien tenía 17 años cuando fue abusada sexualmente.

Recordó que en su lucha por justicia ha sido amenazada, por lo que vive con miedo y no puede moverse libremente, “mientras los militares que me agredieron están libres, tal vez abusando de otras mujeres”.

Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, anunció que de no tener respuesta positiva a las demandas de las indígenas, “el gobierno de Felipe Calderón quedaría en evidencia de que no tiene voluntad para cumplir las sentencias, ya que desde el punto de vista jurídico solicitaremos amparos para que el caso analizado por la Suprema Corte que, de antemano sabemos nos va a dar la razón, pues se trata del cumplimiento de la sentencia de un tribunal regional”.

En respaldo de la petición que hicieron las indígenas y Tlachinollan ante PGR y PGJM, acudieron a la conferencia de prensa Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción Derechos Humanos (CMDPDH), y Agnieszka Raczinska, de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT).

Cortez Morales emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a seguir los pasos de la Corte, que recientemente declaró que las sentencias de la CoIDH son obligatorias e inatacables, y que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas en el fuero civil.

Recordó que al Congreso compete corregir la iniciativa de reforma al fuero militar enviada por el presidente Calderón y que la CoIDH ya declaró insuficiente.

En tanto a los jueces militares corresponde enviar a los juzgados civiles todos los casos que tienen que ver con abusos castrenses, entre ellos los de las indígenas guerrerenses.

“Es ahora cuando vamos a ver si la política de derechos humanos es real y efectiva o es sólo un discurso políticamente correcto”, expuso el activista.

Sergio Méndez calificó de “espuria” la jurisdicción militar cuando aborda los casos de agravios a derechos humanos, y consideró que el gobierno de Calderón está en “franco desacato a un fallo internacional desde noviembre de 2009, cuando la CoIDH declaró por el caso Rosendo Radilla que el fuero militar no era el competente para atender violaciones a derechos humanos.

“Después de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, el 10 de junio pasado, y luego de la resolución de la Corte el 12 de julio, el gobierno de Calderón y el Congreso vuelven a caer en desacato, lo mismo que las Fuerzas Armadas que insisten en atender asuntos que no son de su competencia”, puntualizó.

Agnieszka Raczinska hizo un reconocimiento “al valor de Inés, Valentia y Obtilia, que se han arriesgado a denunciar a militares, no sólo para exigir justicia en sus casos, sino que le han apostado a abrir el camino a otras víctimas de violaciones a derechos humanos, en un contexto tan difícil en el que las Fuerzas Armadas tienen tanto poder”.

Y resaltó que las 72 organizaciones que integran la Red TDT “han manifestado su preocupación por la falta de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, lo que interpretamos como una mala señal para el trabajo de defensa que realizamos”.

Sicilia fustiga al Congreso por auspiciar la guerra de Calderón contra el crimen

Acusa a legisladores de violar la Constitución al asignar recursos a las fuerzas armadas para esa batalla

Exige pedir perdón a víctimas y a la nación, por no haberlos defendido y representado con dignidad

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

En nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia exigió a los integrantes del Congreso pedir perdón a las víctimas de la lucha gubernamental contra el crimen organizado, a sus familiares y a toda la nación mexicana, a la que no han defendido ni representado con dignidad. Los acusó de tener responsabilidad por la violencia que “golpea a millones de familias en el país, que se ha traducido en 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestros dolores, porque –recalcó– permitieron que el presidente Felipe Calderón pusiera en marcha una estrategia fallida, que viola la Constitución.

Ustedes tenían el poder para impedirlo, también violentaron la Constitución, no sólo con la omisión a ejercer sus facultades y obligaciones, sino al asignarle a las fuerzas armadas el presupuesto para llevar a cabo esta guerra.

Durante el encuentro con 40 integrantes del Congreso, entre ellos los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las fuerzas políticas, Sicilia fustigó con severidad a diputados y senadores, quienes, muy serios, escucharon el enjuiciamiento:

Ustedes, hasta ahora, sólo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores: servidores de los ciudadanos. Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad ni de su corazón ni del gasto público.

Y el ultimátum, que tuvo como marco el alcázar de Chapultepec: Tienen que definirse por la paz o por la guerra.

Desde su intervención, una vez que el presidente de la Comisión Permanente, Manlio Fabio Beltrones, inauguró el encuentro, Javier Sicilia colmó de críticas y cuestionamientos al Congreso, al igual que lo hicieron otros integrantes del movimiento que él encabeza.

“¿Cuánto tiempo se han tomado para dar respuesta a lo que desde hace años se sabe del secuestro, la tortura, los crímenes y las desapariciones de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué han tolerado el podrido Instituto Nacional de Migración, erosionado por los tentáculos de las bandas criminales, y no se anticiparon a las dolorosas voces del padre Solalinde y otros, las voces del dolor y del reclamo?

“¿Por qué no han impulsado con los sectores privado y académico iniciativas para identificar las zonas de mayor riesgo social y, junto con los ciudadanos de esas zonas, evitar que en ellas el crimen se apodere de los niños y de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas de la criminalidad?

¿Por qué no han tomado en los distritos que representan, en sus municipios y estados, decisiones para enfrentar de forma integral y ciudadana los avances de las bandas criminales y sus complicidades con policías y autoridades?

Con rostro adusto, los priístas, especialmente el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, escucharon lo que parecía una lista interminable de reclamos de Sicilia.

¿Por qué, de cara a nuestros niños y jóvenes, a quienes sus políticas les han destruido el presente y les niegan el porvenir, no han aumentado el dinero destinado a la educación para abrir más matrículas y acortar las largas filas de miles de estudiantes que no alcanzan lugares en las escuelas y universidades? ¿Por qué, frente a la emergencia nacional que vive el país, no han construido una agenda nacional que se ponga al servicio de México y evite que las próximas elecciones sean lo que ya se anuncia, las de la ignominia?

Sicilia reclamó también a senadores y diputados el no haber aprobado aún la reforma política, y los recriminó por la forma dispendiosa y corrupta como consiguen votos los partidos y por los intereses mezquinos con los que día a día destruyen al Instituto Federal Electoral.

Sus recintos, el recién inaugurado del Senado y la Cámara de Diputados, son la expresión arquitectónica de su aislamiento. Búnker de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones, traducidas en parálisis legislativa y en manipulación política, que convierte los procesos electorales en un gran negocio para unos cuantos y en juego cruel de ilusiones para los ciudadanos.

Advirtió que México vive una emergencia nacional, lo que exige de los legisladores no sólo un cambio de actitud, sino un esfuerzo extraordinario y humilde para evitar que la nación se precipite a un irremediable caos social.

Al final del encuentro, Sicilia abrazó y y dio un beso a Beltrones. El senador priísta le dijo que las críticas fueron duras y rudas, pero cómo inconformarse si son reales.

Se paga a 18,286 maestros comisionados por el SNTE o con licencia sindical

Hay profesores que cobran sin ir a trabajar debido a las grandes distancias, argumenta

KARINA AVILÉS

Con recursos públicos se han erogado 403 millones 562 mil 115 pesos para el pago de 12 mil 467 maestros comisionados durante el primer trimestre de este 2011, además de que se detectaron 29 mil 590 licencias, se encontraron 124 mil 521 comprobantes de pago con registro federal de causantes (RFC) o clave única de registro de población (CURP) incorrectos y 3 mil 576 docentes que tienen plazas en municipios o estados no colindantes. Por ejemplo, hay quien debería dar clases en Nuevo león y Quintana Roo al mismo tiempo que cuenta con varias plazas.

De acuerdo con el padrón de maestros, publicado ayer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), correspondiente al trimestre antes señalado, hay un total de 18 mil 286 maestros comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o que gozan de licencia sindical para ocupar cargos de elección popular, con costo al erario por 137 millones 532 mil 734 pesos.

De los 29 mil 590 mentores con licencia, 6 mil 647 permisos fueron para desempeñar cargos de elección popular, con un gasto de 5 millones 48 mil 411 pesos. Se otorgaron 7 mil 577 licencias para comisiones sindicales, lo que representó una erogación de 18 millones 84 mil 144 pesos del financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, según establece dicho registro. Esto, pese a que esas licencias, de acuerdo con la normatividad, deben ser sin goce de sueldo.

Incluso, hay permisos en algunos estados que se otorgaron para contraer matrimonio, ya que los reglamentos de algunas entidades así lo permiten, indicó el titular de Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la dependencia, Francisco Ciscomani.

En lo que respecta a los 12 mil 467 comisionados, 4 mil 622 docentes se dedican a labores del SNTE –entre ellas, actividades políticas y proselitistas–, quienes cuestan 114 millones 400 mil 179 pesos. Otros 4 mil 665 maestros están comisionados a los institutos de educación en las entidades federativas, a quienes se les pagaron 146 millones 424 mil 361 pesos.

Los estados con mayor número de docentes comisionados son Chihuahua, con mil 895; Guanajuato, mil 864; Nuevo León, 989; Campeche, 921; Puebla, 838, y Sonora, con 807.

Por otro lado, de acuerdo con el padrón, 17 entidades federativas reportaron 240 millones 25 mil 89 pesos para hacer los pagos por honorarios de 13 mil 961 personas. Sin embargo, el reporte debía incluir la información de 19 estados que realizan pagos por honorarios, según datos contenidos en la página web de la dependencia.

Ciscomani señaló que hubo 15 mil 40 contratos por honorarios, cifra inferior a la de los trabajadores, porque varios de ellos tienen la misma, pero se trata de diferentes personas.

Por otro lado, se reportó la jubilación de 2 mil 400 personas que ocupaban un total de 4 mil 291 plazas en ese periodo y 3 mil 580 personas tramitaron licencias de prejubilación.

Los trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente sumaron 13 mil 245 en la misma entidad federativa y otros 242 en diferentes estados. Aunque la dependencia no los identifica como aviadores, muchos podrían ser maestros que cobran su salario sin presentarse a trabajar debido a las distancias que separan sus centros de trabajo.