TERRORISMO DE ULTRADERECHA

La ultraderecha.

LUIS JAVIER GARRIDO

La ultraderecha está emergiendo con gran fuerza en el mundo ante la crisis del modelo económico de dominación, y en México, enquistada en sitios estratégicos del Estado durante los dos gobiernos panistas, amenaza ya el futuro de los mexicanos.

1. Las matanzas perpetradas en Oslo (Noruega) por Anders Behring, un extremista neonazi que asesinó a más de 80 personas el 23 de julio, se están presentando empero en los medios como la obra de un asesino solitario, tratando de ocultar los análisis que se han hecho desde hace décadas, señalando que en los años de la globalización neoliberal ha germinado un enorme malestar en las sociedades euro-occidentales, fortaleciéndose la corriente ideológica y política de la ultraderecha sustentada en la intolerancia, la barbarie, la irracionalidad y las tesis históricas del nazi fascismo.

2. La actitud de los grupos dominantes de la derecha tradicional y de las clases privilegiadas, que se sienten ufanos de controlar con los regímenes seudodemocráticos actuales las aspiraciones de los pueblos de una manera brutal pero soterrada, y que no existe para ellos el riesgo del terror de la ultraderecha, asumiendo que en la supuesta modernidad no hay espacio para la irracionalidad de la violencia neofascista, pretenden no ver los fundamentos ni los alcances del modelo neoliberal impuesto al mundo en el último cuarto de siglo.

3. Las organizaciones y partidos de la ultraderecha se han fortalecido de manera abierta en el mundo en estos 25 años, aunque en algunos países como México este proceso se haya desarrollado de manera soterrada. En Estados Unidos el llamado Tea Party domina ya al Partido Republicano y está imponiendo su lógica y su proyecto al débil gobierno derechista del neoliberal Barack Obama. En varios países europeos, según se escandaliza el diario El País el 22 de julio, los partidos ultraderechistas avanzan electoralmente: el Partido Popular Danés con 13.8 por ciento, los Auténticos Finlandeses de Finlandia con 19 por ciento, el Partido Liberal de Holanda con 15.4 por ciento, el Partido de la Libertad de Austria con 17.5 por ciento y el Frente Nacional de Francia de Marine Le Pen con 10.4, hasta llegar al Partido del Progreso de Noruega, que cuenta con 23 por ciento. El riesgo mayor aparece sin embargo, y no se dice, en aquellos casos en los que grupúsculos y organizaciones protofascistas se subsumen en el partido tradicional de la derecha de su país, pues actúan en un plano de doblez y de manera mucho más impune: como acontece en los casos peligrosísimos de España (el PP) y de México (el PAN).

4. El legado de Felipe Calderón a quien lo suceda en 2012 no es nada más por lo mismo el de una nación devastada por la violencia que le impuso y saqueada por las multinacionales que pasan por sobre el orden constitucional, el de un Estado desmantelado que ha entregado funciones esenciales a Washington y en el que los poderes fácticos se han consolidado por encima de la ley o el de un gobierno corrompido como pocas veces en nuestra historia, sino el del auge de las organizaciones de la ultraderecha, fortalecidas desde Los Pinos y que se han apoderado del aparato de Estado: no sólo por el financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales, merced a la perversa legislación electoral, o a las ONG, que desde los años de Fox viven del erario, sino por el abierto desvío de los recursos públicos.

5. La pregunta que habría que formularse es sin embargo si no están las formas de totalitarismo en la concepción de origen de todas las fuerzas de la derecha. El PAN, nacido en 1939, apoyó en 1940 al general fascista Juan Andreu Almazán, pero como oposición leal al PRI escondió durante décadas su vis derechista, hasta que en los años de Salinas incorporó a su estructura a organizaciones de ultraderecha –desde el DHIAC hasta Civilización y Libertad, el MURO y la Ancifem, investigados por Álvaro Delgado–, y hoy su fuerza esencial la constituye El Yunque fascista, al que acompaña La Casa Sobre la Roca (CSR), que analiza Arturo Rodríguez García en Proceso 1812, organización a la que Calderón está entregando ilegalmente amplios recursos del Estado.

6. ¿Y no acaso Leonardo Valdés, titular del IFE, y señalado como filocalderonista, elogió el día 25 al entregarle recursos públicos a la organización ultraderechista Sociedad en Movimiento, que fuera parte activa de la guerra sucia en 2006?

7. La última instancia de la escalada de la irracionalidad protofascista, hay que subrayarlo, es la que está llegando a México con el gobierno ultraderechista del PAN, que se halla enmascarada en un discurso hipócrita sobre la lucha del bien contra el crimen organizado. La “guerra contra el narco” permite no sólo acelerar el desmantelamiento del Estado nacional entregando la toma de decisiones a Washington, y consolidar los privilegios económicos y políticos de las mafias locales de poder económico, sino instaurar formas de dominación política que hacen nulos los derechos políticos de los mexicanos.

8. Las pretensiones reiteradas de los jefes de las fuerzas armadas para que se legisle en materia de seguridad garantizándoles un marco de impunidad hechas en días pasados, y ahora las afirmaciones destempladas del titular de la Marina, almirante Francisco Saynez, descalificando el martes 26 durante un discurso a las organizaciones civiles como cómplices del crimen organizado por defender los derechos humanos, traen a la memoria de los mexicanos los escenarios de los regímenes militares de Brasil (1964-1985), de Uruguay (1973-1985), de Chile (1973-1990) y de Argentina (1976-1983), y advierten de la urgencia de hacer regresar cuanto antes a los militares a los cuarteles.

9. En la reunión de dirigentes del movimiento de Javier Sicilia con los legisladores el día de ayer en el Castillo de Chapultepec, a pesar de unos y otros, la denuncia de las víctimas puso de relieve que muchas de las muertes son debidas a grupos paramilitares organizados por el gobierno. De ahí la importancia de la exigencia de rechazar y enviar al basurero de la historia el proyecto de ley de seguridad nacional, que hizo suya con energía Miguel Concha contrastando su actitud con la debilidad del resto de las intervenciones.

10. La “guerra contra el narco” de Washington y de Felipe Calderón fue una estrategia de los poderes oligárquicos para acrecentar su dominación y sus privilegios, y el esquema de contrarreformas que están proponiendo ahora no es más que un signo de su temor ante la crisis que se avecina. Lo que proponen no es crear las condiciones para una mayor seguridad de los mexicanos, sino todo lo contrario: una serie de leyes atroces para asegurar la seguridad de los intereses oligárquicos y del sistema de dominación. Es por ello que ante estas tentativas de la ultraderecha presentadas por los panistas y sus aliados, hay que reiterar con mayor energía un contundente: ¡Ya basta!

Los costos de mantener a Rodrigo Medina

JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En un régimen democrático, la ciudadanía ya hubiera echado a Rodrigo Medina de la Cruz del gobierno de Nuevo León; y en caso de que aún estuviéramos bajo el yugo del autoritarismo del PRI, el presidente de la República lo hubiera removido. Sin embargo, en esta penosa coyuntura en la que los priistas, preocupados por su regreso a Los Pinos, aún no saben qué les impactará menos: sostener a su correligionario o quitarlo de una vez.

En cualquier democracia es posible destituir al funcionario que no cumpla su función; y en caso de que las soluciones fueran lentas, la presión ciudadana puede obligarlo a dejar su cargo. Sólo que Nuevo León y el país todo carecen de vías para remover a Medina de la Cruz. De ahí que la posibilidad de someter a juicio político o de procedencia a cualquier gobernador, se tope siempre con las lealtades de los congresos estatales y los partidos políticos.

Hoy, los gobernadores y el propio presidente cuentan con el respaldo de más de un tercio de los legisladores en sus respectivos congresos. Lo que, en México, anula toda posibilidad en ese sentido.

Los ejemplos abundan. Baste recordar los casos de Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca para demostrar que aun cuando los atropellos y las violaciones de los derechos humanos fueron flagrantes, sus correligionarios los arroparon. Es posible que lo mismo suceda con Medina de la Cruz, quien sólo ha dado muestras de incapacidad.

Durante el autoritarismo priista, los presidentes de la República recurrían a facultades metaconstitucionales para deshacerse de los gobernadores cuando incumplían sus exigencias. Las vías eran diversas: los invitaban colaborar en la administración pública federal, los enviaban como embajadores o simplemente les pedían su renuncia.

Sobran los ejemplos, sobre todo los que ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando “17 gobernadores interinos o sustitutos, pero directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades” (Proceso 1772). Algunos fueron removidos por razones electorales, pues no garantizaban resultados favorables para el PRI en los comicios venideros o bien habían entregado malas cuentas.

Debe señalarse que el PAN también recurrió a esa práctica en 2003, cuando el presidente Vicente Fox invitó al gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, a su gabinete, presuntamente para desbrozarle el camino al candidato panista Mauricio Fernández, que a la postre resultó un fracaso.

No obstante, hoy los priistas tratan de tomar la mejor opción en el caso de su correligionario Medina de la Cruz, dado que la Constitución de Nuevo León los obliga a convocar a elecciones si el gobernador abandona su cargo durante los primeros tres años de gestión, en este caso se cumplen hasta el 4 de octubre de 2012, es decir, cuatro meses después de la elección presidencial.

Además, la Constitución estatal incluye otras dos disposiciones que complican más el caso:

Uno: si se convoca a elecciones para gobernador sustituto, se procurará que la fecha señalada “coincida con aquella en que deban tener verificativo las de diputados (al Congreso estatal), siempre que estén próximas”, lo que significa empatarlas con los comicios presidenciales.

Dos: en caso de que no haya elecciones, la vía sería que se le concedieran licencias sucesivas, aunque el artículo 92 señala que éstas sólo serían por seis meses, lo que también complica el relevo, pues aún faltan 14 meses y medio para que Medina cumpla sus primeros tres años de mandato. De optar por este camino, tendría que solicitar tres licencias consecutivas.

La composición del Congreso estatal –tiene 20 de los 42 diputados– obligaría al PRI a negociar con los dos legisladores del Partido Nueva Alianza los votos suficientes para lograr una mayoría absoluta. Y eso lo obligaría a negociar con Elba Esther Gordillo.

Más grave aún, esa composición se modificará en las elecciones de julio de 2012 y el nuevo Congreso inicia el 1 de septiembre, con lo cual la designación del gobernador sustituto le corresponderá a un Poder Legislativo cuya composición se desconoce. Los priistas deberán considerar este elemento en su ecuación, pues los panistas podrían obtener la mayoría y dificultar las negociaciones.

Por lo demás, las razones objetivas para el cambio de gobernador son evidentes. Sólo deben observarse la inseguridad creciente en Nuevo León; la incapacidad mostrada por las autoridades locales para ayudar a los damnificados por el huracán Alex en 2010.

Por lo que atañe a la inseguridad, el diario El Norte ha publicado información contundente: en 2009, Medina tomó posesión el 4 de octubre de ese año, hubo 56 ejecuciones; en 2010 sumaron 610; y en lo que va del año llegaron a mil, poco menos de las ocurridas durante el primer semestre en Juárez (mil 71), considerada la ciudad más violenta del mundo.

Además, según el mismo periódico, durante el primer semestre de 2010 se registraron mil 852 robos de vehículos con violencia; en el periodo correspondiente a 2011 la cifra se disparó a 5 mil 942; el robo violento a negocios pasó, en ese mismo periodo, de mil 275 a 2 mil 324; los asaltos a casas habitación crecieron de 129 a 185, y los asaltos a personas pasaron de mil 322 a mil 683.

Otro rubro que está empantanado es el establecimiento del mando único de las policías en el estado y la depuración de los uniformados. En los 21 meses de mandato de Medina ha habido tres secretarios de Seguridad Pública. En el caso del huracán Alex, aún se observan los estragos del meteoro en las principales vialidades del área metropolitana, particularmente en las avenidas Constitución y Morones Prieto.

En una encuesta levantada también por El Norte en octubre de 2010, justo al cumplirse el primer año de gobierno de Medina, sólo 50% de los encuestados dijo estar satisfecho con el desempeño del mandatario; y 25% admitió haber votado por él, aunque mostraron su descontento por la forma en que se conduce.

Y aun cuando la remoción del gobernador no depende de razones objetivas, el PRI simplemente no sabe qué le causará menos problemas en 2012: dejarlo en la gubernatura hasta la jornada electoral o removerlo ahora. De entrada, puede descartarse la posibilidad de una renuncia definitiva antes de los comicios presidenciales de julio del próximo año, pues eso conduciría necesariamente a nuevas elecciones en Nuevo León, muy probablemente simultáneas a las presidenciales, lo que afectaría definitivamente la preferencia electoral a favor del PRI.

Las opciones reales son: hacer que Medina solicite dos licencias sucesivas antes de las elecciones presidenciales, y una más antes de cumplir sus tres años; o sostenerlo hasta después del 4 de octubre de 2012 o, al menos, hasta después de los comicios del 1 de julio de ese año.

Si el PRI opta por la primera opción, el tiempo apremia, pues el sustituto de Medina requiere de tiempo para actuar y ofrecer los resultados a la ciudadanía; además, los priistas deberán ventilar las solicitudes de licencia en el Congreso local lo más alejado de las elecciones, lo cual implica solicitar ya la primera licencia, para lograr que la segunda sea antes del inicio de las campañas electorales a finales de marzo de 2012.

Con respecto a la segunda opción, por lo que el gobernador ha mostrado hasta hoy, los priistas deben ser conscientes de que es factible que en los siguientes 11 meses y medio las condiciones de vida en Nuevo León se agudizarán y el desprestigio del gobierno se acelerará. Aunque es de suponer que esto será menos costoso electoralmente para el PRI que la primera opción.

A menos que haya un giro de 180 grados en la conducción del gobierno de Medina, el PRI debe definir la salida de su correligionario y la vía para seleccionar a su sustituto. Es difícil que algún temerario priista le apueste a que Medina concluya su mandato, que termina el 3 de octubre de 2015.

Los ventanales rotos

ABRAHAM NUNCIO

En San Pedro Garza García se concentran algunas de las fortunas más grandes del país. Es la sede de los corporativos de bancos, industrias y cadenas comerciales de mayor tamaño en el noreste de México. Residencia no sólo de la elite económica y política de Nuevo León, sino de una clase media acomodada que se identifica con su modo de vivir y con sus ideas, ahora se suma al resto de las ciudades y villas que viven las consecuencias violentas de la presencia creciente del crimen organizado, de un modelo económico profundamente injusto y un régimen que lo ha abrazado con la fuerza y el destino trágico propios de quien busca el abrazo de la muerte.

A muchos de los habitantes de San Pedro les cuesta creer que las balaceras y sus víctimas se produzcan en las calles emblemáticas por donde transitan a diario. La calzada Del Valle y la calzada San Pedro flanquean la colonia Del Valle, símbolo del municipio desde donde se gobierna Nuevo León. Antes se lo hacía desde su capital, Monterrey. Pero las cosas han cambiado. San Pedro era entonces de Monterrey; ahora Monterrey es de San Pedro. Los representantes de los llamados poderes constituidos y aquellos a los que ahora se denomina poderes fácticos fueron abandonando Monterrey como lugar de residencia, coexistencia y convivencia, y se concentraron en San Pedro.

A pesar de las medidas del alcalde Mauricio Fernández Garza, la delincuencia organizada balea policías y civiles en las calzadas Del Valle y San Pedro como lo hace en cualquier zona de menor rango inmobiliario. Antes del asesinato de un policía y un civil, del cual se ignora aún su trayectoria en relación con las bandas delictivas, el alcalde Fernández ya había aceptado que el Ejército patrullara ese municipio y con el gobernador Rodrigo Medina firmó un convenio para reforzar la seguridad en su territorio. Algo parecía salirse de su control. Para imponerlo se ha valido de un grupo de rudos –cierto, ha dicho que ya no existe–, lo cual puede resultar peor como remedio que la misma enfermedad.

Los sampetrinos ya sabían, no obstante, de ese tipo de crímenes. La ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, en septiembre de 2006, fue el punto de inflexión en la violencia que vive el estado, según la evaluación del consulado estadunidense (ver Wikileaks en La Jornada del 10/02/11).

Dos pronunciamientos siguieron a las masacres de 20 y 19 personas con diferencia de pocos días, antes de las últimas ejecuciones en San Pedro. Uno, el de los organismos empresariales de la localidad, que culpaba al gobernador de la situación imperante sin hacerse cargo de las condiciones sociales que ellos mismos han propiciado para descomponer la sociedad. Otro, de mayor sustancia, el de un grupo de 14 empresarios, algunos con acento en actividades públicas, profesionales y editoriales. Demandaban abandonar el combate al hampa por medios estrictamente policiacos, legalizar las drogas y ver su consumo como problema de salud pública –lo que hace nueve años planteó Fernández, cuando contendía por el gobierno de Nuevo León–, y abrir un debate franco sobre el tema. Su solo planteamiento basta para conferirle atención a la postura de estos empresarios frente a la violencia. Una violencia que a muchos de sus pares y a los políticos más encumbrados los ha hecho emigrar o mantenerse con un pie en su lugar de operaciones, y el otro en el Distrito Federal, en el Valle de Texas o más lejos.

Desde ningún lugar más localizado geopolíticamente que San Pedro podría analizarse mejor lo que han sido las causas del impresionante crecimiento del crimen como modus vivendi, su fallido combate desde el gobierno y lo que socialmente representa para toda la sociedad mexicana. La posición de los líderes sampetrinos ha sido de apoyo decidido a las medidas impuestas por la modalidad neoliberal del capitalismo. Esta modalidad ha concentrado la riqueza y ha expandido la pobreza hasta límites intolerables. Voces aisladas, como la de Alejandra Rangel Hinojosa, una de las firmantes del desplegado del grupo de los 14, así lo han venido señalando desde hace tiempo.

Ni los priístas ni ahora los panistas –gran mayoría en San Pedro y en el resto de Nuevo León– han querido admitir que, aun en un régimen capitalista, primero son los pobres; porque cuando no es así, los beneficiarios del neoliberalismo más temprano que tarde también se convierten en sus víctimas. Y San Pedro Garza García es la mejor muestra de ello.

La teoría de las ventanas rotas, superficial como es, ofrece una metáfora de lo que ocurre cuando al crimen no se le combate en sus causas sino sólo en sus efectos. En su versión original, tal seudoteoría indica que si no se repara la ventana rota de un edificio se constituirá en la invitación para que otras sigan el mismo destino.

San Pedro destaca, en el paisaje urbano del área metropolitana de Monterrey, por sus mansiones y torres construidas a base de ventanales. Una moda que ya se apreciaba en ciudades estadunidenses como Dallas hace más de tres décadas. Quienes se alojan en esos espacios saben que corren riesgo. Pero no asumen que la gestación de la violencia se debe a su voluntad, tácita o expresa, de alentar la desigualdad social. Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública en el anterior gobierno encabezado por Natividad González Parás, lo ha podido ver con agudeza (ver Proceso del 24/07/11). Para que México sea convertido en Holanda –dice–, donde se ha legalizado el consumo de ciertas drogas, no debería haber pobres, pedigüeños y gente en situación de calle.

En el supuesto de que se pudiera erradicar el tráfico clandestino de drogas, previa autorización de Estados Unidos, el crimen organizado, en sus otros muy variados giros, se seguirá nutriendo de pobres que quieren dejar de serlo a costa de lo que sea: secuestrar, torturar, matar, descuartizar.

No hay que llamarse a sorpresa ni a engaño: si la ventana rota de la desigualdad social no se arregla, las demás ventanas, incluidos los ventanales, seguirán el mismo destino.