¡QUE SE LARGUEN LOS CORRUPTOS!

28/07/2011

Urge salvar a México de los políticos que lo tienen secuestrado: Buscaglia

ROSALIA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- Hace 10 años, tras salir de un modelo que se caracterizaba por ser autoritario, México entró en el limbo, pues desde entonces no existe el concepto de seguridad humana en el país, afirmó Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y violencia.

Durante su participación en el foro Las causas de la izquierda y la reconstrucción de la nación: seguridad y justicia para México, el experto en materia de reforma judicial en países como Afganistán, Jordania, Pakistán, Nigeria y Colombia, señaló que se debe redefinir el rumbo de la nación para salvarla no de los cárteles de la droga, sino de los políticos que tienen secuestrado al país.

“Los cárteles legales y los ilegales son producto de un estado capturado, son las dos caras de la moneda que se presentan ante la falta de un consenso para aprobar leyes y controles en esta materia”, puntualizó.

Y añadió: “Es indispensable una revolución social con aquellos que están divorciados del Estado, un movimiento social no cooptado que imponga las reglas al propio Estado y busque en la Cámara de Diputados y en el Senado los controles que sean necesarios”.

Por su parte, Dolores Padierna, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que la fallida estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada ha provocado la ruptura del tejido social, agravando con ello la situación del país.

Esta época histórica se conocerá como la década perdida de gobiernos panistas, afirmó durante su participación en el foro.

“El gobierno federal ha fallado en su objetivo de disminuir el consumo de drogas y, por el contrario, se ha incrementado en 100% el consumo de cocaína en México. También se ha fallado en la desarticulación de organizaciones criminales y en la recuperación de espacios públicos”, indicó.

Según Padierna, “la Ley de Seguridad Nacional subordina el orden civil al poder militar y sólo busca salidas autoritarias con la militarización”.

Asimismo, advirtió que dicha ley provocará el debilitamiento de la autoridad civil, que deriva en el colapso de las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia.

“Son lamentables los daños sociales, que actualmente son incalculables. Se estiman de 30 mil a 40 mil huérfanos, de 5 mil a 30 mil menores involucrados en actividades criminales, 500 mil desplazados y 40 mil asilados políticos”, detalló.

ONG rompen diálogo en Bucareli en protesta por acusaciones de Saynez

Las organizaciones presentan queja ante la CNDH

El titular de Marina dijo que criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a instituciones

ANGÉLICA ENCISO Y FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2011, p. 2

Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas.

Esas afirmaciones, señalaron, violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Exigieron que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos.

Las agrupaciones suspendieron además de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque el martes Saynez declaró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.

La queja fue presentada por las organizaciones en la oficialía de partes de la CNDH. Después las ONG serían recibidas por la quinta visitaduría.

Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, explicó que se presentó dicho recurso porque existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se deben calificar los dichos que ponen en riesgo a los periodistas y los defensores de esos derechos.

Además de esa agrupación, suscribieron la queja el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos.

Por la mañana, representantes de ONG se reunieron en Gobernación con la titular de la unidad para la promoción y defensa de derechos humanos, Omeheira López, a quien expresaron su molestia por los dichos del almirante Saynez.

“No podemos continuar el diálogo cuando persisten expresiones esquizofrénicas y contradictorias en el gobierno federal, porque por un lado dicen ‘sí a la protección’ y por otro estigmatizan nuestras actividades”, advirtió Ricardo González Bernal, oficial de protección y seguridad para México y Centroamérica de Artículo 19.

Las 15 agrupaciones que participan en esa mesa señalaron en un comunicado que con esas afirmaciones se expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional recién aprobada en materia de derechos humanos.

El sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recordó que ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos.

Agregó en entrevista: quien hace afirmaciones señalando responsabilidades contra terceros, tendría que probar sus dichos. Las organizaciones civiles tienen reglas y protocolos para aceptar casos. No somos ingenuos, no comenzamos ayer nuestro trabajo. Tenemos una experiencia acumulada de años.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, apuntó: “causa indignación que desde una instancia de gobierno federal se acuse sin pruebas a los ciudadanos de estar al servicio o vinculados a la delincuencia organizada.

Lo que más nos indigna es que no es un hecho aislado, no es algo que apenas ayer surgió, sino que tiene relación con señalamientos anteriores del Ejecutivo por la labor de organizaciones y ciudadanos.

Señaló que con esas acusaciones se construye un clima en el que se favorecen agresiones contra defensores de los derechos y contra quienes disienten.

Funcionarios pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos

ALONSO URRUTIA

Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2011, p. 3

En vísperas de nuevos encuentros con los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuestionó las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez –quien dijo que grupos delictivos utilizan a defensores de los derechos humanos para desprestigiar a las instituciones–, y del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández, que descartó la creación de una comisión de la verdad, propuesta por el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Esas acusaciones sólo pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos, sostuvo Pietro Ameglio, integrante del movimiento. Lamentó que en las esferas de gobierno no se entienda la señal de que ésta es la última oportunidad de que exista colaboración con la sociedad civil.

Subrayó que la acusación contra los defensores de derechos humanos y el desdén hacia la comisión de la verdad que reivindica el movimiento es grave y preocupante, ya que sólo alienta una nueva confrontación, porque es una forma de decirnos que no quieren buscar ni la verdad ni la justicia en esta guerra emprendida sin el consentimiento de la sociedad.

Deploró que Saynez haya señalado a los defensores de derechos humanos, y dijo que en nada ayuda criminalizar a éstos, porque el problema involucra a todos: militares, autoridades, sociedad; por eso no se puede hacer una separación simplista de buenos y malos, porque eso es polarizar más esta guerra.

A su vez, el activista Rocato sostuvo que son muy lamentables esos posicionamientos, en virtud de que es una muestra de que parecen no estar dispuestos a escucharnos ni importarles hacer una revisión de lo que está sucediendo en el país, de analizar las omisiones en que han incurrido y hasta las posibles colusiones.

En vísperas de que se reúnan representantes del movimiento con el Legislativo y se realicen trabajos de las mesas instaladas en la Procuraduría General de la República y en Gobernación, Ameglio y Rocato coincidieron en que es importante el encuentro para hacer una revisión de las leyes que están pendientes en materia de seguridad y de reforma política.



La Ley de Seguridad Nacional y una legislación en torno a las víctimas son ejes para modificar el esquema de militarización que se ha adoptado para resolver el problema de seguridad pública. Es necesario cambiar las prioridades de la seguridad del Estado y de las instituciones sobre la seguridad ciudadana, sostuvo Rocato, quien mencionó que la estrategia militar sólo ha escalado la violencia en muchos estados.

Ameglio advirtió que el gobierno debe tener claro que “este diálogo no es sólo de palabras, sino fundamentalmente de hechos. En septiembre, en el encuentro con el Presidente, se hará un balance de las respuestas a las demandas, y si el resultado es que no se ha cumplido nada, el movimiento deberá asumir que ésta no es la ruta hacia la paz y que se requiere pasar a otra etapa, pasar de la colaboración a la no cooperación, a la resistencia civil.

Nadie quiere llegar a ese extremo, pero la autoridad debe poner de su parte con hechos. El movimiento tiene claro su compromiso con la no violencia y lo que supone la resistencia civil en la lógica de no permitir el avance de la guerra y de la impunidad. El proceso social tiene muchas etapas; una es la del diálogo y colaboración, otra es la resistencia civil, porque después de esto, si no hay respuestas, no se puede seguir colaborando. Estamos en la frontera de la colaboración y la no colaboración.

Reivindicó la importancia de la agenda política que fortalezca la participación ciudadana y los instrumentos de control social al poder político. Su aprobación permitiría contar con elementos de exigencia a los poderes.

Acusan al gobernador de Veracruz de vincular a inocentes con el crimen organizado

REGINA MARTÍNEZ

JALAPA, Ver. (apro).- Medio centenar de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre médicos y enfermeras, acusaron al gobierno de Javier Duarte de incluir indebidamente a personas inocentes en la lista de criminales abatidos en la lucha contra el crimen organizado, con el propósito de ocultar el fracaso de los operativos, como sucedió con dos de sus compañeros asesinados el pasado domingo.

Frente al Palacio de Gobierno, con pancartas que portaban la leyenda “No eran sicarios”, el personal médico del IMSS exigió al gobierno del estado limpiar el nombre de sus compañeros, el médico Alejandro Gazos Calderón, y la enfermera Marisela Vázquez Cruz, identificados por las autoridades estatales como sicarios del narcotráfico abatidos durante un enfrentamiento contra agentes de las fuerzas de seguridad de Veracruz.

Durante aproximadamente dos horas, los manifestantes exigieron, primero en la Plaza Lerdo y, posteriormente frente al Palacio de Gobierno, dejar de incluir a víctimas inocentes en la lista de criminales abatidos.

Luego de marchar por diversas calles de la ciudad, se plantaron frente al Palacio de Gobierno donde reprocharon a las autoridades estatales haber involucrado a sus compañeros asesinados con el crimen organizado.

Vestidos con el uniforme del IMSS, reprobaron que a pesar de que las víctimas “eran inocentes, gente trabajadora y limpia”, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), los exhibió como presuntos integrantes de bandas delictivas, sin investigar realmente quiénes eran.

Uno de los marchistas que pidió no mencionar su nombre, aseguró que las víctimas eran profesionistas honorables que durante muchos años prestaron sus servicios en el IMSS.

“No eran sicarios como pretenden hacerlos pasar de manera irresponsable”, acusó uno de los médicos que también omitió su nombre, quien también cuestionó a las autoridades y a los medios de comunicación por difundir noticias “sin antes verificar la realidad de los hechos”, ya que en este caso, se omitieron los nombres de las personas fallecidas en la balacera.

Los trabajadores del IMSS distribuyeron volantes a los transeúntes que caminaban por el centro de la ciudad y en cuyo encabezado subrayan: “Nota aclaratoria. En la balacera del día 24 de julio en la Plaza Américas, fallecieron dos compañeros del IMSS de intachable trayectoria profesional”.

El domingo pasado, un grupo armado interceptó y disparó contra el automóvil en el que se transportaba el matrimonio, acompañado de su hijo de 21 años, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, frente al centro comercial Plaza Américas, lo que provocó un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad estatal.

Gazos Calderón laboraba en la clínica rural del IMSS ubicada en el poblado de El Farallón, habitada principalmente por trabajadores de la planta nuclear de Laguna Verde, y la enfermera, Marisela Vázquez Cruz, quien prestaba sus servicios en la clínica número 11 con sede en Jalapa.

Los mismos trabajadores acusaron a las autoridades de haber ocultado a propósito los nombres del matrimonio asesinado con la finalidad de incluirlos indebidamente en la lista de “criminales” abatidos en la lucha contra el narcotráfico.

Una de las enfermeras, insistió que sus compañeros no eran sicarios ni formaban parte de bandas delictivas; tampoco murieron como resultado de un enfrentamiento entre criminales, “pues era gente honesta, trabajadora e intachable”.