¡QUE SE RECONOZCAN!

05/07/2011

Insta la ACNUDH a reconocer legalmente derechos de pueblos indígenas.

PEDRO MATIAS

OAXACA, Oax., (apro).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, manifestó su preocupación por el impacto que tienen los proyectos de desarrollo en tierras y territorios indígenas del país, particularmente en este estado del sur de la nación.

De visita en esta capital, la funcionaria de la ONU exhortó al gobierno de Oaxaca, que encabeza Gabino Cué, a reconocer explícita y legalmente los derechos de los pueblos indígenas.

Además, sugirió realizar consultas y buscar un consenso libre e informado cuando se hable de desarrollo económico.

Pillay hizo hincapié en que la consulta es una obligación legal para los estados mexicanos en todos los niveles, así como una herramienta clave para el diálogo y el entendimiento mutuo.

La titular de ACNUDH consideró que una mayor participación en procesos de toma de decisiones, incluyendo la arena política, sin duda ofrecerá mayor información sobre los derechos de los pueblos indígenas a los distintos actores con los cuales aquellos interactúan hacia un mayor gozo de sus derechos.

Tras escuchar a representantes de los pueblos indígenas zapoteco, mixteco, triqui, huave, mixe, chocholteco y amuzgo, quienes le entregaron un diagnóstico sobre sus problemas y demandas, Navy Pillay prometió tomar “seriamente” el documento para “tratar de ayudarlos plenamente”.

La funcionaria de la ONU manifestó que la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas “seguirán siendo una prioridad clave en mi oficina”. En especial, puntualizó, “promovemos y usamos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como nuestro marco para seguir adelante en el avance y protección” de los mismos.

La declaración de la ONU, resaltó, brinda reconocimiento a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, que se derivan de los principios de igualdad y autodeterminación.

Además, agregó, reafirma un gran número de derechos para los pueblos, incluyendo el autogobierno, autonomía, participación, consulta y acuerdos, herencia cultural y espiritual, tierra, territorio y recursos naturales, desarrollo y servicios sociales.

También reconoció que “una cosa es el haber proclamado la declaración y otra muy distinta es ver su puesta en práctica, (y) aun cuando ha habido avances en muchos países en cuanto a la puesta en práctica de la declaración, mucho queda por hacer”, admitió.

Navi Pillay insistió que la instrumentación de la declaración debe hacerse a nivel local mediante esfuerzos de cooperación entre grupos indígenas, autoridades gubernamentales y la sociedad en general, y en eso, dijo, el estado de Oaxaca tiene un papel fundamental.

Al referirse a las mujeres, señaló que la salud de una nación “en gran medida se debe al nivel de avance en su población femenina”, de manera que “si se educa a una mujer, se educa a toda una sociedad”, puntualizó.

Luego de recordar que ella misma sufrió discriminación en Sudáfrica, reconoció que las mujeres indígenas se enfrentan a dos tipos de discriminación, como indígenas y como mujeres, por lo que exhortó a todos los órdenes del gobierno y la sociedad a renovar el compromiso para mejorar la situación de las mujeres y promover su participación política y su liderazgo.

Finalmente, destacó que “aún existe un largo camino en la sociedad no indígena para lograr la igualdad de género”, aunque los pueblos indígenas –agregó– “necesitan todavía darle un papel más preponderante con las mismas bases que a los hombres”.

Durante su participación, el gobernador Gabino Cué reafirmó su compromiso con los pueblos y comunidades, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que ubica ese tema como el eje transversal en las políticas públicas, al igual que los derechos humanos.

Cué reconoció que Oaxaca vive una deuda histórica con ese sector, porque por muchas décadas, dijo, los pueblos indígenas han vivido en un contexto de exclusión, pobreza e injusticia.

Sin embargo, añadió, “mi gobierno hace propia la filosofía y preceptos reconocidos por la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para protegerlos de la injusticia e inequidad, y liberarlos de toda forma de discriminación”.

Pide Sección 22 a la Alta Comisionada castigo a URO

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi se reunió ayer con la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, para demandar que el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores sea castigado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

El dirigente expuso que en el encuentro con la funcionaria ---después de una entrevista con el gobernador Gabino Cué Monteagudo---, denunció los asesinatos, detenciones ilegales, tortura y desapariciones ocurridas durante el conflicto político social surgido en el 2006.

Y pidió que la Organización de Naciones Unidas haga suya la querella y sea planteada a otros organismos de derechos humamos para que "llegue a Oaxaca la justicia".

Expuso que responsabilizó de los delitos de lesa humanidad al ex gobernador Ruiz Ortiz; al ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas; a la ex procuradora de Justicia, Lizbeth Cañada Cadeza; al ex secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría y a los ex jefes policíacos, Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas.

"No olvidamos que ellos masacraron al pueblo de Oaxaca", señaló.

Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó la responsabilidad de Ruiz Ortiz en la violación a derechos humanos.

El líder subrayó que la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo conocer lo sucedido en Oaxaca y manifestó su interés por llevar el caso a los diferentes espacios internacionales.

La denuncia de familiares de maestros desaparecidos

El gobernador Gabino Cué Monteagudo tuvo un encuentro ayer con familiares de los profesores desaparecidos de la Sección 22 del SNTE, Víctor Pineda Henestrosa, Modesto Patolcin Moicén, Carlos René Román Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez, así como la viuda del también docente Luis Quiroz Quiroz, asesinado el 5 de abril pasado en San Agustín Chayhuco.

El dirigente de la gremial, Aazael Santiago Chapi informó que el mandatario entregó un apoyo económico a los deudos de Quiroz Quiroz y ofreció atender los casos de los desaparecidos.

También, señaló, se planteó a Cué Monteagudo castigar a los responsables de las violaciones a derechos humanos en el 2006 y la liberación de los indígenas zapotecas de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Derechos humanos, referente de una sociedad democrática

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

"Los derechos humanos son un referente necesario en una sociedad democrática, que da cuenta de la evolución del género humano hacia un estadio de mayor desarrollo y bienestar", afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.

Al participar en la firma del convenio "Por un Oaxaca a favor de los derechos humanos y la no discriminación", manifestó que nunca como ahora se había pensado tanto en los derechos humanos, "nunca como en los últimos 60 años la discusión filosófica, política y jurídica ha estado centrada en estas circunstancias en nuestro país".

En el palacio de gobierno, sostuvo que la reforma constitucional en Oaxaca y recientemente en nuestro país, encarna esta historia inmediata de nuestro pasado y da muestra de la capacidad de las comunidades, la sociedad civil y los grupos vulnerables para incentivar los cambios y generar la sensibilidad para interpretar las exigencias culturales, en una sociedad con anhelo de justicia.

"Hoy la reforma constitucional en sus dos ámbitos traza un nuevo esquema de relaciones entre gobierno y ciudadanos, auspiciada por los principios de democracia, en la cual se apuesta por el auténtico respeto de los derechos humanos y donde el Estado reivindica la dignidad de las personas y hace de sus derechos una legítima autoridad".

Lagunas Rivera añadió que estos son los fundamentos históricos, sociológicos, políticos y filosóficos que alimentan la reforma y que encontramos rescatados en instituciones de control y legitimación política.

"Por lo tanto, podemos afirmar que actualmente en Oaxaca el ciudadano dispone de medios de fuerza vinculativa para participar y cuestionar el ejercicio del mandato público y exigir una administración de justicia eficaz".

Aseveró que la reforma constitucional fortalece entre otros aspectos al poder Judicial del Estado, contribuyendo en hacer realidad la autonomía e independencia de los juzgadores al incorporar cinco instrumentos legales para consolidar la confianza ciudadana en materia de derechos humanos: el Consejo de la Judicatura, una nueva fórmula de asignación de magistrados, la garantía presupuestaria, el control constitucional y la reigeniería del Poder Judicial, con la creación de la Sala Constitucional y el Juicio de Protección de los Derechos Humanos.

"Como Poder Judicial del Estado estamos comprometidos a materializar los valores constitucionales de esta reforma y, en consecuencia, tenemos un doble sentido de responsabilidad; primero, no privar a los anhelos de los oaxaqueños que en este acontecimiento histórico han dejada en cada una de sus etapas; segundo, la responsabilidad generacional de que nunca más Oaxaca pueda vivir un retroceso".

Dijo que hoy debe darse plena vida a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, "sociedad y estado debemos lograr que los valores contenidos en ellas se un fenómeno de conciencia, de filiación, de paz y racionalidad".