SOLO UN PETARDO MÁS.

Acusan de Chepi de traicionar a maestros.

Sayra Cruz

[12:01] Profesores de ka sección 22 del SNTE denunciaron que su dirigente Azael Santiago Chepi habría firmado la aplicación del examen de oposición para el concurso de plazas lo cual significaría “traición” al movimiento. Sobre este tema, el secretario de prensa del Comité Ejecutivo Seccional (CES), Gabriel Melitón Santiago, negó que su dirigente haya comprometido al gremio de esta manera, “ya que el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación es un acuerdo de asamblea”.

Delegado que prefirieron el anonimato por temor a sufrir represalias revelaron a TIEMPO que el dirigente magisterial habría estampado si firma durante la etapa de negociación 2011 con los gobiernos federal y estatal “sin poner atención en las cláusulas”. “No se descarta que chamaquearon al dirigente, pero ya en la base se habla de que firmó la ACE, y por eso podrían aplicársele el principio rector 20 por traicionar al movimiento”, indicaron.

Podría ser el final del reinado de Chepi que fue electo como líder en el 2008. Su periodo fenece en el 2012. En tanto, desde las filas de la sección 22 se mantiene el rechazo unánime de la Alianza, “porque se esta trabajando un plan alterno”. Los delegados han enseñado que si Santiago Chepi dio su firma, la Sección 22 emprendería una serie de movilizaciones para no permitir el concurso de plazas en Oaxaca”.

Será en la asamblea estatal, luego del inicio de las clases en agosto cuando se defina esta situación y la base escuche la versión del dirigente, opinaron.

De acuerdo con la versión, este documento lo firmo Azel dentro del paquete de acuerdos de la Programación Detallada (PRODET) que tuvo el fin de buscar la regularización de mas de 3 mil trabajadores de la educación.

Sobre este tema, el vocero del sindicato, Gabriel Melitón Santiago, desmintió el hecho. Categórico, sostuvo que “Azael no ha firmado ningún documento; el se sujeta a las bases y los profesores están en contra de la ACE y por eso ha sido el movimiento”, indico. Además, expresó que los once niveles de educación tienen una forma interna de determinar sobre las plazas y esas no pueden entrar a concurso, ya que depende del numero de maestros que les haga falta.

Culpo a un medio de comunicación de circulación nacional que con el fin de “vender” publicó la supuesta firma del dirigente de la Sección 22. “No hay nada oculto, no hay ninguna firma y las plazas se designarán conforme se determina en cada uno de los niveles”, explicó.

Proponen diputados requisa de bienes a funcionarios corruptos

RACIEL MARTÍNEZ

Oaxaca, Oax.- Dejar sin efecto reformas penales que blindaron a ex funcionarios ulisistas y requisar bienes a funcionarios responsables de desvíos, propusieron Luis de Guadalupe y Flavio Sosa.

Durante la sesión ordinaria la tarde de ayer en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, el legislador panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez propuso reformar los artículos 119, 122 y 123; 217 bis-E y 383 del Código Penal del Estado de Oaxaca, para regresar a su texto original antes del 2 de octubre del 2010, porque a la fecha permite impunidad a quienes han robado el erario público.

Martínez Ramírez recordó que hasta el 2 de octubre de 2010 -en que se publicó el Decreto reformatorio de varias disposiciones legales-, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, contenía disposiciones legales creadas desde muchos años atrás, para proteger bienes jurídicos relacionados con la exacta función pública y el recto comportamiento de los servidores públicos.

Con las modificaciones hechas al Código Penal por la anterior legislatura con mayoría priísta, "para proceder contra los servidores públicos desleales que mediante engaños y artificios maliciosos quebrantaron el patrimonio del Estado y de los municipios, se le pone la traba de 'la declaratoria previa de perjuicio', lo cual evidencia protección para los defraudadores de la confianza del pueblo y las trabas son para garantizarles protección, o al menos, permitir que la acción penal les llegue cuando hayan alcanzado el beneficio personal de la prescripción de los delitos cometidos; en ambos casos el pueblo pierde".

La reforma a los referidos artículos, asentó el panista, es porque la sociedad "está interesada en que los servidores públicos deban conducirse con lealtad en el desempeño de sus funciones y no enriquecerse ilegítimamente al recibir dinero o dádivas para hacer o dejar de hacer lo que perjudica al patrimonio del Estado, o de aprovechar ese cargo público para traficar con los documentos que tienen a su disposición o poner en ventaja a alguna persona contra la desventaja del Estado; o realice compras o ventas, otorgue concesiones o permisos a personas con las que tiene un interés personal, o disponga de dinero o de bienes del Estado para su beneficio, y en general, realice actos u omisiones que le reditúen dinero o ventajas contra el patrimonio del Estado o de los municipios".

PECULADO UN DELITO GRAVE

A su vez, el diputado Flavio Sosa Villavicencio presentó la iniciativa para modificar el artículo 212 del Código Penal del Estado y adicionar dos párrafos al artículo 23 bis del Código de Procedimientos Penales en vigor, con el fin de que el peculado y el enriquecimiento ilegítimo sean considerados delitos graves.

El legislador, por el PT, estimó urgente clasificar como graves esos delitos, como una medida para proteger a Oaxaca de crímenes que afectan al conjunto de la sociedad, pues vulneran el patrimonio estatal y limitan de manera brutal la posibilidad gubernamental de actuar a favor del desarrollo social.

Al incluir esos delitos en el catálogo de graves, dijo, "implicará que en caso urgente el Ministerio Público pueda ordenar la detención de una persona sin esperar la resolución de un juez, lo que podría evitar que los responsables huyan del estado, como ya sucedió en el caso de los funcionarios del sexenio pasado".

Expuso en la tribuna legislativa: "Qué interesante sería que de las millonarias cantidades que están danzando en las ocho columnas de los medios de comunicación, buena parte de esos recursos pudiera regresar a la saqueada hacienda oaxaqueña para que este dinero pueda ser usado nuevamente para obras de beneficio social".

No me cabe duda, adelantó Sosa Villavicencio, que por unanimidad aprobaremos estas reformas; no me cabe duda, compañeras y compañeros, que será un consenso el enriquecer esta propuesta para que nunca más el patrimonio vuelva a ser saqueado.

Las propuesta panista y petista fueron canalizadas a Comisiones para su análisis correspondiente.

Sicilia exige perdón sincero; Blake, asumir responsabilidad

El escritor y poeta Javier Sicilia exigió al presidente Felipe Calderón que pida perdón a la Nación de manera sincera y profunda por la “oscuridad de esta terrible noche que vive la patria y que el mundo observa con perplejidad y tristeza”.

Lo anterior en la instalación de las mesas de trabajo sobre seguridad entre el Poder Ejecutivo federal y el movimiento Diálogo con Justicia y Dignidad, en el Museo de Antropología.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el poeta y escritor reiteró que la lucha que sostiene el Gobierno federal contra el crimen organizado “es una profunda equivocación”, por lo que demandaron un cambio radical en las políticas de seguridad pública, que sustituyan el actual modelo por otro de recomposición del tejido social.

BLAKE LLAMA A ESTADOS A ASUMIR RESPONSABILIDAD

Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, señaló que es necesario romper inercias del pasado que han permitido que la delincuencia crezca y sea más violenta, para lo cual se necesita de la participación de toda la sociedad.

Al presidir la instalación de las mesas de trabajo advirtió que "han existido y existen gobiernos que no han asumido la responsabilidad de enfrentar el delito, incluso han entrado en franca complicidad con los delincuentes".

"La delincuencia está dañando a la sociedad y es necesario hacer un frente contra los criminales sin escrúpulos, que quieren vivir a costa de la vida y el bienestar de los buenos mexicanos", externó.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseveró que hay quienes añoran el sistema que se alimentaba de la colusión de las autoridades con la delincuencia y que "esa es una realidad ante la que muchos prefieren callar".

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio; la procuradora general de la República, Marisela Morales, y miembros de la sociedad civil, señaló que es necesario romper esas inercias del pasado y que para ello se necesita de la participación de toda la sociedad.

El desempleo en nivel más alto desde 2009, a 5.74% en junio: Inegi

A tasa anual, el índice llegó a 5.42 por ciento, superior al 5.05 del mismo mes de 2010, reportó.

Notimex

Publicado: 21/07/2011 09:16

México, DF. La tasa de desempleo a nivel nacional en junio pasado fue de 5.42 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), superior a 5.05 por ciento en igual mes de 2010, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa de desempleo desestacionalizada de México subió a un 5.74 por ciento en junio, su más alto nivel desde septiembre de 2009, informó el instituto.

Señala que por sexo, la Tasa de Desocupación (TD) en los hombres pasó de 5.23 por ciento en junio del año pasado a 5.26 en el mismo mes de 2011, en tanto que en las mujeres aumentó de 4.75 a 5.69 por ciento en el periodo de referencia.

El organismo refiere que 27 por ciento de las personas desocupadas el mes pasado no completó los estudios de secundaria, mientras que los de mayor nivel de instrucción representaron al 73 por ciento.

Con base en información preliminar de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que en junio pasado la población subocupada (que dijo tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) representó 7.8 por ciento de la población ocupada, menor al 8.1 por ciento registrado el igual mes de 2010.

Detalla que el porcentaje de subocupación es más alto en los hombres que en las mujeres, con 8.9 por ciento en el primer caso y 5.9 en el segundo.

En su comparación mensual, precisa que este indicador reportó una baja de 0.49 puntos porcentuales en junio de este año respecto al mes inmediato anterior.

El INEGI da a conocer que 58.8 por ciento de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible en junio pasado para producir bienes o servicios (económicamente activa) y el restante 41.2 por ciento se ubicó en la población no económicamente activa.

En el reino de la impunidad

ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO

Uno de los más graves problemas de nuestra vida pública es la escisión entre las palabras oficiales y los hechos que se intenta describir con ellas. Tómese, a título de ejemplo, el discurso sobre la economía y sus efectos sobre las condiciones de vida de los mexicanos. Si nos atenemos a la prédica de los prohombres del gobierno –los secretarios del Presidente, encargados del despacho–, las cosas van mejorando o, incluso, se trazan escenarios florecientes: el empleo aumenta, aseguran, y se advierten avances incontrovertibles en salud, educación, infraestructura. En fin, México, conforme a la amable versión gubernamental, sale fortalecido de la crisis. Predomina, pues, la visión optimista acerca de un curso de acción que jamás se ha querido someter al examen crítico y, menos, a la rectificación.

En esta, como en otras tantas materias, la Presidencia es poco receptiva a las voces discordantes: defiende su verdad, aunque los cimientos que la sostienen se vean erosionados aquí y en cualquier parte del mundo donde el dogmatismo prevalece. Lejos de asumir las disonancias de su visión, atribuye a la subjetividad de los otros, a la percepción equívoca e interesada, la fuente de los males. Pero ya vemos el abismo con la realidad en cuanto al terrible tema de la guerra contra la delincuencia. Es triste constatar cómo, pese a la narrativa en boga, el triunfalismo oficial es impermeable ante la evidencia de que 50 mil muertos es, por donde se quiera mirar, un fracaso absoluto del Estado para imponer el imperio de la ley, por no hablar de las implicaciones morales, que ya constituyen una herida en el cuerpo social de la nación.

Hace unos días, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, enumeró los asuntos que según el criterio de la institución que dirige se consideran amenazas a la seguridad nacional. La lista, recogida por este diario, incluye la delincuencia organizada, el terrorismo, grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la pobreza y la corrupción en las fuerzas armadas y (sic) en Petróleos Mexicanos. En rigor, se trata de una agenda en la que falta, por supuesto, la valoración analítica y un balance de cómo y cuánto pesan por separado y en conjunto en el mantenimiento de la estabilidad política.

De la lectura de la nota periodística se colige que el director del citado centro quiso excluir de los riesgos advertibles a los movimientos sociales, como en algún momento se recogió en una versión corregida y aumentada de la ley que ahora se examina y que es el motivo del foro mencionado. Nada que objetar. Sin embargo, al funcionario de inteligencia le preocupan problemas como la pobreza y desigualdad e instituciones políticas, los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración, la cultura de la legalidad; todos ellos son temas que forman parte de la agenda de seguridad nacional. Y centra la mira en los jóvenes excluidos del sistema de educación superior (y del futuro, podría decirse) pues la combinación, cito, podría generar condiciones para alimentar opciones radicales, extremistas, violentas. ¿No son, justamente, esas las condiciones que están detrás de los ejércitos de sicarios formados en su mayoría por jóvenes sin presente, dispuestos a consumir la vida en las ciudades sin esperanza donde se han forjado las pandillas? La pesadilla, pues, se está desplegando ante nuestros ojos.

La verdad, en el contexto mencionado, da horror imaginar lo que pasaría si, en virtud de la agudización de las contracciones mencionadas –a las que habría que añadir la ineficacia de los partidos para todo aquello que no sea reproducirse a sí mismos–, en lugar de protestas pacíficas que la autoridad finge escuchar, comenzamos a ver acciones directas y rebrotes de violencia social que a nadie, en rigor, sorprenderían. ¿Qué hará el Estado si sus reflejos básicos los llevan a destruir con las armas al enemigo, toda vez que no hay una verdadera estrategia preventiva que asuma esos riesgos como un problema de justicia y no de represión? Dejar las cosas tal y como están es una forma de consagrar la impunidad y de declarar letra muerta todo discurso en torno de los derechos humanos. A manera de hipótesis, si en 2006, en lugar de las protestas callejeras se hubieran desbordado los cauces de la resistencia hacia la confrontación (que no se dio gracias sobre todo a la madurez cívica de la izquierda y la postura del liderazgo), ¿qué respuesta habrían tenido los inconformes?

Nadie lo desea, pero los datos del Inegi, por ejemplo, hablan de que ahora somos más pobres que hace unos años. ¿Es irracional suponer, como hace el Cisen, que en el horizonte veamos nueva formas de violencia asociadas al debilitamiento del tejido social? Claro que no. Lo que sí es enteramente un error del gobierno y las fuerzas políticas es que esa posibilidad no se asuma en todas sus dimensiones como una cuestión estratégica irresoluble a partir de las medidas de fuerza aplicadas hasta ahora, a menos, claro está, que se legitime la versión moderna de la guerra sucia lanzada contra las guerrillas en los trágicos años 70. Es decir, el reino de la impunidad. Creo que eso está en el fondo de la discusión en torno de la Ley de Seguridad Nacional.