SU DEFENSA, DEBER CIUDADANO

25/07/2011

Cómo surgen y son reconocidos los derechos humanos

ARNALDO CÓRDOVA

Todos los procesos nacionales modernos de desarrollo democrático y de edificación del Estado de derecho, ha sido reconocido ampliamente, implican, en todos los casos, una limitación constante y creciente del poder del Estado y una extensión concomitante de la libertad y también del poder del ciudadano (que se revela en su participación y en su facultad de decidir en la esfera política, así como en la protección dentro del orden público de sus necesidades e intereses). De hecho, es eso, precisamente, lo que define y da significado al Estado democrático de derecho. El tema de los derechos humanos, en particular, tiene sentido sólo en esa perspectiva.

Cómo surgen esos derechos y cómo y por quién son reconocidos, son cuestiones que resultan esenciales y de gran oportunidad. Fueron preguntas que se hicieron varios especialistas, abogados y funcionarios cuando recientemente fue aprobada la reforma constitucional sobre la materia. La primera entraña un cuestionamiento acerca de la creación o aparición de tales derechos. La segunda implica el hecho de que esos derechos deben ser reconocidos y protegidos. Inmersos, además, como estamos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en un rico y amplísimo sistema internacional de derechos humanos, esas cuestiones vienen a ser de doble naturaleza: nacional e internacional.

Los derechos, en la tradición jurídica y política moderna, sólo pueden tener tres orígenes: uno, Dios que los introdujo en la naturaleza del hombre; dos, la razón que, como facultad unificadora de todos los humanos en sus designios y fines, los formula como elementos infaltables en la definición de la persona humana y, tres, la voluntad de todos los individuos que, a su vez, se personifica en el acuerdo de todos para crear el orden político y jurídico y el Estado que lo debe regir. Una gran parte de los regímenes políticos modernos (incluido el mexicano) se rige por la tercera opción. Las otras son cosa del pasado.

Los derechos humanos, por tanto, son creados por los hombres reunidos políticamente y expresados como derecho y como mandato. En constituciones, como la nuestra, que se rigen por la idea fundadora de la soberanía y el consenso del pueblo, los derechos humanos son una creación del pacto que dio nacimiento al sistema institucional mexicano y a su Estado. ¿Qué tendría entonces que ver aquí el que esos derechos deban ser, además, reconocidos? Es algo tan importante como lo es el tránsito entre el mero planteamiento o formulación de los mismos y su realización concreta en el ámbito de la vida social y política, garantizándolos y protegiéndolos. Para eso sirve el Estado.

La reforma constitucional de la que se habló antes es, para el caso, un acto formal de reconocimiento de los derechos que, en la nueva letra de la Carta Magna, implica también el reconocimiento de los instrumentos jurídicos superiores, en el orden internacional, que son los tratados y convenios en los cuales dichos derechos constan y son reconocidos por la comunidad mundial. Lo primero significa que la defensa y la protección de tales derechos es una obligación ineludible del Estado Mexicano y de sus instituciones. Lo segundo, que esos derechos ya han sido reconocidos y legitimados por el orden jurídico internacional y que sus instituciones de impartición de justicia, como las cortes y los tribunales internacionales, deben velar por su protección e integridad.

Se trata, en nuestro caso, de una innovación histórica. Desde la segunda mitad del siglo XIX arrastramos un sistema de protección de garantías que muy pronto se volvió obsoleto y, en las condiciones de los estados autoritarios porfirista y priísta, nulo en su aplicación, porque eran regímenes a los que lo menos que les interesaba era proteger a sus ciudadanos. Fue entones cuando se repetía sin cesar que la Constitución estaba de simple adorno y no era respetada ni cumplida. Muchas veces se la dio por letra muerta.

Poner a tono nuestro régimen de protección de derechos con las normas internacionales, en la creación de muchas de las cuales participaron y participan nuestros representantes diplomáticos es, a no dudarlo, un logro enorme.

Ahora bien, de lo expuesto podría ponerse en duda que, como en el tradicional derecho natural, en un régimen político enteramente construido por los hombres, vale decir, civil y de derecho, los derechos humanos sean inherentes a la persona humana y que sean, por ello, la base para definirla como tal. De ninguna manera. Sólo el iusnaturalismo clásico estimó que el hombre nace ya con esos derechos. En la perspectiva civilista de creación del orden político, el pacto social que da lugar al Estado, el ser humano es redefinido como portador de esos derechos, pero éstos no son obra de ninguna potencia divina ni de ninguna otra especie, sino creación y definición que el consenso popular lleva a efecto.

Y, ¿por qué el Estado creado por el pacto debe reconocer especialmente esos derechos y estar comprometido con su protección y promoción? Por la sencilla razón de que, una vez creados, tales derechos sólo pueden ser agredidos y violados por el propio Estado y sus instituciones y autoridades. Es un concepto que ha costado mucho elaborar y poner a punto, precisamente, por la fragilidad de la vida humana en sociedad. Aun pensando en una sociedad perfecta, en la que la violencia pudiera ser eliminada por completo, aun así la vida humana seguiría siendo frágil, porque sigue existiendo el único ente capaz de ponerla en peligro, el Estado (incluidos sus funcionarios).

Es verdad que la persona humana es más fácil y más frecuentemente agredida por sus congéneres que por el Estado. De hecho lo es. Pero a nadie le puede venir en mientes que un individuo cualquiera es similar al Estado en su capacidad de agresión y, sobre todo, en la fuerza que ostenta. Desde las Cartas constitucionales de finales del siglo XVIII (en la naciente Norteamérica y la Francia revolucionaria) en quien se pensaba como agresor de los derechos del hombre era, precisamente, en el Estado. Y lo mismo ocurrió con la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948. Es a los estados a los que se dirige y a los que conmina a llevar a cabo una política de respeto y protección de los derechos.

E igual sucede con todos los instrumentos internacionales que han venido creando las sucesivas generaciones de derechos humanos. No constituyen exhortos a los individuos a que respeten a sus semejantes. Son demandas perentorias a los estados y, sobre todo, la fijación puntual de sus obligaciones al respecto. Los derechos humanos (que algunos prefieren llamar derechos fundamentales, sin que se haya explicado la preferencia por el término; acaso sea para indicar su rango superior) son derechos que se levantan como un valladar en contra del poder del Estado y de su uso arbitrario e ilegal en perjuicio de los miembros de la sociedad.

Jamás podremos hacer a menos del Estado como organizador de la vida social; pero, si prevalece el respeto y el interés por la persona humana, deberá ser un Estado cada vez más y más reducido en su poder, en su capacidad de agresión y cada vez más comprometido con el bienestar y la felicidad de la persona humana. Y la base ineludible de esa transformación lo serán siempre los derechos humanos que deben seguir desarrollándose y creciendo en calidad y número.

Defensores de derechos, las nuevas víctimas del narco

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, DF, 22 de julio (apro).- La presencia del crimen organizado, el aumento de sus ganancias y la impunidad con que algunos cárteles han actuado en el país se han presentado, como la mayoría de los mexicanos lo ha percibido–, desde que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declaró “su guerra” al narco.

Los cárteles más perseguidos por el gobierno federal han sido Los Zetas y La Familia (este último hoy ramificado en Los Caballeros Templarios). En paralelo, la violencia en México y sus manifestaciones se han ido diversificando. De los decapitados se pasó a los desollados o, incluso, quemados vivos.

Todo mundo habla del narco, los periodistas se han convertido en especialistas en el tema, los investigadores cada día ponen mayor atención, el ama de casa, los tenderos, los encargados de gimnasios, mueblerías o cualquier tipo de negocio, pueden sostener una conversación en torno a El Chapo Guzmán, los Arellano Félix, Los Zetas, el cártel del Golfo (o CdeG, como los llaman en algunas zonas del país).

Cualquier mexicano que lea la prensa o escuche la radio puede, sin excepción, hablar de “la maña”, “los narcos”, “los malitos”.

Pero de lo que no se habla es de cómo la violencia desbordada en México se ha trasladado justamente contra quienes defienden la vida misma, a quienes se han dedicado a defender a los más indefensos: los migrantes.

Estoy hablando de los defensores de derechos humanos de los migrantes, en su mayoría activistas de centros, casas y albergues encabezados por religiosos con el apoyo de comunidades de base y laicos.

Resulta impactante cómo de la mano de la violencia, el repunte de la criminalidad y presencia del crimen organizado han escalado el hostigamiento y agresión hacia quienes trabajan en dichos centros humanitarios.

Las cifras no engañan. Durante el sexenio de Vicente Fox, los albergues destinados a brindar apoyo emocional, de alimentación, vivienda y sobre todo seguridad de su vida, fueron atacados en forma esporádica: una en 2004 y otra en 2005. Ningún ataque se tiene registrado en 2006.

Lo contrario se observa desde que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declaró “su guerra” contra el crimen organizado: estos centros se convirtieron en blanco ya no sólo de policías locales, federales o agentes de migración, sino también de diversos cárteles. El caso más emblemático ha sido el ataque de Los Zetas.

Y también emblemática es ya la figura del padre Alejandro Solalinde, cabeza del albergue “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca.

Así, para hablar de los abusos contra migrantes y los defensores de los derechos humanos el padre Solalinde es referente.

Un ejemplo es cómo, en julio de 2010, debido a que un grupo de 20 extranjeros hondureños solicitantes de la condición de refugiados permanecían en el albergue “Hermanos en el Camino”, miembros de la delincuencia organizada atacaron en dos ocasiones el lugar con la intención de secuestrar a los indocumentados.

En diciembre de ese mismo año, uno de los tantos integrantes del cártel de Los Zetas fue detenido; su declaración ministerial fue videograbada y transmitida por Televisa, ahí, el presunto criminal decía que ante las bajas del cártel –supuestamente debido a la persecución del gobierno federal–, estaban reclutando nuevos miembros, sobre todo entre los indocumentados, razón por la que atacaban albergues o casas del migrante.

Pero este tipo de centros no sólo es atacado por el crimen organizado reconocido, también por el no reconocido oficialmente y el cual integran los las distintas corporaciones policiacas.

Recientemente, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer cómo algunos de sus agentes habían detenido a centroamericanos migrantes y los habían vendido o entregado a cárteles de la droga.

En su informe de Movilidad Humana, al que pertenecen los albergues dirigidos por religiosos, consideraron urgente que las autoridades diseñen “un documento de identificación que evite que los policías municipales de los estados fronterizos continúen asaltándolos, violentando sus derechos humanos y vendiéndolos (a los migrantes) a los miembros de la delincuencia”.

En este entramado de complicidades, los albergues y su personal han sido objeto de acusaciones tan absurdas como el de dedicarse a la trata de personas, de ser señalados por las propias autoridades, incluyendo un Congreso local (el de Coahuila), de “dar albergue a asesinos”, y por lo mismo desacreditar su trabajo.

Otros, aún peor, como el caso de Raúl Mandujano, director de Atención a Migrantes en Chiapas, han sido acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, todo para no investigar su muerte, luego de que en 2008 desapareció y fue encontrando sin vida tiempo después.

Está también el caso del padre Heyman Vázquez, de Arriaga, Chiapas, quien fue acusado por agentes federales de ser traficante de personas. Y a esto hay que sumar las innumerables amenazas de muerte en contra de los miembros de un centro o albergue, por no entregar al crimen organizado a los migrantes que acuden en su ayuda.

Y por supuesto el hostigamiento diario de casas de migrantes que son vigiladas las 24 horas por hombres armados en camionetas y a quienes, a pesar de ser denunciados, las policías no hacen nada.

En el México sangriento de Felipe Calderón, los defensores de los derechos humanos de los migrantes también están siendo atacados, justamente porque el crimen organizado quiere reclutar gente desesperada que migra de su país en busca de una mejor condición de vida.

En el México rojo que Calderón explotó, los defensores de los derechos humanos de los migrantes son estigmatizados. En más de una ocasión he escuchado de integrantes del Ejército que la delincuencia organizada ha infiltrado a los defensores, que los manipula y que éstos terminan ayudando a los delincuentes.

No lo podría asegurar, pero tampoco dudaría que el crimen organizado pretendiera hacer lo que los militares señalan; de ser así, en lugar de satanizarlos, las autoridades deberían proteger aún más a esta gente que tiene un corazón tan grande y que su trabajo es ayudar al necesitado (de amor, de seguridad, de certeza porque hoy no va a morir de hambre o va a ser abusado).

Hay un caso de una defensora de derechos humanos, encargada de un albergue que en 2010 hospedó “en su casa, no en el albergue”, a una extranjera luego de que ésta le asegurara que era víctima de violencia intrafamiliar.

Días después, la defensora encontró entre la mochila de la migrante los documentos personales de ella y de su familia (pasaportes, actas de nacimiento, etcétera), y también se enteró que la mujer era pareja de un miembro de la delincuencia organizada. Por esta razón, la indocumentada decidió salir del país, exiliarse.

Las casas o albergues de los migrantes, sus promotores y trabajadores, deben, sin duda alguna, ser protegidos, si no por las autoridades (que tienen la obligación), por lo menos por la ciudadanía. Es igualmente un asunto de humanidad, de solidaridad, de amor que tanta falta le hace a este país lleno de muerte y negación.

Algo anda mal… muy mal

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Algo anda mal cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen (En prosa poética y generosa, el poeta David Huerta tradujo para mí los versos iniciales de The Deserted Village de Goldsmith, de esta manera: “En prosa informativa, la traducción sería como sigue: ‘Mal le va, víctima de imperiosos [o premiosos] males, a la tierra donde la riqueza se acumula y los hombres decaen.’ Versioncilla en módicos versos españoles (dos alejandrinos, con rima y todo): Mal le va a un país, presa de males imperiosos, con visibles riquezas y habitantes borrosos”.

Así iniciaba Toni Judt lo que sería su conmovedor testamento, convertido por la maestría de su prosa y la profundidad de su reflexión en un manifiesto central para rehabilitar el mundo y salvar a la especie. En Ill Fares the Land (The Penguin Press, NY, 2010), este gran pensador histórico y crítico social nos lega un trazo magistral de lo que puede ser la agenda global para encarar, con algún optimismo razonado, las amenazas con que arrancó el nuevo milenio.

Roto el contrato social que configuró la posguerra y moduló la evolución del planeta hasta entrados los años setenta del siglo XX, la civilización pretendió encontrar un nuevo camino con la erección de un nuevo orden internacional que encauzaría la nueva posguerra, una vez desplomado el comunismo soviético y su economía mundo, y habiendo entrado la economía internacional a una engañosa velocidad de crucero con la globalización financiera y la vertiginosa liberalización comercial que la acompañara. Como hoy sabemos, aquella presunción del presidente Bush I ante la victoriosa coalición de la primera guerra del Golfo resultó, en el mejor de los casos, una ilusa hipótesis de trabajo.

Con la Gran Recesión con que se cierra la primera década del tercer milenio, la sociedad mundial en formación vive con crudeza los saldos de la aventura globalista y se ve obligada a rendirse ante la evidencia de que la crisis no quedó atrás, como pretendieron los cancerberos de Wall Street. En todo caso, la caída productiva cambió de piel y ahora se presenta como una abrumadora cascada de endeudamiento público cuya extensión planetaria augura nada menos que, ahora sí, una tormenta perfecta, la madre de todas las crisis sincronizada por un interminable aletargamiento laboral, el ajuste draconiano en la periferia europea y el atolladero suicida en que los ululantes republicanos y su fauna religiosa de acompañamiento han metido a la gran patria de Lincoln y Roosevelt, tal vez a la espera del juicio final y la reconquista de Jerusalén para los fieles.

Nada es cierto en estos días, menos los titulares de la prensa internacional y sus émulos vernáculos que anuncian el nuevo rescate griego y el salvamento del euro. Como tampoco lo será el acuerdo provisional al que deba llegar Obama para dizque salvar a Estados Unidos de un default que nadie puede querer, en primer lugar los acreedores foráneos encabezados por los pujantes mandamases del Reino del Medio.

Lo que sí se impone como si fuera epidemia de influenza, es una dictadura silente y taimada encabezada nada menos que por los rescatados de ayer, convertidos en los secuestradores de hoy. Secuestradores de la soberanía de los países, del pacto social que ha sostenido a los estados desarrollados y de lo que ose moverse fuera del radar del cálculo financiero impuesto como verdad universal por los sacerdotes del dogma liberista o neoliberal.

Sin embargo, consumar la revolución de los ricos de que gusta hablar Carlos Tello, implica algo más que la sumisión de gobernantes, exégetas y consejeros a dicho dogma. Declarar finiquitado el Estado de bienestar erigido después de la segunda tragedia bélica equivale a convocar a otra tragedia mayor, ahora con instrumentos aparentemente asépticos y sustentados en una racionalidad presuntuosa, que sólo los necios y los tontos pueden profesar en serio.

Devastar el complejo edificio de protección y entendimiento sociales en el que ha descansado con todos sus asegunes la estabilidad política de Occidente, implica abrir una nueva caja de Pandora de la que sin remedio saltarán los viejos espectros del capitalismo liberal, como la explotación salvaje y el individualismo nihilista y destructor, acompañados por los jinetes del nuevo Apocalipsis ordenados por la catástrofe natural y el cambio climático, el único cambio que no parece admitir posposiciones ni soluciones improvisadas. Es de esto que tratan de hacerse cargo la mentes mejores del mundo avanzado, a las que buscan agregarse las dirigencias del mundo emergente encabezadas por los portentosos continentes civilizatorios de India y China.

En un contexto tan complejo y desafiante como éste, resultan pueriles las pretensiones subideológicas de traer a suelo patrio las majaderas supercherías de la ultraderecha americana, que no sólo quiere acabar con lo que queda del New Deal rooseveltiano sino con todo aquello que pueda parecerse a una política comprensiva y socialmente incluyente. Querer naturalizar ese estado de naturaleza que pretenden implantar como paradigma universal los extremistas gringos y sus primos anglos, no sólo puede ser criminal por sus implicaciones sobre la vida social y el orden democrático, sino un error histórico tremendo que dé al traste con lo poco que la humanidad ha conquistado para su autodefensa y el cuidado del entorno.

Querer hacerlo, además, bajo el disfraz de una democracia encadenada por mayorías inventadas que a su vez permitirían una dictadura legal, desde luego anticonstitucional, no puede sino reputarse como un atentado a lo que nos queda de civilidad y posibilidades de salir del hoyo de violencia en que la torpeza (por lo visto infinita) del panismo ahistórico nos ha metido.

Sortear la crisis actual no será posible con bravatas financieras y el aparente optimismo ingenuo de sus oficiantes alojados en Hacienda y Banxico. Pero tampoco avanzaremos mucho si nos empeñamos en postergar sin fecha de término las decisiones primordiales sobre el futuro de nuestras capacidades de autogobierno.

Una convención que ponga al país en el rumbo de un efectivo cambio en la manera de conducir la vida pública, es lo que debería reclamarse a los aprendices de prudente que dicen encabezar los poderes del Estado. Más que de releciones y creación de mayorías espurias, hay que hablar y decidir cuanto antes en el Congreso y fuera de él, sobre un cambio de régimen que abra las puertas de Palacio a la mayoría ciudadana y su diversidad social, hoy aherrojada por una pobreza siniestra que las percepciones de los spin doctors totonacas o importados no han podido ni podrán exorcizar.

El reconocimiento de las víctimas que reclaman el poeta Sicilia y sus compañeros de marcha, tiene que extenderse sin demora a quienes mal viven la desigualdad inicua que nos marca y cuyos hijos se ven impelidos a encarar los más crueles dilemas. Vaya que hay marcha por delante… pero sin abandonar la complejidad endiablada del presente. Que no parece dispuesta a darnos respiro.

Mafias y bandas como forma de gobierno

GUSTAVO ESTEVA

Un horror gelatinoso amenaza cada vez más la vida cotidiana. En muchas partes ya no se puede salir a la calle a ciertas horas. Ese toque de queda no declarado marca límites y orienta el comportamiento. En una variedad de esferas, sin embargo, no hay siquiera toques de queda que delimiten lo que podemos o no hacer. No sabemos ya dónde se hallan peligros a menudo mortales.

El deterioro y paulatino desmantelamiento de las estructuras del Estado-nación y la acelerada descomposición de las clases políticas, es decir, el estado de cosas que se generaliza en el mundo y en el que México tiene el dudoso honor de estar a la vanguardia, afecta observaciones e interpretaciones. Las categorías convencionales se quedan vacías; los anteojos a través de los cuales vemos y experimentamos el mundo se vuelven opacos; las evidencias que golpean la mirada no encuentran acomodo en nuestras maneras de percibir la realidad… Miopías y cegueras de esta índole resultan peligrosas ante los riesgos del momento, cuando es imperioso actuar con lucidez y pulso firme.

Según Foucault, la arbitrariedad del tirano es licencia para el crimen: mientras más despótico sea un poder, más numerosos serán los criminales. Javier Sicilia constata un Estado delincuencial, organizado en torno a la impunidad y el parasitismo: Nuestra clase política vive una forma de criminalidad tan impune como la delincuencia que dice combatir; al convertir el fraude en modo de vida y hacer de la depredación, del pillaje y del crimen simples técnicas de gestión, la verdadera diferencia entre el crimen legal y el ilegal sólo es una diferencia de intensidad. (Proceso 1811, 17/6/11).

Intuiciones que hace tiempo considerábamos marginales adquieren de pronto centralidad. Manuel Rozental apunta la mafiosidad cada vez más general. La palabra mafia aludía a una organización criminal específica, de origen siciliano. Se aplicó más tarde a cualquier organización clandestina de criminales y luego a cualquier grupo organizado que intenta defender sus intereses: la mafia del teatro, por ejemplo. Es ya una forma generalizada de organización social y política. El estilo mafioso característico de la maestra no es ya la excepción, sino la regla. En política, abarca desde el último cacique de pueblo hasta Los Pinos; desde el pequeño burócrata, el empleado de ventanilla o el funcionario medio hasta los secretarios de Estado, el presidente y cuadros o militantes de todos los partidos; en la vida social, caracteriza la operación de medios, bancos y grandes empresarios lo mismo que el funcionamiento social en barrios y comunidades alejadas, desde boleros y vieneviene hasta los hombres más ricos del mundo.

Esta condición mafiosa se complementa con la multiplicación de bandas. Hace muchos años la palabra se aplicaba solamente a grupos de gente armada que operaban al margen de la ley. Se usó después para pandillas juveniles urbanas y luego se generalizó para aludir a grupos que se reúnen para robar, asaltar y cometer otros delitos. Es ahora una forma de existencia social. Hay barrios en que un joven no puede sobrevivir si no está afiliado a alguna de las bandas que operan en ellos.

En vista de que el país entero está expuesto a mafias y bandas que operan al margen de todas las normas legales e institucionales, dentro y fuera de los aparatos del Estado, se hace enteramente evidente el carácter monstruoso y disparatado de la guerra de Calderón. Haber convertido un asunto de salud pública en cuestión de seguridad nacional y haberla abordado con aparatos podridos hasta el tuétano, socavados por bandas y mafias, sólo puede explicarse por niveles casi inconcebibles de incompetencia y corrupción, de signo perverso.

Al plantearnos desde abajo y a la izquierda qué hacer ante todo este horror, al pensar cómo enfrentarlo con nuestra propia energía y capacidad organizativa, desde el tejido social desgarrado en que vivimos, no debemos olvidar otra dimensión del asunto: bandas y mafias existen también como signos de resistencia y algunas pueden estar expresando la rebeldía radical de quienes padecen las formas más agresivas y oprobiosas del capitalismo. Entre los inempleables, los jóvenes ninis (ni estudian ni trabajan), las personas que antes se arrojaban al saco de sastre de los lumpen y poco a poco van formando mayoría, están surgiendo grupos que cobran conciencia de la naturaleza del sistema y deciden enfrentarlo. Un artículo notable de Ciccariello y Andrews, Cualquier sinvergüenza puede gobernar, explora esta posibilidad al analizar la huelga de hambre de presos de California (www.counterpunch.org/maher07222011.html).

En esta hora de emergencia nacional, cuando necesitamos actuar con decisión y entereza, debemos reconocer que en esta noche oscura no todos los gatos son pardos.

La reforma política

JOHN M. ACKERMAN



Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente mandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: Amigos legisladores: aprueben las reformas. No hay nada más que discutir, hay que votar y punto, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes.

La propuesta de candidaturas independientes del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un ciudadano sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.

El que paga manda, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.

Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.

Asimismo, es falso que exista un mandato ciudadano para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas independientes fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la minuta del Senado.

La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.

La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.

Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas independientes y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.

Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una reforma política mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.