TELENOVELA CORRUPTA

13/07/2011

Desembolsó García Luna 118 mdp por “El Equipo”

La Redacción



México D.F., (apro).- La producción de la teleserie El Equipo, que estuvo a cargo de Pedro Torres y se transmitió por Televisa, costó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un total 118 millones 116 mil 880 pesos.

Según los términos del contrato reproducido por el diario El Universal en su edición de este miércoles, la dependencia que dirige Genaro García Luna desde mayo de 2010 había encargado a Televisa la elaboración de la serie dentro del marco de la campaña denominada “Policía Federal Héroes Anónimos”.

Obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia, el documento de 23 cuartillas consigna incluso que desde ese entonces la SS ya tenía los recursos autorizados a través de la partida 3701 y la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la propia SSP.

Incluso, el contrato OM/DGRMSG/AD/022/ 2010 denominado “Servicios de Preproducción, Producción, Postproducción y Difusión en Televisión Abierta con Cobertura Nacional de la Campaña Contingente Denominada ‘Policía Federal Héroes Anónimos’” fue firmado por María Luisa Olivas, directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Alejandro Sosa Arciniega, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Verónica Peñuñuri Herrera, directora general de Comunicación Social.

De acuerdo con la SSP, la filmación duró aproximadamente tres meses y se realizó en las instalaciones de la dependencia, a pesar de que hubo voces que criticaron ese hecho, como la diputada perredista Leticia Quezada, quien consideró que la SSP incurrió en varias violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, particularmente al artículo 47 que establece la prohibición de utilizar recursos e infraestructura para fines distintos a su función pública.

De acuerdo con los términos del contrato difundido por El Universal, Televisa no cobró por la transmisión de la serie por considerarla “material educativo”.

Dice de manera textual:

“La realización y difusión de la serie se realizará sin ánimo de lucro directo o indirecto para la secretaría, por ser de utilidad pública su difusión, en razón de ser material educativo de relevancia nacional y con temática de trascendencia actual”.

La SSP dijo no contar con documentos para conocer si todo el equipo utilizado para la elaboración de la serie era de la Policía Federal o de Televisa, así como los elementos que aparecieron en la serie como “extras” si les fue pagada o no su participación.

En el contrato se establece que la serie de televisión se conformará por 13 episodios. “Los servicios de difusión en televisión abierta con cobertura nacional de ‘la serie’ se realizarán a través de cualquiera de los canales de televisión abierta que comercializa el prestador de servicios, incluyendo los canales con los que cuente o llegue a comercializar, debido a su esquema y capacidad corporativa con la que cuenta, para lograr la mayor cobertura a nivel nacional”.

Dentro de las cláusulas se incluye una en la que los actores y participantes de la producción estaban obligados a no asistir a sus labores en “estado de ebriedad” o “con aliento alcohólico” y los uniformes serían proporcionados por la empresa Televisa y no por la Secretaria se Seguridad Pública federal, evitando la mala imagen en el uso del uniforme que se les designe. Televisa corrió a cargo de los salarios y de las erogaciones adicionales que hubiese hecho la empresa para la teleserie.

La cláusula décima quinta establece “confidencialidad” para que ambas partes se obliguen a mantener “estricta confidencialidad” y a no divulgar información derivada de la prestación de “los servicios” de conformidad con lo estipulado en el “Anexo Único”, el cual no fue entregado en la solicitud de información. Los derechos de propiedad industrial serán de la SSP.

Originalmente, la teleserie se llamaría El Grecco, acrónimo de Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado. En una conferencia divulgada en Twitter, el productor Pedro Torres admitió que después de consultas con focus group decidieron que el título fuera El Equipo.

Los actores que participaron en la serie fueron: Alfonso Herrera, que hizo el papel de Fermín; Zuria Vega, quien personificó a Magda, y Alberto Estrella, quien desempeñó el papel de Santiago.

La teleserie se estrenó dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura Informativa contra la Violencia y poco después de la polémica generada por la transmisión de la serie La Reina del Pacífico, basada en la novela del español Arturo Pérez Reverte, transmitida en Canal 9 y producida por Telemundo.

Verdades de la opinocracia.

LUIS LINARES ZAPATA

El veredicto de la opinocracia fue tan instantáneo como endebles los fundamentos de sus comunes sentencias. El mayor perdedor de las pasadas elecciones en el estado de México fue, para ellos y sin sombra de duda que los atosigara, Andrés Manuel López Obrador. La base de su imbatible argumentación no tiene desperdicio: fue él quien se opuso a la alianza entre PRD y PAN y, con ello, puso en bandeja de plata el triunfo a Peña Nieto. Algunos fueron todavía más lejos rebuscando entre sus tenues profundidades conceptuales y encontraron que fue él, también, quien eligió a Alejandro Encinas un personaje que resultó, según su recuento de daños, impertinente. El objetivo, explícito o supuesto era sembrar de inmediato sus verdades que, por íntima coincidencia, son las mismas desde hace más de cinco años: abonar en la cuenta negativa de quien, suponen, es una amenaza para los masivos intereses de sus meros patrones.

En el cenáculo semanal que cobija a ciertos de ellos (Tercer grado) no dejaron, casi como de costumbre, resquicio alguno para las disonancias. Todavía rechazaron el esfuerzo de la señora Maerker por adentrarse en la descomposición de la vida pública, en especial la partidaria. La izquierda, si esta tesitura en realidad existe en ese territorio de líderes vividores que tanto menciona el señor Marín, tiene que ser, desde su dictamen definitorio, un chicloso inventado por el mesías (AMLO) para proseguir alentando sus propios mitos del fraude y la responsabilidad convenenciera de la mafia del poder que lo indujo y ordenó.

La elección de Estado que puso en operación el oficialismo mexiquense y sus aliados federales, en la sagaz opinión de tales veteranos de la radio y la pantalla, no puede explicar lo sucedido. Simplemente, la distancia entre el ganador y los demás perdedores es tan abismal que no es posible dar cabida a tan rutinaria explicación. Será, vaticinaron con agrio acento preventivo, idéntica excusa a la que será empleada en 2012. Sí, hubo compra de votos por millares, tal vez un millón de ellos. Sí, se dieron regalos indebidos a costa del erario. Sí, se excedieron con amplitud obscena los gastos de campaña. Sí, se apabulló en la propaganda hasta que, tardíamente, se ordenó retirar algo de la gubernamental. Sí, se trasmutó la estructura burocrática del gobierno en un equipo de mapaches a plena luz del día, accionar captado en algunos videos probatorios, pero desechados por ser incompleta evidencia. Sí, se intimidó a mansalva con recursos de autoridad y policía. Sí, se cooptaron tanto al árbitro (IEEM) como al juez (tribunal) y se legisló al vapor y conveniencia. Pero todo esto y más, que forma un denso núcleo que deshace cualquier intento democratizante, no es, concluyen con irónica suficiencia, razón de peso para justificar la derrota. Hace falta reconocer la realidad, arguyen otros intelectuales consagrados en el mundillo de los elegidos como referentes. Lo que importa, sobre todas las cosas, es la valentía para reconocer la derrota. Ésa es la esencia de la lucha por el poder en la democracia. Es el punto neurálgico que la izquierda, en especial AMLO, no practica ni siquiera por derivada consecuencia.

El gran pecado de los líderes iluminados es su renuencia para reconocer errores, se ha dicho y proclamado por todos los confines. Ese es el razonamiento escogido por los ilustrados, por los meros doctores de la politiquería oficiosa para minimizar la influencia determinante de la elección de Estado. Practicar la autocrítica para los izquierdosos no se empareja con su fingida grandeza, les causa escozor y, por eso, están condenados a ser perennes perdedores, concluyen. Eso de que les robaron el triunfo en la pasada contienda presidencial es historia jamás probada. Ni un solo dato sostiene tan insana presunción, siguen afirmando sin pudor alguno. Poco importa que la misma Elba Esther Gordillo haga públicas las negociaciones con el señor Calderón o que el señor Fox confiese que cargó los dados en 2006. Ya chole, aducen con fingida fatiga, con lo de la mafia del poder y sus esbirros de la política y los medios de comunicación a su servicio. Es la misma cantaleta de siempre. Con ese tipo de argumentación no atraen a nadie. Menos aún con candidaturas recicladas que huelen a naftalina de clóset.

Una elección en el Edomex en esas condiciones se había previsto y, aun así, se entró a la competencia. Rebasar 30 por ciento de la votación efectiva era un objetivo realista fijado por la izquierda. Ganar también se buscó con ahínco apegándose a las reglas democráticas y con los recursos de ley. Por ello, AMLO recorrió dos veces y media, municipio por municipio, todo el estado. Se movilizó, organizadamente, a cientos de miles de ciudadanos. A pesar de ello, algunos rencorosos observadores todavía lo acusaron de no haber acompañado a Encinas. Otro de los logros de la pasada competencia electoral fue el rescate del perfil de una izquierda unida, definida en sus diagnósticos y ofertas. Esto fue un logro de especial consideración sobre todo frente a la mescolanza que la dirigencia estatal del PRD (apoyada desde el centro) insistentemente buscó al pretender aliarse a un PAN por completo desvencijado. Los chuchos deben meditar, aunque sea con el poco rigor disponible a sus entendederas, el daño que sus guerrillas contra AMLO, de más de tres años, le han infligido al PRD de cara a sus simpatizantes. El mismo Marcelo todavía añoró no haber ido en esa dañina alianza a la que los datos disponibles echan abajo. Cómo justificar arrimarle el hombro a quienes cargan más de 40 mil muertes (y los que desgraciadamente faltan). La izquierda está lista para enfrentar al modelo que propugna por la continuidad ahora bajo la férula del PRI. Y lo hará con la confianza puesta en el despertar de una conciencia colectiva que se otea por toda la atribulada nación de los mexicanos.

Espectáculo lamentable

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL

Felipe Calderón ha calificado de espectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño.

Más que pedir investigaciones de la SFP al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la exigencia debería ser que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la PGR inicien inmediatamente una revisión al manejo financiero del SNTE, así como a los ingresos, gastos y declaraciones fiscales de Gordillo y sus familiares más cercanos. El fisco tiene el derecho de averiguar la legalidad de los movimientos financieros realizados por personas físicas y morales, así como la obligación de comprobar la veracidad de todas las declaraciones fiscales. Si las acusaciones de Yunes Linares son ciertas, muy probablemente se podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito o de fraude fiscal en contra de la maestra, así como otras faltas en contra de los altos funcionarios del SNTE por haber desviado los fondos de sus agremiados hacia un partido político sin su conocimiento.

Otra auditoría de suma urgencia sería la relativa al manejo de los recursos en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En particular urge revisar los fideicomisos que se han creado para financiar indirectamente al SNTE. Las irregularidades que han podido conocerse respecto del manejo de Enciclomedia y las fiestas del Bicentenario demuestran que en la SEP también hay gato encerrado. Desde su llegada al puesto, el secretario Alonso Lujambio no se ha interesado por defender la institucionalidad, sino solamente por aprovechar las redes y el poder político de Gordillo.

Todo lo anterior renueva la exigencia en favor de ampliar los horizontes de la transparencia. Más allá de poder acceder a las cuentas del gobierno, también habría que convertir en sujetos obligados de las leyes de transparencia a sindicatos, partidos políticos, y las corporaciones dominantes en los medios de comunicación.

Siguiendo la sabia alocución de Marx sobre la repetición de los acontecimientos históricos, la tragedia del quinazo de Carlos Salinas hoy se convierte en la comedia del Hankazo y el Elbazo de Calderón. Por medio de un golpe mediático y autoritario, Salinas quiso reconquistar parte de la legitimidad no obtenida en las urnas. Hoy, los fallidos y tardíos intentos de parte de Calderón de hacer lo mismo han terminado por hundirlo aún más en el pozo del desprestigio.