FRUTO DEL REGIMEN NEOLIBERAL

02/08/2011

En la pobreza, 53.8% de menores mexicanos; 11.7 millones sufren hambre

Sin carencias, sólo uno de cada seis, de acuerdo con un reporte del Coneval

ANGÉLICA ENCISO L.

Alrededor de 53.8 por ciento de los niños y adolescentes mexicanos –21.4 millones– viven en la pobreza, y apenas 16.5 por ciento, es decir, 6.5 millones, disponen de ingresos suficientes y no tienen carencias, indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el reporte de la medición de la pobreza 2010.

De esa cantidad de menores de 18 años, 5.1 millones viven en pobreza extrema, es decir, 45 por ciento de los 11.7 millones de mexicanos que están en esa condición. Aun así, el Coneval reportó que hubo una reducción en este rubro, ya que el porcentaje pasó de 13.2 a 12.8.

En pobreza moderada hay 16.3 millones de menores, lo cual representa un ligero incremento respecto de los datos correspondientes a 2008, cuando eran 16.2 millones. En general, el porcentaje de menores pobres es mayor al que se reporta a nivel nacional, ya que éste es de 46.2 –52 millones–, mientras el de los niños en esa condición es de 7.6 puntos más, es decir, 53.8.

De las seis carencias que mide el Coneval como factores que inciden en la pobreza multidimensional –además del ingreso–, la falta de acceso a la alimentación fue la que más creció entre los menores, ya que incidió sobre 29.5 por ciento, más que el porcentaje nacional, que fue de 28, y cuatro puntos más que en 2008. Así, 11.7 millones de niños y adolescentes sufren hambre.

En cuanto a las seis carencias que reporta el Coneval como parte de la medición multidimensional de la pobreza, en acceso a seguridad social es donde aún se reporta el mayor rezago, con 64 por ciento, es decir, 25.4 millones viven sin ese derecho, aun cuando esta cifra es de 4 millones menos que en 2008.

El Coneval reportó que creció el porcentaje de quienes viven con ingresos inferiores a la denominada línea de bienestar, que para agosto de 2010 reportó un ingreso mínimo de 2 mil 114 pesos al mes en zonas urbanas y mil 329 pesos en las rurales.

Así, la falta de acceso a bienestar pasó de 58.1 a 61 por ciento de los niños y adolescentes, es decir, se incrementó de 23.4 a 24.2 millones. Hubo reducciones en rezago educativo, servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos en la misma.

En cuanto a vulnerabilidad, hay 9 millones de menores que en promedio tienen dos de las seis carencias sociales que se miden. Hay otros 2.9 millones vulnerables en materia de ingreso, lo cual puede provocar que en un momento de emergencia económica familiar caigan en la pobreza.

El trabajo infantil favorece la transmisión de la pobreza de una generación a otra, y 30 por ciento de la población de niños que laboran tienen de cinco a 13 años, es decir, no han cumplido la edad mínima para hacerlo, de acuerdo con lo que señalan los instrumentos internacionales, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, indicó el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

En un análisis sobre el trabajo infantil en el país, consideró que es necesario mejorar las políticas y programas públicos para abolirlo.

Reportó que 36 por ciento de la población infantil a nivel nacional trabaja más de 35 horas a la semana.

Catorce por ciento de los niños de entre 14 y 15 años están expuestos a actividades irregulares, mientras cerca de 12 por ciento realiza labores consideradas peligrosas e insalubres.

De los menores de entre cinco y 13 años que trabajan, 3 por ciento desempeñan labores irregulares y un porcentaje igual se dedica a actividades peligrosas e insalubres, indicó.

Esa circunstancia tiene consecuencias terribles para la infancia, como es la perpetuación de la pobreza, ya que los niños en esta situación no gozan plenamente de sus derechos humanos y sus oportunidades para desarrollarse se ven limitadas.

Desapariciones forzadas en México, al nivel de las cometidas en dictaduras: AI

El investigador Javier Zúñiga advierte que el país está al borde de la represión sistematizada

Añade que ese delito se convierte poco a poco en el crimen perfecto, pues ninguna autoridad lo investiga

La sociedad es obligada a tolerarlas, con el argumento del combate al crimen

ARMANDO G. TEJEDA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2011, p. 5

El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una represión sistematizada, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.

El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.

También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Medio siglo de Amnistía Internacional

Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.

En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los avances en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un principio incuestionable.

Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un reto de cara al futuro: luchar contra la desaparición forzada de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto, pues la mayoría de los casos quedan impunes y ni siquiera se abren diligencias.

De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80.

El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de tolerar esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur.

En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.

Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días, añadió.

En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.

Ofrece AMLO cambio radical en sector eléctrico

Rosalia Vergara

 
MÉXICO, D.F. (apro).- El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, ofreció cambiar radicalmente la política seguida hasta ahora en el sector eléctrico para convertir a éste en palanca del desarrollo del país.

En su mensaje semanal que difunde a través de las redes sociales, López Obrador dijo que este cambio implica acabar con la corrupción y los jugosos negocios privados al amparo del poder público, a costa de los mexicanos”.

El tabasqueño señaló que las empresas extranjeras, principalmente las españolas, generan la energía eléctrica en el país cuando se puede hacer sin recurrir a éstas.

Incluso, comentó que esos contratos son inconstitucionales porque usan dinero del erario para subsidiarlas.

Citó el caso del exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, acusado de recibir sobornos millonarios a cambio de contratos.

Fueron “cinco millones de dólares, un carro de lujo, un yate y no le han hecho absolutamente nada, mientras en Estados Unidos están castigando a los sobornadores”, indicó.

Comentó que el exdirector de la CFE, Alfredo Elías Ayub, desde luego que sabía, incluso acusó a Felipe Calderón, de tener conocimiento del asunto porque hay muchas complicidades, componendas.

“Vamos a cambiar radicalmente la política seguida hasta ahora en materia de energía eléctrica”, sostuvo López Obrador. “Ha sido realmente un abuso lo que han hecho; se han aprovechado del presupuesto, del erario, de la gente, todo por la ambición a los negocios, al dinero”, agregó.

López Obrador indicó que la red de corrupción comenzó desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando empezaron a engañar que nos íbamos a quedar sin luz si no se abría el mercado para empresas nacionales y extranjeras para que se dedicaran a generar energía eléctrica en nuestro país, violando la Constitución.

“El artículo 27 constitucional establece que sólo la nación puede generar y distribuir la industria eléctrica. ¿Qué hicieron estos tecnócratas irresponsables por mandato de los de la mafia del poder? Le dieron la vuelta al artículo, reformando una ley secundaria que por ningún motivo puede estar por encima del mandato constitucional”, apuntó.

Legal, regalar erario de León a escuelas privadas: alcalde

CARLOS GARCÍA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2011, p. 26

León, Gto., 1º de agosto. Las donaciones en efectivo y en especie que el cabildo de León aprobó para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y las universidades Iberoamericana (Uia) y La Salle Bajío son legales porque se trata de instituciones académicas sin fines de lucro, afirmó el alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla.

Si comparamos las cuotas, resulta que La Salle cobra menos, y en su caso la hicieron más de emoción. Ninguna de las instituciones beneficiarias, insistió, es lucrativa. El beneficio es para todo León y los ciudadanos en general porque se generan fuentes de empleo, y tal es la razón de ser de esos centros de enseñanza, indicó este lunes el munícipe, al regresar de vacaciones.

Al comentar la oposición a entregar a la Universidad La Salle un terreno de 6 mil 400 metros cuadrados –con valor estimado de 25 millones de pesos– y donativos de 30 millones de pesos en efectivo a esa institución, así como cantidades iguales al Tecnológico de Monterrey y la UIA, Sheffield lamentó que no se valoraran los beneficios ni los efectos positivos que a mediano y largo plazos generarán las tres instituciones a la comunidad.

“La Salle es una institución sin fines de lucro que ha venido a mejorar el nivel de León de manera directa e indirecta durante años de labor. Ahora se le suman el Tec, la Ibero y la Universidad Nacional Autónoma de México para potenciar la economía del municipio, y espero que de ello salgan muchos nuevos negocios”, expresó.

La contribución al ITESM y la Uia fue aprobada por unanimidad el 24 de marzo. Cada una de estas instituciones ya recibió siete de un total de 30 millones de pesos para construir centros tecnológicos, dijo el alcalde; mientras, la aportación en especie a La Salle Bajío se resolvió el 14 de julio. Tres regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra.

El coordinador priísta en el cabildo de León, Salvador Ramírez Argote, aclaró que no estuvo en la votación sobre el donativo de 30 millones y reiteró en conferencia de prensa que la entrega de fondos del erario al ITESM y la Uia no cumple lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del estado, que estipula sujetar tales aportaciones a criterios de selectividad, transparencia y temporalidad.

Según el mismo artículo, las donaciones en efectivo requieren la identificación precisa de la población que resultará beneficiada, el diseño y aplicación de mecanismos que faciliten la evaluación de resultados económicos y sociales, y la comprobación de que la donación sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de los programas.

Sobre el terreno para la Universidad La Salle, Ramírez Argote recordó que la Contraloría local inició una investigación contra el tesorero Antonio Obregón Torres por promover la donación pese a que sólo pueden transferirse bienes a instituciones públicas o privadas que representen un beneficio social y no persigan fines de lucro, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 177 de la Ley Orgánica Municipal.